Primera reunión: sábado 4 de julio - 15 hs, Facultad de Psicología (Independencia 3065, CABA)

Las y los abajo firmantes, docentes universitarios, investigadores, profesionales y trabajadores de la cultura convocamos a constituir comités unitarios del FIT-U para defender la universidad y la educación pública, así como la ciencia y la cultura, hoy ferozmente atacada por el gobierno de Milei, impulsar y apoyar todas las luchas y desarrollar una alternativa política de la izquierda y de las y los trabajadores. Entendemos que es el momento de impulsar  comités unitarios y organizar a quienes, cada día más, nos acercan su simpatía y apoyo a la izquierda. No es un fenómeno sólo en nuestro ámbito, por el contrario, lo vemos en cada marcha, en el  reconocimiento a los dirigentes y militantes del FITU y en las mediciones de imagen que registra nuestra última candidata a presidenta Myriam Bregman.

El gobierno de Milei viene desarrollando una ofensiva en todo terreno pretendiendo arrasar con los derechos conquistados. Lo hace por decisión propia y por mandato del FMI y del imperialismo. Pero no actúa solo. Tal como demuestran las votaciones en el Parlamento, la ley de Glaciares, el veto a jubilados o la reforma laboral, entre otras, lo acompañan directa o indirectamente representantes de los distintos bloques políticos de todos los partidos, excepto el FITU. Esto no es casual. Parte de los comentarios a favor del Frente de Izquierda se basan en que somos los únicos que nos oponemos inclaudicablemente a todas y cada una de las políticas de este gobierno, además de que estamos en todas las luchas, teniendo a nuestras compañeras y compañeros como protagonistas o simplemente apoyando y sosteniendo.

Nuestra experiencia concreta  en defensa de la universidad  pública y de quienes trabajamos y estudian en ella es demostrativa de esta situación. Durante estos años de sufrir el vaciamiento y la destrucción de la mano de este gobierno hemos tenido que enfrentar la contención a cada movimiento de lucha que se generaba de parte de los rectores, sus aparatos políticos y sindicatos afines, todos tributarios tanto del radicalismo como de diversos sectores del peronismo.  Hoy mismo, entregando la Ley de Financiamiento Universitario, para rescatar al gobierno, que no está justamente en su mejor momento.

Lo vemos también en la ausencia y hasta el boicot frente a acciones en defensa del Conicet, Inti, Inta y otros institutos tecnológicos. Lo mismo en las luchas que llevan adelante las y los trabajadores de la cultura, en las del movimiento de mujeres y disidencias y en las distintas peleas en defensa del ambiente.

Somos también quienes nos conmovemos por el genocidio imperialista que está exterminando pueblos enteros en Medio Oriente, o generando pogromos siglo XXI hacia inmigrantes. Los que nos paramos desde una postura antimperialista contra las invasiones y masacres, como en Irán o en Cuba.  Todo un posicionamiento que también sólo lo tiene el Frente de Izquierda, además el único que ha realizado en nuestro país acciones de denuncias a estas políticas de exterminio y ha participado de movilizaciones internacionales como la Flotilla Global Summud.

Por eso es necesario agruparnos. Para discutir cómo fortalecer un polo que organice las distintas luchas y participe en ellas. Pero también porque tenemos la convicción que la izquierda tiene el desafío de aprovechar el reconocimiento que tenemos de amplios sectores a partir de nuestro papel en estas peleas, para convertirnos en una alternativa de poder. Por esto tenemos que debatir iniciativas y propuestas para desarrollar unitariamente este ascenso de la izquierda, que apuntalen el programa del FITU y que ayuden a poner en pie una alternativa de izquierda, que luche por un gobierno de las y los trabajadores.

