Escribe Mercedes de Mendieta, legisladora porteña y candidata a diputada nacional por Izquierda Socialista / FIT Unidad

En los últimos días, mientras en la Legislatura de la Ciudad el gobierno de Larreta votaba nuevos emprendimientos inmobiliarios para unos pocos, funcionando una vez más como la escribanía de PRO, en la Villa 31 la policía desalojaba a más de 100 familias que reclamaban por el derecho a la vivienda.  Desde las bancas de Izquierda Socialista en el FIT Unidad acompañamos desde hace meses el reclamo de mujeres, jefas de hogar, muchas de ellas víctimas de violencia de género y con los trabajos más precarizados, en su exigencia por una respuesta concreta a su demanda específica.

Está a la vista de todos que para el desalojo y la represión no hay grieta entre el gobierno de Larreta y el de Fernández, ante las tomas de tierras que pelean por el derecho a la vivienda como en la Villa 31, la 21-24 y Guernica. Les dejo la denuncia que hice en la última sesión.

Hoy el acceso a una vivienda digna para los trabajadores y sectores populares se ha vuelto inaccesible y alquilar en la Ciudad un departamento de dos ambientes se paga entre 35.000 y 50.000 pesos. Por eso afirmamos que es una Ciudad expulsiva, al servicio de algunos grandes empresarios de la construcción como IRSA o Constantini, y bajo el aval del gobierno de Larreta van a seguir creciendo las viviendas ociosas. Desde los sectores de poder político-económico concentrado la respuesta al problema habitacional es a través de violentos desalojos, no solo en la ciudad, también el gobierno nacional recurre a las topadoras contra las familias.

Desde el Frente de Izquierda Unidad tenemos otra salida para enfrentar la crisis habitacional. Días atrás Fernández pagó 1.900 millones de dólares al FMI con lo que se podría haber construido 60.000 viviendas y dar trabajo a 250.000 personas. Una vez más se desmorona el doble discurso, del gobierno “nacional y popular”. Por otra parte, es urgente establecer en la Ciudad medidas contra las viviendas ociosas como un impuesto progresivo y la expropiación y un plan de viviendas populares. Los trabajadores no pueden seguir esperando una respuesta a sus necesidades que surja de los partidos patronales.