El martes 31 de marzo, el gobierno emitió un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) determinando la prohibición de despidos y suspensiones por el plazo de 60 días. Sin duda, esta medida es un avance frente a la postura oportunista y aprovechadora de muchas patronales ante la crisis generada por la pandemia. Sin embargo, la consideramos insuficiente.

Escribe Adolfo Santos

La repudiable actitud de la poderosa Techint, suspendiendo el contrato laboral de 1.450 trabajadores, provocó una reacción de repudio generalizada a la que Alberto Fernández se vio obligado a responder. Pero en su respuesta, el presidente, se equivoca al pedirle a Paolo Rocca a quien llamó de “hermano”, que “debemos recuperar la ética de la solidaridad”. Ni Techint, ni las grandes empresas responden a la “ética de la solidaridad”, sino a la multiplicación de sus ganancias, por eso son capaces de despedir trabajadores en medio de una tragedia, por eso es necesario frenarlos.

En ese sentido entendemos que el DNU es insuficiente. Porque deja sin respuesta a los miles de trabajadores que fueron suspendidos y despedidos en los días previas a su promulgación. Pero además, porque deja abierta la posibilidad de que, “si hay acuerdo entre las partes”, se puedan efectivizar despidos. Esa puerta, en una negociación entre una gran empresa y un trabajador desprotegido, es un gravísimo error.

El DNU es “por 60 días”. Debería ser por tiempo indeterminado, ya que además de no saber hasta cuando habrá de extenderse la pandemia, no sabemos cuáles serán las secuelas que dejará. Los grandes empresarios, como estamos viendo en los Estados Unidos o en Brasil, quieren que la crisis la paguen los trabajadores y producen despidos. Para eso debemos prepararnos.

En ese sentido, desde Izquierda Socialista venimos proponiendo una serie de medidas para proteger a la familia trabajadora, que será la más afectada por esta crisis. Además de la prohibición de despidos y suspensiones, exigimos que no haya ningún tipo de rebaja salarial ni de precarización laboral. Que se implemente un impuesto especial a las grandes fortunas y ganancias, así como el no pago de la deuda externa para crear un fondo de emergencia con los recursos necesarios para satisfacer las necesidades sociales. Y junto a la prohibición de despidos y suspensiones, disponer que toda gran empresa que no tenga condiciones de garantizar el empleo, sea estatizada bajo control de sus trabajadores.