Escribe José Castillo

Muchos economistas, tanto del gobierno como de la oposición peronista, atacan nuestra posición por “utópica”. Sostienen que no se puede dejar de pagar la deuda externa. Que si lo hacemos nos sobrevendrían todos los males, algunos llegan a decir que “nos invadirían” o que “nos bloquearían”.

No es cierto. La Argentina tiene recursos, produce alimentos, tiene gas, petróleo, produce acero y aluminio. Nuestro problema no es “que no entran capitales”, sino todo lo que se va por el barril sin fondo de la deuda. Por supuesto que suspender los pagos no será una medida fácil, y que deberemos complementar con otras, como proponerle al conjunto de los países latinoamericanos conformar un club de deudores para encarar de conjunto los eventuales chantajes que pueda hacernos el imperialismo.

Pero no estamos planteando algo que no haya sucedido otras veces en la historia. Los economistas Kenneth Rogoff y Carmen Reinhardt, de la Universidad de Harvard, han contabilizado doscientos casos de cesaciones de pago de deuda de los Estados desde 1800 a la fecha. Pero no necesitamos irnos tan lejos: en diciembre de 2001, presionado por las enormes movilizaciones populares del argentinazo, el entonces presidente Rodríguez Saá llegó a proclamarlo en su discurso de asunción en el Congreso. Si bien fue una suspensión de pagos parcial, e incluso a los pocos años (en 2005) Néstor Kirchner volvió a pagarla, ello bastó para que la economía saliera de la crisis en que estaba sometida y creciera, con superávit fiscal durante varios años. Como ejemplo de lo que se pudo hacer, en marzo de 2002 se otorgaron dos millones de planes sociales a los desocupados, utilizando los fondos que de otra manera se hubieran destinado a los acreedores externos.

Entonces somos tajantes. La respuesta de qué pasa si no pagamos es clara: lograríamos reactivar la economía, podríamos subir los salarios, terminar con el desempleo y darnos un plan de desarrollo. Son muchas más las ventajas que los riesgos. En cambio, si seguimos pagando, nuestro destino de miseria y marginación está cantado.

Escribe Guido Poletti

Las reservas del Banco Central de la República Argentina se redujeron en 1.449 millones de dólares el 23 de mayo pasado. El motivo fue el pago de una cuota de la deuda con el Club de París. Se trata de los montos reconocidos y negociados por el gobierno de Cristina Kirchner en 2014, cuando el entonces ministro de Economía Axel Kicillof le reconoció a este holding de países 10.000 millones de dólares de una deuda vieja, que venía de la época de la dictadura.

Hace pocas semanas también se habían abonado 1.700 millones de dólares en concepto de Bonar 2014, otro “regalito” que nos había dejado el kirchnerismo. En síntesis, pagamos casi 3.200 millones de dólares en apenas dos semanas. La conclusión: no nos habíamos desendeudado nada. Era puro discurso.

Escribe José Castillo

Toda la oposición peronista (tanto desde la fórmula Fernández-Fernández, como de las distintas candidaturas de Alternativa Federal) habla de la necesidad de renegociar el acuerdo con el FMI. Siempre aparece como la “solución” ante el hecho indiscutido de que no hay ninguna posibilidad de redistribución de la riqueza o siquiera de reactivación si sigue vigente el actual acuerdo con el Fondo.

El problema es entender en qué consiste en concreto la tan citada “renegociación”. Si tomamos los planteos kirchneristas se escuchan expresiones del tipo “hay que sentarse a discutir con el FMI ´con firmeza´”, aunque se aclara que se descarta la opción de romper el acuerdo con dicho organismo. Parecería que se tratara simplemente de una cuestión de actitud o personalidad de los negociadores.

Lo que no se dice es que el propio FMI ya ha fijado los términos en que habilitaría la renegociación. Se trataría, en palabras de la propia Christine Lagarde, de pasar del actual stand by (un préstamo que exige devoluciones en el corto plazo) a otro llamado “de facilidades extendidas”. Este último permite devolver el préstamo anterior en un período más largo (se habla de un corrimiento de los vencimientos a cinco años), a cambio de un mayor ajuste y, sobre todo, la realización de “reformas estructurales”. Estas consisten principalmente en la reforma laboral (léase la destrucción de todos los convenios colectivos y la implementación de la más absoluta flexibilización laboral) y en la reforma jubilatoria (que, arrancando de aumentar la edad jubilatoria, pasa por liquidar los regímenes especiales como el docente, no reajustar los haberes jubilatorios por inflación, privatizar y liquidar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para terminar en una privatización del sistema), También se habla de la exigencia de la privatización de las pocas empresas públicas que de una u otra manera aún existen, en particular los bancos Nación, Provincia de Buenos Aires y Ciudad y la empresa de mayoría accionaria estatal YPF.

