Escribe Adolfo Santos

El papel de los dirigentes de la CGT en medio de la pandemia y la brutal crisis económica es deplorable. La semana pasada denunciamos la reunión con la cúpula de los grandes empresarios, donde no hicieron un solo reclamo en favor de los trabajadores y acabaron avalando las reivindicaciones patronales de reducción impositiva. Es una vergüenza que quienes deberían representar a los trabajadores acaben sumando sus voces para defender los intereses patronales.

Esta semana, en un documento firmado por Héctor Daer y Carlos Acuña, la CGT respaldó la propuesta del gobierno argentino presentada a los buitres de la deuda. “Es importante alcanzar consenso para evitar el default, que relegaría otra vez las posibilidades nacionales de crecimiento, de generación de empleo y de desarrollo productivo”, dice el documento. ¡Mienten! Nunca en la historia el pago de la deuda, hecho por cualquier gobierno, sirvió al crecimiento, a la generación de empleo y al desarrollo productivo.

Alejados de los trabajadores, los burócratas colocan los aparatos sindicales al servicio de la usura internacional. “No queremos un default ni un acuerdo que signifique un castigo para el futuro del pueblo”, dicen. Saben que no hay forma de pagar la deuda sin un duro sacrificio de la población trabajadora. Los compromisos del gobierno están sustentados sobre la base de la reducción de la inversión pública. Serán disminuidos los presupuestos de salud, educación, vivienda y obras públicas, lo que significa más deterioro de las condiciones sociales. 

No tienen la menor vergüenza de juntarse con la Asociación de Bancos, el ex ministro de Finanzas Luis Caputo y Domingo Cavallo, que también ponderaron la propuesta de pago. Diferente de lo que dicen los burócratas sindicales en su documento, no se trata de “un acto de sensatez” ni de “una solución sustentable para que el país pueda desarrollarse”. Lo único sensato sería suspender de inmediato los pagos de una deuda fraudulenta, ilegal e impagable. Cuanto más se paga más se debe, por eso no existe ninguna posibilidad de desarrollo mientras se continúe cediendo al chantaje de los usureros internacionales.

Otra demostración de lo que representan estas direcciones burocráticas la dio Héctor Daer. El Sindicato de Camioneros bloqueó los ingresos de diferentes centros de distribución de la empresa Mercado Libre en reclamo de mejores condiciones laborales y salariales para sus trabajadores que, hasta ahora, pertenecen al gremio de Cargas y Descargas. No vamos a entrar en el mérito de esa pelea entre direcciones burocráticas, no confiamos en ninguna, pero llamó la atención que Daer saliera presuroso a condenar el bloqueo a la empresa. “Bajo ningún punto de vista el pleito se puede solucionar con un bloqueo”, dijo. La preocupación no era con la flexibilización laboral que sufren los trabajadores de Mercado Libre, con sus bajísimos salarios y escasos beneficios, sino posicionarse contra la medida de fuerza. La empresa del multimillonario Marcos Galperín ha tenido ganancias exorbitantes durante la pandemia. En el primer trimestre del año tuvo una ganancia bruta de 312.8 millones de dólares y su facturación continúa creciendo. Se le podría exigir un excelente convenio, algo que los burócratas de la CGT se niegan a hacer.

Superar la burocracia con el sindicalismo combativo

Ahora preparan nuevas mesas de negociación entre la UIA y la CGT para analizar formas de flexibilización laboral con el pretexto de mantener la fuente de trabajo. De espaldas a los trabajadores, como cuando acordaron la rebaja de 25% de los salarios y el congelamiento de las paritarias, continúan en una tregua insustentable mientras se aplican medidas de ajuste, se cierran empresas, se despide trabajadores o se abren programas de despidos voluntarios, como en YPF, y la inflación no se detiene. En última instancia, la burocracia sindical acaba siendo vocera de los empresarios y del propio gobierno, al que le están dando un apoyo incondicional.

Mientras tanto, los trabajadores no se han quedado de brazos cruzados. A pesar de las limitaciones que impone la cuarentena, que generan dificultades para la movilización, los conflictos se suceden a lo largo y ancho del país. Mineros, docentes, aeronáuticos, ceramistas, trabajadores de la alimentación, estatales, municipales y, especialmente, los trabajadores de la salud, han salido a reclamar por sus derechos demostrando un descontento y una insatisfacción que se va generalizando.

