Arribó a la Argentina una nueva misión del Fondo Monetario Internacional, encabezada por el responsable para el Hemisferio Occidental del organismo, el italiano Roberto Cardarelli, más el flamante representante del FMI en la Argentina, el jamaiquino Trevor Alleyne. Estarán una semana y se reunirán con los funcionarios del Banco Central. También anunciaron que tendrán reuniones con representantes sindicales y “sociales”. Esta misión es la inspección previa para autorizar el desembolso del tercer tramo del préstamo del Fondo en diciembre, por 7.700 millones de dólares.

Los funcionarios del FMI ya ni siquiera cuidan las formas, dan órdenes como si efectivamente fueran los verdaderos “ministros de economía” del país: “Algo que llamó la atención es que los comentarios de Roberto Cardarelli y Trevor Alleyne no parecían los de alguien que opina desde afuera, sino el de una persona involucrada con la toma de decisiones” (Cronista, lunes 12 de noviembre).

Así afirmaron que ellos van a decidir cuándo corresponde bajar las astronómicas tasas de interés: “Las tasas van a ir bajando gradualmente a medida que veamos una disminución de la inflación”. Y dejaron en claro que el presupuesto votado en Diputados (y a punto de aprobarse en el Senado) fue diseñado a medida del Fondo: “Es cuestión de lograr las metas que el presupuesto fijó”. Como vemos, el FMI manda, y los funcionarios del gobierno de Macri obedecen.

Escribe José Castillo

Dos cuotas de 2.500 pesos, y ni siquiera para todos. Con esta migaja, el gobierno de Macri logró que la burocracia de la CGT termine de levantar el paro nacional con que había amenazado. Nada más lejos de las reales necesidades de los trabajadores.

El objetivo del gobierno de Macri era clarísimo: hacer desaparecer cualquier posibilidad de paro general o movilización ante la inminente reunión del G20. Las patronales le agregaban el planteo de que se pusiera un freno a la reapertura de las paritarias, temerosas de que se generalizara reclamos similares a lo que conquistaron camioneros, bancarios o petroleros, con aumentos cercanos a 40%. 

El ministro Dante Sica, encargado de la negociación, terminó acordando con la directiva de la CGT un bono de 5.000 pesos. Las patronales presionaron, adujeron que “muchos no lo iban a poder pagar” y lograron que incluso ese monto miserable sea dividido en cuotas y que se lo pueda diluir por diversos artilugios, de tal modo que ni siquiera lo cobrarán entero todos los trabajadores.

¿De qué se trata?

Será una “asignación no remunerativa”, o sea un pago en negro, que se pagará por única vez y no se tendrá en cuenta para el aguinaldo ni sumará aportes jubilatorios. Las empresas deberán abonarlo en dos cuotas de 2.500 pesos, una en diciembre y otra en febrero. Ya eso sólo, de por sí, refleja lo miserable del monto. Para compensar en un solo pago todo lo que perdió un trabajador del sector privado en promedio, el bono tendría que ser de 75.186 pesos (según un estudio del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas de la CTA). En el caso de los trabajadores del Estado, con salarios promedio menores, debería alcanzar los 57.470 pesos.

Pero eso no es lo peor. Una enorme masa de trabajadores ni siquiera llegará a cobrar los 5.000 pesos. El decreto del gobierno se encarga de precisarlo en detalle: para los trabajadores con una jornada de trabajo “inferior a la legal y convencional”, la asignación se abonará en forma proporcional. ¡O sea que aquellos que viven el drama de la subocupación y trabajan menos horas de las que les permitiría tener un sueldo completo, se verán castigados recibiendo apenas una parte del bono!

El decreto también señala que las empresas “en crisis o con declinación productiva” podrán pagar una suma menor y en mayor cantidad de cuotas. ¡Deja abierto a que montones de patronales aduzcan “que tienen problemas” para negarse a pagar el bono completo o dividirlo en infinitas cuotas que se comerá la inflación!

