Escribe Adolfo Santos, dirigente de Izquierda Socialista/FIT Unidad

En un país como Argentina, donde la mayoría absoluta de las y los jubilados perciben 322.798 pesos (incluyendo el bono de 70 mil), apenas un tercio de los 912.584 pesos de la canasta básica calculada por la Defensoría de la Tercera Edad, mantener jubilaciones de privilegio para políticos, jueces y fiscales, es un verdadero escándalo. Nos oponemos tajantemente a este régimen insultante creado por las y los políticos patronales en el poder para auto beneficiarse.

En un acto demagógico, el ultraderechista Milei, asumiendo funciones que no le corresponden, mandó cancelar las pensiones que perciben Cristina Fernández de Kirchner en su condición de presidenta, vicepresidenta y viuda de un presidente y de Amado Boudou, ex vicepresidente. El hecho que no le haya retirado el beneficio a una larga lista de ex funcionarios o familiares, demuestra que se trata de una jugada de marketing para quedar bien con su base social.

La jubilación/pensión de privilegio de presidentes, vicepresidentes y sus familiares en caso de fallecimiento, se rige por la Ley 24.018, aprobada en noviembre de 1991 durante el gobierno peronista de Carlos Menem (el mejor presidente según Milei), que también incluye a jueces y fiscales (ver ilustración).

Jubilaciones de Privilegio

En 2002 el Congreso derogó la ley, pero el entonces presidente Eduardo Duhalde (Partido Justicialista) vetó la iniciativa manteniendo un beneficio del que nadie reniega y que equivale al sueldo de un juez de la Corte Suprema de Justicia.

Es hipócrita la decisión del gobierno ultraderechista cuya intención, tras un golpe de efecto, es quedar bien con su base electoral y, de paso, intentar tapar su brutal ajuste. ¿Por qué le quita las jubilaciones de privilegio sólo a Cristina y Amado Boudou? La lista es larga. Las y los ex presidentes Alberto Fernández, Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirchner, Adolfo Rodríguez Saá y María Estela Martínez de Perón. Las y los ex vicepresidentes Gabriela Michetti (PRO), Amado Boudou (Peronista), Julio Cobos (Radical) y Daniel Scioli (Mileista). También perciben pensiones las viudas Inés Pertiné (Fernando de la Rúa); Zulema Yoma (Carlos Menem); Bety Andrés (Marcelo Levingston, presidente militar de facto) Amalia Guido (hija de José María Guido quien asumió la presidencia después del golpe militar a Frondizi).

Desde Izquierda Socialista y el FIT Unidad repudiamos estos beneficios que las y los políticos patronales se adjudican de por vida cuando detentan el poder. De la misma manera rechazamos las prebendas de jueces, fiscales, senadores y diputados, que se auto imponen sueldos millonarios. Decimos que ningún político en su cargo perciba más de lo que recibe una directora de escuela con diez años de antigüedad, como lo hacen los legisladores que representan al FIT Unidad. Ejemplo de esto es nuestra compañera diputada nacional de Izquierda Socialista, Mónica Schlotthauer y delegada del ferrocarril Sarmiento que percibe en su banca lo mismo que le corresponde como trabajadora y fue noticia cuando terminó su anterior mandato y volvió a trabajar en el sector limpieza de la estación Once. Solo el Frente de Izquierda presentó proyectos para ello y nunca son tratados por ningún gobierno, porque están categóricamente en contra.

Rechazamos la decisión del gobierno de Milei para erigirse como justiciero mientras aprueba leyes para beneficiar a los intereses del imperialismo, las multinacionales, grandes empresarios que le financiaron la campaña. Junto a millones de jubilados de a pie, exigimos el fin del régimen de jubilaciones de privilegios, que beneficia con millones a los ex presidentes, vicepresidentes y sus familiares. Y que todo político, diputado, senador, juez y funcionario de gobierno perciba un ingreso como cualquier laburante.

Escribe Adolfo Santos

Las jubilaciones de privilegio son un escarnio en un país donde la mayoría de las y los jubilados perciben miserables 322.798 pesos, apenas un tercio de los 912.584 pesos de la canasta básica calculada por la Defensoría de la Tercera Edad. Mantener jubilaciones de privilegio para políticos, jueces y fiscales, es un verdadero escándalo. Nos oponemos a este régimen insultante creado por las y los políticos patronales para auto beneficiarse.

