Escribe José Castillo

Pasaron ya seis meses desde aquel lejano día de marzo en que comenzó la cuarentena. El gobierno peronista de Alberto Fernández, asustado ante la realidad de un sistema de salud devastado por décadas de ajuste e incapaz de dar respuesta a lo que venía, optó por la única salida que le quedaba, decretar la cuarentena en todo el país. Contó con el respaldo de todos los gobernadores de todos los partidos patronales, sin distinción, e incluso con la sobreactuación de Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de Juntos por el Cambio, que desde el comienzo se prestó a aparecer en las conferencias de prensa junto al presidente y el gobernador Kicillof.

Los sistemas nacionales y provinciales fueron desfinanciados por décadas, y los responsables son todos los partidos patronales, sin excepción. Esto cabe para los doce años del peronismo kirchnerista y los cuatro del macrismo. El discurso de Alberto Fernández, de los gobernadores y del jefe de Gobierno, fue que la cuarentena temprana iba a dar tiempo para “preparar el sistema”, construir nuevos hospitales y módulos de terapia intensiva y producir o comprar en el exterior los insumos básicos (respiradores, tapabocas profesionales, etcétera).

Los protocolos no respetados y la presión por la apertura de actividades

El pueblo trabajador respondió al diagnóstico que había que “guardarse” en casa con una disciplina ejemplar. Fueron las patronales las que, desde el primer día, “rompieron” la cuarentena. Y el gobierno quien, ya sea autorizando actividades o “haciendo la vista gorda”, lo permitió.

El primer problema se dio en las actividades esenciales, salud, alimentación y transporte. Las patronales arrancaron negando licencias a trabajadores en riesgo, no respetando los protocolos o, directamente, no entregando los insumos básicos necesarios. Un ejemplo paradigmático lo vimos con los trabajadores del ferrocarril Sarmiento, que lograron, tras dura lucha, que se respetaran los protocolos. Ya en esos primeros días también aparecieron denuncias y peleas en el mismo sentido de los propios trabajadores de la salud. Por ejemplo, Cicop logró imponer con la lucha contra el gobierno de Kicillof la creación de comités de crisis en cada establecimiento con participación de los trabajadores, lo mismo que la licencia para embarazadas.

A esto se sumó la presión de todas las patronales para que “su actividad” fuera habilitada, con un gobierno que, semana a semana, fue cediendo. Sectores de la industria y la actividad vinculada a la exportación, con diversas excusas, se fueron abriendo. Y sus trabajadores fueron obligados a transitar por las calles y asistir a los puestos de trabajo con el consiguiente riesgo de contagio.

La recesión y quién la paga

Era un hecho más que evidente que el cierre de actividades iba a tener consecuencias económicas. Las patronales “tomaron la iniciativa”, una larga ola de despidos y suspensiones empezó a extenderse. La respuesta del gobierno, y de la burocracia sindical, fue todo un ejemplo del doble discurso, “prohibió” por ley las suspensiones y los despidos… mientras que el Ministerio de Trabajo los avaló en acuerdo con la directiva de la CGT, que incluso firmó con la UIA un acuerdo para que se pudieran rebajar los sueldos 25 por ciento.

Al mismo tiempo, los que vivían de pequeños comercios, de changas, los vendedores ambulantes, los monotributistas, se quedaron de repente, de un día para el otro, sin ingresos. Explotó la realidad social de millones de marginados, sin comida, hacinados en viviendas sin las condiciones mínimas para poder cumplir la cuarentena.

Mientras la pandemia crecía continuaba la apertura

Los números siguieron en aumento. El motivo era claro, una parte era la consecuencia lógica, y ya advertida por los especialistas, de que finalmente el virus terminaría entrando con fuerza en nuestro país. Y que había que prepararse sanitariamente. Pero la otra mitad de la explicación, que poco a poco fue tornándose la más importante, era visible en las calles, cada día más gente, más actividad, más amontonamiento, menos posibilidades para respetar los protocolos y el distanciamiento social.

La propaganda oficial empezó a culpar a la “negligencia” de la gente. Se empezaron a multiplicar las noticias de situaciones donde se rompía la cuarentena ilegalmente y de ahí se generaba una cadena de contagios (asados, fiestas, etcétera). Más allá de que estos casos existieron, el verdadero motivo de la presencia de multitudes en las calles era otro, se iba a trabajar a aquellos lugares que los mismos gobiernos, nacional, provinciales y municipales, habían habilitado a pedido de las patronales. Otros fueron los millones que, desesperados, tuvieron que salir a la calle a “hacerse el mango” ante la insuficiencia del IFE, que terminó resultando de 5.000 pesos por mes por grupo familiar, o la nueva realidad de haberse quedado sin trabajo.

