Escribe José Castillo
El gobierno de Alberto Fernández quiere convencernos de que, una vez terminada la actual renegociación de la deuda con los pulpos, quedará resuelto “definitivamente” el problema de la deuda externa. Simplemente tendremos unos vencimientos perfectamente “sustentables” y fáciles de pagar en el futuro.
Pero no es esto lo que sucederá. En la actual negociación lo que se discute son más de 60.000 millones de dólares en bonos donde cualquier conflicto se terminará discutiendo en el juzgado del Segundo Distrito Sur de Nueva York. El mismo donde, hasta hace pocos años, estaba el temible juez Thomas Griesa, el que siempre fallaba contra la Argentina y le daba la razón a los fondos buitres y, a partir de lo cual, el macrismo, con el apoyo del peronismo, terminó pagando 10.500 millones de dólares a principios de 2016.
Hoy, ya retirado Griesa, ese juzgado está a cargo de Loretta Preska. La nueva jueza le hace honor a su predecesor. Acaba de decidir que la Argentina tiene que pagar 224,2 millones de dólares a bonistas que no entraron en los canjes 2005 y 2010 y no estaban contemplados en el pago a los buitres efectuado en 2016. Se trata de deudas por bonos emitidos entre 1997 y 2001.
Con razón algún compañero puede preguntarse ¿pero no se había pagado todo cuando se canceló esa deuda con los buitres? Y acá está la sorpresa, no. Así, el fondo buitre Attestor Master Value cobrará 67,9 millones de dólares y Trinity Investment, 156,3 millones de dólares.
Pero eso no es lo peor. Quedan otros acreedores, buitres que todavía están “pendientes” para cobrar. Los abogados del estudio yanqui Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, que representan a la Argentina, le pidieron a la jueza que “acelere el listado de bonistas que aún tienen en su poder bonos en default 2001”. ¿Cuántos y quiénes son? No se sabe. Algunos dicen que se trata de 300 millones de dólares, otros de 800. Sebastián Maril, director de Fin.Guru, asegura que puede llegar a 3.000 millones. Increíblemente, el escrito presentado por los abogados que representan a la Argentina dice que están dispuestos a pagar para demostrar “respeto por las leyes norteamericanas y a la investidura de la magistrada” (Ámbito Financiero, 9/7).
Y aun cuando paguemos todo eso, no terminarán ahí los juicios contra nuestro país que tiene en sus manos la jueza Preska. El fondo buitre Burford le reclama a la Argentina un monto indeterminado de un mínimo de 3.000 millones de dólares y un máximo de 12.000 por la estatización de YPF. ¿Qué tiene que ver ese buitre con YPF? La historia es increíble, cuando se produjo la estatización en 2012, el Grupo Petersen (de Eskenazi, que ingresó gratis en YPF de la mano de su amigo Néstor Kirchner) le reclamó al mismo gobierno peronista kirchnerista una “indemnización” por la estatización. Y lo hizo en los tribunales de Nueva York. En 2015 Petersen quebró y le vendió la deuda al fondo buitre Burford, que ahora reclama que se le pague ante la jueza Preska.
La jueza también tiene en sus manos otro juicio contra nuestro país. El del fondo buitre Aurelius, que reclama cobrar el cupón PBI de 2014, que no se pagó porque la Argentina ese año creció menos de 3,2 por ciento. Pero Aurelius alega que ese PBI estuvo “mal medido” y que entonces le toca cobrar, por supuesto, con intereses y punitorios.
Dejamos todo en manos de “William Boo”
Hace décadas, hubo un exitoso programa de lucha en la televisión argentina que se llamaba Titanes en el Ring. Allí las peleas eran en realidad un show donde había “buenos y malos”. Lo mismo sucedía con los árbitros. El peor se llamaba William Boo, que dejaba “hacer” y ganar siempre a los malos.
Que la deuda argentina se tenga que dirimir siempre en los tribunales yanquis (más aún, siempre en el mismo) es exactamente lo mismo. Griesa y Preska son William Boo. Ya sabemos, sus fallos siempre van a ser, por definición, a favor de los buitres y contra nuestro país.
La deuda externa es una bola de nieve
Todo lo anterior está directamente relacionado con la actual negociación. El gobierno de Alberto Fernández ya le cedió 15.000 millones de dólares más a los pulpos acreedores desde que lanzó la primera propuesta. La quita de capital es prácticamente cero, se acepta abonar el doble de intereses que en la propuesta original y se empezará a pagar a partir de 2021, y no con “tres años de gracia” como se decía antes.
Sin embargo, puede darse que, aun después de ceder todo esto, queden bonistas que no acuerden y quieran más. Y vayan a juicio con Preska. Entre ellos hasta puede estar BlackRock, el fondo más poderoso del mundo. ¿Nos imaginamos cómo terminará este reclamo?
Recapitulemos. Por todo esto decimos que la deuda externa argentina es una estafa permanente y que no hay salida si seguimos pagando. Vamos a terminar pagando una fortuna a estos bonistas tras la reestructuración. Y luego seguirá lo que “arreglemos” en la renegociación con los bonistas bajo legislación local. Y después vendrá la discusión de cómo pagamos los 49.000 millones que le “debemos” al FMI.
Y cuando termine todo eso todavía faltarán las deudas provinciales. Y el Club de París. Y, aun cuando paguemos todos estos vencimientos seguiremos siendo declarados “deudores” por la jueza Preska que nos exigirá todo lo que explicamos más arriba. Más lo que reclamarán en el futuro los nuevos buitres. Y así hasta el infinito.
Por eso insistimos. La única salida es repudiar de una vez la totalidad de esta deuda externa, que es ilegal, ilegítima e inmoral. Que no tiene “sustentabilidad” que valga. Sin vueltas, hay que dejar de pagarla y poner todos esos recursos al servicio de resolver las más urgentes necesidades populares.
