Escribe José Castillo

Finalmente, el viernes pasado, tras una demora injustificable de casi cinco meses, el gobierno de Alberto Fernández presentó el proyecto de “aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”. Mientras tanto, el único que efectivamente estaba desde que comenzó la pandemia en el Congreso era el del Frente de Izquierda Unidad.

Ahora corresponde comparar ambas iniciativas. El propuesto por el gobierno peronista plantea gravar con una alícuota, de 2% hasta 3,5%, a las personas que posean bienes en el país por un monto igual o superior a 200 millones de pesos. La tasa máxima de 3,5% será la que pagarán aquellos que tengan un patrimonio de 3.000 millones de pesos. Si se tiene un monto superior, se abonarán 88,5 millones de pesos más 3,5% sobre el excedente. En el caso de que los bienes estén declarados en el exterior, las alícuotas suben desde 3% a 5,25%, salvo que entre los sesenta días de publicada la ley se los repatrie, en cuyo caso el monto a pagar se reducirá, tributando igual que los bienes registrados localmente. El gobierno de Alberto Fernández estima que, de este modo, logrará recaudar “por única vez” un monto cercano a los 3.000 millones de dólares.

Tanto en el monto, como en el universo alcanzado, resalta la superioridad del proyecto que hemos presentado desde el Frente de Izquierda Unidad. Primero y principal, porque el del gobierno, increíblemente, solo se dirige a “las personas” y no a las empresas. ¿Cuál es la justificación para que Mercado Libre, cuyo valor se triplicó desde el comienzo de la pandemia, quede exenta de este impuesto? ¿Y los bancos, que siguen obteniendo superganancias, en gran parte por la tasa de Leliq que les regala el propio Banco Central? ¿Y el patrimonio de las transnacionales, como las petroleras o los monopolios agroexportadores, cuyos dueños obviamente no residen en el país? ¿Quedarán totalmente eximidos? Nuestro proyecto, en cambio, se dirige a las grandes fortunas, ya sea que estén registradas contablemente en los patrimonios personales o en los de las grandes empresas.  

La segunda cuestión es el monto de la alícuota. Nosotros proponemos un impuesto extraordinario serio, a la altura de la emergencia. Donde, en promedio, se grave fundamentalmente a los grandes multimillonarios de la Argentina y a las ganancias de los más grandes grupos económicos. Yendo más al detalle, el proyecto presentado por el Frente de Izquierda propone gravar a los millonarios con mayor riqueza del país con alícuotas progresivas, que parten de 5% y llegan hasta 15 por ciento. Planteamos además que las grandes empresas, cuyas ganancias superan los 65 millones de pesos en el último período, paguen una tasa adicional progresiva de entre 10% y 20% por sobre lo que les corresponde por impuesto a las ganancias. Que los bancos abonen un 20% extra sobre sus ganancias de los últimos doce meses. A ellos le sumamos una multa para los evasores con cuentas detectadas en el exterior, y gravar también la gran propiedad de la tierra y las viviendas ociosas más caras. De esta forma se podrán recaudar, en promedio, 15.000 millones de dólares. ¡Cinco veces más que en el proyecto del Frente de Todos!

Es que lo que está en discusión es quién se ve de verdad afectado por la crisis, si el pueblo trabajador, como ha sido hasta ahora, o los multimillonarios. El proyecto oficialista no les hace cosquillas, como lo reconoció su propio autor, Carlos Heller, al afirmar que “a ellos no les cambiará la vida” (Clarín, 7/4). Los cincuenta argentinos más ricos acumulan una fortuna de casi 50.000 millones de dólares. ¿Eso es todo lo que pueden aportar Paolo Rocca, Galperín, Bulgheroni, Roemmers o Perez Companc? Nuestro planteo es el opuesto, que de verdad sean las grandes riquezas las que paguen la crisis.