Es ahora. Sumate

De Mendieta, Mercedes, Diputada Nacional electa (IS-FITU) /Docente Facultad de Sociales (UBA); Celotto, Ileana,  Psicóloga, Secretaria Adjunta AGD UBA; José Castillo, EconomIsta; docente Facultad de Sociales, UBA); Trimarchi, Mercedes, Legisladora electa CABA (IS-FITU) / Lic. en Comunicación, Sociales, UBA; Palma, Javier,  secretario general AGD Sociales; Enrique Carpintero, psicoanalista; Bueno, Jorgelina, docente facultad de Exactas, bióloga y becaria doctoral CONICET; Almeida, Marcela, Dra. en Matemática (UBA), comisión interna ATE-Indec; Vazquez Dusefante, Daniel, abogado UBA, referente de Fadhus; Lidia Deutsch, psicoanalista; Saccone Reynaldo, médico y ex dirigente de la CICOP; Mario Hernandez, Periodista y escritor, licenciado y profesor en Sociología UBA; Grüner, Eduardo, Filosofía y Letras / Ciencias Sociales (UBA); Eduardo Díaz de Guijarro, Físico e historiador (UBA), Nicolas Pozik, docente CBC (UBA); Shocron Ariel, Docente CBC UBA; Patricio Grande, docente y dirigente universitario Universidad Nacional de Luján; Juan Cappa, docente de matemática Universidad Nacional del Sur; Mariano Fantoni, abogado y docente de nivel medio; Luciano Arienti, psicóIogo (UBA); Núñez, Nicolás, Comisión interna AGD-Sociales / Docente Sociales, UBA; Rivas Fontan, Ignacio, Dr. en Biología (UBA), postulante a beca posdoctoral; Sena, Federico, historiador, docente facultad de sociales UBA; Barbas, Juan Martín, politólogo, docente facultad de sociales UBA; Bassa Sergio Rena, Jubilado; Vázquez Haydee, psicóloga; Schejter Alicia, Psicóloga. (UBA); Sampaiño Mariana, Docente, Filosofía y Letras (UBA); Rodriguez, Irene, Docente de Historia, Filosofía y Letras (UBA); Pal Félix, médico; Natalia Casola, historiadora, Filosofía y Letras (UBA); Mallearel, Jorge, CBC UBA;  Carone María Luz, Socióloga, docente CBC UBA y UTN; Martínez Farías,  Carina Gabriela, Abogada, relatora de la Secretaría en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires; Margetic Alejandro, Docente Facultad de Sociales y CBC (UBA); Pajón, Cecilia, psicóloga; D’ Antoio, Debora, historiadora; Zambrano, Ricardo Jorge, médico y antropólogo; Santamonica Liliana, médica; Henkel Cristian, docente Facultad de Sociales (UBA); Walter Barrretos, Politólogo (UBA); Solesio Mariela, Profesora ICSE  y CBC (UBA); Maizon, Daniel Omar, Investigador en Mejora Genética Animal.

Sumá tu firma: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqxJKNz6MBsB_CtBM-d76xuhVmb7uqAVdzHVZdxzTK1_gz7w/viewform

Escribe Partido Socialismo y Libertad, sección de la UIT-CI en Venezuela

Los recursos provenientes del petróleo controlados por Estados Unidos, deben colocarse al servicio de las víctimas

El pasado miércoles 24 de junio, a partir de las 6:04 de la tarde, se produjeron dos sismos casi simultáneos de 7.2 y 7.5 en la escala de Richter, con epicentros en el estado Yaracuy, en centro occidente, a unos 168 kms. de la capital. Se trató de un fenómeno inusual y altamente peligroso conocido como doblete sísmico. El mismo afectó la zona central del país y especialmente al estado La Guaira y a Caracas; con severas repercusiones en estados como Miranda, Aragua, Carabobo, Falcón, Zulia, Yaracuy, Lara, entre otros.

El último parte del gobierno cifra el número de fallecidos en 589 y 2.980 heridos, una cifra que con las horas seguramente seguirá aumentando, lamentablemente. Aún hay muchas personas desaparecidas, las cuales se encuentran bajo los escombros de varias decenas de edificaciones que colapsaron.

Desde el Partido Socialismo y Libertad manifestamos al pueblo trabajador venezolano nuestro más profundo dolor ante las innumerables pérdidas de vidas humanas, y las cuantiosas pérdidas materiales, particularmente de viviendas, ocasionando que hasta el momento hayan más de 27 mil personas damnificadas. Nos solidarizamos con los sectores populares y trabajadores y trabajadoras afectadas por los terremotos, y nos unimos en un abrazo solidario con cada familia trabajadora que hoy padece esta tragedia en carne propia.

