Una de las reformas tiene que ver con el dictado de la prisión preventiva. Hoy, dice la ley, se puede mantener privado de la libertad a alguien si hay riesgo de que eluda el accionar de la justicia o se pueda fugar. Si bien esto permitía meter preso a quien, por ejemplo, no tenga numeración en su domicilio (cosa que ocurre en muchos barrios humildes), ahora esa facultad se amplía mucho más. Se podría detener, por ejemplo, por la “peligrosidad”, “alarma social” o “conmoción” del hecho. Una amplia facultad para detener. Sabiendo desde ya que las cárceles están atestadas de presos (65.000 en total, el número más alto de la historia. De ellos, 9 de cada diez no han sido condenados y terminan en gran parte absueltos al final del proceso). Esencialmente jóvenes y pobres, ya que los delincuentes de guante blanco están en la impunidad (Boudou, Lázaro Báez). Hasta el periodista K que preside el CELS, Horacio Verbitsky, dijo que esta reforma vuelve a la que ya hizo el dictador Videla y fue derogada. Y que esa permisividad es la que faculta a la policía de EEUU, por ejemplo, a ingresar sin órdenes judiciales a viviendas o violar derechos humanos elementales.

Otro cambio repudiable es la expulsión de extranjeros. Mientras Cristina se la pasa hablando de la “Patria Grande”, vulnera incluso tratados internacionales. Si alguna persona de nacionalidad boliviana o uruguaya es encontrada in fraganti, puede ser remitida de inmediato a su país, sin sentencia. Los gobiernos proveen extranjeros pobres a las patronales como mano de obra barata o esclava (construcción, textiles, trabajo doméstico, recolección de frutas), y ahora los quieren expulsar sin más trámite. Al decir que “cualquier extranjero es ilegal”, promueven más violaciones a los derechos individuales contra esos sectores, por parte de la policía y jueces. Cualquier semejanza con la centroderecha de Macri, es pura coincidencia, ¿no señora presidente?

Se supo también que en los planes K está la baja de la edad de imputabilidad. Política de mano dura que, por ejemplo, fue rechazada por el pueblo uruguayo en un plebiscito que se llevó a cabo junto a las pasadas elecciones presidenciales.

Estas reformas dejan intactas a las corporaciones policiales, judiciales y punteriles, socias del narcotráfico y el delito violento. Sin que ataquen, a su vez, a la pobreza e indigencia, caldo de cultivo de la inseguridad. Solo traerán más mano dura.