Escribe José Castillo

Se sigue pagando al FMI. Ahora fueron 800 millones de dólares, con lo que ya se suma 7.695 millones en el año, sólo con el Fondo. Agregando lo abonado a otros organismos y a acreedores privados, en 2024 se fueron más de 12.000 millones de dólares por pagos de deuda, mientras esta continuó creciendo. Ahí está el dinero para aumentar los salarios, el empleo y los presupuestos de salud, educación y vivienda.

“No hay plata”, es el slogan preferido del gobierno ultraderechista de Milei. Con esa consigna se despiden decenas de miles de empleados públicos, se pulverizan salarios y jubilaciones, se cierran organismos, se desfinancia al extremo la salud y la educación y se paraliza la obra pública. Pero, sencillamente, es mentira: el dinero existe, sólo que se lo destina al pago de la deuda externa, como lo dijimos mil veces, fraudulenta, ilegal, ilegítima, inmoral y, además, impagable, ya que, al mismo tiempo, sigue creciendo cual bola de nieve.

2024 es el año donde el gobierno operó a fondo con la “motosierra”. Pero el año que viene el ajuste continuará. Vencen 3.300 millones de intereses a pagarle al FMI. Además vencen 11.000 millones de dólares con los acreedores privados. Lo que da, sumado a vencimientos con otros organismos, un total de 17.000 millones. Y si miramos de acá a 2027, tenemos vencimientos en moneda extranjera por 61.600 millones de dólares, entre pagos al FMI, a los pulpos privados y a otros organismos.

El gobierno de La Libertad Avanza ha presentado un presupuesto de terror. Se recortan todas las partidas, más aún de lo que ya se achicaron este año. Obviamente, la única excepción son los pagos de deuda. Peor aún: se dice explícitamente que el presupuesto 2025 se ejecutará en función de obtener el dinero para cumplir con los distintos vencimientos. Y que, si es necesario, se recortará más aún con tal de cumplir con los pulpos acreedores y el FMI.

Obviamente, este presupuesto es inarreglable. No hay forma, como sostienen varios gobernadores y la llamada “oposición amigable” de “mejorarlo” negociando algunas partidas. Por otra parte, el propio gobierno sostiene que o se aprueba como está o no habrá presupuesto 2025 y seguirán gobernando, y ajustando salvajemente, por decretos de necesidad y urgencia, como vinieron haciendo hasta ahora.

Por eso, desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad, decimos que la pelea no es exclusivamente por el presupuesto, que por supuesto hay que rechazarlo de plano cuando se llegara a tratar. Es más general, contra el ajuste en su conjunto, y se definirá en las calles, en las luchas y movilizaciones. Por eso es fundamental apoyar cada pelea, cada resistencia. Como la de los estudiantes, no docentes y docentes en defensa de la universidad pública, la de las y los trabajadores de la salud, como sucedió en el Bonaparte, en el Garrahan y en tantos otros lugares, en la defensa de Aerolíneas Argentinas, en la lucha contra la pulverización de las jubilaciones, y en tantas otras. Exigiendo, además, a la burocracia de la CGT que rompa su ya vergonzosa tregua y llame a un paro general y un plan de lucha.

Pero, al mismo tiempo, tenemos que dar el debate político. Explicando que hay otra salida, postulando otro plan económico, de emergencia, obrero y popular, que arranque por dejar de pagar la deuda externa y romper con el FMI para priorizar las más urgentes necesidades populares. Por eso, desde la bancada de Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad, hemos presentado un proyecto de ley en este sentido, que explicamos en estas páginas.
 

Escribe José Castillo

En medio de este ajuste salvaje, del aumento de la pobreza y la indigencia y del bombardeo publicitario del gobierno y sus periodistas amigos sosteniendo que este es “el único camino”, hemos insistido en la necesidad de un programa alternativo, basado en dejar de pagar la deuda, romper con el FMI y priorizar las más urgentes necesidades populares.

Obviamente, surge un interrogante: ¿quién puede llevar adelante este plan? Por supuesto que no esperamos que lo haga el gobierno de Milei, ultraderechista y agente directo de las grandes empresas y el imperialismo. Pero tampoco la oposición patronal mayoritaria, el peronismo. Cristina Kirchner, al igual que todos y cada uno de las y los dirigentes peronistas lo han dicho una y mil veces, y así lo hicieron cuando fueron gobierno: pagaron los vencimientos de deuda y realizaron acuerdos con el FMI, comprometiéndose a los planes de ajustes que ellos implica, como el actual, vigente a partir de la firma del gobierno de Alberto Fernández, Cristina y Massa en marzo de 2022. Más atrás, durante los 12 años kirchneristas anteriores, se pagaron 240.000 millones de dólares en concepto de deuda externa: “somos pagadores seriales”, confesó la propia Cristina cuando era presidenta.