Un desastre natural en medio de una gran catástrofe social

Esta catástrofe llega en el peor momento para nuestro país. Después de años de corrupción y robo de los recursos provenientes del petróleo; de destrucción de los servicios públicos consecuencia de la reducción del gasto social, y de aplicación de un brutal ajuste capitalista que ha descargado la crisis sobre los hombros del pueblo trabajador. Mientras el gobierno avanza en su pacto con Trump entregando nuestros recursos naturales, prepara despidos en la administración publica y pretende reformar la ley del trabajo en función de los intereses del empresariado.

Un país en precarias condiciones y serias dificultades para enfrentar una catástrofe de la magnitud de la que acaba de producirse. Sin agua, con apagones eléctricos crónicos, con un transporte deficiente, sin gas, escasez de gasolina, con millones de trabajadores sanitarios que se fueron del país por los salarios de hambre, y el sistema de salud destruido después de años de desinversión y severas sanciones imperialistas, aplicadas por Estados Unidos, el mismo país que nos bombardeó hace 6 meses y que ahora hipócritamente nos ofrece «ayuda».

En un reciente informe de la Encuesta Nacional de Hospitales, arrojó que en 2024 había un déficit de cerca del 60 % de la capacidad quirúrgica, con unos cuatro quirófanos operativos en promedio cuando la capacidad arquitectónica por hospital es de unos 10. Además, en el 91 % de los centros hospitalarios los pacientes deben llevar los insumos para ser operados, mientras que el índice de desabastecimiento de insumos de emergencia era del 36 %. Reivindicamos la labor del personal sanitario, que a pesar de la precariedad, trabaja con mística y compromiso para salvar vidas.

Un evento sísmico de tal magnitud y extensión territorial afecta sin distingos a todo el tejido social, pero son los sectores populares, habitantes de las barriadas más pobres, y las trabajadoras y trabajadores, los que sufren las peores consecuencias, producto de las difíciles condiciones sociales en las que viven.

Todos los recursos del Estado deben estar disponibles para atender a las víctimas

Llamamos a todos los sindicatos, consejos comunales y demás organizaciones populares a dar toda su solidaridad a las familias afectadas, activando centros de acopio, controlando la distribución de la ayuda para evitar la corrupción de la burocracia gubernamental.

Le exigimos al gobierno interino de Delcy Rodríguez y a todas las instituciones, que todos los recursos del Estado se destinen de inmediato a los afectados, y a las labores de rescate de las personas que permanecen bajo los escombros. El BCV inyectó más de 5.500 millones de dólares en efectivo a la banca privada en solo cinco meses para subsidiar a los ricos. ¡Exigimos que esta entrega de dinero al sector privado y la banca se detenga y esos recursos vayan al fondo de emergencia para la atención a los familiares de las víctimas y a la reconstrucción de las viviendas de las personas que quedaron damnificadas! ¡Atención diligente y reconstrucción habitacional inmediata para las víctimas!

El gobierno debe exigir a las grandes empresas nacionales y transnacionales que apoyen económicamente y que las empresas privadas de la construcción pongan a disposición del gobierno toda su maquinaria pesada y equipos para remoción de los escombros y salvar las vidas de cientos de personas que aún permanecen atrapadas en los edificios que colapsaron.

Horas antes de los potentes terremotos, se conoció que el gobierno venezolano hará público que su deuda externa es de 240 mil millones de dólares, y que aspira a cerrar un acuerdo con los acreedores para pagarla. Ante la gravedad de la situación creada por la catástrofe exigimos que el gobierno desista de esto y planté su condonación.

Ya varios gobiernos del mundo han manifestado su disposición a enviar ayuda material y humanitaria, en ese sentido le exigimos a los gobiernos que aún no se han manifestado, que lo hagan y envíen ayuda al pueblo venezolano que atraviesa por una dramática situación. Por cierto, uno de esos “países” es Israel, que nos envía “ayuda” mientras ejecuta un genocidio en Gaza y toda Palestina.

Exigimos que Estados Unidos levante de una vez por todas las sanciones que aún pesan sobre nuestra economía, particularmente las financieras y petroleras. Rechazamos la emisión de la licencia No. 60 que acaba de emitir la Ofac, la cual facilita el envío y procesamiento de fondos destinados a la asistencia humanitaria, de forma transitoria y solo hasta el mes de octubre, exigimos que sea permanente.

Igualmente exigimos que el imperialismo estadounidense entregue a Venezuela todo el dinero obtenido por venta de petróleo y minerales, y que mantiene represados en el departamento del Tesoro, y que esos recursos se destinen a un fondo especial de emergencia para atender la tragedia.

