Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop y dirigente de Izquierda Socialista/FIT-Unidad

El intento del gobierno ultraderechista de Javier Milei de cerrar el Hospital Bonaparte de salud mental detonó una movilización de los trabajadores que lo obligó a retroceder. Al mismo tiempo los trabajadores del Hospital Garrahan arrancaron un bono de 500.000 pesos, un alivio transitorio, en su lucha por la recomposición salarial. La ofensiva oficial sobre el sistema de salud y sus trabajadoras y trabajadores ha desatado una movilización que recién comienza.

La fórmula del Banco Mundial: ahogo presupuestario para privatizar

El gobierno sigue la estrategia dictada por el Banco Mundial de ahogar al sistema público disminuyendo el presupuesto de salud. Este recorte se transmite a las provincias y municipios a los que se les suspenden los aportes del tesoro y se les disminuye la coparticipación federal, llevándolas también a la desfinanciación del sistema público de salud. La consecuencia es la sobreexplotación de las y los trabajadores de salud con bajos salarios y jornadas extenuantes, la deserción del personal especializado, el atraso tecnológico y la decadencia edilicia todo lo cual redunda en la pésima atención que hoy recibimos: guardias y consultorios colapsados, falta de insumos y abultadas listas de espera.

El presupuesto nacional para salud propuesto por Milei para 2025 (a valores corregidos por inflación) es 18,2% menor que el de este año, 2024. Los recortes son leoninos: el programa de acceso a medicamentos gratuitos se reduce un 14% comparado con el 2023. La asignación al Hospital Bonaparte se recorta en un 29,6% y al Instituto Nacional del Cáncer se le quita el 47,5% de su presupuesto, comparados ambos con 2023 y corregidos por inflación. Se calcula que la quita que el gobierno de Milei ha hecho a las provincias y municipios es de 5.000 millones de dólares, lo que obviamente repercute en los fondos para salud (La Política Online, 7/10/2024).

El otro lineamiento del Banco Mundial es la tercerización y el arancelamiento con el pago de bolsillo del usuario, camino a la privatización. El total de todo el gasto en salud del país, público, privado y las obras sociales y el PAMI es el 10% del PBI, una suma fabulosa que grandes empresas nacionales y extranjeras quieren manejar. Por esa razón este gobierno, ultraderechista y agente de monopolios nacionales y extranjeros, entregó el ministerio de Salud a representantes de los grandes negocios de la salud. El actual ministro Mario Lugones, es dueño junto con el burócrata de la CGT Luis Barrionuevo y el referente radical Coti Nosiglia, del Sanatorio Güemes. Un asesor “top” del ministerio es Enrique Cammerlinckx, ligado a la Iglesia y director del aristocrático Sanatorio Mater Dei, entidad “sin fines de lucro” cuyo principal y presuntamente desinteresado donante es (casualmente) el millonario concesionario de los aeropuertos argentinos Eduardo Eurnekian, ex patrón de Javier Milei y su devoto admirador.

Por un sistema de salud gratuito y de excelencia con salarios dignos para sus trabajadores

La salud es un derecho que debe llegar a todo el pueblo trabajador. No es una mercancía que se obtiene de acuerdo a la capacidad de pago de cada uno. El Estado debe garantizarla y financiarla. La política de este gobierno de ultraderecha es negar presupuesto, pagar salarios de hambre a los trabajadores del sistema de salud, perdonar los impuestos a los empresarios que fugan capitales y pagar puntualmente la deuda externa a los banqueros internacionales. La movilización de trabajadores de salud que se está desarrollando debe ampliarse para derrotar esta política de destrucción de la salud pública e imponer un sistema nacional único de salud, de propiedad estatal, gratuito, controlado por sus trabajadores y las organizaciones obreras y barriales, y financiado por impuestos a las grandes fortunas y el no pago de la deuda externa.