Aprovechando ese sentimiento popular de rechazo, en un acto demagógico, el ultraderechista Milei, asumió funciones judiciales que no le competen y mandó a cancelar las pensiones millonarias que perciben Cristina Fernández de Kirchner en su condición de presidenta, vicepresidenta y viuda de un presidente y de Amado Boudou, ex vicepresidente.

Es hipócrita la decisión del gobierno ultraderechista cuya intención es generar un golpe de efecto y distracción. ¿Por qué se limita solo a dos personas si la lista de ex funcionarios y familiares, civiles y militares es extensa? Reciben este beneficio las y los ex presidentes Alberto Fernández, Mauricio Macri, Adolfo Rodríguez Saá y María Estela Martínez de Perón. Lo mismo las y los ex vicepresidentes Gabriela Michetti (PRO), Julio Cobos (Radical) y Daniel Scioli (Mileista). También las viudas Inés Pertiné (Fernando de la Rúa); Zulema Yoma (Carlos Menem); Bety Andrés (Marcelo Levingston, presidente militar de facto) y Amalia Guido (hija de José María Guido quien asumió la presidencia después del golpe militar a Frondizi).

Pero lejos de reconocer la injusticia que significa este régimen retrógrado y proponer la anulación de la Ley 24.018 que lo contiene pensando en el sufrimiento de millones de jubiladas y jubilados de la mínima, la ex mandataria y actual presidenta del Partido Justicialista, Cristina Kirchner, interpuso un recurso de nulidad ante el Anses para reclamar la continuidad del pago millonario por sus dos mandatos y la pensión por viudez.

Rechazamos la decisión marquetinera de Milei que intenta erigirse como juez mientras manda a aprobar leyes para beneficiar a los intereses del imperialismo, las multinacionales y los grandes empresarios que le financiaron la campaña. Junto a millones de jubilados de a pie, exigimos la extinción definitiva del régimen de jubilaciones de privilegios, que beneficia con millones a los ex presidentes, vicepresidentes, jueces, fiscales y sus familiares. 

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop

Una investigación de la Unión Argentina de la Salud (UAS) reveló que la metformina, medicamento de uso frecuente en la diabetes, valía en la Argentina 34.000 pesos (equivalente a unos 33 euros) mientras que en España el mismo remedio costaba 2.90 euros aproximadamente 2.900 pesos. El diclofenac 75, un muy difundido antiinflamatorio y antirreumático, que se vende por 20.455 pesos en Argentina, tiene en España un costo de 2,50 euros, equivalente a unos 3.750 pesos. Una diferencia que se convierte en un grave problema de salud para toda la población trabajadora, especialmente para las y los jubilados, que por su edad son consumidores obligados de medicación. En este mes de noviembre, sumados el mísero aumento fijado por el gobierno y el bono, las y los jubilados con la mínima que son la inmensa mayoría, percibirán 323.000 pesos. Por si esto fuera poco, el gobierno ultraderechista, le quitó los remedios gratuitos por tratamiento crónico, obligando a engorrosos trámites. Estos remedios se financiaban con el impuesto País a los viajes y compras en el exterior y el gobierno lo destinó a otros gastos para los que sí hay plata como comprar los aviones de guerra usados F16 y pagar la deuda externa.

¿Es posible tener remedios más baratos?

Cristina Kirchner acaba de plantear públicamente a Javier Milei que libere la importación de remedios de la India para abaratarlos. El gobernador de Mendoza y amigo del presidente, Alfredo Cornejo, propone lo mismo. Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad no queremos soluciones patronales que permitan nuevos negocios para los empresarios a costa de la salud de la población trabajadora. Hay una solución inmediata y posible porque en nuestro país contamos con recursos tecnológicos y humanos y la experiencia industrial necesaria. Tenemos que pelear para que se declare a la industria farmacéutica en emergencia sanitaria y ponerla a producir los remedios e insumos médicos necesarios en los volúmenes y calidad que requiere la situación. Para evitar los sobreprecios y maniobras patronales deberá implementarse el control de la producción y los libros comerciales por parte de las y los trabajadores. Que el PAMI restituya el 100% para los medicamentos de pacientes crónicos. Así podremos garantizar la provisión de los remedios que hoy resultan inalcanzables a los trabajadores.