26 de junio de 2026

Escribe Miguel Angel Hernández, dirigente del PSL de Venezuela y de la UIT-CI

24/6/2026. El pasado domingo 21 de junio se realizó la segunda vuelta en las elecciones presidenciales de Colombia. Completado el llamado preconteo, los resultados dan como ganador al candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella con un total de 12.959.542 (49,66%) de votos frente a los 12.708.712 (48,70%) de Iván Cepeda del Pacto Histórico, el mismo partido del presidente Gustavo Petro.

Nuevamente se estaría concretando en América Latina el triunfo de un candidato de la ultraderecha. De la Espriella se ubica a la derecha de Alvaro Uribe y su partido el Centro Democrático. Un empresario fanático de los ultraderechistas Donald Trump en Estados Unidos y Javier Milei en Argentina. Amigo del genocida Netanyahu. Apologista de la violencia y ligado al paramilitarismo.

Este resultado en Colombia, como otros que se han producido recientemente en América Latina, es expresión del fracaso de un gobierno del llamado “progresismo” o centroizquierda, en este caso se trata del gobierno de Gustavo Petro y el Pacto Histórico, el cual llegó al Palacio de Nariño rodeado de grandes expectativas y precedido de una masiva rebelión obrera y popular en el año 2021.

En años recientes varios de estos movimientos ascendieron al poder como consecuencia del fracaso de gobiernos liberales y de derecha, los cuales aplicaron severos ajustes contra los pueblos, que en algunos casos produjeron grandes rebeliones populares como fue el caso de Chile contra Piñera, en Colombia contra Iván Duque, en Perú contra Dina Boluarte, y en el caso de Brasil electoralmente contra el gobierno ultraderechista de Bolsonaro.

De estos procesos resultaron gobiernos de centroizquierda como el de Gabriel Boric en Chile; Pedro Castillo en Perú; Gustavo Petro en Colombia y en Honduras Xiomara Castro. Previamente en el 2020, en Bolivia el MAS de Evo Morales volvió al gobierno a través de Luis Arce.

Todos fueron gobiernos de conciliación con la burguesía, el imperialismo y los patronos, que no resolvieron ninguno de los graves problemas que aquejan a las y los trabajadores y sectores populares. Gobiernos capitalistas de doble discurso que mientras utilizaban frases de “izquierda” o supuestamente “progresistas”, pactaban con los empresarios y el imperialismo, y aplicaban ajustes para hacerle pagar la crisis a los trabajadores y el pueblo. Y que en la mayoría de los casos terminaron sumidos en la corrupción y la represión para imponer los ajustes contra el pueblo trabajador de sus respectivos países.

En América Latina estamos asistiendo a un giro electoral a la derecha, determinado por la incapacidad de los llamados movimientos y dirigentes de la centroizquierda en dar respuesta satisfactoria a los graves problemas estructurales de pobreza y desigualdad que caracterizan la vida de los trabajadores y sectores populares en nuestra región.

Lamentablemente, ante el fracaso de la centroizquierda y la debilidad de alternativas políticas socialistas revolucionarias, los pueblos votan por partidos de la derecha liberal tradicional o partidos de ultraderecha, como ha sido el caso de Milei, un fascista, declarado sionista en Argentina, el pinochetista Kast en Chile, Nasry Asfura, en Honduras, quien fuera apoyado públicamente por Donald Trump, Daniel Noboa, hijo del hombre más rico de Ecuador, Alvaro Noboa. Incluso existe el peligro que Keiko Fujimori, hija del dictador Alberto Fujmori, gane las elecciones en Perú. Y ahora el caso del siniestro Alberto de la Espriella en Colombia.

No obstante, los pueblos no le han dado un cheque en blanco a ninguno de estos nuevos gobiernos de centroderecha y ultraderecha, como tampoco se lo dieron a los gobiernos “progresistas”. Un ejemplo de ello es la gran rebelión obrera y popular en Bolivia, contra el gobierno de Rodrigo Paz, que asumió hace apenas 6 meses.