¿Qué pasó con el sistema de salud?

Mientras la “curva de contagio” subía, las famosas “inversiones” en el sistema de salud brillaban por su ausencia. Faltaba de todo, empezando por personal. Esto comenzó a hacerse visible por todos lados a medida que pasaban las semanas, crecían los casos de médicos y enfermeros contagiados –y un número importante de fallecidos– y del agotamiento al que se los sometía por las jornadas interminables de labor.

Finalmente, lo que todos temían empezó a producirse. Los “rebrotes” se empezaron a dar en todo el país. Hoy estamos al borde del colapso. El último mes terminó llevando la contradicción al extremo. Estamos, sin duda, en el momento más duro de la pandemia, vimos crecer en semanas los casos de 4.000 a 8.000, y luego a 12.000. Ya figuramos en las estadísticas mundiales como uno de los países con más casos por habitantes.

Contradictoriamente, también las estadísticas mundiales, midiendo por geolocalización de movimientos de celulares, nos dicen que somos uno de los países con más apertura y circulación en las grandes ciudades. La realidad es que ya casi toda la industria está trabajando y también un porcentaje altísimo del comercio. Millones atraviesan diariamente la capital y el conurbano para ir a trabajar. A eso se suma la realidad social, que se sigue complicando cada día más.

¿Qué se debe hacer?

Lo dijimos desde el primer día, y seis meses después lo reafirmamos. Hay que poner de verdad todos los recursos al servicio de atender las dos pandemias, la sanitaria y la social. Hacen falta ya, con una urgencia absoluta, más recursos, más infraestructura, más personal. Con sueldos acordes para poder cubrir todas las necesidades sin tener que salir a realizar diversos trabajos. Al mismo tiempo, hace falta un IFE de 30.000 pesos para todo el que lo necesite, de tal forma que se pueda vivir sin romper la cuarentena. Eso requiere dinero, que tiene que salir de un impuesto a las grandes riquezas como el que propone el Frente de Izquierda Unidad, y del no pago de la deuda externa.

Al mismo tiempo, hay que terminar con las reaperturas indiscriminadas de actividades, volver a las exclusivamente esenciales y prohibir, de verdad, las suspensiones y los despidos, estatizando toda empresa que viole esta disposición.

Finalmente, tenemos que centralizar todo el sistema de salud, en camino a su nacionalización, para poner todos los recursos, hoy divididos entre públicos y privados, a disposición de la emergencia.

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop

Después de semanas de enviar a la población el engañoso mensaje de que “lo peor ya pasó”, no se pudo ocultar más la realidad. La pandemia, como un tsunami, comenzó a invadir provincias y ciudades que habían dado importantes pasos en la flexibilización de las medidas de aislamiento. Jujuy, Mendoza, Salta y Santa Fe, Ledesma, Orán, Rosario y otras contribuyen a elevar las cifras de contagios y, desgraciadamente, de muertes de víctimas de la infección por el nuevo coronavirus. Los gobiernos, nacional y provinciales, peronistas, radicales y de Cambiemos empezaron a reconocer a regañadientes que “lo peor es ahora”.

El virus circula más que nunca

Las cifras de todo el país son categóricas, rondamos el medio millón de contagiados. En lo que va del año estamos superando los 10.000 decesos causados por Covid-19. Esto equivale ya al tercio de las muertes por influenza y neumonía de un año. El virus circula cada vez más. Según las aseguradoras de riesgos del trabajo, sobre los nueve millones de trabajadores registrados ya hay seis que volvieron a la actividad y proveen el 18% de los contagios. Proyectado a la suma de cuentapropistas y trabajadores en negro (activos por necesidad) se puede decir que el 37% de los contagios provendrían de lugares de trabajo, lo que contribuye a la circulación del virus.

La pandemia se convirtió en un tsunami que inunda todo el país

Descontando el AMBA, Jujuy encabeza el ranking de las provincias con mayor número de contagios, 268 cada 100.000 habitantes. Le siguen Tierra del Fuego, con 219, y Mendoza, con 175. Río Negro, Santa Cruz, Neuquén, Santa Fe, Tucumán y Salta completan la lista de las provincias con más de cien contagiados por 100.000 habitantes. Alarmantes son las cifras de algunas provincias de rápido crecimiento en las últimas semanas. Jujuy creció mil casos en una semana para llegar a 9.549. Mendoza, Santa Fe, Salta y Tucumán también presentan crecimientos rápidos, superando al AMBA en la velocidad de crecimiento.