El destino de los fondos

La otra gran diferencia radica en que se hará con lo recaudado. El proyecto oficialista plantea que solo una parte irá a asistencia sanitaria y a atender las necesidades sociales. Increíblemente, el 25% se asigna a la financiación de “programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural a través de Integración Energética Argentina e YPF”. Traducido, ¡a subsidios que terminan en manos de los pulpos monopólicos del gas y el petróleo, los mismos que están saqueando Vaca Muerta! Otro 20% figura como destinado a subsidios para micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). Esto esconde una trampa, bajo esta figura legal la AFIP incluye empresas que facturan hasta 2.600 millones de pesos anuales, pudiendo calificar entonces para este subsidio algunas filiales de multinacionales.

Nuevamente, el proyecto del Frente de Izquierda no da lugar a ninguna de estas trampas. Plantea con claridad que lo recaudado debe ir a resolver la crisis generada por el coronavirus. Así, apunta a que todos los que lo necesiten puedan cobrar un ingreso de emergencia de 30.000 pesos por mes. A que el dinero se destine, por ejemplo, para que se contraten los 2.500 trabajadores de la salud que faltan en la provincia de Buenos Aires, y otros tantos miles en el resto de las provincias. A que se compren todos los insumos para que los hospitales cuenten con los recursos necesarios, incluyendo la instalación completa de nuevos establecimientos y unidades de terapia intensiva. A que se mejoren sustancialmente los salarios de los trabajadores de la salud y a que se distribuyan alimentos suficientes para que nadie pase necesidades y se sienta presionado a romper la cuarentena.

En síntesis, la emergencia exige gravar a las grandes riquezas. Sin dudas, la herramienta que realmente lo lleva a cabo es el proyecto presentado por el Frente de Izquierda Unidad.

Escribe Diego Martínez

A partir de la nueva movilización convocada el 17 de agosto por sectores reaccionarios, y fogoneada por Juntos por el Cambio, se volvió a abrir el debate sobre el “avance de la derecha”. La polémica se profundizó a raíz de los dichos de Duhalde sobre un posible golpe de Estado. El gobierno se excusa en estos hechos para justificar que no da respuestas a la grave crisis social que estamos atravesando y llama a apoyar a su gobierno. ¿Qué implica en lo concreto ese apoyo?

La marcha del pasado 17 de agosto contó con la presencia de la jefa de PRO, Patricia Bullrich, quien cínicamente habló en nombre de los “miles de trabajadores que no tienen trabajo por la cuarentena” (Página/12, 18/8). La realidad es que la composición de las marchas estuvo muy alejada de expresar a sectores populares y de trabajadores. Es que todavía está muy fresco el recuerdo de la política de brutal ajuste llevada adelante por el gobierno de Macri. Las movilizaciones del 17 fueron expresiones minoritarias de sectores reaccionarios que se movilizaron en contra de la cuarentena, de la reforma judicial y del “comunismo”.

Distintas alas del peronismo utilizan el argumento de que el gobierno no puede avanzar en la toma de medidas a favor de los sectores populares porque “la derecha no lo deja”. Pero lo cierto es que mientras el gobierno tardó seis meses en presentar su insuficiente proyecto de impuesto a las riquezas y dio marcha atrás con la expropiación de Vicentin bajo la excusa de que “no daban las relaciones de fuerza ”, muy rápidamente presentó y aprobó en el Senado su proyecto de reforma judicial, que tiene por fin lograr una Justicia adepta a sus intereses, y se da una política para aprobarlo en Diputados. Es decir, cuando el gobierno tiene la clara voluntad de llevar adelante una política lo hace pese a la oposición de “la derecha”.

¿Apoyando al gobierno se enfrenta a la derecha?

La idea del “avance de la derecha” también estuvo fogoneada por las declaraciones del ex presidente Duhalde, quien salió a agitar el fantasma de un posible golpe de Estado. Queremos ser claros al respecto, descartamos de plano la posibilidad de un golpe militar en nuestro país. Las fuerzas armadas están profundamente desprestigiadas como consecuencia de la movilización democrática que se inició después de la última dictadura militar y continuó a lo largo de los años logrando meter presos a cientos de genocidas. Duhalde dijo lo que dijo para llamar a la unidad nacional entre el gobierno, la oposición patronal y todas las instituciones del régimen para frenar la movilización popular que puede crecer como consecuencia de la crisis social. Tienen miedo de que vayamos a un nuevo estallido social como el de 2001, en donde los trabajadores y los sectores populares seamos protagonistas.