Por eso, la puesta en marcha de un programa alternativo, obrero y popular, como el que postulamos, solo puede ser realizado por un gobierno de las y los trabajadores y la izquierda. Somos los únicos que no tenemos complicidades con los gobiernos anteriores, donde peronistas, radicales, centroizquierdistas de la Alianza, PRO o ahora libertarios ultraderechistas, siempre ajustaron al pueblo, sometiéndolo al saqueo y la decadencia.

Todos estos gobiernos fueron además los agentes de las patronales nacionales y extranjeras que nos llevaron a la dependencia y la semicolonización del capitalismo imperialista. Por eso el programa alternativo que proponemos y el gobierno de las y los trabajadores y la izquierda, deberá indefectiblemente tomar otro camino, el de la construcción del socialismo. Un socialismo que, aclaramos, nada tendrá que ver con las experiencias totalitarias que se apropiaron de ese nombre en el siglo XX (como el stalinismo o el maoísmo), pero tampoco con las caricaturas de las dictaduras capitalistas actuales que gobiernan Venezuela, Nicaragua o la actual Cuba (tan lejana a todo lo que se logró en las épocas del Che Guevara). Ni tampoco la dictadura capitalista-imperialista China. Por el contrario, el camino al socialismo que proponemos será con plena democracia para las y los trabajadores y el pueblo, planificando y gestionando a partir de la participación de todas y todos la solución de las necesidades populares.

Escribe José Castillo, dirigente de Izquierda Socialista/FIT Unidad

El gobierno ultraderechista de Milei quiere privatizar o desguazar Aerolíneas Argentinas. Le da lo mismo, su principal objetivo es hacerla desaparecer para que todo el negocio aéreo pase a manos de las multinacionales del sector. Hay que defender nuestra aerolínea de bandera y a las y los trabajadores. 

Otra vez, como ya pasó en los ‘90, el negocio aerocomercial pasa a ser un coto de caza para los privatizadores. Con el voto positivo de la oposición patronal “dialoguista” (PRO, Encuentro Federal, radicalismo y unos cuantos “peronistas amigos”), el gobierno de La Libertad Avanza logró dictamen favorable para que se trate en el Congreso el proyecto de Ley de Privatización de Aerolíneas Argentinas. El sólo trámite de cómo se votó es todo un ejemplo de lo que está pasando con la oposición patronal: recordemos que Aerolíneas Argentinas figuraba en el listado de “empresas a privatizar” del proyecto de Ley Bases original (llamada en ese entonces Ley Ómnibus). Uno de los motivos por los cuáles Milei consiguió que finalmente su Ley fuera aprobada en junio pasado fue porque se había retirado del proyecto los puntos donde supuestamente las y los diputados y senadores de la oposición patronal no estaban de acuerdo. Entre ellos la privatización de Aerolíneas. 

Ahora, ya con la Ley Bases aprobada, el gobierno ultraderechista vuelve con un proyecto específico de privatización de Aerolíneas y ¡sorpresa! Los mismos diputados que antes exigían que saliera del proyecto de Ley Ómnibus de diciembre ahora lo votan a favor. Un auténtico escándalo.

El mismo método que en los ‘90

El gobierno de Milei está actuando con Aerolíneas de la misma forma que operaba el peronismo menemista para ganar consenso y así privatizar. Primero se vacía la empresa pública, se las desfinancia, se golpea y provoca a sus trabajadoras y trabajadores, se le van sacando recursos, todo con el fin de que la empresa no pueda funcionar normalmente, se empiece a paralizar y entonces se busca que se genere un sentido común entre los usuarios, motorizado por los medios de comunicación amigos, a favor de la privatización. 

Todo esto es lo que estamos viendo en estos últimos meses. Con auténticas provocaciones, con propuestas salariales de hambre, con despidos, se ataca a las y los trabajadores de la empresa, llevándolos a un conflicto largo y desgastante. Al mismo tiempo se le van quitando recursos históricos (como el hecho de que en el Aeroparque puedan pernoctar aviones de aerolíneas u otros servicios, que ahora son ofrecidos a la compañías de la competencia). 