También podrá ser tomado a cuenta de futuros aumentos o incluido dentro de las cláusulas de revisión de las paritarias 2018. Esto quiere decir en concreto que, en el caso de las paritarias que se reabrieron, los aumentos otorgados “absorberán” partes del bono. Así, por ejemplo, en el gremio de Comercio, donde el salario inicial pasó en octubre de 19.747 a 21.464 pesos, este aumento se descontará del bono. Así, ese trabajador cobrará dos cuotas de apenas 783 pesos en diciembre y febrero respectivamente.

Con respecto a los estatales, no lo percibirán los trabajadores de las empresas o entes públicos (como YPF, Aerolíneas o Telam) ni los docentes y no docentes de las universidades nacionales, el personal de seguridad y defensa, los judiciales y los trabajadores del Congreso. Quedarían por fuera también, dependiendo de negociaciones en cada distrito, todos los empleados de las provincias y municipios. Los trabajadores rurales, uno de los gremios peor pagos del país, no lo cobrarán, como tampoco el servicio doméstico. A esto hay que sumarle que no recibirán un peso los casi dos millones de trabajadores públicos y privados que figuran como “monotributistas” y autónomos. Y, por supuesto, los cuatro millones de trabajadores en negro.

Los salarios pierden por goleada frente a la inflación

Apenas un puñado de gremios (como los ya citados camioneros, bancarios y petroleros) llegará con la reapertura de paritarias a un aumento de 40% en todo 2018. Aún ellos perderán más de un 5% con respecto a la inflación. Pero el 75% de los gremios no actualizó paritarias. Muchos de ellos están con aumentos que alcanzan apenas al 25%. Y todavía hay algunos que siguen con el 15% negociado a principios de año.

La inflación pulverizó los salarios. El bono negociado entre el gobierno nacional, la CGT y las patronales no sirve para nada. Es una auténtica burla. Hay que exigir un real aumento de emergencia para recuperar lo perdido y la reapertura inmediata de todas las paritarias, para que se establezca aumentos que se reajusten mensualmente por la inflación. Llevar adelante este reclamo requiere, más que nunca, que exijamos la realización de un paro nacional de 48 horas, con movilización a Plaza de Mayo, como parte de un plan de lucha contra el ajuste de Macri, el FMI y los gobernadores.

Escribe José Castillo

El mismo decreto que instaura el bono, establece que las empresas que despidan sin causa hasta el 31 de marzo de 2019 deberán comunicarlo al Ministerio de Producción 10 días antes. Que quede claro: no se suspende o deja sin efecto el despido, sino simplemente se pasa a “considerar las condiciones en que se llevará a cabo la futura extinción”. Es menos incluso que el compromiso de no despedir firmado con las empresas, y que estas incumplieron en 2016. Un auténtico “saludo a la bandera”. Volvemos a insistir con el proyecto que el Frente de Izquierda presentó repetidamente en el Congreso Nacional y en varias legislaturas provinciales: hay que prohibir por ley los despidos y suspensiones, y establecer que toda empresa que viole esta disposición será inmediatamente expropiada y pasará a ser gestionada por sus propios trabajadores.

Al gobierno de Larreta no le alcanza el desabastecimiento crónico de los hospitales. Quiere mudar y reducir los cinco hospitales especializados concentrándolos en el Muñiz y, de paso, liberar esos terrenos para negocios inmobiliarios de sus amigos. Quiere descalificar a los trabajadores de la salud para tener mano de obra barata y desprotegida para así privatizar mediante la Cobertura Universal de Salud (CUS). Exactamente lo que mandan el Banco Mundial y el FMI para que el presupuesto de salud vaya para pagar la deuda externa. La lucha es por el reconocimiento de la enfermería como profesión, pero también por la no aplicación de la nueva ley de carrera, contra el traslado de los cinco hospitales y en defensa de la escuela Grierson.