Lo enseña la larga historia de renegociaciones de acuerdos de la Argentina con el FMI. Y también la experiencia mundial, incluso la más reciente, tal el caso de Grecia. No hay ninguna posibilidad de renegociación “progresista” con el Fondo. La opción es de hierro: o seguir sometido a ese organismo y ajustar cada vez más, o romper con el FMI para así recuperar nuestra soberanía y poder poner en marcha un programa alternativo al servicio de las necesidades populares.

Escribe Guido Poletti

Se trata del economista de cabecera de Alberto Fernández. De todos aquellos que hoy integran el núcleo central cercano a la fórmula Fernández-Fernández, Nielsen es el que tiene más llegada a “los mercados” (léase pulpos especuladores y establishment económico local e internacional). Según muchos, ya “suena” como el futuro ministro de Economía de un gobierno de los Fernández. Por eso sus declaraciones no pasan desapercibidas. En una extensa entrevista publicada en Ámbito Financiero el pasado 23 de mayo, Guillermo Nielsen se pronunció, al igual que todos los economistas cercanos al peronismo kirchnerista, por continuar el acuerdo con el Fondo y cumplir con los pagos de deuda.

Sin embargo, el sinceramiento de Nielsen fue mucho más allá y eso es lo que queremos destacar. Dijo, sin pelos en la lengua, que “tenemos FMI para ocho años más. Se van a tener que negociar los vencimientos y lograr facilidades extendidas”. Más claro, agua. Guillermo Nielsen nos aclara que, en el mejor de los casos, habrá dos gobiernos enteros sometidos a los planes de ajuste del Fondo. Esa es la “propuesta alternativa al macrismo”.

Nielsen no se detiene allí. Afirma luego que “un error fue no haber bajado el gasto público y creer que había que aumentarlo aún más y financiarlo con deuda”. Lo traducimos: corre al gobierno de Macri “por derecha”, diciendo que el ajuste tendría que haber sido aún más fuerte. Es obvio que no se trata solo de un debate de intelectuales acerca de lo que ya pasó. Guillermo Nielsen le está hablando al establishment y vendiéndose como el hombre que, desde un eventual gobierno kirchnerista, sí estará capacitado para hacer un ajuste más feroz, tal como reclaman los pulpos especuladores, para así garantizarse cobrar los vencimientos de deuda.

Tal como lo expresó la diputada nacional de Izquierda Socialista/FIT Mónica Schlotthauer, rechazamos los llamados a resignarnos a ocho años más de ajuste del Fondo: “Ocho años de FMI significan ocho años no solo de más ajuste, sino también de más saqueo, más dependencia, y que avancen la reforma laboral y jubilatoria. Los dichos de Nielsen confirman el rumbo de la fórmula Fernández-Fernández, mientras ellos nos proponen ocho años de FMI, el Frente de Izquierda responde que hay que romper con ese organismo y poner la plata en trabajo, salud, educación, ciencia y vivienda, y no para los chupasangre usureros extranjeros”.

Nuestra diputada no se quedó solo en el repudio a las declaraciones del economista de Alberto y Cristina. Presentó también un proyecto de ley planteando la ruptura con el FMI y el no pago de la deuda externa.

Un puñado de grandes monopolios transnacionales tienen el dominio absoluto de nuestras exportaciones. Los pulpos financieros controlan la especulación con el dólar y la fuga de capitales. Acá explicamos cómo terminar con todo eso, a partir de una de las medidas esenciales de nuestro programa de emergencia obrero y popular

Escribe José Castillo

Todos sabemos que la Argentina es un país rico. Produce alimentos para 400 millones de personas. Tiene gas, petróleo y varios minerales estratégicos. Sin embargo, aumentan la pobreza, los bajos salarios y el desempleo. Vamos de crisis en crisis. ¿Por qué? La respuesta es una sola: somos una semicolonia capitalista del imperialismo.

Sufrimos el saqueo de la deuda externa. Pero no solo eso. El comercio exterior (lo que se vende al exterior –exportaciones– y lo que se compra –importaciones–), quién lo hace y quién termina apropiándose de los dólares de ese negocio, es una parte esencial del mecanismo por el cual se llevan nuestras riquezas. Y que se complementa con la fuga de capitales y las bicicletas financieras que terminan en feroces devaluaciones de nuestra moneda (lo que hace, a su vez, que suban los precios y se pulvericen salarios y jubilaciones).

Por eso es fundamental, como medida complementaria a romper con el FMI y dejar de pagar la deuda, que un gobierno de los trabajadores tome el control efectivo del comercio exterior. Se trata de crear un ente estatal que, articulado con una banca también nacionalizada, tenga el manejo de esta actividad estratégica.