¿Quién y qué comprarían de Aerolíneas?

La realidad es que, hasta ahora, no aparecen compradores interesados en adquirir la totalidad de Aerolíneas Argentinas. Por eso el propio Milei ya empezó a hablar de “mandarla a la quiebra”, desguazando y rematando al mejor postor sus rutas más rentables. 

Es que, por supuesto, ofrecer a una empresa transnacional del sector una ruta desde Buenos Aires a Miami, Nueva York, Madrid o Roma, es un negocio nada despreciable. O, más regionalmente, los vuelos a San Pablo u otras ciudades brasileñas. Sucede lo mismo con las rutas de cabotaje más rentables, vinculadas al turismo internacional: Iguazú, Calafate, Bariloche, Salta o Ushuaia. 

Ahora bien, ¿quiénes suenan para esas rutas? Por un lado las locales low cost, como Jet Smart y Fly Bondy. Empresas que, nacidas al calor de los privilegios que le dio el macrismo, tienen el récord mundial de retrasos o cancelaciones. Y, peor aún, caminan constantemente por la cornisa por su falta de seguridad. Un ejemplo: este fin de semana un avión de Fly Bondi casi provoca un accidente en su aterrizaje en Aeroparque, tras lo cual ni siquiera fue revisado para averiguar si había sufrido algún deterioro o desperfecto, en cambio, fue “despachado” inmediatamente con pasajeros hacia Mendoza. Las otras empresas que aparecieron interesadas, por lo menos para las rutas de cabotaje y regionales, son la brasileña Gol, que se encuentra en convocatoria de acreedores en Estados Unidos y por lo tanto al borde de la quiebra, y LAN, la misma transnacional que, luego de pagarle a sus trabajadoras y trabajadores con fondos estatales en la primera parte de la pandemia, terminó cerrando, dejando a todas y todos en la calle y hasta robándose aviones (con el simple expediente de tapar con pintura la matrícula argentina y reemplazándola por una chilena). 

La experiencia de la Aerolíneas privatizada

¿Qué pasó cuándo la empresa fue privatizada en los ‘90? Fue adquirida por empresas del Estado Español, primero Iberia, que vendió aviones, oficinas comerciales en las principales ciudades del mundo, y prácticamente la vació. Las anécdotas llegan hasta el extremo de que los aviones salían con cubiertas nuevas de Ezeiza y al llegar a Barajas se las cambiaba por otras usadas, quedando las nuevas para los aviones de Iberia. Se llegó así hasta una situación de virtual quiebra, y sólo se evitó el cierre por la lucha de las y los trabajadores de la empresa. 

Luego se adueñó de Aerolíneas el Grupo Marsans, también español que continuó con el vaciamiento de lo que quedaba. Finalmente, si la empresa no hubiera sido reestatizada, sin duda habría desaparecido. El Grupo Marsans dejó a Aerolíneas con un déficit que costó años revertir. 

En los años de Aerolíneas privatizada, se entregó el negocio de cabotaje a empresas privadas. Todos terminaron mal. LAPA culminó con el terrible accidente de 1999, muy bien documentado en Whisky-Romeo-Zulu por Enrique Piñeyro. Austral también vivió dos tragedias, la de Fray Bentos en 1997 y la de 1995 en Sierra Grande, cuando se abrió una puerta en pleno vuelo y murió una azafata. Southern Winds terminó envuelta en escándalos de tráfico de drogas con los aviones de la compañía.

¿Cuál es la salida? 

Hay que defender nuestra aerolínea de bandera. La necesitamos para cubrir todo el territorio nacional y que ninguna región quede aislada. Para que se puedan atender emergencias sanitarias, climáticas o de cualquier tipo. También para mover con velocidad los bienes que produce nuestro país hacia otras zonas geográficas que se requiera. Pero, por sobre, para que el pueblo trabajador acceda al derecho de viajar más rápido y que, en pleno siglo XXI, volar deje de ser un privilegio para ricos. Las rutas internacionales más rentables, tanto internacionales como de cabotaje, juntamente con la Carga Internacional, deben servir para subsidiar al resto de los vuelos, que así podrán contar con tarifas populares y accesibles y las frecuencias adecuadas. 

La experiencia de la reestatización de los últimos años nos indica que, ante todo, la gestión de la empresa debe pasar a manos de sus propias trabajadoras y trabajadores, y no estar más en manos de burócratas que utilicen la empresa como caja para sus negocios políticos, como sucedió con La Cámpora durante  varios años. 

