Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional (electa) – Izquierda Socialista/FIT Unidad

En sesiones extraordinarias, el oficialismo vuelve a instalar una agenda punitivista que criminaliza a las infancias y adolescencias. Organismos de derechos advierten que la medida no reduce el delito y profundiza la exclusión social.

Otra vez el gobierno ultraderechista pone en agenda la baja de la edad de punibilidad. En el marco de las sesiones extraordinarias, Javier Milei y la senadora Patricia Bullrich impulsan una nueva Ley Penal Juvenil que pretende llevarla de 16 a 13 años, algo que no recomienda ningún organismo de derechos de las niñeces y adolescencias. Bajo el discurso de la “seguridad”, vuelve una receta conocida: más mano dura y criminalización de los pibes y pibas, sin dar respuesta al grave problema de la inseguridad, que crece al calor de la motosierra.

La discusión no es nueva. Desde 2024 el oficialismo instaló una cruzada mediática que presenta la baja de la edad de punibilidad como una solución mágica frente al delito. En 2025 el gobierno lo puso en debate en la Cámara de Diputados, pero no logró avanzar. Hoy vuelve a escena de la mano de Bullrich, junto con la reforma laboral esclavista. Pero lejos de atacar las causas estructurales de la inseguridad, la propuesta profundiza la criminalización de la pobreza y pone en la mira a los pibes y pibas de los barrios populares, que no son responsables de la inseguridad, sino sus víctimas.
Se trata de una estrategia punitivista de alto impacto mediático, que cumple un doble objetivo político: disciplinar a los sectores populares y desviar la atención de la crisis social, el ajuste y los recortes que golpean a millones.

Los datos son contundentes y desmontan el relato oficial. En Argentina, solo el 0,45% de los jóvenes de entre 12 y 17 años participa en algún delito. En la provincia de Buenos Aires, el delito juvenil representa entre el 2,25% y el 3,6% del total de las causas penales. De alrededor de 1.020.000 investigaciones penales que se inician por año, apenas unas 20 mil corresponden al fuero penal juvenil, es decir, el 2,5% del total de causas con autor conocido. La enorme mayoría de esos hechos son delitos contra la propiedad, con una incidencia muy baja en delitos contra las personas y sin evidencia alguna de aumento en la participación de menores de 16 años.

Entonces, ¿por qué el gobierno insiste en bajar la edad de punibilidad? Porque es más fácil castigar a los pibes pobres mientras dejan correr al gran delito organizado: el narcotráfico, los desarmaderos y las redes de trata, que no podrían funcionar sin complicidades policiales, judiciales y políticas. Infancias y adolescencias aparecen como el eslabón más débil.

Mientras tanto, el verdadero drama social sigue intacto: más de un millón de chicos y chicas se van a dormir sin cenar. El mismo gobierno que habla de “mano dura” recorta becas Progresar, desfinancia la educación pública, la salud, el deporte y las políticas de niñez y juventud. Para quienes quedan fuera de esos derechos, la respuesta es la represión y la cárcel.

Nuestros pibes no son peligrosos: están en peligro. Los delitos juveniles, en su gran mayoría, están organizados por adultos. Una parte importante está asociada al consumo problemático de drogas. Miles de jóvenes son utilizados para robar o como “soldados” por bandas narcos amparadas por la policía. Estas poderosas redes criminales cuentan, además, con protección judicial.

Contra la recomendación de todos los organismos de las niñeces

Las experiencias internacionales también son claras. Estudios de Unicef, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la propia Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU muestran que reducir la edad de imputabilidad no baja el delito: lo aumenta. En Ecuador, donde la edad es de 12 años, el índice de delitos pasó de 6 a 46 cada 100 mil habitantes. En países como Brasil y Uruguay, donde la punibilidad comienza a los 12 y 13 años respectivamente, los niveles de violencia no disminuyeron. Dinamarca y Georgia, incluso dieron marcha atrás luego de comprobar los efectos regresivos de estas políticas.

En Argentina, el régimen penal juvenil vigente, heredado de la dictadura pero con modificaciones posteriores, fija la edad de punibilidad en 16 años. La propuesta de Milei es más regresiva que la normativa de 1980: la propia dictadura genocida, ya en su crisis final, elevó la edad de 14 a 16 años en 1983. Hoy, en nombre de la “libertad”, se pretende retroceder aún más.

El encarcelamiento temprano no reinsertó nunca a nadie. En nuestro país, un juez puede establecer la internación de menores de 16 años en institutos, aun cuando no hayan sido condenados. Estos espacios funcionan, en muchos casos, como cárceles encubiertas, con malas condiciones de detención, violencia institucional y vulneración sistemática de derechos. Lejos de reducir la violencia, la multiplican. Es echar nafta al fuego.

Para combatir la inseguridad, que afecta particularmente a las y los trabajadores y sectores populares, las respuestas represivas y la mano dura solo significan más criminalización y no resuelven, sino que empeoran el problema. Lo que se necesita es terminar con las mafias que organizan el delito al amparo del poder político, judicial y policial. Y también terminar con el plan motosierra de Milei y el FMI, garantizando presupuesto para políticas integrales que fortalezcan el sistema de protección integral de la niñez y la adolescencia.