Escribe Agustín Blanco

En plena ola de calor, con sensaciones térmicas que superaron los 40 grados, el AMBA volvió a quedar a oscuras. En los últimos días, entre 800 mil y casi un millón de usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense sufrieron apagones masivos que se extendieron durante horas. Barrios enteros sin luz, semáforos apagados, subtes con demoras y hogares sin ventilación en el momento de mayor demanda eléctrica del año.

Las distribuidoras privadas, como Edenor y Edesur, operan una red degradada, con falta de inversión estructural y sin capacidad para absorber picos de consumo previsibles. La infraestructura eléctrica del AMBA muestra señales claras de colapso cuando el calor aprieta.

La paradoja es evidente: mientras el servicio falla, las tarifas no paran de subir. Durante 2025, los usuarios acumularon aumentos muy fuertes en las boletas de luz, con subas interanuales que en algunos casos superaron el 100% y que, desde la quita de subsidios, implicaron incrementos acumulados de varios cientos por ciento. Lejos de frenarse, esa dinámica se profundiza en 2026.

En medio de los apagones, el Gobierno confirmó nuevos aumentos desde enero de 2026, con subas oficiales de alrededor del 2,3% para Edenor y 2,2% para Edesur. Aunque presentados como ajustes “moderados”, estos incrementos se suman a boletas ya infladas y se combinan con un nuevo recorte de subsidios, que reduce los topes de consumo subsidiado y empuja a miles de hogares a pagar tarifa plena. En la práctica, el impacto final en las facturas es muy superior al porcentaje anunciado.

Según relevamientos recientes, el gasto mensual en servicios públicos para un hogar promedio del AMBA ya supera ampliamente niveles que resultan difíciles de sostener para la mayoría de los ingresos familiares.

El resultado es un esquema donde los usuarios pagan cada vez más por un servicio cada vez peor, mientras las empresas garantizan su rentabilidad sin realizar las inversiones necesarias. La lógica de la privatización muestra su límite.

Si la energía es un servicio esencial, no puede seguir funcionando como un negocio privado. La reestatización integral del sistema eléctrico, bajo control de sus trabajadoras y trabajadores, permitiría orientar la planificación, las inversiones y el mantenimiento de la red a garantizar el derecho a la energía y no la rentabilidad empresarial.