Escribe Blanca López Diputada electa por Izquierda Socialista/FIT en Neuquén

El lunes 29 de abril llevé la solidaridad de mi partido a los tres obreros petroleros enjuiciados en los tribunales de Caleta Olivia. Los procesan porque hace cuatro años se manifestaron en una  huelga ante el despido de un compañero pidiendo su reincorporación instalándose al frente de la empresa Bacsa. La policía reprimió y la fiscalía ordenó la detención de los tres delegados que permanecieron tres meses presos en cárcel de máxima seguridad. En el curso del mes de abril les tomaron declaración a los testigos ofrecidos por la defensa de los compañeros y por la fiscalía. De sus declaraciones surgió claramente que se trata de una causa armada para amedrentar a todos los trabajadores que se movilizan y pelean por sus derechos.

En la audiencia que participé el lunes pasado se recibieron las declaraciones de dos testigos propatronales y se leyeron los alegatos de la defensa y de la fiscalía que los acusa por el delito de “perjuicio económico”, una figura penal que solo puede ser aplicable a empresarios que vacían su propia empresa y de ninguna manera es un delito que puede encuadrarse a la conducta de trabajadores. También se los acusa de “coacción”, cosa que tampoco es correcta, ya que solo ejercieron el derecho a huelga amparado en la Constitución. Los enjuiciados nunca recibieron el apoyo explícito del sindicato que los agrupa. Sí en cambio en estas últimas audiencias recibieron el apoyo y acompañamiento de los docentes de Adosac y de quienes nos acercamos para fortalecerlos en estos momentos complicados. La próxima semana se leerá la sentencia y tendremos que volver a acompañarlos. Exigimos su inmediata absolución y libertad.

El 9 de abril salió a la luz la noticia de la sanción por parte de la empresa de colectivos Indalo, con catorce días de suspensión al chofer Javier Carreras de la línea 502 de la ciudad de Neuquén. El hecho generó un gran repudio social y fundamentalmente en la comunidad educativa, ya que la sanción se debe a un gesto solidario del chofer para con los niños estudiantes de una escuela de las afuera de la ciudad donde asisten alumnos de las barriadas vecinas.

Desde hace un tiempo la empresa y el municipio, arbitrariamente, cambiaron el recorrido obligando a que los chicos tuvieran que caminar cerca de quince cuadras para llegar al establecimiento educativo por un sector descampado y con riesgos de sufrir robos, violencia y peligros, como efectivamente ocurrieron. La dirección del establecimiento solicitó por nota que se restituya el recorrido anterior, pedido que la empresa ignoró completamente. El trabajador, al enterarse de hechos delictivos, tomó la decisión de cambiar el recorrido para acercarlos a la escuela. La empresa, en vez de convalidar dicha determinación, hizo lo opuesto, sancionando al chofer.

La actitud represiva y persecutoria de la paternal hacia los choferes es un accionar cotidiano en todos los sentidos, ya que los obligan a trabajar sin condiciones laborales adecuadas y prestando un servicio muy deficiente hacia los usuarios, que diariamente manifiestan decenas de denuncias y situaciones de incumplimiento.  Detrás de este gesto del chofer existe un hecho de solidaridad y empatía entre trabajadores y usuarios que ninguna empresa podrá entender, y por esto sanciona a quien muestra preocupación por sus pares.

Desde la banca de Izquierda Socialista/FIT, la diputada Angélica Lagunas llevó la denuncia a la Legislatura y se logró que la sesión plenaria votara una declaración de repudio a la sanción (solo votaron en contra los diputados de Cambiemos) que manifiesta en su artículo 1º su rechazo a la sanción por parte de la empresa Autobuses de Neuquén contra el chofer de la línea 502 de la ciudad de Neuquén. Los restantes artículos exigen de las autoridades competentes, como la Secretaría de Trabajo, que arbitren los medios para quitar la sanción. En el mismo sentido se está impulsando una declaración similar en el Concejo Deliberante de la ciudad por parte de nuestro concejal Manuel Sánchez. A su vez se avecina una pelea legal porque la empresa inició una causa penal contra la diputada por respaldar al chofer.

Corresponsal

Escribe Martín Fú

AGEA, la empresa editora del diario Clarín y las publicaciones Olé, Ñ, Viva, entre otras (el conglomerado de medios más poderoso del país), despidió la semana pasada a 65 trabajadores. El llamado “avance digital” y la “reestructuración de la empresa” anunciada pomposamente en dos páginas del diario Clarín en papel del pasado 14 de abril, se cristalizaron en la madrugada del pasado 17 cuando los trabajadores encontraron un cerco policial dispuesto por el gobierno al servicio de la patronal sobre la calle Tacuarí. Ahí se les notificó a las trabajadoras y a los trabajadores quién entraba y quién había sido despedido.