En esta pandemia hay víctimas propiciatorias, los trabajadores de la salud. Los contagios de estos trabajadores se cuentan por miles en todo el país. Los decesos, solo los registrados oficialmente en la provincia de Buenos Aires, son setenta y cinco. Si bien las proporciones varían por provincia y aun en cada establecimiento, se puede decir que la enfermería aporta más de la mitad de los contagiados. Esto tiene mucho que ver con los bajos salarios, que obligan a practicar el pluriempleo. La cuestión salarial se ha convertido en un reclamo central del sector. Si hace meses la principal reivindicación era por los elementos de protección personal, hoy es por el salario.

Protestas de los trabajadores de la salud

La semana pasada, en la provincia de Misiones, docentes autoconvocados y enfermeros cortaron la ruta 14 en el acceso a la ciudad de San Vicente reclamando aumento salarial. En Córdoba, los médicos residentes del Hospital Italiano se concentraron para protestar por el descuento arbitrario que la empresa dueña del hospital hizo a sus ya magros salarios. En Santa Fe, los profesionales de la salud agrupados en Sipros reclaman también aumento salarial en la discusión paritaria. En Mendoza, los profesionales preparaban para hoy, miércoles 9, una caravana con “chaquetazo” frente a la Casa de Gobierno reclamando también salarios dignos. En Jujuy, el gremio de los profesionales de la salud del estado provincial prepara una movilización para el 10 de septiembre.

En Salta, con los casos de Covid en ascenso, se combinan la movilización de los trabajadores con la reacción de la población ante los desmanejos del gobierno provincial. En Orán, durante tres noches seguidas, la población realizó cacerolazos y caravanas reclamando mejoras en la atención de la pandemia. Apsades, el gremio de los profesionales de la salud, reclama elementos de protección, testeos para el personal de salud e insumos frente al derrumbe del sistema.

En el AMBA, Cicop y organizaciones sindicales independientes como la Asociación del Servicio Social de la CABA, la gremial del Moyano y la gremial de profesionales del Garrahan convocan a una acción el jueves 10.

Una numerosa autoconvocatoria de enfermería nacional, pero con centro en el AMBA, está cobrando difusión por las redes. Se postula una jornada de lucha el 21 de septiembre con concentración en la Plaza de Mayo.

Todas estas iniciativas combativas, por ahora aisladas, expresan la resistencia de los trabajadores de la salud. Apoyémoslas y ayudemos a desarrollarlas en la perspectiva de lograr una coordinación que permita a todos los integrantes de los equipos de salud alcanzar una unidad en la lucha por mejores salarios, condiciones de trabajo dignas y un sistema sanitario al servicio de las necesidades populares.

Por sistemas de salud estatales y gratuitos para todas y todos

Participarán:

Mónica Méndez, dirigenta de la Cicop, y Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop, de la Argentina; Amado Quispe, trabajador de la salud pública de Sucre, ex dirigente de la Federación de Trabajadores de Salud de Chuquisaca, Bolivia; Zila Camarão, técnica de Enfermería del Hospital Universitario João Barros Barreto de Belem, Pará, Brasil; Priscilla Vázquez, presidenta de la Asociación de Empleados de la Caja de Seguro Social de Panamá; Angela Liliana Maihuasca, dirigenta en el Sindicato de Técnicos Asistenciales de Perú; Red de Trabajadoras y Trabajadores en Defensa de los Derechos y la Salud de México, y representantes de Chile y Venezuela, entre otros.

La actual pandemia generada por el nuevo coronavirus Covid19 ha producido centenares de miles de muertes en todo el mundo y millones de contagios. La clase trabajadora ha sido duramente castigada y los números así lo demuestran en regiones industriales como Lombardía y Wuhan y los barrios obreros y populares de grandes ciudades como Nueva York, Barcelona, Río de Janeiro, Buenos Aires y Guayaquil, entre otras. Como ocurre con todos los padecimientos que afectan a la sociedad, el pueblo trabajador los sufre con mayor extensión y también con mayor intensidad.

