Foto de portada: El gobierno porteño profundiza su carácter represivo


Escribe Mercedes Trimarchi, diputada electa en CABA por Izquierda Socialista/FIT Unidad

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, profundiza su perfil cada vez más autoritario, represivo y reaccionario, con el objetivo de hostigar y disciplinar a los sectores más vulnerables.

En la Ciudad, la motosierra y la represión avanzan de la mano. Para imponer este rumbo, además, gobierna cada vez más por decreto. En lo que va del año ya firmó 259, consolidando una forma de gobierno que elude el debate parlamentario y avanza sobre derechos conquistados.

Entre las medidas más cuestionadas se encuentra el Decreto N.º 256/26, que modifica el Estatuto Docente y avanza sobre derechos laborales históricos de la docencia. También está el Decreto N.º 230/26, que obliga a garantizar entre un 50% y un 75% de funcionamiento en servicios como subtes, colectivos y recolección de residuos durante medidas de fuerza gremiales. Se trata de un nuevo ataque al derecho de huelga, una herramienta fundamental de las y los trabajadores para defender sus condiciones laborales.

A esta ofensiva antiobrera se suma el Decreto N.º 142/26, que restringe la atención médica a personas migrantes y a quienes tienen domicilio en la provincia de Buenos Aires. Es una medida profundamente xenófoba y discriminatoria, que busca enfrentar a las y los trabajadores entre sí y responsabilizar a las y los migrantes y a quienes viven en el conurbano por el deterioro de los servicios públicos que el propio gobierno desfinancia.

Un desalojo cada 30 horas

La campaña oficial “Ley y Orden sin okupas”, desplegada en carteles y videos por toda la Ciudad, procura justificar esta escalada represiva. Su expresión más brutal son los desalojos “administrativos” que el Gobierno porteño lleva adelante bajo el argumento de un supuesto riesgo de derrumbe.
Frente a esta política, el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N.º 2 ordenó suspender cautelarmente estos desalojos, que entre septiembre de 2025 y marzo de 2026 afectaron a más de 1.200 personas, en su mayoría niñas, niños y adolescentes que vivían en hoteles familiares o pensiones. Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad continúa avanzando, desconoce la resolución judicial y profundiza una política cruel que expulsa a quienes menos tienen, mientras agrava la crisis habitacional.

La realidad social desmiente el discurso oficial. En la ciudad más rica del país, alrededor de medio millón de personas padecen la emergencia habitacional, unas 12 mil se encuentran en situación de calle y el 42 % de quienes alquilan destinan más de la mitad de sus ingresos al pago del alquiler. Lejos de impulsar un plan de viviendas populares o garantizar el derecho a habitar la ciudad, el macrismo sigue gobernando para los grandes desarrolladores inmobiliarios y la especulación.

El gobierno de Jorge Macri pretende instalar que la respuesta frente a la crisis social es más represión, más persecución y menos derechos. Mientras criminaliza la pobreza, ajusta la salud y la educación, y ataca las conquistas de las y los trabajadores, deja intactos los privilegios de los grandes grupos económicos que hacen negocios con la Ciudad. Desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad seguiremos enfrentando estas políticas en las calles, junto a quienes defienden la educación pública, la salud y el derecho a la vivienda.