Escribe José “Pepe” Rusconi

El pasado 2 de abril se cumplieron seis años de la fatal inundación de La Plata, que se llevó más de 89 vidas y dejó un catastrófico deterioro urbano poniendo en evidencia la corrupción y la postergación de obras hidráulicas en la ciudad. La Plata sigue siendo una ciudad inundable. Por eso este sexto aniversario se realizó un nutrido acto y movilización que partió desde la plaza Moreno, donde confluyeron asambleas de vecinos y la izquierda bajo el lema ¡La Plata no olvida! Se marchó hacia los tribunales de calle 8, donde en los primeros días de marzo se realizó una parodia de juicio por las responsabilidades de la inundación, en donde la jueza Grecco y el fiscal Paolini acordaron una multa irrisoria de 12.500 pesos sobre un funcionario de rango menor de Defensa Civil que se declaró culpable, dejando parcialmente cerrado el caso sobre los verdaderos responsables políticos de la inundación: Bruera, Scioli y Cristina. Finalmente se leyó el documento de la Asamblea de Inundados La Plata frente a la gobernación, donde miles reclamaron por justicia y repudiaron la impunidad del “juicio-mordaza”, garantizado por el silencio cómplice de los actuales gobiernos.

El documento apuntó también contra los actuales gobiernos que orquestan un plan de ajuste dictado por el FMI, mientras en declaraciones informan sobre obras que “permitirán dormir tranquilos a los platenses”. Pero luego de seis años la ciudad sigue vulnerable, como lo evidenciaron las lluvias del pasado 22 de febrero. Allí quedó demostrado que las obras inauguradas por Garro, Vidal y Macri son una farsa. Como si eso fuera poco, al día siguiente del masivo sexto aniversario del #2A, los máximos mandatarios municipales y provinciales se hicieron presentes en el hogar de una familia del Barrio Norte (histórico lugar de asambleas y lucha contra esta problemática), ufanándose de sus obras truchas y un falso compromiso con los vecinos. Se sacaron la foto y se fueron. Desde las asambleas se repudió enérgicamente la engañosa publicidad como una burda utilización de las necesidades de los trabajadores para fines electorales. La Plata sigue inundada de impunidad y corrupción. Por eso continuarán los planes de acción del conjunto de las asambleas barriales y no descansarán hasta que los verdaderos responsables de la inundación reciban su castigo y se avance en la finalización del inconcluso plan de obras.

Editorial

En medio de la continuidad de la debacle económica que la semana pasada le sumó el dato de la inflación récord de marzo, Macri lanzó su paquete de medidas. Pretende esconder la brutalidad del saqueo al bolsillo trabajador: desde 2015 a hoy los salarios perdieron 60% de su poder de compra y las jubilaciones y los planes sociales mucho más aún. Las nuevas medidas son tan parciales, deshilachadas, directamente truchas, que hasta los propios funcionarios oficialistas salieron a decir que solo se trata de un “mero alivio”. En realidad, son la respuesta de un gobierno que entra al período electoral con una caída creciente absoluta en las encuestas. Todas reflejan que se hunde.

No hace falta recurrir a las consultoras, cualquiera lo palpa en la calle con la bronca creciente. ¡Hasta el propio Macri anunció una que le daría arriba, la única que solo circula desde las usinas de las Rosada!

Las medidas -que encima fueron anunciadas por medio de un video casero- son un manotazo de ahogado. En su desesperación el gobierno tuvo que sentarse con las patronales para pedirles que “aflojen algo” para así tener alguna posibilidad de llegar a octubre. El dueño de Cabrales lo ejemplificó: “ni loco les daba el café, pero no me costaba nada entregar el té, que es un negocio menor” (reportaje en Animales Sueltos, 22/4), para así explicar por qué aceptó poner ese producto en el listado de “precios esenciales”. Hace apenas una semana, el propio jefe de Gabinete Marcos Peña afirmó en el Congreso “no vamos a congelar”. Luego pasó a hablar de precios congelados, más adelante que no eran congelados sino “acordados” por 180 días, para elegir finalmente el nombre de “esenciales”, garantizados por un supuesto “pacto de caballeros”. Obviamente, con estas medidas de puro marketing preelectoral (que analizamos en detalle en las páginas centrales) no va a generar ningún alivio para el pueblo trabajador.