En esas luchas la burocracia cegetista brilla por su ausencia. Ese espacio está siendo llenado por nuevos activistas independientes y el sindicalismo combativo, que se ha puesto a disposición en cada conflicto para llevar solidaridad y procurar la coordinación de las luchas en curso. Todavía es una alternativa incipiente que se viene desarrollando, sin embargo ha recibido un amplio reconocimiento de los que luchan. Ante la traición de la vieja burocracia sindical, importantes sectores comienzan a ver la necesidad de construir una nueva dirección combativa, democrática y que esté al servicio de sus luchas contra la patronal y el gobierno. Sin dudas, el Plenario del Sindicalismo Combativo tiene todas las condiciones y se postula como esa alternativa.

Escribe Diego Martínez

En los últimos días se volvió a poner sobre el tapete el problema de la inseguridad a raíz de los sucesivos casos que se vienen incrementando en el Gran Buenos Aires. Se trata de hechos lamentables que reflejan la descomposición social en la que vivimos en esta sociedad capitalista.

No fue un hecho aislado ni es la inseguridad una mera “sensación” inventada por los medios de comunicación, como muchas veces quiso explicar el peronismo kirchnerista. Los delitos aumentan cada vez más como expresión de la profunda crisis social que estamos atravesando. Son una realidad. Y el epicentro hoy es el Gran Buenos Aires. El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, explicó esta situación diciendo que, debido a la flexibilización de la cuarentena, hay una “vuelta al ritmo normal de la delincuencia” (Infobae, 23/7/2020). Lo que intenta hacer Berni es tapar el sol con las manos. La delincuencia tiene sus principales raíces en las mafias ligadas a la policía y los punteros políticos que responden a los gobiernos municipales y provinciales. Mafias que se nutren usando como carne de cañón a miles de jóvenes que no encuentran un proyecto de vida. Por eso la verdadera causa del aumento de los robos y la violencia hay que buscarla en el crecimiento de la pobreza y de la marginalidad, fenómenos a los que el gobierno peronista de Alberto Fernández no da respuesta, al contrario, se profundizan. En tan solo seis meses el índice de pobreza trepó de 36% a 47% (datos Observatorio Social de la UCA, julio 2020). La desigualdad social y la exclusión de millones del mercado de trabajo son el caldo de cultivo para el crecimiento de la delincuencia. Así, miles de jóvenes que no encuentran un proyecto de vida terminan siendo parte de redes de narcotráfico vinculadas a la policía y al poder político de turno. Es un fenómeno que provoca el capitalismo en todo el mundo y que en el país se viene profundizando por las políticas de ajuste de los sucesivos gobiernos patronales.

Los principales afectados por la inseguridad son los trabajadores y los sectores más empobrecidos. Mientras los ricos viven en countries o en barrios custodiados por seguridad privada, millones de trabajadores que se trasladan a sus lugares de trabajo todos los días esperando el colectivo o el tren muy temprano en la mañana, o volviendo tarde a su casa, se exponen al robo y a la violencia. Los vecinos temen que les roben lo que con tantos años de esfuerzo fruto de su trabajo lograron conseguir, viven angustiados cada vez que sus hijos van y vuelven de la escuela o cuando los abuelos van al banco a cobrar sus magras jubilaciones. Es por eso que comprendemos la lógica preocupación que existe entre ellos.