Escribe José Castillo

La única verdad de todo lo que dice Javier Milei es que está realizando “el ajuste más grande de la historia”, claro que no a costa de ninguna “casta”, sino del pueblo trabajador. Todo, absolutamente todo, con el único objetivo de pagar los vencimientos de deuda a los pulpos acreedores y al FMI.

El ajuste que viene realizando el gobierno ultraderechista de Javier Milei es descomunal. Pasó de un déficit fiscal de -2,9% del PBI a un superávit de 1,5%. ¿Quién está pagando semejante recorte, de casi 4 puntos y medio del producto? Los números lo dicen con toda claridad: un tercio lo costean las y los jubilados, cobrando montos miserables; luego le sigue la obra pública, congelada prácticamente a cero, con cientos de miles de nuevos desocupados; para finalizar están las transferencias a las provincias, que impacta directamente en los sueldos y la infraestructura docente. Y los recortes siguen, impactando por todos lados, en una auténtica “motosierra”, para usar la misma figura que aplica el presidente. Claro que esa motosierra no va contra los ricos y poderosos, ni nada que pudiera siquiera parecerse a lo que él suele denominar, a propósito en forma confusa, como “la casta”.

Así, todos los días, tenemos ejemplos de las consecuencias de este auténtico plan de guerra contra el pueblo trabajador. A las y los jubilados, no contentos con llevar sus haberes por debajo del nivel de indigencia, se les recorta los medicamentos gratuitos, hasta el extremo de no entregar drogas oncológicas. A las y los empleados públicos se les congelan los sueldos, además de despedirlos de a miles. Se cierran organismos de ciencia y técnica, se desfinancia al extremo las universidades, se deja de entregar alimentos a los comedores populares. Se cerraron todos los organismos vinculados a defender a las mujeres, disidencias o denunciar conductas discriminatorias. Se aumentaron las tarifas de servicios públicos, hasta transformarlos en impagables. Podríamos seguir casi hasta el infinito, llenando páginas y páginas de los afectados por estos recortes. La economía de conjunto, producto de todas estas políticas, cayó en una recesión similar a la de un país que está en guerra: el PBI, si descontamos el crecimiento estadístico del sector agropecuario que creció comparativamente debido a la sequía 2023, viene cayendo un 7,5%, con sus consecuencias también sobre las y los trabajadores del sector privado, quiénes viven de changas y el pequeño comercio, en todos los casos con ingresos pulverizados, provocando niveles de pobreza e indigencia récords.

Claro que no es cierto que “todos nos estamos ajustando”. Mientras el pueblo trabajador sufre todo lo que citamos más arriba, a los ricos se les bajó los impuestos (con bienes personales y el blanqueo).Y se les está garantizando superganancias y nuevos negocios a costa del saqueo de nuestras riquezas. Así festejan los especuladores. Por ejemplo en la Bolsa de Valores de Buenos Aires, que ven como suben sus acciones y bonos.

Lo que se viene será aún peor

El gobierno dice “que lo peor ya pasó”, que “vale la pena el esfuerzo”, porque ahora empezamos a crecer. ¡Mentira! Todo, absolutamente todo este ajuste tiene un objetivo único y explícito: pagar los vencimientos de deuda externa.

Pero lo que se viene será peor, como lo expresa el proyecto de Ley de Presupuesto presentado por el gobierno, que explicita la regla de recortar lo que fuera necesario con tal de garantizar el pago de todos y cada uno de los astronómicos vencimientos que se vienen en los próximos años. Sólo en 2025 vencen 24.000 millones de dólares (17.500 millones de pago inmediato).

¿Cuál es la salida?