Escribe Adolfo Santos, dirigente izquierda Socialista/FIT Unidad

El fin de semana pasado, en un teatro de la localidad de San Miguel, con una escenografía presidida por banderolas verticales que trataban de rememorar los tristemente célebres actos fascistas de Benito Mussolini, y bajo la consigna: “Dios, Patria y Familia” y “Propiedad y libertad”, dirigentes políticos ligados al gobierno de Milei, lanzaron la agrupación “Las Fuerzas del Cielo”. En un tono entre patético y militarista, Daniel Parisini, uno de sus principales referentes, conocido como el Gordo Dan, dijo desde la tribuna que esta organización “será el brazo armado de La Libertad Avanza (LLA), la guardia pretoriana del presidente Javier Milei”.

Para algunos, estos discursos no pasan de bravuconadas de gente que solo milita en las redes. Sin embargo, muchas de las figuras allí presentes ocupan importantes cargos en el gobierno, son apadrinadas por Santiago Caputo, integrante de la llamada “mesa chica” y uno de los más influyentes asesores de Milei y cuentan con importantes recursos económicos para actuar. Conocidos como la Banda de San Miguel, entre otros están el diputado provincial Agustín Romo (LLA), el secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo con fuerte influencia en la Cancillería, el diputado nacional Santiago Santurio, “Juan Doe”, director de Comunicación Digital de Presidencia, Alejandro “Gallego” Álvarez, subsecretario de Asuntos Universitarios o el escritor anti derechos Agustín Laje, principal referente de la Fundación Faro (el brazo ideológico y cultural del gobierno), quien considera a las Madres de Plaza de Mayo “unas viejas hijas de p…”.

Preocupado por las repercusiones negativas que estos discursos de incitación a la violencia pudieran tener, el propio Romo retrocedió y trató de bajar un cambio declarando que las armas a que hacía referencia el Gordo Dan, no eran más que “el arma más poderosa de este siglo, el celular”. No es hora de quedar discutiendo cuáles serán las verdaderas armas que este grupo de ultraderecha con ideas claramente fascistoides va a utilizar finalmente. Desde su gobierno ya vienen actuando con crueldad contra las y los trabajadores, jubiladas y jubilados y sectores populares aplicando un violento plan de ajuste y retirando derechos.

En este escenario no podemos descartar que, aprovechando el poder y la protección del gobierno, se utilicen otros medios que no solo las redes, para atacar a los que luchan o para imponer “la hegemonía de la libertad”, como señaló Laje. Por eso ni exageramos ni minimizamos estas acciones de la ultraderecha. Aunque aún sean marginales, pueden avanzar amparadas por un gobierno que viene destilando odio desde el primer día. El propio Milei es un misógino, negacionista del genocidio de la última dictadura militar e insulta y amenaza a todo el que no piensa como él. Figuras como la ministra de seguridad Patricia Bullrich acusan de terroristas a los que protestan; el legislador por CABA, Ramiro Marra, en su momento convocó a construir un “movimiento anti piquetero” para atacar el derecho a la protesta social y el liberfacho, José Luis Espert, ha amenazado a dirigentes sociales con “bala o cárcel”. Todos ellos son los que incuban el nido donde surgen grupos como este nuevo “brazo armado” que acaba de aparecer.

Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad, rechazamos los términos y acciones surgidos del acto de San Miguel. Llamamos a la más amplia unidad de organizaciones políticas, sociales, estudiantiles y de derechos humanos para repudiar y enfrentar la formación estas expresiones de la ultraderecha cuyo objetivo es atacar a los que luchan y tratar de impedir la protesta social.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a seis años de prisión contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por el delito de defraudación al Estado en la adjudicación de la obra pública. También le impusieron inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.

La noticia ha generado distintos debates y pronunciamientos. El ultraderechista Milei salió a festejar el fallo diciendo “el que las hace las paga”. Un verdadero caradura. Quienes lo acompañan en el gobierno como el ministro de Economía, Luis Caputo, ya debería estar preso por endeudarnos en 100 mil millones de dólares cuando era funcionario de Macri, entre ellos los 45.000 millones de dólares con el FMI que ahora está pagando el pueblo trabajador a costa de una salvaje motosierra. Macri también saludó la medida, un expresidente corrupto que le perdonó a su padre la deuda del Correo y fue beneficiado con el perdón de la deuda privada del grupo Sevel siendo estatizada por Cavallo en plena dictadura militar.