Escribe Juan Carlos Giordano Diputado nacional electo IS/FIT

La noticia bomba trascendió la semana pasada. La mesa nacional del PJ, con importantes referentes kirchneristas a la cabeza, convocó a la “unidad del peronismo”. Lo mismo hicieron Cristina, Máximo Kirchner, Kicillof y Agustín Rossi. Es decir, la unidad con Urtubey, Pichetto, Schiaretti y Massa, quienes le vienen votando todas las leyes a Macri. Esto derrumba el discurso kirchnerista que se postula “contra el ajuste de Macri” y a la vez fomenta la unidad con quienes lo aplican.

La conducción del PJ -tras la destitución de la intervención de Barrionuevo- quedó centralmente comandada por sectores que responden al peronismo kirchnerista. Forman parte de ella José Luis Gioja, el camporista Wado De Pedro, Fernando Espinoza, Agustín Rossi, Daniel Scioli y Víctor Santa María (dueño de Página12), entre otros.

La algarabía los invadió la semana pasada con la incorporación de otros representantes sindicales y políticos que se van reacomodando ante la crisis del peronismo. “Me emocioné cuando entré acá, hacía ocho años que no venía”, dijo Hugo Moyano al ingresar a la sede del PJ. El titular de Camioneros se había ido en 2011 del PJ denunciándolo como “una cáscara vacía”. Luego apoyó a Macri y ahora se acercó a las filas de Cristina. También se sumaron al PJ Héctor Daer (CGT), Pignanelli y se espera el desembarco de Hugo Yasky-CTA (ver nota aparte).
Otra de las figuras que se sumó a la “mesa ampliada” del PJ es Felipe Solá, quien se alejó del kirchnerismo en 2008 y se fue al Frente Renovador de Massa. Solá rompió con Massa y se amigó con el kirchnerismo. También lo hizo el Chino Navarro, uno de los jefes del Evita, quien junto a Pérsico se reunieron la semana pasada con Cristina.

Lo llamativo de todos estos sectores K y pro K es que llaman a la unidad a quienes le vienen votando el ajuste a Macri y apostando a la gobernabilidad para que llegue a 2019.

¿Unidad del peronismo o Frente de Izquierda?

“La división del peronismo abre el riesgo de que Macri gane en primera vuelta”, dijo Kicillof (La Nación, 11/11). Con ese argumento, el diputado y ex ministro de Cristina justifica un frente amplio con quienes vienen siendo cómplices directos de Macri. Máximo Kirchner, en un reciente acto, también llamó a la “unidad del peronismo”. Perfil tituló: “Agustín Rossi pidió hacer un esfuerzo y acercarse a Massa, Pichetto, Urtubey y Schiaretti”. El propio Massa se manifestó abierto a la oferta. Hasta dicen que Cristina no definió todavía su candidatura como un gesto hacia “la unidad” con esos sectores.

Muchos trabajadores y jóvenes, ante el tremendo ajuste de Macri, pueden ver con simpatía “un gran frente nacional” que intente ganar en 2019. Pero lo que hay que debatir con aquellos que confían en Cristina es que la ex presidenta, que se la pasó hablando “contra el ajuste”, ahora proclama la unidad con quienes aquellos que lo aplican en sus provincias, como Schiaretti y Urtubey, o que le vienen votando las leyes a Macri como Massa. Es el kirchnerismo el que llama a unirse con el peronismo funcional a Macri dejando en claro su doble discurso.

El llamado a la unidad del peronismo es otro engaño contra el pueblo trabajador y la juventud. No hay salida con el peronismo. El PJ ya gobernó con Menem y entregó el país. En los años kirchneristas se beneficiaron las multinacionales, los bancos, las petroleras y mineras y se pagó puntualmente la deuda externa. Y hoy el kirchnerismo ha reconocido que en caso de ser gobierno no va a romper con el pacto Macri-FMI ni va a dejar de pagar la deuda.

Contra Macri lo que hace falta es otra alternativa política. Una “unidad” pero de la izquierda, no unidad con políticos patronales que ya gobernaron para los de arriba. Es lo que impulsamos desde el Frente de Izquierda contra el gobierno y los falsos opositores.