La policía es parte del problema

La inseguridad se potencia en los barrios porque muchas veces es la misma policía la que está involucrada. No hay delito grave (tráfico de drogas, trata sexual, secuestros, salideras bancarias) en el que no sea parte directa o cómplice. Se ha demostrado también que en muchas oportunidades la policía “libera” zonas, barrios enteros, para el robo a cambio de un porcentaje de lo hurtado. La policía y las fuerzas represivas en general, que se presentan como la solución al drama de la inseguridad son, en realidad, una parte importante del problema. En el año 2009 se conoció el caso de Luciano Arruga, de La Matanza, que se negó a robar para la policía y terminó siendo desaparecido y asesinado. Por eso es que no creemos que la medida propuesta por Berni (quien dice responder directamente a Cristina ), avalada por el gobernador Kicillof y el gobierno nacional, de enviar a la Gendarmería a distritos populares del conurbano, como Avellaneda, La Matanza, Quilmes, Almirante Brown, Moreno, Esteban Echeverría, Florencia Varela y Lomas de Zamora sea una solución. Lejos de combatir verdaderamente el delito, sólo servirá para incrementar la represión, que ya se viene dando durante la cuarentena. En La Matanza recientemente fue asesinado el joven Lucas Verón, de 18 años, fusilado por una pareja de policías. No se trató de un caso aislado. Según un informe de la Correpi, en lo que va de la cuarentena, suman 71 los casos de gatillo fácil en todo el país, más de veinte en el conurbano bonaerense. La policía bonaerense desaloja a los vendedores ambulantes de las calles del conurbano, cuyo único ingreso es el que generan con la venta en los distintos distritos. También reprimió a los trabajadores del frigorífico Penta que reclamaban por su fuente de trabajo en medio de la cuarentena. Diariamente, los vecinos sufren el hostigamiento de la policía en los barrios. Y como si esto fuera poco, la bonaerense también está involucrada en la desaparición de Facundo Astudillo Castro.

Cómo pelear contra la inseguridad

Pasan los años, cambian los gobiernos patronales, todos prometen acabar con la inseguridad pero ninguno lo hace. Ponen más policías en las calles con la idea de que la “mano dura” resuelve la cuestión, militarizan los barrios populares y las villas de emergencia instalando la sospecha de que “todos los pobres son chorros”, cuando la inmensa mayoría de los vecinos sale a trabajar todos los días, incluidos los más empobrecidos, que no tienen un trabajo fijo y se ganan el pan honestamente, como pueden, haciendo changas y exponiéndose también a la inseguridad. Pero nada cambia, ¿por qué? Porque los gobiernos patronales no atacan la causa de fondo de la inseguridad, la pobreza y la exclusión social que se generan como consecuencia de las políticas de ajuste de los sucesivos gobiernos, de PRO, la UCR o el peronismo, en este caso de Alberto Fernández.

Lo que hay que hacer para acabar con este flagelo, que castiga principalmente a los trabajadores y sectores populares, es luchar por otro plan económico que termine con el hambre, la pobreza, la desocupación y la marginalidad. Queremos educación, salud y trabajo. Que los jóvenes tengan un futuro para no caer en el delito siendo utilizados por los narcos o la policía como carne de cañón. Hay que terminar con las cúpulas policiales corruptas y los jueces cómplices. Tenemos que ser los vecinos quienes elijamos por voto directo a los comisarios, así como a los jueces a través del voto popular. Apoyamos la autoorganización y movilización de los vecinos que vaya en este camino. En distintos barrios se vienen dando asambleas donde se discuten medidas para disuadir el delito, sin caer en los linchamientos ni la justicia por mano propia, y controlar el accionar policial. De esta forma, con los cambios de fondo que necesita el país, podremos empezar a detener este terrible flagelo.

Se dio a conocer el video donde el intendente del Frente de Todos de José C. Paz, Mario Ishii, increpa a un grupo de choferes de ambulancias del municipio que reclamaban por su situación laboral.
Muchos medios de comunicación se han escandalizado por los dichos de Ishii, cuando dijo que él los “cubre cuando llevan falopa en las ambulancias”. Y hasta un fiscal lo llamó a declarar.
El gobierno provincial de Kicillof salió en defensa del intendente con el absurdo argumento de que “fue sacado de contexto”.
Este hecho no hace más que confirmar los vínculos del poder político, policial y judicial con los narcos y demás empresarios de actividades clandestinas, como el juego, la prostitución o los desarmaderos.

Pero lo que ninguno cuestionó, y la dirigencia sindical de la CGT ni mencionó, son las tremendas condiciones laborales de los choferes de ambulancias del municipio y las respuestas “negreras” que les dio Ishii.
Ishii se quejó de haber tenido que viajar kilómetros para asistir a la asamblea que hacían los choferes frente a la  intendencia. ¡Claro, él vive en un country en Pilar, lejos del populoso municipio de José C. Paz!
Luego les dijo que no iba a aceptar que hagan asambleas o piquetes y que “al que no le gusta el trabajo, se puede ir”. “Después no vengan a pedirme trabajo, como siempre”, remató.
Les aclaró que él solo iba a darles “60.000 pesos por ambulancia, para dos trabajadores, veinticuatro horas por día, los treinta días del mes”. O sea, que a cada chofer y a su acompañante les daba 30.000 pesos por mes, sin francos ni descansos. Porque mientras uno maneja, el otro debe acompañar y después hacen el cambio. O sea, trabajo semiesclavo por 30.000 pesos, sin francos, veinticuatro horas por día. ¿Y el convenio laboral? ¿Y el sindicato? 

