Escribe Martín Fú

El Grupo Techint ratificó el despido de 1.450 operarios de la construcción que prestaban servicios en Neuquén, San Nicolás, Campana, Marcos Paz y Tucumán. Lo hizo burlándose de la conciliación obligatoria y del decreto de prohibición de despidos del gobierno nacional que el presidente Fernández había anunciado el pasado 1° de abril. Para ello contó con el aval de la burocracia sindical de la Uocra y la firma de su titular, Gerardo Martínez. El Grupo Techint y el sindicato cerraron filas así para dejar afuera a casi 1.500 trabajadores, todo refrendado y homologado por el Ministerio de Trabajo. 

A días del “enojo” presidencial con Paolo Rocca, a quien tildó de “miserable”, el gobierno nacional no necesitaría más argumentos para declarar la nulidad del acta firmada entre la patronal Techint y la conducción de la Uocra y obligar a ese grupo empresario negrero a la reincorporación de los 1.450 trabajadores, exigiendo además que se les paguen sus salarios. Paolo Rocca es uno de los empresarios más ricos del país y de Latinoamérica, con una fortuna calculada en u$s 8.800 millones, aparte de las ganancias siderales que obtiene de sus empresas. 

El intento original de despidos en Techint fue repudiado y generó una rápida respuesta del gobierno de Alberto Fernández, quien avisó que “no le va a temblar el pulso contra los vivos” que se aprovechan de la pandemia y hasta se animó a pedirle a los empresarios que ganen “un poco menos”. Es urgente arbitrar todos los medios y obligar ya a la reincorporación de los despedidos de Techint. Si así no ocurriera debe ser expropiada y estatizada y puesta bajo el control de sus trabajadores, lo mismo hay que hacer con toda empresa que se anime a despedir o cerrar mientras dure la pandemia.