La pandemia ha puesto a la vista el deterioro del sistema de salud en todo el mundo, aun en los países más desarrollados. Esto fue provocado por el accionar de los gobiernos capitalistas y sus multinacionales. El drama humanitario que significó el colapso de las terapias intensivas en España, Italia, los Estados Unidos, y ahora en Latinoamérica, muestra las políticas ajustadoras de los gobiernos en materia de salud pública estatal para favorecer las ganancias del negocio de la salud privada.

Los trabajadores de la salud somos el sector de la clase trabajadora más afectado por la enfermedad y también hemos sido hasta ahora el más combativo a la hora de defender nuestra salud y nuestras vidas, amenazadas por la voracidad patronal. Así lo demuestran las manifestaciones de enfermeros/as, médicas/os y demás integrantes de equipos de salud en el mundo.

Para pensar colectivamente cómo desarrollar estas luchas por la salud integral de nuestros pueblos, por nuestra protección, contra la sobrecarga laboral y los bajos salarios; para luchar por sistemas de salud estatales y gratuitos para todas y todos; para construir campañas internacionales y acciones unitarias, es que convocamos a esta reunión internacional abierta.

Para participar este sábado 12 de septiembre del encuentro inscribirse en Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

A las 15 en México, Colombia, Perú y Panamá.

A las 16 en Bolivia, Chile, República Dominicana, Venezuela y New York (Estados Unidos)

A las 17 en Argentina, Bolivia y Brasil.

A las 22 en el Estado Español, Italia y Francia.

Convoca Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores-Cuarta Internacional (UIT-CI)

Escribe Martín Fú

El presentimiento de Cristina Castro, de que el cuerpo hallado el pasado 15 de agosto por pescadores en la zona de Cabeza de Buey, en cercanías a Vilariño, era el de su hijo Facundo Astudillo Castro, lamentablemente fue confirmado por el Equipo Argentino de Antropología Forense. En los próximos treinta días se conocerán las causas de su muerte.

Desde su desaparición, su familia viene luchando contra la desidia de la policía, la Justicia y los gobiernos de Nación y provincia de Buenos Aires que, frente a interminables promesas de conocer qué pasó con Facundo y dónde estaba, en los hechos solo montaron un enorme aparato de encubrimiento de la nefasta policía bonaerense. Sin embargo, a pesar de los intentos, los recursos volcados y la inefable ayuda de algunos medios de comunicación, no pudieron con la determinación de Cristina y sus abogados de encaminar la búsqueda de la verdad.

A fuerza de garra y firmeza, al afirmar desde un primer momento que a Facundo lo desapareció la bonaerense de Kicillof y su ministro Berni, y que buscaban levantar una pared de encubrimiento sobre el accionar policial, lograron que, de a poco, se va cayendo y desnudando la responsabilidad de la bonaerense y el gobierno, que desde Izquierda Socialista venimos denunciando semana a semana.

Una macabra postal profundiza la fama ganada de la policía bonaerense: nuevos restos óseos fueron encontrados en el área donde apareció Facundo. Al ser contrastados por el Equipo Argentino de Antropología Forense, resultaron ser incompatibles y corresponderían a dos cuerpos distintos, por lo que el abogado Leandro Aparicio definió al cangrejal “como un cementerio clandestino de la bonaerense” (Télam, 4/9/2020). La policía sigue manteniendo su ADN asesino y todos los gobernadores que han administrado la provincia han sabido sostenerlo.

Fue nuevamente una prueba aportada por la familia la que sigue apuntalando una cadena de crímenes y violencia llevada adelante por la maldita policía. Un patrullero que se apartó de su zona de rondas y fue geolocalizado el 8 de mayo en el cangrejal donde meses después se encontró el cuerpo (ver El Socialista Nº 475) dio positivo con el rastro de Facundo, nuevamente los perros del perito Marcos Herrero destrozaron el asiento trasero del vehículo. Podríamos seguir haciendo un recuento de pruebas y datos en donde la Bonaerense cada vez se hunde más en el lodazal, a pesar de la impunidad y el encubrimiento con los que todavía cuenta. Y para eso nada mejor que el ex carapintada e infiltrado de luchas obreras, el ministro Berni, quien sigue siendo la voz campante de esta campaña que pretende desligar su responsabilidad política de mando sobre la policía y el gobierno. Que busca salir indemne de los crecientes abusos que lo interpelan nuevamente durante la cuarentena, que a pesar de haber transcurrido treinta y siete años de la última dictadura militar, bajo un gobierno democrático recientemente elegido, peronista y con tintes “populares”, sigue engrosando el listado interminable de desaparecidos en democracia y los ascendentes casos de violencia institucional que descarga su odio racista y de clase contra jóvenes humildes y trabajadores, sus víctimas predilectas.