Milei y su gobierno sólo nos ofrecen más hambre, marginación social y saqueo de nuestras riquezas, y cada vez peor. No tenemos futuro, ni nosotros ni las próximas generaciones, si seguimos por este camino. Es necesario ya mismo parar este descomunal ajuste e implementar otro plan económico, alternativo, obrero y popular, que comience por dejar ya mismo de pagar la inmoral, ilegal, ilegítima e impagable deuda externa, que rompa con el FMI y sus planes de ajuste. Así, ¡sí veremos que plata hay! Y podremos aplicarla a resolver las más urgentes necesidades populares de salarios y jubilaciones dignos, trabajo genuino para quién lo necesite, salud, educación, vivienda, ciencia y tecnología.

Escribe Atilio Salusso

Misas comunistas
El diputado de La Libertad Avanza (LLA) “Bertie” Benegas Lynch, el mismo que propone privatizar el mar y que la primaria y secundaria no sean obligatorias, dijo que se “agotó” de ir a misa los domingos a escuchar “mensajes colectivistas sobre la propiedad común, el destino universal de los bienes y demás ideas trasnochadas contra el liberalismo”. “Si queremos a nuestra Iglesia, estamos obligados a defenderla de las infiltraciones comunistas”, agregó luego de criticar furibundamente al Papa Francisco. Es bueno aclararle a “Bertie” que la Iglesia Católica y el Papa defienden al capitalismo, no son comunistas: por si quiere volver a ver al cura en el púlpito los domingos.
 
Audífono roto
“Una diputada libertaria tenía un audífono que le iba dictando su discurso”. Esa fue la noticia-bochorno. Se trata de Juliana Santillán, quien pronunció un discurso “brillante” en la sesión donde se aprobó el veto a las universidades. Venía en un tono pausado, firme, sin baches ni matices, con oraciones casi robóticas. Pero la diputada lo interrumpió intempestivamente ya que, aparentemente, repetía lo que escuchaba de un dispositivo auditivo que Santillán lo apagó sin querer. Un video dejó en evidencia el truco. Como no se puede leer en la Cámara (prohibido por reglamento) se apoyó en la tecnología, pero le jugó una mala pasada.
 
Trece años
La Comisión Nacional de Valores habilitó a chicas y chicos de trece años a que puedan especular en el mercado financiero. Es decir, que puedan desde esa temprana edad “invertir en bonos, acciones y otros instrumentos financieros”. Incluso el gobierno de la Ciudad, de Jorge Macri, anunció que se incluirán “programas de educación financiera en las escuelas secundarias porteñas a partir de 2025”. Especialistas han condenado la medida por nocivas y adictivas, justo cuando el pueblo de San Pedro fue estafado por una cifra millonaria por la empresa de criptomonedas RainbowEx. Esto se puede unir a que el gobierno envió una ley para bajar la edad de imputabilidad a los trece años. O sea, si tenés trece años, con este gobierno ultraderechista te espera ser víctima de la timba financiera, la cárcel o un reformatorio al mejor estilo Bukele, nunca una escuela. ¡Repudiable!

Escribe Fernanda Giribone, dirigenta de Izquierda Socialista Jujuy

Desde Izquierda Socialista queremos manifestar nuestro profundo repudio a la decisión del Juez Rodolfo Fernández de elevar a juicio la causa del “20 Junio” donde se acusa arbitrariamente a nuestro compañero Ivan Blacutt y a otros dirigentes políticos y sociales de la provincia.

En el 2023, con un masivo rechazo popular, el gobierno de Jujuy juró a escondidas del pueblo una Constitución reformada, momento en que se desplegó una brutal represión con detenciones ilegales, por orden del entonces Gobernador Gerardo Morales. A posteriori la Justicia, en connivencia con el poder político (y económico) tejió, a través del uso arbitrario de las leyes, la judicialización de  dirigentes sociales y políticos, con el fin de aleccionar al pueblo. En una quirúrgica selección imputaron a los compañeros Miguel Ángel Ramos, Santiago Zamora, Leonardo Alejandro Rosales, Walter Armando Puca, Gabriel Taboada, Martin Antonio Abad, Francisco Emilio Lyonnet, Luis Santiago Zalazar, José Ivan Blacutt, Gabino Cruz, José Darío Donaire, José Luis Leopoldo Vilca, Nelson Javier Mamani, Mayuk Nasib Mamani, Héctor Luis Gerónimo, Walter Damián Brizuela, Dan Leonel Liborio, Gonzalo José Marino Diaz, Nahuel Tomás Herrera, Rivero Lautaro Joaquín, todos ellos dirigentes políticos y sociales. 