El peronismo se hace eco de declaraciones que hablan del “avance de la derecha” para decir que hay que apoyar al gobierno a como dé lugar para que no vuelva Macri  y entonces vayamos a un gobierno como el de Brasil. Sabemos también que hay muchos compañeros que honestamente tienen expectativas en el gobierno y piensan, como dicen algunos peronistas, que la situación extraordinaria de pandemia no permitió al gobierno llevar adelante su verdadera política en favor de los sectores populares. Es al revés. En momentos críticos como el que estamos atravesando se pone blanco sobre negro cuáles son las verdaderas prioridades de un gobierno. El de Fernández eligió privilegiar a las grandes patronales y a los usureros internacionales. Apoyar al gobierno no implica fortalecerlo para que enfrente a la “derecha”, sino que más bien en lo concreto implica darle más poder para que pacte con esos sectores. Aunque esté enfrentado con Juntos por el Cambio por la reforma judicial y tenga diferencia de matices en relación con la cuarentena, en las cuestiones más importantes el gobierno de Fernández cuenta con el apoyo de los sectores mayoritarios de la patronal, la verdadera derecha. Juntos impulsan, también en acuerdo con Cambiemos y la burocracia sindical, el ajuste en curso, que incluye rebajas salariales, congelamiento mayoritario de las paritarias y continuidad de la inflación, a lo que ahora se agrega el aumento de las naftas y la suba del dólar. Estos mismos sectores felicitaron al gobierno por el arreglo con los bonistas y ahora alientan a Fernández a que avance en el acuerdo con el FMI. Ven con buenos ojos la carta en tono “ortodoxo” que el gobierno le envió al Fondo la semana pasada. Un periodista del diario Clarín señaló al respecto: “La frase de la carta ‘tomaremos cualquier medida adicional que se requiera’ invita a pensar que allí hay una puerta de entrada, una etapa de negociaciones que después será si incluyen reformas, condicionamientos, metas” (Clarín, 30/8). Traducido, como venimos diciendo, el acuerdo con el FMI traerá más ajuste para los trabajadores. Para hacerlo pasar necesitan mantener la unidad entre el gobierno, las patronales y la burocracia con el acompañamiento de la oposición en los temas claves. En las cuestiones de fondo el gobierno y la oposición patronal actúan de conjunto.

Basta de doble discurso

El peronismo viene utilizando el doble discurso para engañar a los trabajadores. Intenta confundir a los que tienen expectativas en su gobierno y creen que Fernández puede tomar medidas distintas de las de Macri y mejorar su nivel de vida. Para camuflar su política de ajuste dicen que la relación de fuerzas “no da” para tomar decisiones que irritan demasiado a los empresarios y que lo “inteligente” es acordar con ellos. Esto implica, en lo concreto, más ajuste para el pueblo trabajador y nuevos beneficios para los empresarios.

Llamamos a los trabajadores a reflexionar sobre todo esto, mientras peleamos juntos contra los que quieren que sean ellos quienes paguen la crisis. Para nosotros la conclusión es que la salida es construir juntos una alternativa distinta de la de PRO, la UCR, el peronismo y la centroizquierda, hoy diluida en el gobierno. Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad luchamos por cambios de fondo, medidas que realmente afecten los intereses de los grandes capitalistas y beneficien al pueblo trabajador para tener una vida digna. Por un gobierno de los trabajadores que termine con el hambre y la explotación.

Escribe Adolfo Santos

La CTEP, la CCC y Barrios de Pie, organizaciones sociales conocidas como “los Cayetanos”, se reunieron con la CGT y firmaron un acuerdo que, según ellos, serviría para generar empleo y evitar el aumento de la pobreza y la exclusión social. Siendo que ninguno de los dos sectores se plantea la lucha contra las medidas de ajuste del gobierno, las propuestas enunciadas no pasan de un saludo a la bandera.

