Navitas Petroleum, es una empresa israelí, que junto a Rockhopper (empresa petrolera británica) aprobaron una inversión de 1.800 millones de dólares para llegar primeras al petróleo en Sea Lion. ¡Tienen planteado llevarse el primer barril en 2028!   
Todo esto es ilegal y sucede mientras el gobierno de Milei, cómplice del genocida Israel, ahora hipócritamente defensor de las Malvinas, no hace nada más que dar discursos.   
¡Todavía no salió el primer barril, estamos a tiempo de frenarlo!   

FUERA ISRAEL DE PALESTINA
FUERA LOS INGLESES Y NAVITAS DE MALVINAS   

7 DE OCTUBRE
3 años de la profundización del genocidio contra el pueblo palestino.   

¡EL GENOCIDIO CONTINÚA!  

Israel ataca deliberadamente a infancias palestinas, desde el 2023 más de 20.000 infancias palestinas fueron asesinadas y más de 44.000 resultaron heridas. Comete un genocidio reproductivo, el control sobre el crecimiento demográfico palestino es uno de los objetivos centrales para el exterminio del pueblo palestino. Hay 9.600 palestines secuestrades en prisiones israelíes, el sistema de detención israelí es un régimen de humillación, coerción y terror sistemático e institucionalizado, con el respaldo de las autoridades israelíes.   

Israel continúa con el bloqueo de insumos médicos y alimentos, permitiendo ingresar solo al 30% de los camiones con insumos.   
Sigue expandiendo la línea amarilla, más del 60% del territorio es controlado por Israel, dejando a casi dos millones de personas hacinadas en espacios cada vez más reducidos.   

¡POR UNA PALESTINA LIBRE DEL RÍO AL MAR!
¡NOS VEMOS EN LAS CALLES!   
@accionargentinaxpalestina @movimiento_bds

José Castillo

La Inteligencia Artificial está en el centro del debate. Su control por grandes corporaciones y su uso en la disputa entre Estados Unidos y China la convierten en una amenaza para el pueblo trabajador. 

El 3 de septiembre, OpenAI lanzó GPT-6 Astra, su modelo de inteligencia artificial más avanzado. Su presidente y cofundador, Greg Brockman, cerró la presentación afirmando “bienvenidos a la era de la Inteligencia Artificial General (AGI)”.

Pero el tecnooptimismo duró poco. El 9 de septiembre, el experto británico Jacob Coxon, exmiembro de Anthropic y OpenAI, dos de las empresas que compiten por la punta de la investigación en inteligencia artificial junto con Alphabet-Google, Amazon, Microsoft y Tesla, denunció que quienes desarrollan estos modelos consideran que una futura superinteligencia artificial “podría matarnos a todos para finales de la década”. También cuestionó a ambas compañías y afirmó que están avanzando hacia sistemas capaces de mejorarse a sí mismos, “jugando con nuestras vidas”.

En los días siguientes empezaron a conocerse informes sobre eventos ocurridos principalmente en entornos de prueba, en los que agentes de IA realizaron acciones no indicadas previamente, vulneraron sistemas o modificaron su propio funcionamiento, incluso sorteando algunas restricciones impuestas por sus desarrolladores.

Las afirmaciones de Coxon no fueron aisladas. Evan Hubinger, responsable de seguridad de Anthropic, le dio la razón y sostuvo que, en su estimación personal, existe más de un 10% de riesgo de que una IA pueda provocar la extinción humana durante la próxima década. Varios referentes del sector también reconocieron la existencia de riesgos graves y la necesidad de reforzar los mecanismos de seguridad.

El debate sobre el nivel alcanzado por la IA

¿La inteligencia artificial ha alcanzado finalmente capacidades comparables a las humanas?

Sin duda, los últimos avances, como GPT-6 Astra, representan un salto espectacular. No existe todavía consenso científico ni una medición universal que permita afirmar que se haya alcanzado la AGI, definida como sistemas altamente autónomos capaces de superar a los humanos en la mayoría de los trabajos económicamente valiosos, ni mucho menos la superinteligencia, un escalón superior que implicaría la existencia de máquinas ampliamente más inteligentes que los seres humanos.

Seamos claros. No estamos afirmando que sea imposible que en un futuro, ese estadio pueda alcanzarse.

