Acaba de salir, editado por Sudamericana, el libro de Cristina Fernández de Kirchner. Rápidamente se convirtió en un boom editorial, agotando tres ediciones en unos pocos días. Con Sinceramente, Cristina lanza de hecho su campaña electoral.

Escribe Guido Poletti

El libro tiene dos objetivos bien concretos. Por un lado, reafirmar y darle argumentos a sus militantes y simpatizantes de por qué hay que votar a Cristina frente al “caos” de Macri. Por otra parte, busca llegar a un público más amplio, intentando convencerlo de que debe volver “ella”.

En un estilo fuertemente autorreferencial, las casi 600 páginas tratan de demostrar que los doce años de gobiernos kirchneristas fueron “una batalla por implantar un modelo de inclusión social y redistribución del ingreso” y que mayoritariamente lo lograron. Los únicos impedimentos habrían sido las “corporaciones”, fundamentalmente el Grupo Clarín, que lograron que algunos sectores confundidos terminaran votando a Macri en 2015. Claramente esto no fue así: una parte importante de la clase trabajadora y los sectores populares le dieron la espalda por la bronca creciente por los salarios que se deterioraban frente a la inflación de entonces, por el impuesto al salario y por una pobreza y trabajo en negro que seguían existiendo, por más que se los negara con los números truchos del Indec. Que el actual ajuste macrista haya empeorado más aún las condiciones de vida de los trabajadores no nos puede hacer olvidar lo que pasaba en los tiempos del kirchnerismo.

Lo que no dice

Uno de los aspectos más llamativos del texto es, contradictoriamente, aquello de lo que no se dice ni una palabra. Se hubiera esperado una explicación (justificativa aunque sea) acerca de la intervención del Indec y la falsificación de los indicadores. No hay una palabra: Cristina se explaya sobre las mejoras en el salario y la baja de la pobreza sin hacer mención de que los números que utiliza están muy fuertemente cuestionados. Es como si la inflación nunca hubiera existido durante el kirchnerismo.

Como era de esperar, hay largas páginas donde se elogia la política de derechos humanos de su gobierno. Pero el lector perdería el tiempo si buscara explicaciones de qué pasó con Jorge Julio López (su nombre no figura en el libro), ni, mucho menos, el porqué de la designación del general Milani al frente del Ejército, otro gran ausente del texto.

Cristina sostiene también que la renacionalización parcial de YPF fue uno de los grandes hitos de su segunda presidencia. Pero, y a pesar de que el libro “retrocede” en la historia incluso a la década del 70, no hay un renglón que justifique por qué los Kirchner fueron vanguardia en garantizar la privatización de YPF durante el menemismo. Tampoco se explica por qué se dejó a Repsol agotar las reservas de gas y petróleo, o el escándalo de cuando, con la excusa de la “argentinización” de YPF, se hizo entrar como socio minoritario a Esquenazi, un empresario amigo de la pareja presidencial.

Lo que sí dice sobre la deuda, Vaca Muerta, la burocracia sindical y el aborto

Hay un aspecto en el que Cristina no tiene doble discurso: señala con lujo de detalles todo lo que se pagó en concepto de deuda externa, tanto a los acreedores en los dos canjes (2005 y 2010), como el pago en efectivo y por anticipado al FMI (2006), al Club de París (donde incluso se aclara que se sabía que era una deuda “vieja” generada directamente por la dictadura), a las privatizadas por los fallos del Ciadi y a la propia Repsol por YPF (páginas 181, 197-205, 332-333 y 351-356). Se citan los miles y miles de millones de dólares que se desperdiciaron como si ello no fuera problema. Como contrapartida, se defiende afirmando que estuvo bien que los trabajadores tuvieran que pagar impuesto a las ganancias por su salario.