Ese organismo estatal de comercio exterior tendrá a su cargo diversas funciones. Determinará qué se puede exportar una vez cubiertas las necesidades populares de consumo interno. Se terminará así con cuestiones inexplicables, como que en un país con una gran industria láctea la leche sea un artículo de lujo, o que falte en las góndolas porque se prioriza la venta al exterior. O con los precios exorbitantes del pan, porque se fija el valor de la harina siguiendo el precio en dólares del trigo. Para resolver estos problemas el ente de comercio exterior adquirirá los bienes destinados a la exportación a los productores, les pagará en pesos y los acopiará antes de definir si van al consumo interno o la exportación. Tendrá la potestad, incluso, de pagarle más al pequeño productor que al grande. Luego, el Estado venderá aquello que se decide exportar, percibiendo directamente los dólares (y no como ahora, que quienes lo cobran son las multinacionales). Y así podrá definir a dónde destinar esas divisas.

Asimismo, ese ente nacional de comercio exterior será el que autorizará qué bienes se importarán, aquellos que realmente se necesiten y no estemos en condiciones de producir. Se evitará así el actual despilfarro de dólares en compras de miles de productos que terminan compitiendo y haciendo quebrar a la industria local.

La nacionalización del comercio exterior nos permitirá recuperar la potestad de elegir a quién vender y a quién comprar, en qué moneda y sobre la base de qué intereses estratégicos hacerlo, ayudando así a romper la dependencia a que siempre quieren someternos el imperialismo y sus empresas. Podremos así conquistar nuevos mercados, e incluso decidir compensar exportaciones e importaciones con algún país directamente, ahorrándonos el trámite de cobros y pagos en dólares y las comisiones millonarias de los intermediarios.
El ente de comercio exterior tomará el control de las divisas extranjeras a partir de monopolizar las exportaciones y las importaciones. Así, junto con la banca nacionalizada, estará en condiciones de decidir a quién y a qué cotización vender o comprar dólares u otras monedas. Se terminará así con la actual especulación cambiaria y la fuga de capitales.

Todo esto es lo opuesto al “vale todo” del libre cambio que tenemos con el gobierno de Macri. Pero también a “cepos”, o “comercio administrado”, donde los permisos para importar debían pasar por secretarías como la que manejaba Guillermo Moreno, u otras medidas inútiles que solo sirven para que algunos amigos del gobierno hagan sus negocios, pagos de coimas mediante.

La nacionalización del comercio exterior y de la banca son medidas esenciales para un programa de emergencia que, comenzando por la ruptura con el FMI y el no pago de la deuda, ponga la prioridad en resolver las más urgentes necesidades populares. Por supuesto que deben estar acompañadas por otras. Remitiéndonos solamente a los rubros directamente vinculados a la exportación, se impone la reestatización de todo el complejo gasífero petrolero, rescindiendo las concesiones a las multinacionales del sector y concentrando todo en una o dos empresas estatales (tal como fueron históricamente YPF y Gas del Estado), que funcionen gestionadas directamente por sus trabajadores. En lo que respecta al complejo agroexportador, será necesaria la realización de una profunda reforma agraria que expropie a los grandes terratenientes, respetando al pequeño productor y a la propiedad cooperativa, para así potenciar tanto el acceso a la tierra como un desarrollo productivo integral y equilibrado. Todo en el camino de un régimen social distinto, el único que puede garantizar el real desarrollo de la economía argentina y la satisfacción de las necesidades del pueblo trabajador: el socialismo.

El comercio exterior argentino copado por las multinacionales

Se trata de una realidad que viene de lejos. Es así durante el macrismo, pero también lo fue en la época kirchnerista. Un grupo de empresas transnacionales monopolizan nuestras exportaciones. Ellas venden nuestras riquezas, prácticamente no pagan impuestos, son dueñas hasta de los puertos por donde salen los productos, nadie las controla y, en la mayoría de los casos, ni siquiera reinvierten los dólares que cobran en la economía argentina.

Son un puñado de apenas quince empresas que exportan por más de 1.000 millones de dólares. Si exceptuamos a YPF y Techint, la presencia de multinacionales extranjeras es apabullante: Cargill, ADM, Bunge, Cofco y Dreyfuss aparecen como las principales exportadoras del complejo agrícola. A esto hay que sumar las terminales automotrices, todas extranjeras (Toyota, Fiat, Ford, Volkswagen). Y los pulpos transnacionales del gas y el petróleo. Así es cómo nuestras riquezas y el trabajo argentino se terminan yendo por el agujero de un comercio exterior al servicio del capital imperialista.