Ahora, más de un año después de los hechos represivos se reaviva esta causa escandalosa, que sin pruebas ni argumentos firmes, -en un claro hecho de criminalización y judicialización de la protesta-, pretende hacer escarmentar a todo un pueblo. Según sus dichos, el Juez Rodolfo Fernández, los eleva a juicio porque entiende formalmente que la causa “es correcta” aunque en realidad se trate de una acusación que en cualquier otra circunstancia sería inadmisible por no describir los hechos ni las conductas atribuidas a los imputados (entre otras cosas).

De ninguna manera podemos permitir este tipo de retroceso en materia de derechos. Las acciones de Morales/Sadir van en consonancia con la política represiva del presidente Milei, que de la mano de protocolos represivos, nos quiere hacer vivir en una dictadura.

El gobierno de Milei ha dejado en claro que su plan motosierra no pasa sin persecución y represión. Ante eso nosotros oponemos el camino de la movilización para enfrentar el ajuste, y de la unidad entre aquellos que rechazamos que se condene a quienes luchamos. 

Rechazamos todo intento por criminalizar la protesta social y llamamos a impulsar una gran campaña por la absolución de los compañeros. Decimos que lo que se judicializa no son solo veinte militantes sino la fuerza de todo un pueblo que se desplegó en las calles durante el invierno del 2023, con decenas de cortes de rutas, marchas y paros, que enfrentó a una reforma constitucional que intentaba dejar a la provincia de Jujuy indefensa ante el saqueo.

Desde Izquierda Socialista exigimos el cese de la persecución a los que hoy son judicializados injustamente, que caigan todas las causas y que, por el contrario, se juzgue a Gerardo Morales y sus cómplices en el gobierno, por la ola persecutoria y represiva que se desató y que ha dejado un trágico saldo para el pueblo jujeño, que es de público conocimiento.

Las y los trabajadores de salud y residentes del Hospital en Red Laura Bonaparte le torcieron el brazo al gobierno de Milei y su política de motosierra contra la salud pública. El recién asumido ministro de salud Mario Lugones decretó el cierre de la guardia, de la internación y el traslado de las y los pacientes a otros lugares, apuntando al cierre del Hospital, ya que “la salud pública no es rentable”.

Inmediatamente las y los trabajadores del Bonaparte se autoconvocaron en asamblea y decidieron la toma del hospital. Y convocaron a la más amplia solidaridad y coordinación con los demás trabajadores de la salud.

Esta solidaridad no se hizo esperar y miles de jóvenes, trabajadores, artistas, delegaciones de otros hospitales (como el Garrahan), estatales, ferroviarios, docentes, dirigentes políticos, del sindicalismo combativo y sociales, rodearon el hospital y le hicieron el aguante a la lucha. Tal fue la magnitud de la solidaridad y la firmeza de las y los trabajadores del Bonaparte, que en pocos días el gobierno tuvo que retroceder y anunciar que el Bonaparte no cerraba, se mantenían las prestaciones y no se iba a despedir a nadie. Ahora siguen alertas para que se cumpla lo anunciado y lograr que la anunciada reestructuración ni el desfinanciamiento no impliquen un achicamiento del Hospital.

Este es un gran triunfo de la lucha de los trabajadores de salud y un ejemplo a seguir para todas las luchas: asambleas, unidad, coordinación y solidaridad.

Hay que seguir exigiendo a la CGT y CTA que rompan la tregua con el gobierno y llamen a un paro y plan de lucha para derrotar al plan de Milei y el FMI.