Escribe Mercedes Trimarchi

La ley 21.950, sancionada por Videla y Martínez de Hoz en 1979, habilita que los obispos perciban un sueldo equivalente al 80% de lo que gana un juez nacional. Tal como lo reconoció Marcos Peña a principio de este año, del presupuesto 2018 unos 130.421.300 pesos se destinan a pagarle los sueldos a los obispos que mensualmente reciben una cifra que ronda entre 40.950 y 46.800 pesos según el rango eclesiástico. Recordemos que el salario mínimo vital y móvil de cualquier trabajador hoy es de 10.000 pesos.

A su vez, otras leyes como la 21.540, también de la última dictadura, le otorgan jubilaciones de privilegio a los obispos y la ley 22.430 les da jubilaciones a los sacerdotes aunque no hayan realizado ningún aporte previsional previo. Además, se les paga un sueldo a los curas y párrocos que estén en zonas desfavorables (ley 22.162) y se promueve la formación del clero diocesano con becas a todos los seminaristas (ley 22.950).

Asimismo, las instituciones religiosas inscriptas en el Registro Nacional de Cultos están eximidas del impuesto a las ganancias (artículo 20 de la ley 20.628) y del IVA a los productos que importen (artículo 8° inciso b de la ley 20.631. El gobierno costea financieramente las obras y reformas de las catedrales, basílicas, templos y hasta entrega terrenos públicos.

Es decir, hay todo un arsenal de leyes que fueron pensadas exclusivamente para promover y financiar a la Iglesia Católica, leyes de la última dictadura genocida que siguen vigentes y ningún gobierno posterior atinó a derogar ni anular.