Así se maneja Ishii, como patrón de estancia, al igual que todos los “barones del conurbano bonaerense”. Por eso desde el gobierno provincial y el peronismo todos salieron a apoyarlo.
Desde Izquierda Socialista repudiamos el trato de Ishii hacia los trabajadores municipales y choferes de ambulancias y exigimos que pasen todos a planta permanente ya, trabajando bajo convenio, que cobren un salario digno, con ocho horas de trabajo y los francos correspondientes. Que se nombren todos los choferes y trabajadores municipales que sean necesarios para enfrentar la pandemia. Que la crisis la paguen los grandes empresarios, no los trabajadores y el pueblo.

Izquierda Socialista FIT Unidad, José C. Paz

Escribe Nicolás Núñez, legislador porteño electo Izquierda Socialista/FIT Unidad 

A 86 días de la desaparición de Facundo Astudillo Castro, Alberto Fernández se comunicó con su madre, Cristina. Para que el presidente mostrara interés en una nueva desaparición forzada, la familia y los abogados debieron mover cielo y tierra en la provincia de Buenos Aires buscando pruebas, peleándose con el fiscal puesto por el Estado y denunciando el encubrimiento de la bonaerense para conseguir, recién a los 45 días de la desaparición, que la Justicia les tome la denuncia. Afrontando maniobras mediáticas y, junto a los organismos de derechos humanos independientes, la izquierda y algunos pocos periodistas comprometidos, lograron instalar el tema en la opinión pública.

En su llamado, el presidente habría afirmado: “Seré severo si advierto responsabilidad del Estado”. Se ve que entre tantas reuniones con gobernadores, empresarios y burócratas sindicales el presidente no viene siguiendo el caso.

El viernes pasado se hicieron las pericias en los patrulleros de la comisaría de las localidades de Teniente Origone y Mayor Buratovich. Un perro del perito convocado por la familia de Facundo, Marcos Herrero, encontró rastros en una camioneta, contradiciendo así todo el discurso de la bonaerense y del ministro Sergio Berni. A su vez, la mamá y un abogado pidieron la remoción del fiscal Santiago Ulpiano Martínez, un funcionario que defendía genocidas. El Estado podría interceder al servicio de este reclamo a través del Ministerio Público Fiscal. La Policía Federal, llevada por Berni y Sabina Frederic, viene actuando en connivencia con la bonaerense y filtra información a los medios locales con el objetivo de desviar la investigación. La Federal, además, plantó una testigo preparada por la bonaerense que dijo que había llevado a Facundo a Bahía Blanca, días después negó todo.

El gobierno tiene responsabilidad política en la escalada que se desató en todo el país en el marco de la cuarentena, con 71 asesinatos en manos de las fuerzas “de seguridad”, y desapariciones forzadas como la de Luis Espinoza, en Tucumán, y ahora la de Facundo Castro. El empoderamiento de las fuerzas represivas jamás se da sin un correlato en el aumento de la violencia contra el pueblo trabajador. Pero también es responsable el gobierno de que la investigación no avance a la velocidad necesaria, dilatando las medidas concretas que exigen la mamá de Facundo y sus abogados.

Este jueves 30 se cumplen tres meses de la desaparición. A las 11 vamos a marchar a la Casa de la Provincia de Buenos Aires junto al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia por la aparición con vida de Facundo en una jornada que se replicará en todo el país. Las acciones tendrán epicentro en Pedro Luro, pueblo del cual Facundo salió el 30 de abril.