La nutrida concurrencia demuestra la importancia que le dieron al evento. Esteban Castro (UTEP), Daniel Menéndez (Barrios de Pie), Freddy Mariño (CCC), Gildo Onorato (Movimiento Evita) y Dina Sánchez (Frente Darío Santillán) estaban por los movimientos sociales. Juan Grabois se ausentó por un asunto familiar. Héctor y Rodolfo Daer, Carlos Acuña, Gerardo Martínez, Andrés Rodríguez, José Luis Lingeri, Julio Piumato, Jorge Sola, Carlos Sueiro, Juan Carlos Schmid y el mercantil Oscar Nieva representaron a la CGT.

Sin duda, los movimientos sociales juegan un papel importante en los sectores de trabajadores desocupados que, marginados por las crisis económicas, se han visto obligados a organizarse por fuera de las estructuras tradicionales, como son los sindicatos. Fue la forma de aunar fuerzas para impulsar protestas y obtener algunos beneficios que los mismos gobiernos patronales les han quitado. Sin embargo, ese aspecto positivo se pierde completamente cada vez que estos movimientos abandonan su independencia y se colocan al servicio de los gobiernos de turno. Es lo que está aconteciendo con los “Cayetanos”.

El ropaje de “centroizquierda o izquierda” que las direcciones de estos movimientos vistieron durante el gobierno Macri, impulsando movilizaciones, denunciando medidas impopulares y hasta criticando el endeudamiento externo, fue abandonado a cambio de falsas promesas y compromisos con el gobierno peronista. El apoyo y la participación en el gobierno los lleva al encuentro con la burocracia sindical detrás del proyecto de Alberto Fernández, que los necesita para neutralizar protestas y conflictos frente a la crisis.

En ese sentido, los “Cayetanos” y la CGT acaban de acordar un documento en el que se comprometen a “una articulación solidaria ante la enorme crisis económica, laboral y social producto del avance del Covid-19 y sus consecuencias en el tejido productivo”. Increíble, ¿los mismos burócratas sindicales que acordaron un 25% de reducción salarial, que aceptaron despidos y suspensiones sin abrir la boca y que preparan medidas de flexibilización laboral junto con la UIA, ahora van a ser “solidarios ante la crisis”?

El documento critica la gestión macrista que endeudó a nuestro país e incrementó el desempleo generando “una profunda ruptura del tejido social en los barrios más humildes”. Se “olvidan” de decir que lo mismo hicieron los gobiernos peronistas, cuya responsabilidad de la “ruptura del tejido social” es completa, sobre todo en regiones como la provincia de Buenos Aires, donde vienen gobernando hace décadas. Además, omiten la responsabilidad de los dirigentes sindicales que, en vez de luchar, se la pasaron negociando con el gobierno de Macri. En 2019 Carlos Acuña, uno de los jefes de la CGT, llegó a decir que “no sirve hacerle paros a este gobierno porque no se revierte nada”.

El documento elogia las negociaciones del gobierno tanto con los bonistas como las iniciadas con el FMI, lo que considera un paso importante para “poner la Argentina de pie”. Como si comprometerse a pagar una deuda fraudulenta a los usureros internacionales significara un paso adelante. Y afirman: “Apoyamos la voluntad y la estrategia del gobierno nacional de honrar sus compromisos de deuda externa”. Saben que esa “estrategia” provocará duros sacrificios al pueblo trabajador. Sin dudas, el giro que han dado estas organizaciones sociales no está al servicio de las necesidades de los trabajadores y sectores más vulnerables, sino del gobierno patronal peronista para contener la protesta.

Escribe Rodolfo Sánchez

Villa Mascardi es un emblema nacional de la lucha por la tierra. Esta hermosa zona de montañas y lagos es noticia nacional porque un reducido grupo de familias mapuches recuperaron una pequeñísima porción de tierras fiscales, que más temprano que tarde iban a terminar transformándose en negocios inmobiliarios para grandes inversionistas. Ya en 2017, la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu ocupó esas tierras, lo que generó la persecución de la ministra Patricia Bullrich, que envió al grupo Albatros, de Prefectura, a la zona donde asesinaron por la espalda a Rafael Nahuel. Las balas salieron del arma reglamentaria de un cabo de apellido Pintos, que sigue en libertad. Desde entonces el conflicto nunca se resolvió y mostró la divisoria de aguas entre las necesidades del pueblo mapuche y el rechazo de las autoridades nacionales y provinciales, con el apoyo de un pequeño sector de la sociedad, racista y xenófobo hacia la comunidad originaria.