Refiriéndose a YPF, defiende el acuerdo con Chevron y acusa al gobierno de Macri de pretender apropiarse de los logros de Vaca Muerta (páginas 303 a 309), cuando fue justamente el gobierno de Cristina el primero que dio vía libre para la explotación vía fracking (con el desastre ambiental que genera). Y no dice que ese acuerdo fue escandalosamente declarado “secreto” y significó el puntapié inicial para la entrega que hoy se desarrolla a pleno con muchas otras transnacionales saqueando nuestras riquezas.

Otra parte que no tiene desperdicio es cuando explica su relación con la burocracia sindical peronista. Reflexivamente, es en lo único en que se “autocritica” de algo. Señala que no debería haber roto puentes con Moyano, explicando que tendría que haber seguido el consejo de Néstor Kirchner, que siempre le decía que el gran error de la juventud peronista de los 70 había sido atacar a la dirigencia sindical (páginas 296 y 297). Cristina afirma, muy claramente, que de acá en adelante su alineamiento con dichos dirigentes será sin fisuras.

En el capítulo donde relata su posición frente al aborto, reconoce que estaba originalmente en contra y que cambió de posición por los planteos de su hija Florencia. Pero da un guiño a la Iglesia al destacar la “gran militancia juvenil, que se expresó tanto en los pañuelos verdes como los celestes” (páginas 415 y 416), metiendo todo en la misma bolsa y llamando a la unidad de ambos sectores, tal como se ve también en las largas y elogiosas páginas dedicadas al papa Francisco (páginas 383 a 414).

¿Y ahora cómo sigue?

Muchas otras cosas se podrían mencionar de este largo libro. Pero dejamos para el final una expresión que, en clave histórica, es ciertamente para “expertos en historia peronista”. Cristina insiste en que no comprende por qué tanta saña contra ella. Y le pregunta a uno de los mayores empresarios argentinos (no cita el nombre): “¿Qué fue lo que les molesta de lo que decimos o hacemos que los hace votar en contra nuestro después de haber ganado tanta plata durante nuestros gobiernos?” (página 560). Y llama a que “no tengan miedo porque, después de todo, las yeguas somos herbívoras” (página 269). Lo traducimos para las jóvenes generaciones: cuando en 1973 Perón volvió al país decía que lo hacía “como un león herbívoro”, a “unir a los argentinos”. Cristina, que definitivamente no es Perón, usa esa expresión para tranquilizar al establishment internacional, que expresa preocupación en relación a si un futuro gobierno kirchnerista va a seguir pagándole a los usureros internacionales.

El kirchnerismo, a través de todos sus voceros (dirigentes políticos, economistas, legisladores) está diciendo a quien lo quiera escuchar que no va a romper con el FMI y que va a seguir pagando la deuda externa. Por más que lo escondan detrás de eufemismos del estilo “vamos a renegociar”.

Este es el sentido profundo de una Cristina que afirma que volverá “para no pelearse con nadie”, como “yegua herbívora”. Justamente por eso decimos que no son salida para los trabajadores. Somos tajantes: desde la izquierda decimos que si queremos un plan económico que priorice el trabajo, el salario y las otras necesidades del pueblo trabajador no hay otra salida que “pelearse” con el FMI, romper el acuerdo y suspender inmediatamente los pagos de una deuda externa que no solo es usuraria, sino también ilegal, inmoral e ilegítima.

El senador, jefe del bloque de senadores del PJ y precandidato presidencial de Alternativa Federal, Miguel Ángel Pichetto, viajó a Estados Unidos, donde realizó una conferencia en la Universidad de Columbia y se reunió con varios de los principales fondos de inversión con intereses en la Argentina.

Su visita coincidió con los días de mayor crisis del dólar y el riesgo país de la semana pasada por lo que Pichetto tuvo que explayarse y dar respuestas sobre el tema. Fue clarísimo: “Si gana nuestro espacio habrá un fuerte compromiso de pago”. Buscaba así exorcizar cualquier fantasma de que un eventual triunfo de la oposición peronista llevara a una ruptura con el Fondo o a una suspensión de los pagos de la deuda. Más claro, imposible.

