El gobierno anunció que no pagará la cláusula gatillo a la docencia universitaria y preuniversitaria. Se trata del monto equivalente a la inflación de octubre a febrero (estimada alrededor del 14,57%), que debía ser pagado con los sueldos de marzo. A cambio, ofrecieron un porcentaje del 9,7%. La cláusula gatillo fue conquistada para que la docencia universitaria y preuniversitaria no pierda frente a la inflación, una conquista que nos costó paros, clases públicas, movilizaciones y distintas medidas de fuerza contra el gobierno de Mauricio Macri. Ahora, el Ministerio de Educación conducido por Nicolás Trotta busca imponer un ajuste a las y los docentes de las universidades.
Recordemos que los docentes universitarios y preuniversitarios fuimos exceptuados en dos oportunidades del pago de los bonos de emergencia que se otorgaron a los trabajadores estatales y privados –durante la gestión de Macri y durante este gobierno– con las excusa de que cobraríamos una cláusula gatillo. Los mismos que nos dejaron afuera en febrero de ese beneficio, ahora se niegan a pagarla.
Salvo la representación de Conadu Histórica, el resto de los sindicatos presentes –Conadu, Fedun, Fagdut, Ctera y UDA– aceptaron esta auténtica estafa.
Exigimos el complimiento de la claúsula gatillo 2019, aumentos para 2020 que recuperen lo perdido y una partida de emergencia para las obras sociales universitarias, en el marco de un aumento del presupuesto universitario.
Corresponsal
Escribe Pablo Almeida, Delegado General ATE - Mecon
A pesar de existir medidas que el gobierno nacional ha tomado con el fin prevenir el coronavirus, como la suspensión de clases hasta el 31 de marzo, en Economía las medidas tardan en llegar o son retaceadas por los funcionarios. Desde ATE Mecon venimos exigiendo desde los primeros casos aparecidos en el país que se tomen medidas de seguridad que protejan la integridad de más de 3.000 trabajadores. Denunciamos, entre otras cosas, que por los pasillos del ministerio circulan a diario delegaciones extranjeras del FMI y de los bonistas usureros. Aparte de lo que esto representa políticamente, es un riesgo para nuestra salud.
Tomando las palabras del presidente Fernández del pasado domingo 15, reclamamos un urgente licenciamiento general de los trabajadores del Ministerio de Economía, realizando guardias mínimas en áreas imprescindibles. Y cuando esta licencia fue otorgada por la Secretaría de Gestión Pública realizamos asambleas en las áreas donde los funcionarios no querían garantizar su cumplimiento. Así mismo reclamamos reapertura de paritarias ante el encarecimiento del costo de vida general y por los gastos excepcionales las medidas de cuidado y aislamiento. Los trabajadores y trabajadores no podemos pagar la crisis por el coronavirus.
Escribe Claudio Funes
Según un informe elaborado por los trabajadores de ATE-Indec un hogar constituido por una pareja de 35 años con dos hijos (de 6 y 9 años) necesitó, en enero de 2020, 63.783,3 pesos para satisfacer sus necesidades. Este valor se compone de 20.846,3 pesos necesarios para adquirir una canasta alimentaria mínima y de 42.937 pesos para acceder a otros bienes y servicios básicos.
Los valores utilizados se obtuvieron de las llamadas “Canastas de Consumos Mínimos” y surgieron como propuesta metodológica innovadora realizada por los propios trabajadores del Indec. No son las habitualmente utilizadas para la medición de la pobreza, que en la última actualización ronda los 41.000 pesos para una familia tipo, sino que mide un piso para que cada trabajador esté en condiciones de cubrir las necesidades básicas de su núcleo familiar, mucho más cercana a la realidad de la vida cotidiana. (Por ejemplo vivienda con agua de red, cloacas, esparcimiento y vacaciones)
Desde Izquierda Socialista tomamos el trabajo realizado por ATE-Indec y exigimos que ningún trabajador gane menos que el valor calculado en dicho informe.
El 11 de marzo un operativo de la policía de Schiaretti allanó simultáneamente quince casas de obreros de Minetti. La excusa, buscaban armas de fuego. El resultado fue negativo.
Luego de una lucha de más de seis meses por el despido de la totalidad de su planta, la “justicia” les impuso una restricción a 150 trabajadores, por la que no pueden acercarse a menos de 200 metros del molino, y ahora continuaron la persecución con estos allanamientos.
Ante esto ni el sindicato, ni las CGT y ni las CTA de Córdoba han hecho nada por defenderlos. Nuestra compañera Liliana Olivero y otros dirigentes de Izquierda Socialista se solidarizaron con ellos en la conferencia que convocaron días atrás y exigieron que todas las centrales dejen de mirar para otro lado y convoquen a medidas de fuerza para lograr su reincorporación. Y al mismo tiempo convocaron a todo los trabajadores a colaborar con su fondo de lucha y a rodearlos de solidaridad para que su lucha triunfe.
Corresponsal
Sucedió el Alto Palermo, Paseo Alcorta, Dot, Galerías Pacífico y Abasto, entre otros. En algunos casos con bombos y redoblantes, en otros simplemente con un “aplausazo”. Los trabajadores de los shoppings de la ciudad de Buenos Aires exigieron el cierre de los establecimientos. Se trata de lugares cerrados, de alta circulación, y por lo tanto uno de los sitios más expuestos al contagio del coronavirus.
IRSA, la patronal propietaria de los shoppings Alto Palermo, Alto Avellaneda, Dot y Paseo Alcorta, entre otros, se negó al cierre, aduciendo que: “No tenemos por qué hacer algo distinto a lo que dicen las autoridades sanitarias. Nosotros abrimos porque nos dicen que se puede abrir”. De paso, le tiró la responsabilidad a los dueños de los locales, en todos los casos sucursales de grandes marcas internacionales. Como vemos, tanto a IRSA como a estas empresas lo único que les interesa es facturar un peso más, aún a costa de la salud de los trabajadores.
Apoyamos el reclamo y exigimos el inmediato cierre de los shoppings, sin afectar el salario ni los puestos de trabajo de sus empleados.
Corresponsal