
Escribe Miguel Lamas, dirigente de la UIT-CI
Decenas de bloqueos de carreteras se extienden por todo el país organizados por campesinos e indígenas exigiendo que renuncie el gobierno de Rodrigo Paz. Lo mismo reclama la Central Obrera Boliviana (COB) que había anunciado una huelga general que finalmente no se realizó, aunque en diferentes ciudades hubo importantes huelgas y movilizaciones contra el gobierno, donde se destaca el magisterio.
El gobierno de Rodrigo Paz es repudiado por la amplia mayoría de la población boliviana. Sin embargo, logra mantenerse en el poder por el apoyo de los partidos de derecha que en el Congreso le votaron la facultad de decretar el “estado de excepción” dejándole las manos libres para aplicar una mayor y más fuerte represión. Aunque aún no se anima a aplicar a fondo y de forma generalizada estas medidas por temor a la respuesta de las calles, lo viene haciendo de forma selectiva y permanente. En estos días, detuvo en el aeropuerto de El Alto a una delegación solidaria de dirigentes sindicales y políticos de Argentina y la expulsó inmediatamente del país.
Pese al debilitamiento frente a la población trabajadora, el gobierno de Rodrigo Paz consigue capear la rebelión popular que exige su salida, porque aún no se ha formado una dirección nacional capaz de unificar las luchas de forma consecuente, ni tampoco consigue formular propuestas nacionales programáticas alternativas para proponer un nuevo gobierno al de la población pobre y trabajadora para terminar con este desastre social.
Otro elemento que frene el avance de la lucha popular boliviana, es que algunas direcciones de organizaciones sindicales, como la de los fabriles y del magisterio rural y urbano, negociaron con el gobierno suspender las medidas de lucha, sin conquistar sus reivindicaciones básicas. De cualquier forma, en el caso del magisterio, sectores de base rechazaron esas negociaciones de cúpula que capitulan frente al gobierno y se han producido fuertes marchas en La Paz y otros lugares de Bolivia.
El otro hecho que mantiene al gobierno en pie, es el permanente apoyo internacional recibido de parte del imperialismo yanqui, encabezado por Trump, con Milei y otros gobiernos que componen el llamado “escudo de las Américas” acordado en marzo entre los gobiernos latinoamericanos de ultraderecha y el presidente norteamericano. Es un acuerdo para garantizar el dominio imperialista yanqui y establece la posibilidad de intervenciones militares con la excusa de “terminar con carteles del narcotráfico”. Esa fue la excusa de Trump para iniciar su intervención en Venezuela, el apresamiento de Maduro y ahora el sometimiento de la actual presidenta, antes vice de Maduro, para que les entregue a Estados Unidos el petróleo que se produce en ese país.
Lo mismo pretenden hacer en Bolivia. El proyecto del gobierno es entregar a las multinacionales norteamericanas las riquezas del subsuelo y las tierras. Aunque el saqueo de las riquezas bolivianas no es nuevo, comenzó muy antiguamente y se mantuvo también bajo casi veinte años de los gobiernos del MAS, del falso y doble discurso “antiimperialista”, el gobierno de Rodrigo Paz viene por todo.
Crisis y saqueo del país
La actual crisis económica internacional tiene claros reflejos en la situación nacional. Se está agudizando enormemente y produciendo un severo sufrimiento en todo el pueblo trabajador. Aumenta el precio de los productos de consumo popular, se congelan los salarios y se intenta quitarle las tierras a los campesinos, pequeños propietarios, para entregársela a los grandes oligarcas del agronegocio.
El gobierno anuló impuestos a grandes terratenientes y les permite controlar cada vez más extensiones de tierras, incluyendo a oligarcas extranjeros de Brasil o de Argentina. Ahora les permite exportar toda la producción, sin pagar impuestos y llevarse también los dólares que reciben. Estos grandes oligarcas fueron los promotores del incendio de 10 millones de hectáreas de bosques en 2019, permitidos por el MAS, que gobernaba, para controlar más tierras, lo que provocó un cambio climático nacional con sequías prolongadas en muchos lugares del país.
En la minería privada también se produce un saqueo del país. En primer lugar con el oro que, para sacarlo, envenenan los ríos con mercurio, un metal pesado altamente tóxico usado para separar el oro de los sedimentos. Ellos tampoco casi no pagan impuestos, son multinacionales asociadas a supuestas “cooperativas” (que en realidad son empresas). Todo esto que comenzó hace años y ahora también están siendo favorecidos por este gobierno tratando de entregarle a capitales norteamericanos esas exportaciones.
Por un gobierno de la COB y organizaciones populares
Desde el PT-Partido de los Trabajadores, que integra a las y los militantes bolivianos de la UIT-CI (ARPT), ante esta grave situación llamamos a la unidad de organizaciones para luchar porque se vaya Rodrigo Paz e impedir que se lleven las riquezas del país.
Pero tampoco sería solución elecciones con la actual ley electoral tramposa. Necesitamos imponer una ley electoral que legalice políticamente a las organizaciones del pueblo trabajador, en primer lugar, a la COB que lo planteó en su último congreso.
Desde el PT planteamos la necesidad de luchar hasta lograr un gobierno provisional de la COB y las organizaciones populares, que gobierne con cabildos democráticos, que tome medidas revolucionarias urgentes económicas sociales: aumentos salariales acordes a la inflación, impedir que se roben las tierras de campesinos e indígenas, impedir que se sigan llevando el oro, el gas, y otros minerales y producción agrícola y los dólares que ganan los oligarcas, expropiar a los grandes terratenientes para producir lo que necesita el pueblo de Bolivia, expropiar y expulsar a las multinacionales.