Hoy la crisis del capitalismo imperialista global es mucho más profunda. Son gobiernos que ascienden al poder en medio de un entorno de crisis políticas y rebeliones en muchos otros países del mundo. Con toda seguridad profundizarán los ajustes contra el pueblo trabajador; intentarán avanzar sus ataques contra los derechos de las mujeres y disidencias; contra los derechos de los pueblos indígenas; intentarán recrudecer sus medidas represivas para poder aplicar los ajustes sin obstáculos. Y sin duda encontrarán la resistencia de los pueblos.

Ya en Colombia vimos después de la primera vuelta electoral, el ascenso de un gran movimiento popular contra la ultraderecha, que tuvo su expresión más clara en el seno de la juventud universitaria, que está consciente del peligro que se cierne con un eventual gobierno del ultraderechista de la Espriella.

En ese sentido, en Colombia y los demás países, debemos prepararnos para enfrentar los ajustes y los ataques contra el movimiento de masas y la juventud. Debemos movilizarnos contra los intentos de estos gobiernos por liquidar nuestros derechos.

Pero sin duda, es necesario construir alternativas políticas socialistas revolucionarias para no continuar con el péndulo perverso entre gobiernos de derecha o ultraderecha y gobiernos del falso socialismo.

Las políticas antiobreras y antipopulares que intentarán aplicar estos nuevos gobiernos de derecha exacerbarán la lucha y la resistencia obrera y popular, basta ver el caso de Bolivia. Se recrudecerá la polarización social. Es posible que vengan nuevos choques, movilizaciones y rebeliones. Desde la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores-Cuarta Internacional planteamos que al calor de esas luchas surgirán nuevos dirigentes y activistas a los que hay que unir para construir esas alternativas revolucionarias que necesitamos.

Sábado 27 de junio - 1530 hs.Thomas Alva Edison 3401, Isidro Casanova  

PO e Izquierda Socialista, integrantes del Frente de Izquierda Unidad, convocamos a constituir un comité unitario en apoyo al FITU en La Matanza para impulsar y apoyar todas las luchas y desarrollar una alternativa política de la izquierda y de las y los trabajadores.

Es momento de impulsar  comités unitarios y organizar a quienes, cada día más, nos acercan su apoyo. Lo vemos en las luchas y en el  reconocimiento a las y los dirigentes y militantes del FITU o en las mediciones de imagen positiva que registra Myriam Bregman.

El gobierno de Milei viene desarrollando una ofensiva contra los derechos conquistados. Lo hace en acuerdo con el FMI y el imperialismo.

Pero Milei no actúa solo. Tal como demuestran las votaciones en el Congreso, la ley de
glaciares, el veto a jubilados o la Reforma Laboral esclavista, lo acompañan directa o indirectamente los bloques políticos de todos los partidos (peronistas, macristas y radicales), excepto el FITU.

Es que en el Frente de Izquierda Unidad nos oponemos a todas y cada una de las políticas de ajuste y represión del gobierno nacional y de los gobernadores  y apoyamos todas las luchas contra el Plan Motosierra de Milei 

En La Matanza venimos de recuperar el SUTEBA local, la seccional mas grande y de mayor relevancia política del gremio docente de la Provincia de Buenos Aires, con el frente Multicolor, un agrupamiento en el que tienen un peso decisivo las organizaciones que componen el FITU. Lo hicimos con el acompañamiento de centenares de compañeras y compañeros  docentes independientes. Llamamos a estas compañeras y compañeros, como así también a todas y todos los luchadores obreros, estudiantiles, barriales, del movimiento de mujeres y disidencias y ambientales del distrito, a acompañarnos en la importante tarea de poner en pie el comité unitario como una herramienta de fortalecimiento de esta gran alternativa política que es el FITU. ¡Les esperamos!

* Foto de portada: en el auditorio "Hugo del Carril" de José León Suárez, Mónica Schlotthauer y Rubén "Pollo" Sobrero acompañando a compañeros ferroviarios y familiares que reclaman que la Justicia declare a los fusilamientos como delitos de lesa humanidad.

Escribe Camila Mitre

A 70 años de los fusilamientos de José León Suárez, la Justicia Federal de San Martín declaró que los crímenes cometidos por la dictadura encabezada por Pedro Eugenio Aramburu fueron delitos de lesa humanidad. La sentencia del juicio por la verdad responsabilizó al Estado argentino por la planificación, ejecución y encubrimiento de la masacre ocurrida en la madrugada del 10 de junio de 1956, cuando cinco hombres fueron asesinados y otros siete lograron sobrevivir.