Desde Izquierda Socialista/FITU estamos en contra de esta justicia patronal, elitista y acomodaticia, con sus fallos funcionales a los gobiernos de turno. Una justicia que hoy condena a Cristina Kirchner pero ha dejado en la impunidad a otros políticos patronales ajustadores y corruptos, empezando por Carlos Menem, que remató el país con tremendos casos de corrupción, muriendo en la impunidad. Otro tanto podemos decir de De la Rúa, quien falleció sin ser condenado por tremendos casos de corrupción (La Banelco para hacer votar la ley de flexibilización laboral). Izquierda Socialista siempre ha sostenido que las y los responsables de casos de corrupción deben ser juzgados y castigados, y deben devolver lo que robaron.

Por otro lado, repudiamos que en el fallo condenatorio a Cristina se le haya impuesto inhabilitación perpetua para ejercer cargos en la función pública. Estamos en contra de toda decisión judicial o política que se use con el fin de intentar cercenar a alguien en sus derechos políticos o en una contienda electoral. ¿Quiénes son estos jueces privilegiados que con su dedo acusatorio inhabilitan a alguien cuando ellos mismos han sido puestos a dedo, ganan sueldos millonarios y tienen cargos vitalicios? Con la denominada ley “ficha limpia”, que quieren votar en el Congreso, con el argumento de que condenados por casos de corrupción no podrán ser candidatos, se preparan para proscribir a luchadoras y luchadores a quienes les han armado causas penales por participar de una marcha o movilización.

Sabemos que muchas compañeras y compañeros, por el justo odio al gobierno de Milei y porque aun simpatizan con el peronismo, pueden opinar que Cristina K no estaba implicada y que simplemente es una acusación política. Desde Izquierda Socialista respetamos esas opiniones pero las consideramos equivocadas. Las y los luchadores saben que fuimos denunciando al gobierno peronista de Alberto y Cristina por gobernar para los de arriba y con casos de corrupción, incluidos los casos de Cristina Kirchner. El entramado de negocios capitalistas corruptos bajo los gobiernos peronistas kirchneristas ya llevó a Lázaro Báez a la cárcel, quien pasó de empleado bancario a tener 300 propiedades y 415.000 hectáreas en Santa Cruz, entre otros bienes. Al ex secretario de Obras Públicas José López, por ejemplo, se lo encontró in fraganti escondiendo una bolsa con 9 millones de dólares en un convento. También saben que somos parte de los que luchamos contra el gobierno ultraderechista de Milei y no nos sumamos a su apoyo al fallo judicial. Y que también repudiamos que se pretenda inhabilitar políticamente a Cristina Kirchner.

Lo que está en discusión entre las y los trabajadores y la juventud es si realmente el peronismo y, en especial, Cristina Kirchner es una alternativa para derrotar al plan motosierra y al gobierno de Milei y ofrecer una salida distinta. Desde Izquierda Socialista sostenemos que no es así.

El último gobierno de Alberto y Cristina dejaron a un país con el 42% de pobreza, una inflación galopante y un pacto con el FMI que generó más entrega y dependencia. Y en los 12 años kirchneristas el gobierno pactó con la Barrick, Chevron y los grandes ganadores que se la llevaban en pala eran los grandes empresarios, los bancos y multinacionales. Y ahora, si Milei avanza con leyes infames, los DNU y los vetos, es también con votos de diputadas y diputados peronistas que fueron en las listas de Alberto y Cristina de Unión por la Patria.

Cristina Kirchner al mando del PJ quiere reconstruir un peronismo con la ilusión de que puede haber cambios favorables, cuando el peronismo de conjunto junto a la CGT, dejan correr el ajustazo de Milei y piensan solo en los votos para las elecciones del año que viene. Basta ver que Cristina hizo un acto en su apoyo, con los dirigentes traidores de la burocracia sindical, como Ricardo Pignanelli del Smata, Victor Santamaria y otros. Ella también es responsable que la CGT y la CTA sigan en la tregua y no llamen a un nuevo paro nacional y un Plan de Lucha.

Izquierda Socialista, en el FITU, se reafirma en la necesidad de la más amplia unidad de acción para derrotar al gobierno ultraderechista de Milei y sus medidas ultrarreacionarias. En el marco de luchar contra este sistema capitalista de pobreza, sometimiento y corrupción y por un gobierno de la clase trabajadora y la izquierda. 

Izquierda Socialista/FITU
15 de noviembre de 2024