A Berni, cada vez más enfrascado en buscar empalmar con los sectores más reaccionarios, no le tiembla el pulso para postularse como un pro “mano dura”. Ahora, tras el anuncio del presidente Fernández sobre el “nuevo” plan de seguridad, que dotará a la provincia de Buenos Aires y a su Ministerio de Seguridad de mayores recursos y personal para que seguramente haya más “Facundos” y un control social más férreo basado en mayor represión, el ministro ostentará sus laureles, como lo demostró en las luchas obreras, en el caso de Lear y el desalojo de la toma de tierras en el Parque Indoamericano, con tres muertos y varios heridos de bala, que lo tuvieron como protagonista.

Justicia para Facundo. Movilizar hasta conocer la verdad

Con muchísimo dolor, Cristina, la familia y sus amigos despidieron los restos de Facundo en Pedro Luro.  Enterrado bajo una bandera de su club, Boca Juniors, y ante la promesa de su madre, “tu bruja velará por ti, por justicia, vuela alto mi niño”, Cristina recordó cómo Facundo y sus amigos eran estigmatizados por la policía.

Diversas actividades, actos y movilizaciones se han realizado en la última semana a lo largo del país. El jueves 3, en CABA, Izquierda Socialista marchó en una gran columna junto con el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y organizaciones políticas, sindicales y de derechos humanos desde Congreso a Plaza de Mayo, reclamando el esclarecimiento del hecho, el castigo a todos los responsables y exigiendo nuevamente “fuera Berni”. En el interior de la provincia, La Plata y otras ciudades se realizaron movilizaciones con las mismas consignas. En Córdoba, nuestra compañera Noelia Agüero, y en Neuquén Angélica Lagunas exigieron el castigo a todos los culpables y “fuera Berni”. Rosario, Jujuy, Río Negro, Salta, Tucumán fueron algunas de las ciudades que replicaron la jornada con las mismas consignas.

Ya circula un petitorio de firmas exigiendo la renuncia de Berni, encabezado por la madre de Facundo, Cristina Castro, junto a reconocidas personalidades de los derechos humanos, sindicales y políticas, al que acompañamos desde Izquierda Socialista.

Seguiremos junto a Cristina movilizados en la lucha por la verdad, exigiendo que todos los responsables sean juzgados y condenados, y para ello sostenemos que es imprescindible que la investigación sea llevada adelante por una comisión investigadora independiente conformada por profesionales idóneos, personalidades intachables, organizaciones de derechos humanos, políticas y sociales independientes de los gobiernos, porque solo así podremos ir a fondo y conocer qué pasó con Facundo y quiénes son los responsables.

El Socialista entrevistó* a Leandro Aparicio, uno de los abogados de la familia de Facundo Astudillo Castro. Aparicio, que ha participado de otras causas por desaparición forzada de personas, nos relata el siniestro laberinto que construyen sectores de las fuerzas de seguridad del Estado para ocultar sus crímenes.

E.S.– Tanto Cristina Castro, como ustedes, sus abogados, afirman que Facundo fue víctima de una desaparición forzada. ¿Cuáles son las pruebas para sostener esa tesis?

L.A.– Los motivos para tener certeza se basan en pruebas subjetivas y pruebas objetivas. Por ejemplo, los tres testimonios de personas que viajaban de Pedro Luro a Bahía Blanca y vieron que Facundo era subido a un vehículo policial a 10 kilómetros de Mayor Buratovich. Dos testigos, veinte minutos después, lo ven tirado en la ruta en Teniente Origoni. El souvenir, en forma de una pequeña sandía con las vaquitas de San Antonio, encontrado en el calabozo de Teniente Origoni. A todo eso, el 15 de agosto se le suma el esqueleto totalmente descarnado, con una zapatilla de Facundo intacta, impecable. Eso es lo que configura el delito de desaparición forzada. Además, la última fuerza de seguridad que lo vio fue la policía, que se ve obligada a dar explicaciones, que son totalmente inconsistentes.

E.S.– ¿Las contradicciones presentadas por la policía para justificar la hipótesis de “accidente” cómo se encadenan con los demás sectores involucrados en la investigación?