En los últimos días, desde la fiscalía a cargo de José Bringas, a través de medios de comunicación, se involucró con amenazas dirigidas al viceintendente Daniel Passerini, a la Concejala electa Cintia Frencia y a la banca del Frente de Izquierda Unidad que ocupa Laura Vilches y que por acuerdo de rotación asumirá la mencionada en 2021. Se trata de una operación político-judicial en la cual la Fiscalía, a cargo del Dr. José Bringas, se coloca al servicio de gobiernos ajustadores y represivos. Pretenden reforzar la escalada represiva que comenzó con la cuarentena y fue recrudeciendo. En momentos en que se desarrollan luchas populares por el salario, las condiciones de trabajo, las  jubilaciones, la tierra y la vivienda, el gobierno de Schiaretti-Llaryora muestra los dientes y despliega sus armas represivas contra el pueblo en general y contra nuestro Frente por haber estado en la lucha, junto a los reclamos populares. Esta operación es una maniobra distractiva para correr el eje de las luchas mencionadas, pero particularmente cuando el ejecutivo municipal descarga su ataque contra los y las trabajadoras municipales.
Rechazamos categóricamente las falsas acusaciones sobre nuestro involucramiento con conductas que son totalmente ajenas a los métodos del Frente de Izquierda Unidad y que hemos rechazado, inclusive, a través de nuestra banca en el Concejo, en la sesión de fecha 17 de julio del corriente año.
Desde las pantallas de televisión se repitió una y otra vez que el caso estaba casi esclarecido, que se habría identificado a los supuestos tres responsables, y que las imputaciones estaban a punto de efectivizarse. Pero sólo se dio el nombre de nuestra compañera, y cuando nos presentamos ante la fiscalía, se nos dijo que la causa estaba bajo secreto de sumario y que no había imputación. Sin embargo, en la prensa se afirmaba que se esperaban resultados de pericias telefónicas para demostrar la supuesta relación con el caso.
Varios días después, no hay resultados de pericias, ni una sola prueba, ni tampoco imputación. No hay absolutamente nada que involucre a nuestra compañera Cintia Frencia, y a nuestra fuerza política.  Sin embargo, desde el gobierno municipal, en boca del viceintendente, Daniel Passerini, afirmaron: “hay una presunción importante y creo que a toda la sociedad, nos tiene que dar tranquilidad de que no hay impunidad en esta cuestión y de que el trabajo de la fiscalía y de la policía está sobre una pista importante. Estos hechos reflejan prácticas violentas, totalmente repudiables, de un sector muy pequeño de nuestra sociedad”.
Que el fiscal haya hecho trascender información extraoficialmente, en una causa que aún está bajo secreto de sumario y sin siquiera haber notificado fehacientemente a las partes involucradas, es lisa y llanamente un delito. Esto podría habilitar el Jury de Enjuiciamiento para la destitución del Fiscal Bringas (en la legislatura) por incumplimiento de sus deberes como funcionario público. A pesar de las inconsistencias de las acusaciones y la ausencia absoluta de pruebas, el armado liderado por el fiscal Bringas ya ha sentenciado públicamente al Frente de Izquierda Unidad y Cintia Frencia, con el perjuicio que ello conlleva.
 El caso reviste una gravedad extrema, porque muestra hasta dónde el poder judicial está al servicio del gobierno provincial y municipal, y de todos quienes gobernaron la provincia.
En este marco, las organizaciones sindicales, de las mujeres y disidencias, políticas y sociales, van expresando su rechazo a las falsas acusaciones en contra de la Concejala del FIT-U. En ese sentido, ya se han pronunciado la asamblea ni una menos, la CTA Córdoba, el sindicato de municipales de Jesús María, la AGD UBA, el cuerpo de delegadxs del INTI, los Sutebas recuperados, entre los primeros pronunciamientos.
Es preciso reivindicar la trayectoria intachable del Frente de Izquierda al servicio de la defensa incondicional de los trabajadores y las causas populares, que no vamos a abandonar ante el escenario de profundización del ajuste. Por todo lo planteado, hacemos sentir el rechazo a este atropello, puesto que la operación en curso es una expresión de la política represiva al servicio del ajuste. Llamamos al conjunto del pueblo trabajador, a las organizaciones populares a adherir al pedido de rechazo ante esta operación orquestada por poderes del Estado. Derrotar la maniobra represiva resulta de primer orden para defender el derecho a luchar por todos los reclamos pendientes, y para que la crisis la paguen los capitalistas.

Frente de Izquierda Unidad

PO, PTS, Izquierda Socialista, MST