En estos días el escándalo volvió a crecer porque la comunidad retomó la ocupación de esa pequeña parcela, y rápidamente el ex gobernador Alberto Weretilneck, Patricia Bullrich y hasta el peronista jefe de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se manifestaron contra la recuperación mapuche de Villa Mascardi. Encima fogonearon las manifestaciones públicas de rechazo de un sector de la sociedad de Bariloche y de inversionistas que viven en Buenos Aires que aparecen declarando como víctimas de un despojo, cuando en realidad son capitalistas que están recibiendo inmensas parcelas de tierra en Mascardi para sus negocios inmobiliarios.

El pasado jueves 27, estos sectores reaccionarios que manifestaban contra la reforma judicial atacaron el acto contra el gatillo fácil y por el esclarecimiento del caso de Facundo Castro Astudillo, que se realizaba con la presencia de grupos mapuches en el Centro Cívico, escrachando luego por las redes a militantes de HIJOS, de ATE y a los partidos del FIT-Unidad. Es más, el 29 realizaron una “marcha patriótica” con la finalidad de desalojar la Lof “a sangre y plomo” y en “defensa de la propiedad privada”. Un absurdo, ya que las tierras son de Parques Nacionales y un sector fue usurpado hace años por el Obispado de San Isidro. Por supuesto que la fiscal Silvana Little declaró como “pacíficas” esas manifestaciones violentas. Mientras tanto, las autoridades se pasan la pelota, la gobernadora Arabela Carreras viajó a Bariloche e inmediatamente a Buenos aires para exigir al gobierno nacional que termine con la ocupación, mientras la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, el jefe de gabinete Santiago Cafiero y la ministra de Justicia Marcela Losardo se comprometieron a instalar una mesa de diálogo con los vecinos de Villa Mascardi para encontrar una solución al conflicto, que lleva más de tres años.

Fuera Benetton y Lewis

¿Cuál es el verdadero problema? Que durante años todos los gobiernos permitieron la venta de tierras fiscales a precio vil de centavos de dólar por hectárea. Dueños de grandes fortunas se han apropiado de miles de hectáreas, como el magnate Lewis, que hasta se ha apropiado del lago Escondido; Benetton, con más de un millón de hectáreas en la Patagonia; el emir de Qatar, la reina de Holanda Máxima Zorreguieta, los empresarios Bulgheroni, Rocca, Roemmers. Algunos de ellos adquirentes, con el aval de Macri y como agente inmobiliario al ex tenista Gaudio, que pasea por la región sin importar las medidas de cuarentena. Todas estas superficies deberían ser recuperadas como tierras fiscales para asentamientos de viviendas, para pequeñas unidades de explotación, agricultura, ganadería y centros turísticos administrados por el Estado para goce del pueblo trabajador y de cualquier visitante y no para el enriquecimiento de unos pocos millonarios.

Escribe Nicolás Núñez, legislador porteño electo por Izquierda Socialista/FIT Unidad

Después de la jornada de movilización ambiental del 25A y de un activo rechazo en las redes sociales, el gobierno anunció a través de la Cancillería la postergación hasta noviembre de la firma del pacto de entendimiento para importar las megafábricas de cerdos chinas. Una nueva movilización nacional el pasado lunes 31 ratificó el rechazo. “Ni ahora ni en noviembre”.

El anuncio de la postergación fue realizado por la cartera de Felipe Solá mediante un tuit: “Hemos incorporado especialmente al memorándum de entendimiento con China un artículo donde se asegura el respeto de las leyes de protección ambiental, los recursos naturales y la bioseguridad. Por eso, su firma se atrasará hasta noviembre”. En escasos caracteres se incluía el anuncio de un retroceso (estaba pautada su firma para este martes 1° de septiembre) y también una confesión: si no hubiese sido por las protestas el gobierno peronista se encaminaba a firmar un acuerdo que no incluía ningún tipo de reparo en sus consecuencias ambientales y sanitarias.