El 9 de abril salió a la luz la noticia de la sanción por parte de la empresa de colectivos Indalo, con catorce días de suspensión al chofer Javier Carreras de la línea 502 de la ciudad de Neuquén. El hecho generó un gran repudio social y fundamentalmente en la comunidad educativa, ya que la sanción se debe a un gesto solidario del chofer para con los niños estudiantes de una escuela de las afuera de la ciudad donde asisten alumnos de las barriadas vecinas.

Desde hace un tiempo la empresa y el municipio, arbitrariamente, cambiaron el recorrido obligando a que los chicos tuvieran que caminar cerca de quince cuadras para llegar al establecimiento educativo por un sector descampado y con riesgos de sufrir robos, violencia y peligros, como efectivamente ocurrieron. La dirección del establecimiento solicitó por nota que se restituya el recorrido anterior, pedido que la empresa ignoró completamente. El trabajador, al enterarse de hechos delictivos, tomó la decisión de cambiar el recorrido para acercarlos a la escuela. La empresa, en vez de convalidar dicha determinación, hizo lo opuesto, sancionando al chofer.

La actitud represiva y persecutoria de la paternal hacia los choferes es un accionar cotidiano en todos los sentidos, ya que los obligan a trabajar sin condiciones laborales adecuadas y prestando un servicio muy deficiente hacia los usuarios, que diariamente manifiestan decenas de denuncias y situaciones de incumplimiento.  Detrás de este gesto del chofer existe un hecho de solidaridad y empatía entre trabajadores y usuarios que ninguna empresa podrá entender, y por esto sanciona a quien muestra preocupación por sus pares.

Desde la banca de Izquierda Socialista/FIT, la diputada Angélica Lagunas llevó la denuncia a la Legislatura y se logró que la sesión plenaria votara una declaración de repudio a la sanción (solo votaron en contra los diputados de Cambiemos) que manifiesta en su artículo 1º su rechazo a la sanción por parte de la empresa Autobuses de Neuquén contra el chofer de la línea 502 de la ciudad de Neuquén. Los restantes artículos exigen de las autoridades competentes, como la Secretaría de Trabajo, que arbitren los medios para quitar la sanción. En el mismo sentido se está impulsando una declaración similar en el Concejo Deliberante de la ciudad por parte de nuestro concejal Manuel Sánchez. A su vez se avecina una pelea legal porque la empresa inició una causa penal contra la diputada por respaldar al chofer.

Corresponsal

El gobierno de Macri quiere bajar la edad de imputabilidad de 16 a 15 años mediante una ley que se debate en el Congreso llamada “nuevo régimen penal juvenil”. Apunta contra niñas, niños y adolescentes a quienes considera peligrosos. Es parte de la política de mano dura de Patricia Bullrich. Nuestros diputados Juan Carlos Giordano y Laura Marrone expusieron en el Congreso repudiándola. Lo mismo hicimos acá en la Legislatura de Córdoba.

Escribe Ezequiel Peressini Legislador de Izquierda Socialista/FIT de Córdoba

Decenas de organizaciones sociales, de derechos humanos, juristas y especialistas en el tema nos plantamos contra esta iniciativa que busca criminalizar a la juventud. Con una campaña demagógica, Macri y sus funcionarios buscan bajar la edad de imputabilidad diciendo que con eso habrá más seguridad. Una mentira total.
Ni siquiera las estadísticas lo acompañan. Solo el 4% de los delitos son cometidos por menores, y de ellos solo el 1% es grave. Quiere decir que los verdaderos delincuentes están en otro lado.