L.A.– La explicación de la policía es que dos agentes lo pararon y lo dejaron seguir. La hermanastra de una de esas policías, supuestamente, lo vio haciendo dedo y lo lleva hasta Teniente Origoni. Otro policía de Origoni dice que dio la orden que lo dejen seguir. De ser ciertas, son todas situaciones ilegales. Tendrían que haberlo imputado de algo, de violar la cuarentena por ejemplo, sin embargo la jueza lo único que hizo fue denunciar a mi amigo y colega de esta causa, Luciano Peretto. En este contexto podemos decir que se aplica un protocolo de encubrimiento. Yo lo he padecido en otras causas que defiendo.

E.S.– ¿Ese protocolo significa que existe un modus operandi de estos agentes que hacen parte de la represión institucionalizada?

L.A.– Claro, ese protocolo consiste en inducir falsas declaraciones, que las personas son suicidas, por ejemplo, como en el caso de Facundo o Iván Torres, o buscar declaraciones de “perejiles”, que son en este caso los hermanos de la ex novia de Facundo. Sembrar pistas falsas, como toda esa parodia que hicieron cuando Cristina y Luciano Peretto van a participar de un rastrillaje y aparece esta policial Xiomara Flores como venida de otro planeta y dice que llevó a Facundo hasta Teniente Origoni, y cuando la mamá la quiere interrogar agacha la cabeza.

E.S.– ¿Qué papel ha jugado el fiscal Santiago Ulpiano Martínez, con antecedentes de denuncias por casos de encubrimiento a la policía bonaerense?

L.A.– Este fiscal, a quien vamos a denunciar penalmente, es el mejor abogado de la policía. Él tiene denuncias desde su nominación de parte del CELS, Hijos y otros organismos de derechos humanos, acusado por desviar investigaciones. Lo que hace el fiscal es un Frankenstein jurídico, destroza las causas, las parte en mil pedazos para dificultar la investigación y encima estamos ahora con una jueza que no imputa absolutamente a nadie, salvo a mi colega Lucho Peretto.

E.S.– ¿Cómo ha actuado el poder político en estas circunstancias?

L.A.– Uno percibe el desfile de la hipocresía. Por ejemplo, el mensaje a Cristina Castro que le manda el secretario privado del ex presidente Macri, que volvió de vacaciones, se siente consternado y quiere hablar con la madre de Facundo. O Patricia Bullrich, que se ofreció a ayudar. Y, por supuesto, decir lo que está pasando en este gobierno “nac & pop” que tiene a este nuevo pequeño Bolsonaro, que fue carapintada, espía de los mineros de Río Turbio, jefe de “los caranchos” cuando en la Panamericana se le tiraban a los coches, fue el que hizo el desalojo “más pacífico de la historia” con tres muertos en el predio del Parque Indoamericano. Es una persona que es un “desaparecedor” más. Los policías le dejan hacer todo a este mamarracho, no es que él sepa, no sabe nada, pero asume una defensa cerrada de la policía y por tanto él, dentro de su función, convierte al Estado en un desaparecedor.

E.S.– Si estamos frente a una asociación ilícita para encubrir el accionar criminal de las fuerzas represivas, ¿quiénes la integran?

L.A.– Esta asociación la integran, obviamente, policías que son el primer núcleo de los que están en Mayor Buratovich, después hay otros agentes, como un comisario de Pedro Luro llamado Briyoni, otro policía de Bahía Blanca llamado Galarza, que es el primero que dice que Facundo ha estado en esa ciudad, con otros policías de la bonaerense que ayudan y acompañan estas tareas de encubrimiento y, por supuesto, el fiscal Ulpiano Martínez. También el periodista Germán Sasso, vinculado a un medio de Bahía Blanca que se llama La Brújula. Otro que es parte de esta organización es Carlos Bevilacqua, el intendente de Villarino. A través del secretario de Seguridad ciudadana han suministrado falsos informes de lectoras de patentes, donde en un día aparece el coche de los tres testigos, y al otro día, como no le gustó, ni siquiera aparece y aparece en el informe el testimonio de la “testigo H”.

E.S.– ¿Cómo continúa este proceso?

L.A.– A esta altura dudamos de todos los datos, lo que queremos es que la lectora de patentes sea auditada. En este contexto, el día lunes 7 va a declarar Cristina y va a hacer que su testimonio sea tomado como una denuncia y vamos a denunciar al señor fiscal y vamos a pedir la recusación de la jueza.

*Entrevistó Adolfo Santos