El proyecto

El primer anuncio de este proyecto no lo hizo el gobierno, sino el laboratorio Biogénesis Bagó, una de las empresas vinculadas con el ahora famoso empresario Hugo Sigman. Su conglomerado empresario multinacional quedaría vinculado a ambos lados de la pandemia, por un lado, como productor de una posible vacuna contra el coronavirus, y por otro, como promotor de las fábricas de potenciales próximas pandemias. Este tipo de megafábricas de cerdos ha sido señalado desde el campo científico por su potencial de provocar nuevas pandemias. De hecho, el origen de este proyecto está en el reciente brote de peste porcina africana que impulsó a la dictadura capitalista china a sacrificar entre 180 y 250 millones de cerdos para evitar su propagación. Esto cuando diversos estudios han demostrado la existencia de cepas de gripe porcina, G4 EA H1N1, con potencial pandémico. China busca reemplazar esa producción y para eso aleja de sus tierras estas megafábricas y que otros países corran con los riesgos sanitarios y ambientales.

En julio, una comunicación oficial del gobierno señaló que le habían pifiado por un cero en enero, y que no eran 9 millones sino 900.000 las toneladas que buscaban producirse. Aun así, de lo que trata el proyecto es de enormes establecimientos donde 12.000 madres darían a luz un promedio de treinta cerdos, culminando con 375.000 al año, en estado de hacinamiento, tortura, mutilación, proliferación de enfermedades, un consumo de millones de litros de agua y una generación de desechos gigantesca con riesgos ambientales colosales. El gobierno aclaró que se los alimentará con el maíz y la soja que hoy en día se producen en el país. Solá definió al proyecto como “empaquetar maíz y soja en cuatro patas”. Por otra parte, se afirma que se espera que las locaciones donde se instalen estas fábricas van a contar con cercanía o capacidad de generar esa alimentación. Como fuera, este proyecto culminará indefectiblemente en nuevos procesos de desmonte, mayor concentración de la producción, en riesgos sanitarios monumentales y en un aumento del precio del maíz en el mercado interno por el crecimiento de su demanda. Todo para que un puñado de empresas amasen fortunas y el gobierno del Frente de Todos recaude dólares para pagar la deuda externa. El verso de que estamos ante un proyecto que busca la soberanía alimentaria es menos creíble aún que el ya difunto anuncio de expropiar Vicentin.

Ni en noviembre, ni nunca

La postergación de la firma del memorando de entendimiento fue vista por el movimiento de lucha ambiental como un primer triunfo, pero la pelea debe seguir hasta que caiga definitivamente. El gobierno peronista ha salido a decir que quienes protestan son “sectores urbanos, ideologizados, que no saben cómo funciona el campo”. Pero fue desde las propias provincias señaladas como receptoras del emprendimiento que surgieron las alertas, e incluso desde los pequeños productores y campesinos que ven en este proyecto una profundización del modelo de agronegocios depredador y contaminante vigente hace décadas. Ese modelo que ganó fisonomía justamente con Felipe Solá como secretario de Agricultura del menemismo, cuando en otro memorándum, redactado en inglés, como el actual, dio luz verde al copamiento del campo argentino por parte de multinacionales como Monsanto.

También el gobierno lanzó la campaña de tratar de decir que quienes protestan contra este acuerdo son financiados por la embajada yanqui, argumento trillado de la liturgia peronista kirchnerista si los hay. La realidad, desde ya, es bien distinta. La convocatoria del 25A dijo claramente: “No al pacto de megafábricas de cerdos ni con China, ni con nadie”. Pero a su vez, se trata de un reclamo dentro de un pliego más general que incluye el rechazo al conjunto de la política de sometimiento al FMI y los acreedores externos que desarrolla el gobierno de Fernández. Con la misma vehemencia con que repudiamos este acuerdo con China, saldremos a rechazar el proyecto de ley de hidrocarburos que promueve el gobierno al servicio del fracking y Chevron.