El gobierno y la oposición patronal están por bajar la edad

El gobierno dice que es necesario modificar el decreto aberrante que viene de la dictadura. Pero lo van a cambiar para peor, bajando la edad de imputabilidad y fijando penas más altas para los menores.
Todos los gobiernos “democráticos” sostuvieron ese decreto durante décadas y ahora todos coinciden en bajar la edad. En 2009, el kirchnerista Scioli promovió bajar la edad a 14 años. La ley se aprobó en el Senado y fue defendida por Cristina Kirchner diciendo que era “una adecuación a los tiempos que corren”. Massa también acuerda con bajar la edad a 14 años.
Se argumenta que otros países la bajaron aún más, a 12 años en Brasil, a 13 en Nicaragua y a 14 en Chile. Pero lo que no dicen es que en esos países aumentó la criminalización hacia los pibes y no bajó la inseguridad.

La mano dura fracasó

Las organizaciones que trabajan con menores se han manifestado en contra porque viola los derechos de niñas, niños y adolescentes. Luis Pedernera (Comité de los Derechos del Niño de la ONU), recomienda no reducir la edad de imputabilidad y no aumentar las penas. Unicef advirtió que el sistema penal juvenil “no puede utilizarse como respuesta tardía a las fallas en la protección de los derechos de niños y jóvenes”. (La Nación, 29/4).

La política de mano dura nunca trajo seguridad. Desde 1983 subieron las penas máximas de 25 a 50 años y el delito creció 400%. Si a esto le agregamos que (según Correpi) se asesina una persona cada 23 horas en manos del gatillo fácil, donde el 50% de las víctimas son jóvenes, el cuadro es desolador.

Combatir el hambre y las mafias, no a los menores

El titular de la Unidad Funcional para la Asistencia de Menores de 16 años de la Defensoría General de la Nación, Gustavo Gallo, señaló que “el 98% de los 667 pibes que defendí en 2016 tenía derechos básicos insatisfechos, estaban en situación de calle y no se alimentaban bien”.
En provincia de Buenos Aires las partidas presupuestarias para los menores son 29 veces más bajas que las destinadas para las fuerzas represivas. Y en la Córdoba de Schiaretti hay más policías que maestras.
El mismo gobierno que hunde en la pobreza al 48% de niños impidiéndoles acceso a sus derechos básicos, ahora solo les ofrece el encierro represivo.

Los más chicos no son un peligro, están en peligro por el ajuste de Macri, que destina un millón de pesos por minuto para la deuda externa mientras recorta y vacía los programas socioeducativos.
Mientras los grandes delincuentes de guante blanco como Calcaterra o Paolo Rocca (Techint) fueron sobreseídos, hay represores de la dictadura en funciones, como el fiscal general Fernández Garello en Mar del Plata, o el intendente de Cambiemos de Paraná, que está ligado al narco, se quiere apuntar contra los jóvenes.

Para combatir la inseguridad se necesita combatir a las mafias que trafican con el delito, donde están implicados el gobierno, políticos patronales, comisarios y jueces. Y hay que terminar con este plan económico al servicio del FMI, caldo de cultivo de la violencia. Se necesita presupuesto para los programas que protegen a niñas, niños y adolescentes, para garantizarles alimentos, vivienda, salario y trabajo para ellos y sus familias. Es la única manera para que los menores y adolescentes no sean empujados a ser carne de cañón del narcotráfico, las bancas delictivas o el delito callejero.

Llamamos a todas las organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y de derechos humanos a sostener la movilización para derrotar este intento represivo y no permitir que el gobierno de la mano de la oposición patronal apruebe este proyecto que viola los derechos más elementales de los más chicos, criminaliza a la juventud y fortalece al podrido aparato represivo.

