Foto de portada: Clase pública en frente a la Facultad de Ciencias Sociales
Escribe Mercedes de Mendieta, Docente UBA y diputada nacional electa de Izquierda Socialista FIT-Unidad
Luego de que el 20 de abril venciera el plazo del segundo fallo de la Justicia para que Javier Milei cumpla con la aplicación de la ley de financiamiento universitario, la cuarta marcha federal universitaria ya tiene fecha: será el 12 de mayo, convocada por la FUA, el CIN y el Frente Gremial. Estamos en una pulseada por el futuro de la educación pública y gratuita.
A pesar de que la Cámara en lo Contencioso Administrativo ratificó la orden de actualizar los salarios de las y los trabajadores universitarios y las becas estudiantiles, el gobierno de Milei sigue sin cumplir la ley. El fallo fue notificado el 31 de marzo y, al 20 de abril, cuando vencía el plazo, no solo no se transfirieron a las universidades nacionales los fondos por la deuda salarial, sino que el instructivo de liquidación de sueldos que la Subsecretaría de Políticas Universitarias envió dispone un “aumento” del 1,7% (sin ningún tipo de negociación paritaria) para abril, una burla total. Este “aumento” es en realidad una nueva rebaja salarial, ya que la inflación de marzo fue del 3,4%, exactamente el doble. Muy lejos de la recomposición del 51% que establece la ley conquistada en las calles.
En paralelo, el gobierno de Milei evalúa llevar el conflicto a la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario, mientras activa en el Congreso negociaciones con sus cómplices para modificar la ley de financiamiento universitario, algo que ya intentó en las sesiones extraordinarias de febrero. No olvidemos que esta modificación implica un “aumento” del 12,4% en cuotas hasta septiembre, es decir, un recorte salarial.
El gasto que Milei dice “imposible de pagar” representa, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, solo el 0,23% del PBI, un monto ínfimo. Por ejemplo, ese monto podría pagarse 15 veces con las exenciones impositivas previstas en el presupuesto nacional 2026, que alcanzan el 3,4% del PBI. Solo las exenciones en el impuesto a las ganancias, del 0,62%, representan más del doble del costo de la ley universitaria.
Se profundiza la fuga de cerebros
Como ocurre con la mayoría de las y los trabajadores del país, la situación salarial se volvió insostenible. Un ayudante de primera cobra, por 10 horas semanales, 250 mil pesos. Más de 10 mil docentes ya renunciaron a sus cargos. Esto implica no solo una pérdida de profesionales y una profundización de la fuga de cerebros, sino también un impacto directo en el cierre de comisiones y en la reducción de la oferta horaria, con mayor precarización laboral para quienes resisten. Un ejemplo es la Facultad de Agronomía, donde renunciaron 100 personas entre docentes e investigadores.
Frente a esto, los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional, cuyos intentos de negociar con el gobierno a espaldas de la comunidad universitaria han quedado expuestos, fueron cuestionados por la lucha de docentes, no docentes y estudiantes. Indigna escucharlos criticar, casi por igual, al gobierno de Milei, responsable de incumplir la ley, y a los paros docentes que defienden la universidad. Incluso el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, y otros rectores amenazaron con descuentos a quienes adhieran a los paros, una práctica funcional a la motosierra de Milei y completamente regresiva frente a quienes impulsan la lucha.
Construyamos la masividad de la cuarta marcha
Las federaciones gremiales docentes (Conadu y Conadu Histórica) convocaron a paros escalonados en las semanas del 13 y del 27, mientras que la Fatun, que nuclea a las y los trabajadores no docentes, impulsa medidas para el 23 de abril. Por eso, es imprescindible profundizar el plan de lucha. No alcanzan las medidas parciales ni las negociaciones por arriba. Es necesario convocar de manera urgente a instancias interclaustros e interfacultades que permitan organizar la resistencia desde abajo, articulando a docentes, no docentes y estudiantes en un plan de lucha común.
Finalmente, luego de meses de exigencia, la cuarta marcha federal ya tiene fecha: el 12 de mayo hacia Plaza de Mayo y todas las plazas del país, convocada por la FUA, el CIN y el Frente Gremial. Pero no podemos confiar en los rectores que negociaron a espaldas de la comunidad universitaria ni en las conducciones de las federaciones estudiantiles radicales y peronistas, que no llaman a organizar a las y los estudiantes. La tarea ahora es volver a ser millones, como el 23 de abril de 2024, cuando una marea llenó las calles en defensa de las universidades. Porque lo que está en juego no es solo un presupuesto: es el futuro de la educación universitaria pública, gratuita y de excelencia, la producción de conocimiento y el sistema de ciencia y técnica al servicio de un proyecto de país independiente de las multinacionales, el FMI y el imperialismo yanqui.