Lo que sí está sucediendo es que existe una carrera por desarrollar modelos cada vez más avanzados, que se lanzan al mercado o se ponen a disposición de los complejos militares antes de que existan controles suficientemente probados para evitar accidentes, usos indebidos o consecuencias catastróficas. “Hoy hay más regulaciones para servir una hamburguesa que para ofrecer un producto de la IA”, se afirma en el documental de Netflix El Doc de la IA.

Al riesgo para el pueblo trabajador de que la IA genere la destrucción de millones de puestos de trabajo y un incremento catastrófico del desempleo, en vez de traer progreso y más tiempo libre, se suman ahora las advertencias sobre los peligros de un desarrollo descontrolado y su aplicación militar.

La competencia por la IA entre Trump y el gobierno chino

Donald Trump se opone a frenar la carrera por la IA. Así como entre las empresas nadie quiere desacelerar por miedo a perder una ventaja competitiva o una porción del mercado, el gobierno yanqui coloca el desarrollo tecnológico como una pieza central de su competencia con China. Trump ha insistido en que Estados Unidos debe conservar el liderazgo y sostuvo que la IA podría tener un impacto incluso mayor que la Revolución Industrial.

El gobierno de Xi Jinping, por su parte, también participa de esta competencia tecnológica, atravesada por objetivos económicos, geopolíticos y militares. La disputa entre Estados Unidos y China por los chips, los modelos de IA y otras tecnologías avanzadas se ha convertido en uno de los principales puntos de tensión entre ambas potencias.

Evidentemente, semejante competencia no se resuelve con un mero “sistema de alerta para incidentes de IA”, como se ha informado que se estudia implementar.

El problema no es la IA

Los pulpos monopólicos de la IA siguen adelante con sus desarrollos porque están en una competencia por los mercados y las ganancias futuras, sin que la seguridad sea necesariamente el criterio principal que ordena esa carrera. No suena muy distinto de cómo actúan las grandes corporaciones que hoy, a pesar de todas las advertencias de los defensores del ambiente, priorizan sus ganancias.

Esto se potencia con la carrera por el liderazgo tecnológico entre Estados Unidos y China, que incluye los negocios y el posicionamiento de sus propios monopolios transnacionales y también aplicaciones militares. La comparación con la carrera por el armamento nuclear aparece incluso dentro del propio sector tecnológico.

Alexander Karp, director ejecutivo de Palantir, la empresa cofundada por Peter Thiel, escribió en 2023 una nota en The New York Times titulada “Nuestro momento Oppenheimer, la creación de las armas de IA”, trazando un paralelismo entre la física nuclear y la ciencia de la computación. Palantir aporta tecnología utilizada por organismos estadounidenses como el ICE y por el Departamento de Defensa. Su sistema Maven fue utilizado en operaciones militares contra Irán y forma parte de la infraestructura estadounidense de procesamiento de información y selección de objetivos.

Ese sistema también estuvo involucrado en el proceso de selección de objetivos durante la campaña en la que fue bombardeada una escuela primaria en Minab, Irán, donde murieron más de 150 personas, muchas de ellas niñas y niños. Investigaciones posteriores señalaron una posible dependencia excesiva de la información procesada mediante Maven, aunque la responsabilidad concreta por la selección de ese objetivo ha sido objeto de investigación.

El capitalismo funciona colocando todos los desarrollos tecnológicos y los avances de la ciencia y la técnica bajo la lógica de la competencia y la rentabilidad. Tecnologías que podrían contribuir al progreso y liberar tiempo de tareas penosas pueden convertirse, bajo esas condiciones, en herramientas de desempleo masivo, supervigilancia, represión y destrucción mediante drones, sistemas automatizados de combate u otras aplicaciones militares.

La salida no está en oponerse a la IA. De lo que se trata es de discutir quién controla estas tecnologías, con qué objetivos se desarrollan y al servicio de qué intereses se utilizan. Desde una perspectiva socialista, planteamos que estos desarrollos estén bajo control público y de sus trabajadoras y trabajadores, como parte de una planificación democrática y responsable orientada a las necesidades sociales y no a las ganancias privadas.