El juicio fue impulsado por familiares de las víctimas, que durante décadas reclamaron verdad, reparación y reconocimiento. En la audiencia estuvieron presentes Mónica Schlotthauer, diputada bonaerense de Izquierda Socialista en el FIT Unidad y delegada ferroviaria, y Rubén “Pollo” Sobrero, secretario general de la Unión Ferroviaria Oeste, quienes acompañaron el reclamo de los familiares y sobrevivientes.

La jueza Alicia Vence, titular del Juzgado Federal en lo Criminal N° 2 de San Martín, dio por probado que en la noche del 9 de junio de 1956 un grupo de personas fue secuestrado en una casa de Florida, en el partido de Vicente López. Algunos esperaban noticias del levantamiento encabezado por el general Juan José Valle contra el régimen militar que había derrocado a Juan Domingo Perón en 1955. Sin embargo, la represión ya estaba en marcha.

Horas después, los detenidos fueron trasladados en un colectivo de línea hasta los basurales de José León Suárez. Allí, bajo las órdenes del inspector Rodolfo Rodríguez Moreno y siguiendo las directivas del jefe de Policía bonaerense, Desiderio Fernández Suárez, fueron fusilados. La sentencia estableció la responsabilidad penal de Pedro Eugenio Aramburu, Isaac Francisco Rojas, Juan Constantino Quaranta, Fernández Suárez, Rodríguez Moreno y el personal a su cargo.

Los asesinados fueron Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez, Carlos Lizaso y Mario Brión. Otros siete sobrevivieron: Juan Carlos Livraga, Miguel Ángel Giunta, Horacio Di Chiano, Norberto Gavino, Julio Troxler, Reinaldo Benavídez y Rogelio Díaz. Algunos escaparon en medio de la oscuridad; otros fueron heridos y dados por muertos. El caso de Livraga fue clave: fue “el fusilado que vive”, cuya historia llegó a Rodolfo Walsh y a Enriqueta Muñíz dio origen a Operación Masacre, una obra central del periodismo de investigación y de la literatura de no ficción.

Uno de los puntos centrales de la sentencia fue la reconstrucción de la ilegalidad del operativo. La dictadura intentó justificar los crímenes bajo la ley marcial, anunciada por Radio Nacional a las 0.32 del 10 de junio. Pero los secuestros habían ocurrido antes y el decreto recién fue publicado en el Boletín Oficial cuatro días después. Para el tribunal, no hubo legalidad posible. La jueza declaró la responsabilidad del Estado por hechos que calificó como “allanamiento ilegal de domicilio”, “privación ilegal de la libertad agravada”, “homicidio agravado” y “tentativa de homicidio”.

Aunque los responsables ya murieron y no pueden recibir condena penal efectiva, la jueza dejó asentado que, de haber sido juzgados en vida, les habría correspondido la pena de prisión perpetua. Además, dispuso la “reivindicación del buen nombre y honor” de las víctimas y estableció que la sentencia constituye en sí misma una forma de reparación.

Entre las medidas ordenadas, la Justicia dispuso la publicación de la sentencia en organismos oficiales, la incorporación del caso en los contenidos educativos, la instalación de placas conmemorativas en los lugares donde ocurrieron los allanamientos y fusilamientos, y la creación de un sitio de memoria en el predio de los históricos basurales de José León Suárez.

La sentencia llega tarde, pero confirma una verdad histórica. Los fusilamientos fueron parte de la represión desatada por el golpe gorila de 1955, una ofensiva patronal, clerical y proimperialista contra la clase trabajadora y sus conquistas. Nahuel Moreno, dirigente de nuestra corriente trotskista, denunció desde aquellos años el carácter reaccionario de ese golpe y señaló que la resistencia contra la dictadura debía apoyarse en la organización independiente y la movilización de las y los trabajadores.

Setenta años después, la lucha de los familiares, sobrevivientes y organismos logró arrancarle al Estado un reconocimiento judicial. Pero la memoria no se agota en una sentencia. Frente a quienes reivindican la represión, niegan los crímenes del Estado o vuelven a atacar los derechos de las y los trabajadores, seguimos levantando las banderas de memoria, verdad y justicia. Por los fusilados de José León Suárez, por Walsh, por cada compañero perseguido y asesinado, la pelea sigue en las calles.