Escribe Diego Martínez

Javier Milei llegó a la presidencia denunciando a la “casta corrupta”, pero con el tiempo comenzaron a aparecer cada vez más casos de corrupción en su propio gobierno. En ese sentido, parece seguir el ejemplo de su admirado Carlos Menem.
No es casual que haya elegido a la empresa Tech Security, propiedad de la familia de Martín Menem, para brindar servicios de seguridad al Banco Nación mediante un contrato por 4.000 millones de pesos por un año, prorrogable por dos más.
Pero no se trata del único caso. Global Protection Service (GPS), otra firma de los Menem, lleva facturados casi 3.000 millones de pesos en contratos con el Estado para tareas vinculadas a la seguridad privada.

GPS heredó contratos de Tech Security, como el de la seguridad del Teatro Cervantes o de las instalaciones de Enargas. Uno de esos contratos fue adjudicado por la propia Cámara de Diputados, que dirige Martín Menem. Un verdadero escándalo.
Como si esto fuera poco, el gobierno también está involucrado en la criptoestafa de $Libra y en una causa por presunto contrabando.

Quienes pregonan “destruir el Estado por dentro” se benefician con grandes negociados, precisamente con el Estado, es decir, pagados por todas y todos. Mientras un sector de la élite empresarial disfruta de la “fiesta mileísta”, las y los trabajadores sufrimos el ajuste, los tarifazos, la rebaja salarial, el ataque a las jubilaciones y el vaciamiento de la salud y la educación públicas.