José Castillo

Ya desde 2024, el gobierno viene insistiendo en abrir la Argentina a los pulpos de la IA. En una entrevista con Alejandro Fantino, citada en el libro Teoría de la Dependencia Digital, de Cecilia Rikap, Javier Milei afirmó que “nosotros estamos buscando ser uno de los cuatro polos de inteligencia artificial del mundo […] porque tenemos recursos humanos […]  la cantidad de pibes hoy programando acá vos no te das una idea […]  Para que trabajen los centros de datos necesitás energía. ¿Hay energía acá? Sí. Y, además, ¿qué necesitás? Frío. Con lo cual en el sur podés hacer una cosa fenomenal. Grandes extensiones de tierra, frío, acceso a la energía barata y capital humano”.

Lo único cierto de todo esto es que los centros de datos, el último eslabón de la cadena de la IA, necesitan enormes cantidades de energía, electricidad y agua. Construirlos no nos transforma en un nuevo Silicon Valley ni requiere de “pibes programando”. Sí requiere de lugares del planeta donde otros, llamados Alphabet (Google), Microsoft, Amazon, Meta o Tesla, descarguen la parte más contaminante del proceso. “Zonas de sacrificio” aptas para el saqueo.

Milei tiene en debate el super-RIGI, que ofrece exenciones impositivas similares a las del RIGI a inversiones de base superiores a 1.000 millones de dólares en lo que denomina “sectores sin desarrollo previo”. Entre todos esos negocios, el privilegiado es, sin duda, el de los data centers de Inteligencia Artificial.

Elon Musk aparece picando en punta. Hace pocas semanas, directivos de Tesla estuvieron en la Casa Rosada prometiendo llevar a la Patagonia inversiones de xAI, la compañía de IA de Musk. Pero no es el único caso. Un año atrás estuvo el anuncio de OpenAI de instalar en el sur del país el proyecto Stargate, un megacentro de datos impulsado a nivel local por Sur Energy, la firma de Emiliano Kargieman, fundador del unicornio Satellogic.

Nada de la punta del desarrollo de la IA generativa, ni siquiera del desarrollo industrial de microprocesadores u otros elementos de hardware, será fabricado en la Argentina. Todo esto es apenas una pata más del saqueo. 

José Castillo

Javier Milei avanza con la privatización de AySA para pagar deuda externa y abrir negocios a empresarios aliados y socios internacionales como Mekorot, mientras millones de usuarios siguen sin agua corriente ni cloacas. 

El pasado 15 de septiembre, el gobierno decidió avanzar con la apertura de sobres de la privatización de AySA. El objetivo, como lo ha reconocido públicamente el propio ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, es recaudar rápidamente 500 millones de dólares para destinarlos a los próximos vencimientos de deuda del año que viene. Se trata de regalar la empresa a cambio de cumplir con el FMI y los pulpos acreedores internacionales.

Ese apuro hace que AySA se esté prácticamente regalando. Es dueña de redes subterráneas colosales, plantas potabilizadoras históricas, como la General San Martín, y estaciones elevadoras construidas a lo largo de décadas con fondos públicos. La empresa genera ingresos por cobro de tarifas de aproximadamente mil millones de dólares al año y cuenta con 3,8 millones de usuarios, alrededor de 14 millones de personas en CABA y 26 partidos del conurbano. O sea, en un solo año de recaudación, los nuevos dueños ya obtendrán el doble de lo que pagarán por la empresa.
Por otra parte, entre 2006 y 2023, los distintos gobiernos destinaron más de 13.400 millones de dólares en subsidios para sostener la operación y las obras. Venderla por solo 500 millones representa una fracción mucho menor de todo esto.

Las condiciones del pliego

Se ofrece un contrato de 30 años de explotación exclusiva, con opción de prórroga contractual por hasta 10 años adicionales. O sea, un regalo por los próximos 40 años. Las obligaciones para el ganador son sustancialmente menores a las exigidas en la privatización menemista de los años ‘90.
El nuevo marco proyecta alcanzar un 75,3% de cobertura de agua potable y un 63,9% de cloacas hacia 2031, para llegar al 90% de agua y al 75% de cloacas recién al término de los 30 años. La excusa es priorizar el mantenimiento técnico de la red existente y la “sostenibilidad financiera”, postergando la expansión masiva hacia zonas vulnerables. Amplias áreas del conurbano que carecen de agua o cloacas verán demorada su integración sanitaria por décadas.