Mientras crece la bronca, y en muchos casos la desesperación (en estos días se viralizó la imagen de una abuela intentando suicidarse en el subte), la oposición peronista sigue haciendo reuniones y giras lanzando sus precandidatos. Ya se perdió la cuenta de cuántos: Massa, Urtubey, Lavagna, Pichetto, Scioli, Rossi, Solá, Rodríguez Saá, Kicillof…). Mientras Cristina sigue en la incertidumbre de si se presenta o no. Hasta se dio la nota de color de un Sergio Berni que declaró “yo soy de derecha”, mientras afirma su pertenencia al kirchnerismo. Lo único concreto es que en ningún caso ofrecen un plan alternativo al ajuste de Macri y el FMI.

Kicillof, ante las nuevas medidas, se quejó porque le robaron la idea: “Aplican los mismos precios cuidados que nosotros”. Pero lo más importante, sin duda, es que todos los candidatos peronistas insisten en que renegociarán el acuerdo con el FMI. Como explicamos en páginas centrales, no hay ninguna posibilidad de renegociación “progresista” con el Fondo. La insistencia del peronismo, y en particular el kirchnerismo, en que van a cumplir con el FMI, reflotó el “teorema de Baglini” (se cambia el discurso a medida que se acerca la posibilidad de llegar al poder), con un giro cada vez mayor a la moderación de un peronismo kirchnerista que hace un año llegó a hacer actos con el lema “la patria está en peligro” y exaltados discursos contra el FMI.

Ante el desastre del macrismo, insistimos que el peronismo no es salida. El FIT sale a dar pelea y ha lanzado su fórmula presidencial (Nicolás Del Caño precandidato a presidente y Romina Del Plá a vice) a la que se le sumarán los candidatos de Izquierda Socialista (ver página 3).

A todo esto, ¿en qué andan los burócratas sindicales? La CGT sigue en la tregua y pacta con el gobierno de Macri, negándose a convocar al paro general con excusas insostenibles como que “no hay ambiente”. Acuña llegó a plantear que “desde todos los sectores se le dio una mano al gobierno. La CGT siempre fue prudente, como tiene que ser” (Página12, 20/4). Por su parte, la CATT (Cámara Argentina de Trabajadores del Transporte) llegó al ridículo de plantear una “retención de tareas” (ni siquiera paro) para el feriado de 1° de mayo. Su preocupación está puesta en cómo juegan en la interna del peronismo (Daer y Acuña apoyan al peronismo federal). Andrés Rodríguez, de UPCN, afirmó que “no hay que parar porque este es un año político”.

Del otro lado, tenemos a Hugo Moyano. Su sector sindical (Camioneros, junto con Bancarios y el Smata) lanza un “paro” para el 30 de abril, apoyado por las CTA Yasky y Micheli. Se trata de una medida aislada y parcial. Estos dirigentes, o no hacen nada, o “regulan” cualquier medida acomodando sus intereses a la interna del PJ. Camioneros y Moyano el 21 de febrero de 2018 utilizaron una marcha multitudinaria para llamar a “votar bien” (al peronismo) y luego le dieron la espalda a las marchas contra el presupuesto 2019 a fines del año pasado para hacer una misa en Luján.

Ante el paro del 30 que convoca el sector Moyano y las CTA, desde la izquierda y el sindicalismo combativo llamamos a parar en los gremios que han convocado, haciendo asambleas para exigir a su vez un verdadero plan de lucha y no un paro aislado. Y en los gremios donde sus dirigentes no han convocado hay que hacer asambleas en los lugares de trabajo para decidir de qué manera se participa de la jornada. Ese día, el Frente de Izquierda convoca a Plaza de Mayo y en todas las plazas del país a los actos en conmemoración del 1º de Mayo reclamando un verdadero paro nacional y plan de lucha hasta derrotar el ajuste e imponer reales medidas de emergencia para el pueblo trabajador.

El lunes 15 de abril se llevó a cabo una audiencia ante la Cámara en lo Criminal de Caleta Olivia contra tres dirigentes petroleros de Santa Cruz: Martín Oñate y Néstor Vibares, ex integrantes de la comisión directiva del Sindicato Petrolero y de Gas Privado, y Jorge Armoa, delegado de la empresa Bacssa. Están acusados de “coacción simple” y “entorpecimiento de la actividad productiva” a raíz de una lucha sindical en 2014. Una causa armada, por lo cual pedimos la absolución.

Escribe Eduardo Manzione

Acompañaron la jornada Pedro Cormack (secretario general Adosac provincial), nuestra diputada nacional Mónica Schlotthauer, quien viajó especialmente para solidarizarse participando junto a los compañeros de Izquierda Socialista de Santa Cruz, Adriana Astolfo (secretaria general de Adosac Pico Truncado), Eduardo Manzione (congresal provincial de Adosac), Luis Díaz (delegado de escuela Río Gallegos), Ileana Celotto (AGD-UBA), dirigentes del Sutna, Miguel del Plá (CTA Autónoma-PO) y familiares y amigos de los acusados presentes en una sala colmada.