Compañeros con más de veinte años de antigüedad, algunos de los mejores reporteros gráficos, quedaban del lado de afuera. Los trabajadores respondieron con un contundente paro total de actividades, lo que obligó al personal jerárquico a garantizar la salida del diario Clarín. En 2017, la misma empresa, en un año electoral como este y con acuerdo del gobierno, cerró su planta de AGR, que fue ocupada durante meses en una heroica resistencia de gran parte de sus trabajadores hasta su violento desalojo. Ese año, el Ministerio de Trabajo dijo que no podía hacer nada “porque se trataba de un conflicto entre privados”. Ahora vuelve a hacer lo mismo.

Desde un primer momento la lucha se llenó de solidaridad. Este sábado se llevó a cabo el festival “Pascuas en las calles” frente al diario, se creó un fondo de lucha y se seguirán realizando actividades de difusión. Nuestras compañeras diputadas Mónica Schlotthauer y Laura Marrone, junto a Juan Carlos Giordano, Jorge Adaro y Pablo Almeida, en nombre de Izquierda Socialista, se hicieron presentes llevando el apoyo de nuestro partido.

Escribe Adriana Astolfo, Secretaria general Adosac Pico Truncado

El fuerte ajuste que impone el gobierno de Alicia Kirchner en los salarios y condiciones laborales de docentes y estatales, activos y pasivos, va de la mano de la criminalización de la protesta que, por otro lado, cuenta con una larga historia en los gobiernos peronistas kirchneristas de la provincia.

Hace pocos días se conoció la decisión de la Justicia de Santa Cruz de llevar a indagatoria el 16 de agosto a diez jubilados agrupados en Jubilados Unidos en Acción, quienes habían sido denunciados por el estado provincial de provocar daños en edificios públicos cuando protestaban en defensa del cobro de sus jubilaciones en tiempo y forma en 2018, reclamo que aún no fue satisfecho. La demanda es económica y supera los 300.000 pesos.

Asimismo, la jueza Rosana Suárez imputó a tres docentes: Juan Manuel Valentín, dirigente de PO-Tribuna Docente; Diego Barrionuevo, entonces parte de la Comisión Directiva Provincial de Adosac; Claudio Wasquin, dirigente de Alternativa Docente-MST, y dos trabajadores estatales, Hugo Jerez y Gabriela Ance, por daños y perjuicios durante la protesta por el reclamo de pagos de salarios frente a la Casa de Gobierno en el año 2017.

La persecución del gobierno de Alicia Kirchner incluye además la intervención en las juntas de clasificación docente, separando del cargo a los tres vocales electos en la junta de inicial y especial, por no avalar los listados truchos con la incorporación de los tres puntos de presentismo e iniciar sumarios administrativos a dos compañeras dirigentes de la filial de Adosac Río Gallegos por manifestarse con “cornetas” durante los actos públicos de ofrecimientos de cargos, precisamente porque el Consejo Provincial de Educación pretendió realizarlos con estos listados que rechaza toda la docencia.

Como quedó demostrado el 15 de abril en el juicio a los petroleros de Las Heras, el único objetivo es acallar las voces de quienes salen a luchar para hacer pasar el ajuste y la precarización laboral. La unidad y solidaridad de los sectores gremiales y políticos hará que estas causas caigan.

Escribe Gabriel Massa

“Tal cual anticipó en distintas reuniones con funcionarios de gobierno, el Consejo Directivo de la CATT (Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte) ha resuelto no prestar servicio el 1º de Mayo en conmemoración de Mártires de Chicago. La CATT viene reclamando en contra del impuesto al trabajo”. Este es el comunicado oficial de los gremios del transporte anunciando vía Twitter su insólito “paro” en un día feriado, que ni siquiera se trataría de eso, sino de una “retención de servicios”.

Pero estos burócratas -que hacen una protesta inédita contra el impuesto a las ganancias sobre el salario- lo que no dicen es que todos los políticos patronales que ellos apoyan ¡están a favor que los trabajadores y jubilados lo sigan pagando! Massa, Urtubey y Lavagna están de acuerdo. Y también Cristina y Kicillof. A tal punto que en 2015, cuando se fue el gobierno anterior, 1.175.478 pagaban ese impuesto. Kicillof siempre dijo que era un impuesto “progresivo” cuando en los doce años kirchneristas no se aplicó ningún impuesto a la renta financiera. Ahora con Macri, quienes pagan ese impuesto nocivo llegan a 1.878.757 personas (Clarín, 27/4) y hasta la Corte dictó un fallo en defensa de un jubilado. Solo la izquierda propone anular el impuesto al salario y, en cambio, cobrarle a los que verdaderamente ganan, los grandes empresarios, los banqueros, los terratenientes y las multinacionales.