Debido a ello, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires presentó un amparo objetando estos estándares de calidad y cobertura. La Justicia Contencioso Administrativa confirmó una medida cautelar que exige a AySA garantizar la continuidad del servicio y las inversiones, derivando luego la causa al fuero federal. El gobierno de Milei, al continuar con el proceso, avanza pese a esta resolución judicial.

Los posibles compradores

Por un lado, tenemos el autodenominado Consorcio Rowing-Arcos-Transclor-PHX. Está integrado por Rowing S.A., Arcos Saneamento e Participações, Transclor y PHX Aqua AR B.V. Arcos, perteneciente al Grupo Equipav de Brasil, figura como operador técnico. Transclor pertenece al empresario Mauricio Filiberti, conocido como “el rey del cloro”.

Por el otro está el consorcio encabezado por Roggio ROAS, vinculado al Grupo Roggio, que participa en Aguas Cordobesas y Aguas de Corrientes. Su respaldo técnico internacional está dado por la empresa estatal de agua de Israel, Mekorot, y el grupo japonés Marubeni, a través de operaciones vinculadas al sector del agua.

¡No a la privatización!

AySA es el nombre de la empresa estatal que reemplazó en 2006 a Aguas Argentinas, sucesora a su vez, para el AMBA, de Obras Sanitarias de la Nación tras la privatización de los ´90. Tuvo que ser reestatizada después de la gestión de la francesa Suez.
El acceso al agua y las cloacas es un derecho humano, no una mercancía. AySA debe seguir siendo estatal y pasar a ser gestionada por sus trabajadoras y trabajadores y usuarios.

Guido Poletti

El diputado Juan Carlos “Gringo” Giordano, de Izquierda Socialista/FIT Unidad, presentó un proyecto de ley acompañado por todo el bloque del Frente de Izquierda Unidad.

Plantea la anulación del decreto de necesidad y urgencia que autorizó la privatización y el cambio del marco regulatorio a favor de los futuros operadores y en contra de los usuarios. Sostiene la necesidad de declarar a Aysa como una empresa 100% estatal, que pasará a estar gestionada por sus trabajadores y usuarios. 

En el proyecto de ley se reconoce al agua como un derecho humano inalienable e impostergable que tiene que estar en manos del Estado Nacional. Se afirma que toda política pública relativa al agua deberá priorizar su función social, sanitaria y ambiental, por encima de cualquier interés económico o empresarial. Y que ningún usuario podrá ser privado del acceso al servicio por razones económicas. 

Al mismo tiempo propone el diseño de un Plan Federal de Obras para la expansión del acceso al agua potable y desagües cloacales en todo el territorio nacional, priorizando zonas postergadas y comunidades rurales y/o vulnerables. Disponiendo a su vez que se anule todo tipo de contrato de colaboración o asesoramiento con Mekorot, empresa de Israel, que ya viene actuando en Argentina y ha manifestado que se quiere quedar con AySA a través del proyecto privatizador que propone el gobierno nacional.

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Aquí el proyecto

Proyecto de Ley

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación, reunidos en Congreso, sancionan con fuerza de Ley:

AySA 100% estatal bajo gestión de trabajadoras y trabajadores y organizaciones de usuarios

Anulación de los decretos 493 y 494

Fuera Mekorot

Artículo 1. Anúlese los Decretos de Necesidad y Urgencia No 493/2025 y No 494/2025, por los cuales se habilitó la privatización de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) y se modificó el marco regulatorio del servicio público de agua potable y desagües cloacales. Toda licitación pública o internacional para la privatización de AySA quedará sin efecto a partir de la entrada en vigencia de esta ley.

Artículo 2. Declárese que Agua y Saneamientos Argentinos S.A. será en adelante una empresa cien por ciento estatal, bajo propiedad y financiamiento del Estado Nacional, gestionada, administrada y controlada por sus trabajadoras y trabajadores y organizaciones de usuarios. La empresa tendrá como objetivo garantizar el acceso universal, equitativo y sustentable al agua potable y al saneamiento en todo el territorio nacional, como derecho humano esencial no sujeto a las reglas capitalistas de mercado.