La causa fue iniciada para criminalizar un reclamo gremial del año 2014 en la empresa Bacssa, de la localidad de Las Heras. Los dirigentes llevados a juicio exigían que se cumpla con el convenio colectivo del sector, pagos por desarraigo y la reincorporación de un trabajador. Lucha que surgió desde la propia base obrera a través de asambleas. El burócrata Claudio Vidal, secretario General del Sindicato Petrolero de la provincia, no acompañó la lucha, siendo funcional a la empresa y al gobierno kirchnerista.

En palabras de Vibares, la empresa se ensañó con ellos porque había muchas ganas de luchar y se eligieron delegados combativos que peleaban por los compañeros. Esta criminalización, sostuvo, busca descabezar un sindicalismo de clase y la resignación de los trabajadores para que no salgan a pelear.

Martín Oñate denunció el odio patronal hacia los trabajadores, ya que ni pidió la conciliación obligatoria, sino que inició directamente una causa penal “desconociendo” que en nuestro país existe el derecho a huelga. Los compañeros a los que se quieren condenar armaron la lista Roja qué enfrentó a Vidal.

A través de los testigos quedó claro que esta es una causa armada y que el kirchnerismo junto a la patronal de la empresa Bacssa intentan criminalizar a los que luchan. Los mismos testigos que presentó el fiscal de la causa, Ariel Candia, hicieron agua.

La empresa afirma que los petroleros impedían el ingreso y la salida de camiones causando graves pérdidas económicas. Pero sus testigos “no recordaban” ninguna supuesta actitud delictiva de los acusados y el gerente de Bacssa ni siquiera pudo presentar las filmaciones que decía tener porque afirma que “no las resguardó”.

En todo momento quedó claro que toda la lucha se votó y decidió en asambleas. Incluso dirigentes del petróleo de otras empresas se acercaron a ofrecer su solidaridad.

El juicio debería haber culminado con la absolución de los compañeros, pero habrá otra audiencia el próximo 29 de abril. La diputada Schlotthauer resumió: “Todo esto prueba lo que venimos diciendo desde la izquierda, que el ajuste y la represión son tanto de Macri como de los gobernadores, en este caso la peronista kirchnerista Alicia Kirchner”.

Nuestro partido, junto al sindicalismo combativo, estará presente nuevamente el 29. ¡Absolución ya a Vibares, Armoa y Oñate!

Escribe Gabriel Massa

Por si alguien tenía dudas de lo que es esta justicia para ricos que ampara a los corruptos, la decisión de dejar libres de culpa y cargo al primo de Macri, Angelo Calcaterra, ex CEO de la empresa familiar Iecsa, y a Paolo Rocca, mandamás de la mayor empresa industrial del país, Techint, deja las cosas totalmente en claro. Es como esos referís que “no ven” un penal flagrante delante de sus ojos.

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi procesó este martes al detenido ex ministro de Planificación Julio De Vido y sus ex colaboradores Roberto Baratta y José López en la causa por el pago de coimas para el soterramiento del ferrocarril Sarmiento. Pero al mismo tiempo declaró la falta de mérito para los empresarios, Calcaterra y Jorge “Corcho” Rodríguez. Esto a pesar de que se sabe que el consorcio que integraban estos patrones –junto con la brasileña Odebrecht y otras empresas-, depositó 4.495.250 dólares en un banco de Andorra para los funcionarios coimeros. Y también a pesar de que otros empresarios no directamente ligados al gobierno, Héctor Javier Sánchez Caballero, de Iecsa SA, y Héctor Castro Sirerol, de Comsa SA, sí son procesados por coimeros.

Por el lado de Rocca, la Cámara Federal revocó el procesamiento y dictó la falta de mérito, luego de que el juez Claudio Bonadio lo incluyera en la causa de los “cuadernos” del remisero Oscar Centeno, chofer de Roberto Baratta. En esa causa los ejecutivos de Techint Héctor Zabaleta y Luis María Betnaza reconocieron haber pagado coimas a Baratta en 2008 para que el gobierno kirchnerista facilitara negociaciones con el gobierno de Venezuela. Chávez terminó pagando una fuerte indemnización por la nacionalización de Sidor, la planta siderúrgica de Techint en ese país.

A pesar de que los altos ejecutivos reconocieron haber coimeado al gobierno, la cámara sobreseyó a Rocca, CEO de Techint, diciendo que no hay pruebas de que él supiera de las coimas. ¡Penal referí! ¿Cómo que no lo vio?

