El contrato nunca fue dado a conocer, aduciéndose “confidencialidad” y a que se trataba de un “contrato entre privados”. En abierta contradicción con todo el discurso oficial de entonces, donde se afirmaba que habíamos “recuperado YPF” y la “soberanía energética”.

Se sospechaba que detrás de esa confidencialidad se escondían cláusulas escandalosas, como las que obligaban a modificar aspectos importantes de la ley de Hidrocarburos para someternos a las necesidades de Chevron. Con el pasar del tiempo se fueron deslizando más datos: YPF habría abierto cuentas en paraísos fiscales, a nombre de empresas fantasmas, para trasladarle dinero a Chevrón. Todo en el marco de un mar de irregularidades que incluyen el endeudamiento récord de YPF por 7.000 millones de dólares y hasta un sueldo escandaloso de 4,5 millones de dólares para el presidente de la compañía, Miguel Galluccio.

A lo largo de los últimos dos años hubo varias presentaciones para obligar al entonces gobierno kirchnerista a dar a conocer el contrato YPF-Chevrón. Laura Alonso, entonces diputada del Pro, había sido una de las personas que más fuertemente cuestionaba la “confidencialidad”: “el acuerdo con Chevrón empieza mal: no es público”. Pero ahora quedó en claro que su oposición era pura demagogia. Con el cambio de gobierno, Alonso -actual titular nada más y nada menos que de la Oficina Anticorrupción- avala que no se cumpla con una decisión de la Corte Suprema de Justicia, que ordena dar a conocer el contrato. “Cambié mi posición porque antes no tenía información”, dice ahora Alonso. Vergonzosamente, kirchneristas y macristas acuerdan en la “confidencialidad” de la entrega.

J.C.