Pero también que, por tratarse de un servicio público, el criterio no debe ser el de la rentabilidad privada o la ganancia y por lo tanto, el estado nacional debe proveer el financiamiento necesario. Y, por sobre todo, que se le debe garantizar el monopolio y la prioridad en aeropuertos, servicios de rampa, hangares, centros de entrenamiento y de revisión técnica que hoy se la regalan a otras empresas. 

Aerolíneas Argentinas ya fue privatizada una vez. Sus trabajadoras y trabajadores evitaron que ello terminara en la quiebra y desaparición de la empresa. Luego, la continuidad de la pelea, permitió alcanzar la reestatización. Hoy, con la misma fuerza, con el apoyo de todos los sectores en lucha y del conjunto del pueblo trabajador, tenemos en la defensa de Aerolíneas como empresa estatal y línea de bandera un capítulo importante de la pelea por derrotar el plan motosierra de Milei y el FMI. Por eso, desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad rechazamos la privatización y con nuestra diputada nacional Mónica Schlotthauer y el resto de la bancada estamos elaborando un proyecto para sumarnos a la lucha en defensa de Aerolíneas Argentinas. Proponemos que sea 100% estatal y gestionada democráticamente por sus trabajadoras y trabajadores, como parte de un sistema de transporte único e integrado en manos del Estado, en función del desarrollo del país y en beneficio del pueblo trabajador.

Este miércoles 30 se dio un fuerte paro encabezado por los gremios agrupados en la Mesa Nacional del Transporte: La Fraternidad (no circularon los trenes, pese a que la conducción de la Unión Ferroviaria de Sassia llamó a no parar), el subte, camioneros, los gremios aeronáuticos, los peones de taxis, los de viales y peajes y los marítimos. Si no hubiera sido porque la burocracia de la UTA dividió, la huelga del sector hubiera sido total.

Pero la jornada también tuvo medidas de fuerzas de otros gremios. En el sector docente, el malestar contra los recortes a la escuela pública, la reforma educativa y la miseria salarial empujan la lucha a pesar del freno de la burocracia de Ctera y los gremios provinciales celestes. En Santa Cruz, bajo el impulso del triunfo de una nueva conducción del sindicalismo combativo, se resolvió seguir con 72 horas de paro y rechazar la conciliación obligatoria decretada por el gobierno provincial. En CABA, se paró con Ademys, al igual que en Chubut y en otras provincias. Lo más impactante fue el fuerte paro bonaerense. La oposición Multicolor realizó un plenario de delegados presencial, que resolvió parar el 30, incluso antes que se confirmara el paro del transporte. La burocracia del Suteba de Baradel viendo que la adhesión al paro sería masiva, terminaron convocando junto con Udocba y la FEB.

La jornada también incluyó paros de los estatales nacionales (ATE y también las y los trabajadores de la AFIP y la Aduana. Se sumó toda la comunidad universitaria (docentes, no docentes y estudiantes). De conjunto se expresó, muy masivamente, la bronca por la caída salarial y de las jubilaciones, el ataque a la educación y los intentos de privatizaciones, como con Aerolíneas y los ferrocarriles. A pesar de las intimaciones y provocaciones por parte del gobierno, que incluyó mensajes a través de la app oficial “Mi Argentina” y mensajes anti-sindicales en las pantallas de información de los trenes en las estaciones, el paro no sólo fue contundente, sino que tuvo visiblemente la simpatía de millones de trabajadoras y trabajadores de otros gremios, aún cuando estos no hayan podido parar por el rol de sus direcciones. El gobierno insistió en que se trató de un paro “político”, buscando desacreditarlo. Seamos claros: no fue “político” si con esto lo que se quiere decir es que solo fue por los intereses particulares de las direcciones de los gremios convocantes. Pero sí fue un repudio generalizado a la política de guerra de Milei contra el pueblo trabajador y sectores populares.

La imagen del miércoles es una foto de la bronca y el enfrentamiento al brutal ajuste de Milei que viene en ascenso desde las masivas marchas educativas. Que va dejando al desnudo a la burocracia de la CGT, que mantiene su tregua con el gobierno, a pesar de que sigue profundizando el ajuste y dando cada día un nuevo anuncio de medidas contra el pueblo trabajador. Por eso resulta fundamental, mientras seguimos enfrentando todas y cada una de las medidas de este gobierno ultraderechista, buscando la coordinación entre ellas para masificar la movilización y reclamamar, más que nunca, que la CGT rompa la tregua y lance un nuevo paro general y un plan de lucha para enfrentar el brutal ajuste de Milei, los gobernadores y el FMI, como venimos postulando desde la corriente A Luchar y el sindicalismo combativo.