Artículo 3. A partir de la presente ley se reconoce al agua como un derecho humano inalienable e impostergable que tiene que estar en manos del Estado Nacional. Toda política pública relativa al agua deberá priorizar su función social, sanitaria y ambiental, por encima de cualquier interés económico o empresarial. Ningún usuario podrá ser privado del acceso al servicio por razones económicas.

Artículo 4. A partir de la siguiente ley AySA diseñará un Plan Federal de Obras para la expansión del acceso al agua potable y desagües cloacales en todo el territorio nacional, priorizando zonas postergadas y comunidades rurales y/o vulnerables. Disponiendo a su vez que se anule todo tipo de contrato de colaboración o asesoramiento con Mekorot, empresa de Israel, que ya viene actuando en Argentina y ha manifestado que se quiere quedar con AySA a través del proyecto privatizador que propone el gobierno nacional.

Artículo 5. Financiar a la empresa AySA cien por ciento estatal en base a los fondos que se destinan a los pagos de la usurera deuda externa y con los que recauden mediante la implementación de un impuesto especial a las ganancias de las multinacionales, grandes empresarios y bancos que operan en nuestro país, redirigiendo los recursos nacionales a garantizar este derecho humano esencial, brindando un servicio eficiente y accesible para el pueblo trabajador.

Artículo 6. De forma.

Juan Carlos Giordano
Mercedes de Mendieta
Christian Castillo
Alejandro Vilca
Vilma Ripoll

 

FUNDAMENTOS:
El acceso al agua potable y al saneamiento es un derecho humano esencial reconocido por la Organización de las Naciones Unidas desde el año 2010. No puede considerarse una mercancía ni quedar en manos del mercado capitalista. La provisión de este servicio vital debe ser garantizada 100% por el Estado Nacional bajo gestión, administración y control de sus trabajadores y usuarios. Por eso, este proyecto de ley propone la anulación de los Decretos de Necesidad y Urgencia No 493 y 494 del año 2025, firmados por el presidente ultraderechista Javier Milei, que habilitan la privatización total de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), la venta del 90% de sus acciones, y la modificación del marco normativo para autorizar cortes masivos del suministro por falta de pago, entre otros ataques. Estas medidas implican una regresión brutal de derechos a favor de las ganancias empresariales y en perjuicio de millones de familias del pueblo trabajador. Además, se enmarcan en la nefasta Ley Bases de Milei, votada con el aval de los bloques patronales cómplices, que pretende privatizar no sólo el agua sino también otras empresas estratégicas.

La historia de AySA muestra con claridad los resultados nefastos del modelo privatizador. AySA fue fundada originalmente como Obras Sanitarias de la Nación en 1912. Durante la Revolución Libertadora de 1955 y más tarde durante la dictadura genocida de 1976, fue vaciada, desfinanciada y abandonada con el fin de rematarla y privatizarla. Finalmente, en 1993, bajo el gobierno peronista de Carlos Menem, OSN fue disuelta y se entregó la concesión del servicio a Aguas Argentinas S.A., controlada por el grupo francés Suez.

En 1999 se abrió una investigación judicial sobre la privatización de AySA, determinando que se había vendida a menos de una quinta parte de su valor real. Confirmándose posteriormente que incumplió sus compromisos, no invirtió, no hizo las obras, paralizó la expansión de la red de agua potable, provocó contaminaciones, además de despedir personal. Esa privatización significó un saqueo brutal: las tarifas aumentaron y se deterioró la calidad del servicio. La presencia de arsénico y agrotóxicos en el agua en varias zonas del conurbano, los cortes reiterados y la falta de expansión de las redes, entre otros motivos, obligaron a rescindir el contrato en 2006.

A pesar de haber sido desplazada, la empresa Suez presentó una demanda ante el CIADI (tribunal del Banco Mundial) por 1.700 millones de dólares, aduciendo violación de contrato. En 2015, el tribunal falló parcialmente a favor de la multinacional, imponiendo a la Argentina el pago de una indemnización que rondaría los 220 millones de dólares.