Esta consigna, una de las fundamentales de nuestro programa, es un complemento absolutamente necesario de otras como dejar de pagar la deuda externa, romper con el FMI, nacionalizar el comercio exterior y reestatizar las empresas privatizadas. Cual es su importancia y cómo llevarla adelante

Escribe José Castillo

En la economía capitalista imperialista los bancos cumplen un rol estratégico. Concentran las mayores cantidades de recursos en sus arcas bajo la forma de depósitos (en cuenta corriente, cajas de ahorro, plazos fijos, fondos comunes de inversión e incluso otros instrumentos más sofisticados), allí está el dinero de las empresas (grandes y pequeñas) y también el de todos los trabajadores y jubilados que cobran vía cuenta sueldo y van retirando su dinero “de a poco” a lo largo del mes. Los bancos también reciben y concentran todo el dinero que ingresa por compras con tarjetas de débito o crédito, teniéndolo en su poder varios días antes de acreditarlo a los comercios. Así como innumerables operaciones comerciales entre empresas e incluso compras, ventas y transferencias de y hacia el exterior.

Esa enorme masa de dinero es utilizada por los bancos, que la ponen “a trabajar” el tiempo que está en su poder, obtienen enormes ganancias por los intereses a través de la especulación con el tipo de cambio o con diversos instrumentos a los que solo tienen acceso las entidades financieras (como actualmente las Leliq, que se las ofrece el Estado -vía el Banco Central- a siete días con tasas anuales que superan el 70%). Los bancos utilizan todo ese dinero para volcarlo a préstamos, según ellos mismos determinan. Así, tienen la capacidad estratégica de aprobar créditos multimillonarios a grandes empresas y negárselos a un trabajador o un pequeño comerciante. Las entidades financieras, al definir las tasas de intereses que cobran por los préstamos que otorgan (o las tasas de financiación de tarjetas de crédito, los descubiertos en cuentas o las simples comisiones de mantenimiento de una cuenta), también se transforman en auténticos usureros, esquilmando el ahorro popular.

Los bancos, finalmente, también son importantes en el capitalismo por su capacidad de concentrar una enorme cantidad de información estratégica: ahí están los patrimonios de las empresas y los grandes millonarios guardados bajo siete llaves con la excusa del “secreto comercial” o “la inviolabilidad de la información sobre la propiedad privada”.

¿Cómo nacionalizar?
El primer paso es la eliminación de la actual Ley de Entidades Financieras (vigente desde la época de Martínez de Hoz) y su reemplazo por otra que plantee la eliminación de todas las licencias para funcionar de los bancos privados. Todos los depósitos serán transferidos a la banca estatal, así como los archivos con información de cada cliente. Cabe mencionar que, a diferencia de lo que sucedió en innumerables crisis (como la de 2001), la banca nacionalizada respetará rigurosamente el dinero de cada trabajador, jubilado, cliente individual, o pequeño comerciante, industrial, o productor agropecuario. Esa tarea será sencilla: bastará convocar para dirigir las entidades financieras a los propios trabajadores bancarios, que tienen acceso a las claves, los sistemas y los conocimientos específicos. Las instalaciones de los actuales bancos privados, el dinero físico que eventualmente se encuentre en sus bóvedas y las redes de cajeros automáticos pasarán automáticamente a la banca estatal.

Esta nacionalización de la banca cumplirá tres funciones esenciales. En lo inmediato, terminará de cuajo con la especulación financiera, la fuga de capitales, corridas contra el dólar o cualquier otra maniobra con que los grandes capitalistas tratarán de boicotear a un gobierno de los trabajadores. En segundo término, permitirá que toda esa masa de recursos sea redirigida planificadamente a otorgar préstamos para el consumo popular, la vivienda, o incluso para financiar a tasas reducidas al pequeño productor o comerciante. Y, en tercer lugar, permitirá dar acceso a toda la información estratégica sobre las grandes empresas y sus reales “números” (patrimonios, ganancias, depósitos), estas ya no podrán evadir impuestos, poner como excusa que “no pueden” otorgar aumentos, o despedir trabajadores. El control y centralización de esa información será el primer gran paso para poder expropiar a los grandes monopolios capitalistas y empezar a avanzar hacia una economía socialista.