¿Por qué, si crece la bronca y se multiplican las luchas, Milei sigue adelante con su plan “motosierra”? Ya hemos mencionado a uno de los principales responsables, la burocracia de la CGT y su tregua. Pero no son los únicos. Porque el gobierno de Milei, con su extrema minoría parlamentaria, se ha llevado victorias en el Congreso, como la Ley Bases o la imposición de los vetos a los jubilados y a la universidad en base a su alianza con el PRO, pero también gracias a los apoyos que obtuvo de parte de las bancadas de los otros partidos patronales opositores. Tal fue el caso del radicalismo, donde se terminó rompiendo el bloque después de que el propio presidente del bloque en Diputados, Rodrigo de Loredo se reuniera con Milei. Pero también del peronismo, que le vienen aportando votos a partir de acuerdos con los gobernadores.

Hay que señalar que incluso el peronismo kirchnerista que aparece como más “opositor” y que no le ha votado leyes a Milei también tiene sus responsabilidades, porque no ha hecho nada por organizar la pelea contra el ajuste. Toda su apuesta es a 2025, en lo electoral. En estos días, a ello se sumó la interna entre Cristina y Quintela por conducir el PJ, que incluye a su interior también la pelea entre la ex presidenta y el gobernador Kicillof. Una interna que expresa la crisis peronista, absolutamente alejada de las necesidades y preocupaciones del pueblo trabajador.

Esa política del peronismo contrasta con la única fuerza que, sin fisuras, estuvo desde el primer día enfrentando al gobierno ultraderechista de Milei, en las calles, apoyando cada una de las luchas que se dieron, y también en las bancas, denunciando y votando en contra de las medidas del plan motosierra: el Frente de Izquierda Unidad. Esa es la alternativa política a favor de las y los trabajadores, la juventud, el movimiento de mujeres y disidencias, las y los jubilados, que postula, como salida, un programa de emergencia obrero y popular, que, comenzando por dejar de pagar la deuda externa y romper con el FMI, dedique todos los recursos a resolver las más urgentes necesidades populares.

Escribe Adolfo Santos, dirigente de Izquierda Socialista/FIT-Unidad

Durante la entrega de los premios Martín Fierro, no fue sólo Norman Briski el que sorprendió. Parecía que la famosa alfombra roja quería ser bandera y flamear. Como nunca antes, varios artistas manifestaron críticas al gobierno reflejando el clima de descontento popular que vive nuestro país.
La gran ganadora de la noche, con siete estatuillas, fue la película Puan, de María Alché y Benjamín Naishtat. Rodada en la UBA en 2023, el film es un anticipo de lo que estaba por venir. Retrata el ambiente de la militancia, las disputas culturales y la crisis de la universidad. Al subir al escenario, los directores invitaron a hablar al decano de Filosofía y Letras quien denunció los salarios de miseria y entre otras cosas dijo: “En la UBA el 60% de los estudiantes forman parte de una primera generación de universitarios” y cerró “La universidad no se vende y la autonomía tampoco. Viva la universidad pública…”. Sorprendentemente, parte del público comenzó a entonar: “Universidad, de los trabajadores y al que no le gusta, se jode, se jode”.

Y en la noche de protestas se sumó la voz de Mirtha Legrand, quien al recibir su premio, en un claro mensaje contra el gobierno expresó: “Por favor, no cierren el Incaa”, desde la platea, Luis Brandoni, que recientemente defendió la política de recortes del gobierno al Instituto, miraba atónito. La diva, de 97 años, completó: “No se puede cerrar el Incaa porque el cine argentino es el cine más importante de habla hispana”.

A la lista de críticos, se sumó Graciela Borges. Al recibir la estatuilla, le respondió al gobierno: “No nos digan cómo tenemos que hacer cine. Sabemos hacer cine. Que no nos digan más cuántos espectadores tenemos que meter para ser buenos”, Borges respondía a la “visión financiera” del arte del vocero presidencial que había manifestado: “Vamos a dejar de financiar películas que sean fracasos comerciales”.

El gobierno no tiene paz ni en un ámbito tan particular como la entrega de premios Martín Fierro. Y la lucha universitaria, que ya merece un Martín Fierro, se metió en ese ámbito porque impregna todos los poros de una sociedad cada vez más descontenta.