Escribe Mariano Barba

El gobierno ultraderechista, en medio de paros y movilizaciones, impuso en febrero la reforma laboral. Recibió el voto de varios diputados y senadores radicales y peronistas, cómplices de la aplicación de la motosierra de Javier Milei. La CGT negoció mantener la caja de las obras sociales y el aporte “solidario” a cambio de dejar pasar el resto del ataque a conquistas históricas de la clase trabajadora. En lugar de organizar un plan de lucha para impedir la aprobación de la ley, la CGT optó por judicializar la aplicación de la Ley 27.802.

El juez Raúl Horacio Ojeda, del Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, consideró válido el pedido cautelar de la central obrera y suspendió la aplicación de 82 artículos, aclarando que esta medida “no cierra la discusión de fondo”. El argumento es que existen indicios de regresividad en materia laboral y riesgos de daños irreparables a los derechos de los trabajadores. El fallo frena cambios clave como el fondo de cese laboral, la eliminación de presunciones laborales (por la cual, si el empleador cambia arbitrariamente las condiciones de trabajo, al trabajador solo le queda la posibilidad de darse por despedido, cuando antes podía recurrir a la Justicia) y modificaciones en la antigüedad. También quedó suspendida la exclusión de derechos para trabajadoras y trabajadores de plataformas.

Otro fallo, dictado en el Juzgado del Trabajo N° 74 por el juez José Ignacio Ramonet, hizo lugar al planteo de la Unión Docentes Argentinos y suspendió la aplicación del artículo 101 de la reforma laboral, que declaraba a la educación como servicio esencial y obligaba a los sindicatos del sector a mantener un 75% de prestación normal de la actividad en caso de huelga, prácticamente liquidando ese derecho.

Estos fallos no resuelven el reclamo de fondo, pero son un paso adelante, producto de la bronca y de las luchas que se desarrollaron frente al Congreso exigiendo la no sanción de la ley. Allí también se planteó, desde la izquierda y el sindicalismo combativo, que la CGT rompa el pacto con el gobierno y organice un paro y un plan de lucha nacional. A pocos meses de sancionada, continuamos exigiendo ese plan de lucha a la CGT y a las CTA para tirar la ley y resistir su aplicación en cada lugar de trabajo.