Escribe Andrés Tejada Gómez, delegado de Ademys
 
Este lunes 17 de marzo comenzaron las clases en los Centros de Formación Profesional (CFP) de la ciudad de Buenos Aires. Pero este año con la diferencia que muchos cursos, capacitaciones laborales y trayectos formativos no serán parte de la oferta para estudiantes. Esto se debe a que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, decidió recortar la formación profesional y dejar sin la posibilidad de instruirse a muchos trabajadores que buscan aprender un oficio, o continuar su formación para mejorar sus ingresos.

Este ajuste además es una muestra de la ineficiencia del Gobierno de la Ciudad, ya que el año pasado gastó millones de pesos en maquinarias e insumos para cursos que ahora decidió cerrar. Esas herramientas ahora están juntando polvo en los depósitos de las escuelas.

El Ministerio de Educación adjudica estos cierres a que hay baja matrícula y que no resulta redituable la inversión. Lo que no dicen, es que tanto el Gobierno como el Ministerio no hacen nada por difundir los CFP a pesar de gastar millones de pesos en publicidad. Si las escuelas tienen poca matrícula es por culpa y desinterés del gobierno que no promueve ni difunde la formación profesional. En un contexto de crisis económica y social, la respuesta no puede ser el cierre de cursos. Denunciamos que, alineado con el Gobierno nacional, el Ministerio de Educación porteño vuelve a tratar la educación pública como un negocio y no como un derecho.