Escribe José Castillo
Esta semana se realizarán las audiencias públicas que exige la ley como paso previo a aumentar las tarifas eléctricas y del gas. Si esas audiencias siempre terminan siendo meramente formales (solo se cumple en convocarlas, ya que son “consultivas” y no obligan a nadie), esta vez serán más truchas que nunca. Ni siquiera se realizarán en forma presencial. Se tratará de una puesta en escena virtual, a la que el propio ministro Guzmán ni siquiera se asomará.
En concreto, se trata de cumplir con una de las exigencias del Fondo Monetario Internacional: la de reducir los subsidios a las privatizadas para cumplir con los pagos de deuda externa. Claro que, para cumplir con esto, ni por asomo se piensa en que las empresas reduzcan sus ganancias. Por el contrario, todo se resolverá haciendo que los usuarios paguen más.
El gobierno del Frente de Todos anunció todo un plan de “segmentación”, supuestamente para que el pueblo trabajador no sufra el tarifazo. ¡Mentira! Ahora que llegó la hora de la verdad, los números están a la vista: al 20% que ya se aumentó en marzo, hay que sumarle otro tanto para la mayoría de los usuarios. El incremento promedio será de 42%. Y, como ya se viene rumoreando, no se descartan nuevos aumentos en el año si con eso no se alcanza al ajuste requerido por el Fondo.
Obviamente que la salida es, antes que nada, romper las cadenas de ese acuerdo infame con el FMI. Pero a eso tenemos que sumarle la inmediata reestatización de todas las privatizadas bajo gestión de sus trabajadores o usuarios. Porque la alternativa no puede ser más subsidiar a los monopolios privados, o tarifazos, sino, por el contrario, servicios públicos de calidad con tarifa social para quien la necesite.