Se han lanzado las candidaturas presidenciales de varios políticos kirchneristas y del denominado peronismo federal, mientras Cristina deshoja la margarita sobre si se presenta o no. Todos están de campaña diciendo que tienen un “plan” para sacarnos del desastre provocado por Macri. ¿Lo tienen?

Escribe Juan Carlos Giordano

Por el lado del kirchnerismo se han lanzado el ex menemista, duhaldista y massista Felipe Solá, Agustín Rossi, -jefe de la bancada de Diputados- y Daniel Scioli, quien salió a desafiar a Cristina. Por el lado del peronismo anti K, están Massa, Urtubey y Pichetto, a los que hay que agregar a Roberto Lavagna, ex ministro de Duhalde y de Néstor Kirchner. Por si fuera poco también se postula Alberto Rodríguez Saá. Todos hablan de “unidad”, pero no hacen más que mostrar a un peronismo dividido y en crisis. Una verdadera bolsa de gatos que, precisamente no “se están reproduciendo”, como saben decir desde el PJ cuando se pelean públicamente.
Todos aseguran que tienen un “plan” para sacarnos de la crisis. Hablan de reactivar la economía, favorecer el consumo interno y beneficiar a las pymes y a la industria. No es un plan para los trabajadores, sino para las patronales. Pero el detalle está en que ninguno quiere dejar de estar sometido a las órdenes del FMI, a la estafa de la deuda externa y al dominio de los banqueros y las multinacionales sobre la economía y nuestras riquezas naturales como el petróleo, el gas y la minería. ¿De qué plan salvador hablan?
Axel Kicillof, quien se reunió con el FMI, ha dicho que un futuro gobierno peronista kirchnerista “no rompería con el FMI” y buscaría “renegociar la deuda desde una posición de fuerza”. La misma Cristina dijo en el Congreso el año pasado: “¿No les parece que es hora de sentarse con las 92 empresas productoras, transportadoras y distribuidoras de luz, energía, gas, agua y también las productoras de petróleo y ponerse a discutir realmente tarifas que sean accesibles?. ¿No les parece que es hora de sentarse con los industriales para ver cómo deciden una política de protección y de fomento a la industria, que se está cayendo a pedazos?” (La Política Online, 16/11/2018)
Lavagna, por su parte (con el apoyo de los burócratas de la CGT Daer y Acuña, Luis Barrionuevo, el actual gobernador santafecino Miguel Lifschitz y Margarita Stolbizer), dice lo mismo que el kirchnerismo en este punto que hay que renegociar con el FMI, y agrega que hace falta un gobierno de “unidad nacional”, basado en un pacto de “pacificación” con la Iglesia Católica, los empresarios, la burocracia sindical y los movimientos sociales. ¿Para qué? Para ejecutar “una reforma previsional, laboral, tributaria y fiscal”, es decir, lo mismo que dice Macri.
Ya los propios funcionarios del FMI adelantaron que están dispuestos a renegociar los vencimientos de la deuda con el próximo gobierno que surja de las elecciones, a cambio de “reformas estructurales”. Estas reformas consistirían, precisamente, en lo que propone Lavagna: avanzar con la privatización de las jubilaciones, la flexibilidad laboral y reducir impuestos a las empresas para aumentar las ganancias patronales.
Si gana cualquiera de los candidatos peronistas el país va a seguir sometido a los dictados del imperialismo a través del FMI y el poder económico seguirá en manos de las mismas empresas que nos dominan hoy. En esas condiciones es imposible “negociar desde una posición de fuerza”. Con el poder en sus manos, el FMI y las grandes empresas nos seguirán imponiendo el saqueo, la explotación, los tarifazos y el ajuste que hoy sufrimos.
El “plan” que proponen tanto el kirchnerismo como el resto de los candidatos del PJ, no es salida para el pueblo trabajador. Es cierto que Macri está imponiendo un brutal ajuste y un plan de saqueo, pero no es cierto, como dicen los distintos referentes peronistas, que ellos encarnan un plan económico alternativo en beneficio de las amplias mayorías, sino otro que, con distintos matices, terminarán beneficiando a los usureros internacionales, las privatizadas, los bancos y las multinacionales.
La salida que propone el FIT, en cambio, pasa por impulsar la movilización de los trabajadores, y desde esa posición de fuerza romper con el FMI y dejar de pagar la deuda externa, reestatizar las privatizadas y nacionalizar la banca y el comercio exterior, para que con esos enormes recursos se implemente un plan de obras públicas que garantice trabajo para todos, salarios y jubilaciones dignos.