Escribe Diego Martínez

Hace pocos días el Indec dio a conocer los datos de pobreza e indigencia correspondientes al segundo trimestre de 2020. En el último año la pobreza ascendió de 35% a 42%, con lo cual hay 19 millones de personas en esa situación.

Los datos son de terror, una auténtica fotografía de la crisis que viene cayendo sobre las espaldas del pueblo trabajador. Si en lugar de tomar solamente como referencia el nivel de ingresos hacemos un análisis multidimensional de la pobreza, tomando en cuenta salud, educación y vivienda, son 21 millones los pobres del país. Con el análisis más optimista tres millones de personas entraron en la pobreza en tan solo doce meses. Pero no se trata de un fenómeno exclusivamente relacionado con la pandemia. Si tenemos en cuenta los últimos tres años, la cantidad de nuevos pobres en ese período es escalofriante, son 7,7 millones.

El bolsón más grande de pobreza del país está en el conurbano bonaerense, con 51%, más de 5 millones de pobres. Los que más sufren son los chicos. El 60% de los niños del país viven en hogares pobres, realmente terrorífico.

Los pobres son cada vez más pobres. La brecha entre los ingresos de los pobres y el valor de la canasta básica de bienes y servicios que necesita una familia tipo para vivir aumentó en el último año de 35,5% a 41,9 por ciento. Consecuentemente, aumentó también la cifra de indigencia, 4,4 millones de argentinos no llegan a garantizar siquiera su alimento diario. A esto tenemos que sumarle que la desocupación aumentó de 7,2% en 2018 a 11% en la actualidad.

Pasan los gobiernos y la pobreza sigue creciendo

El crecimiento de la pobreza no es un fenómeno nuevo. Producto de la política de ajuste y saqueo al servicio del imperialismo que llevan adelante los gobiernos capitalistas, aun con vaivenes, hay una tendencia sostenida al crecimiento de la misma desde hace décadas, al punto de que existe lo que se denomina una “pobreza estructural”. Generaciones y generaciones que quedaron marginadas del mercado laboral. Desde la dictadura del ’76, pasando por gobiernos peronistas, radicales y de PRO, se acrecentó la pobreza como consecuencia del pago de la deuda externa, la aplicación de planes de ajuste contra el pueblo trabajador y el favorecimiento del saqueo de nuestros recursos de parte de las potencias imperialistas y el gran empresariado local.

Con el gobierno de Macri este proceso se profundizó. Tomó deuda por 44.000 millones de dólares, que se usaron para financiar la fuga de capitales y además aplicar un feroz plan de ajuste. Esta política tuvo consecuencias nefastas. Así, si a fines de 2017 la pobreza era de 25,7%, en el primer semestre de 2020 la cifra ya alcanzaba 40,9 por ciento.

El gobierno de Alberto Fernández habla de la pesada herencia que dejó Macri. Sin hacerse cargo que el propio kirchnerismo, luego de 12 años de mandato, se fue con casi 30% de pobres. Por supuesto que creció con el macrismo. Pero después el presidente reconoció cada peso de la deuda contraída por Macri y se apresta a pagarla a costa de seguir empobreciendo a la población. La pobreza en el último año siguió creciendo por la política del gobierno de seguir beneficiando a los empresarios, aún en el peor momento de la pandemia. Es una consecuencia directa de la inflación, los cierres de empresas y los despidos, la pérdida de poder adquisitivo del salario y el recorte en los planes de ayuda social (IFE). El problema de la inflación lo reconoció el propio Arroyo, ministro de Desarrollo Social, cuando dijo: “ La situación es crítica, hay más actividad pero el problema sigue siendo el precio de los alimentos” (Clarín, 31/3/2021), aunque no tomó ninguna medida para solucionarlo.

Pese a que el gobierno declaró que no iba a permitir despidos en pandemia en 2020, se perdieron 700.000 puestos de trabajo. Pasaron  los cierres de empresas y los despidos encubiertos. En este punto las empresas cuentan con la complicidad absoluta de las burocracias sindicales que no salen a luchar para evitar los despidos, así como tampoco para pelear por aumentos salariales que logren frenar la enorme pérdida de poder adquisitivo generada por la inflación.

Frente al caótico aumento de la pobreza en el país es necesario tomar medidas contundentes: el otorgamiento inmediato de un aumento salarial de emergencia para todos los trabajadores del país y un ingreso familiar de emergencia de 56.000 pesos, la prohibición de despidos y la expropiación, estatización y puesta bajo control de los trabajadores de toda empresa que despida o cierre, la aplicación de sanciones que pueden llegar a la expropiación a los grandes formadores de precios que aumenten de forma desmedida, medidas a ser financiadas sobre la base de la inmediata suspensión de los pagos de la deuda externa y la implementación de un verdadero impuesto a las riquezas y superganancias.