En ese año, tras múltiples esfuerzos por encontrar otro operador privado y frente al retiro de Suez, el gobierno de Néstor Kirchner estuvo obligado a anunciar la “estatización” del servicio. Sin embargo, no se trató de una empresa estatal tradicional, sino de la creación de AySA como Sociedad Anónima con mayoría accionaria estatal, lo que permitía eventuales reprivatizaciones futuras. A su vez, se nombró al frente de la nueva empresa a Carlos Ben, quien había sido coordinador de la privatización de OSN en 1993 y luego integró el directorio de Aguas Argentinas. Y nunca se puso en manos de sus trabajadores, sino de la burocracia del Sindicato de Trabajadores de Obras Sanitarias presidido por su actual secretario general y Secretario de Acción Social de la CGT, José Luis Lingeri. El mismo que dijo días atrás, preguntado sobre la privatización anunciada por el gobierno, que “al tema de la privatización de AySA lo venimos discutiendo internamente con las autoridades de la empresa”. Es por eso que la propuesta de una AySA estatal debe ser gestionada y controlada por los trabajadores de la misma, no por estos dirigentes.

Con la llegada de Mauricio Macri al poder en 2015, comenzaron los fuertes aumentos tarifarios, que alcanzaron picos de más del 1000 %. En 2023, bajo la presidencia del ultraderechista Milei, esta situación se agravó: las tarifas subieron más de un 500%, se habilitaron cortes por falta de pago, se impulsaron despidos de personal y se firmaron los decretos que buscan volver a privatizar AySA. Como si fuera poco, la empresa estatal israelí Mekorot, responsable de aplicar una política sistemática de apartheid hídrico contra el pueblo palestino, negándole el acceso al agua, trabajando en estrecha colaboración con el ejército israelí en la confiscación de las tuberías de riego de los agricultores palestinos y en la destrucción de sus fuentes de abastecimiento, ha manifestado que está interesada en quedarse con AySA y admitido a través de su Coordinador de Proyectos Especiales, Diego Berger, que hoy se encuentra asesorando a AySA. Así como no tiene que haber injerencia de empresas privadas y/o de otros países en AySA, mucho menos se puede permitir que lo sea Mekorot, que tiene antecedentes de violaciones a los derechos humanos. Recordemos que en abril de 2022
una delegación de ministros, gobernadores y funcionarios del gobierno de Alberto Fernández, encabezados por el ex Ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro, viajaron a Israel para celebrar acuerdos de “cooperación” con Mekorot en varias provincias. Decimos fuera Mekorot de Argentina, disponiendo por añadidura que se anule todo tipo de contrato de colaboración o asesoramiento con la empresa Mekorot en todo el territorio nacional.

Hoy AySA presta servicios en CABA y en Zona Sur, Norte y Oeste de la Provincia de Buenos Aires. Necesitamos que AySA se transforme en una empresa estatal que suministre el servicio en todo el territorio nacional y termine con los negociados que existen en las provincias con empresas privadas. Atento a ello es que se deben rescindir las concesiones y/o privatizaciones en cada provincia que las haya, dando lugar a su provincialización bajo control de sus trabajadores y técnicos, pasando a funcionar de manera integrada con AySA nacional. Empresa que será financiada con los fondos que se
van a los pagos de la usurera deuda externa y al FMI, y con un impuesto especial a las multinacionales, grandes empresarios y bancos, en especial a las empresas que vienen contaminando el agua impunemente.

Hoy más de 7 millones de personas en Argentina no acceden al agua potable de forma adecuada, y casi 20 millones no tienen redes de saneamiento, según el Censo 2022. En este contexto de emergencia social y crisis económica, avanzar hacia la privatización es
criminal. El agua es vida, no puede ser una mercancía. Cuando el agua es tratada como mercancía, afecta también a cuencas, acuíferos y los ciclos naturales del agua.

Este proyecto del Frente de Izquierda Unidad se inscribe en la lucha por una Argentina donde se reestaticen todas las empresas privatizadas y sean puestas a funcionar bajo gestión, administración y control de trabajadoras y trabajadores y organizaciones de usuarios. Como parte de otras medidas de fondo que inauguren un plan económico alternativo, obrero y popular, al servicio de dar respuesta a las urgentes necesidades populares.
El agua no se vende, se defiende.

Juan Carlos Giordano
Mercedes de Mendieta
Christian Castillo
Alejandro Vilca
Vilma Ripoll