Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

El diario Tiempo Argentino dio a conocer una filtración de chats entre jueces, políticos ligados al PRO, ex servicios de inteligencia y empresarios del grupo Clarín, quienes compartieron un viaje a la mansión del magnate británico Joe Lewis, a orillas del Lago Escondido, para irse desde allí a esquiar en helicóptero.

Según trascendió, estos personajes chatearon sobre cómo iban a justificar el viaje, además de intercambiar opiniones sobre el manejo de causas judiciales.

El hecho no hace más que mostrar la podredumbre de este sistema capitalista y el entramado mafioso e impune entre los distintos actores de esta “democracia para ricos”. Un capítulo más de cómo viene funcionando esta “justicia independiente” y su entramado entre espías y el poder político y económico de turno.

El presidente Alberto Fernández por cadena nacional ordenó que se haga una denuncia penal, se inicien sumarios y juicios políticos. Quiere mostrarse como “paladín de la democracia”.

Nada más alejado de la realidad. ¿O acaso este repudiable entramado no existió en los 27 años en que vino gobernando el peronismo desde 1983 a esta parte?
Un episodio de la pelea que existe por la designación de los jueces entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio se vio la semana pasada con la bochornosa sesión en Diputados. Todo en vistas a posicionarse para las elecciones del año que viene, mientras votaron unidos el presupuesto 2023 al servicio del FMI.

Repudiamos estos hechos aberrantes, pero al mismo tiempo alertamos sobre el uso que el gobierno le quiere dar a un día en que se va a dar a conocer una posible condena contra la vice presidenta Cristina Fernández de Kirchner por los tremendos casos de corrupción que hubo en su gobierno.

Intenta salvarla bajo la campaña de que habría una “persecución política” en su contra. Claro que rechazamos a esta justicia patronal y acomodaticia, pero decimos categóricamente que todos los políticos patronales deben responder por los negociados capitalistas corruptos (sean del color que sean), tienen que ir presos y devolver lo que le robaron al pueblo trabajador.

Esto viene ocurriendo bajo todos los gobiernos capitalistas, sean peronistas o de Juntos, radicales, de centroderecha o de los llamados “nacionales y populares”.

Es por eso que desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad venimos diciendo que a los jueces se los tiene que elegir por el voto popular y deben ganar como una maestra. Estamos por la disolución de los servicios de inteligencia y que se abran sus archivos secretos, como parte de una pelea para terminar con esta corrupción e impunidad del sistema de capitalista y con esta justicia burguesa que defiende a los ricos contra el pueblo trabajador.

05/12/2022

* Foto de portada: Julián Ercolini, Juez Federal sala 10; Jorge Rendo, CEO del multimedios Clarín; Carlos Mahiques, Juez sala II de Casación Penal; Marcelo D'Alessandro ministro de Seguridad y Justicia porteño.

Escribe Ivan Blacutt, Izquierda Socialista/FIT-U Jujuy

La policía de Gerardo Morales reprimió violentamente a miembros de la Comunidad de Caspalá que defendían su espacio recreativo, la única cancha que posee la comunidad. La represión con gases lacrimógenos y balas de goma, alcanzó a ancianos, mujeres y niños del pueblo y terminó con 4 detenidos (que fueron dejados en libertad rápidamente).

La cancha de la Comunidad Aborigen Pueblo Kolla Caspalá, que fue limpiada y nivelada por sus pobladores, es un lugar que tiene un importante significado en la vida comunitaria de este pueblo, ubicado en departamento de Valle Grande, provincia de Jujuy. La comunidad reclama que el gobierno expropio el lugar sin que mediara consulta, y piden que escuela sea construida en un terreno ya destinado a tales efectos. Pese a esto, el Gobernador Gerardo Morales, y el comisionado municipal Natividad Apaza continúan con la iniciativa, ya han colocado el obrador.

Caspalá fue elegido este año por la Organización Mundial del Turismo como uno de los diez mejores pueblos del mundo, el único de Argentina. Con menos de 500 habitantes, fue elegido por su gran belleza paisajística, cultural milenaria e histórica, es también reconocido por ser  parte del sitio sagrado por donde pasaron los incas con el camino Qapaqñam. Por este motivo sus habitantes denuncian que detrás de este conflicto hay intereses inmobiliarios.

Esta semana destituyeron a una vocal de Caspalá, Rosa Apaza, que se oponía a la polémica obra del gobierno, bajo la acusación "de liderar los reclamos y manifestaciones de los vecinos".

Estos hechos recuerdan la violenta represión en Campo Verde donde los vecinos defendían también su cancha en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Morales en esa oportunidad también recurrió a las fuerzas represivas para desalojar a las familias que cuidaban el lugar y en el acto de inauguración de las obras, se había referido justamente al pueblo de Caspalá como un ejemplo en aceptar la construcción de su escuela, sin embargo tal acuerdo no era cierto.

El Gobernador Gerardo Morales, junto a sus secuaces, usurpa espacios, y se maneja como el dueño de la provincia, donde empieza obras públicas pero difícilmente las termina. Para lograr estos caprichos recurre a la represión, las amenazas y finalmente las sanciones para quienes piensan distinto.

El caso de Caspalá se encuentran enmarcado en un contexto de agravamiento y vulneración de derechos democráticos en toda la provincia. Esta situación se expresa a través de la criminalización de la pobreza, la represión a la protesta social, el uso del Código contravencional, las detenciones arbitrarias, las causas armadas y la proscripción a luchadores sociales, entre tantas otras prácticas represivas. Continúan también las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas.

Estos graves hechos, donde no se hizo ninguna consulta o se buscó consentimiento previo e informado, violan el Convenio 169 de la OIT, y no respetan el artículo 75 de la Constitución Nacional a favor de los pueblos indígenas de Argentina. Lamentablemente las respuestas represivas del Gobierno no son una novedad para quienes integran la izquierda, el campo popular y de lucha en Jujuy, y para todos aquellos que de alguna manera se oponen a los designios del Gobernador.  Nos solidarizamos con los vecinos de Caspalá y repudiamos la persecución que están viviendo.

Escribe Fernanda Giribone, Izquierda Socialista/FIT-U Jujuy

El Tribunal Oral Federal de Jujuy condenó este viernes a 19 ex militares, ex policías, gendarmes y miembros del Servicio Penitenciario provincial por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. La "Megacausa Jujuy" abarcó 16 causas por crímenes de privaciones ilegales de la libertad, homicidios, tormentos y violación sexual agravada. La sentencia dictó 4 penas a prisión perpetua y otras condenas que fueron desde los 5 a 25 años.

El juicio oral, el sexto que se realiza por crímenes de lesa humanidad en jujuy, había iniciado a mediados de 2018 con 23 imputados, y pedía justicia para 120 víctimas (44 desaparecidas). Durante el proceso de cuatro años de audiencias, en el que declararon unos 200 testigos, tres imputados fallecieron: el policía provincial Juan Carlos Vaca, Ramón Herrera y Carlos Alberto Ortiz, del Servicio Penitenciario provincial. Todos con condenas previas por otras causas.

Entre otros delitos, se consideraron acreditados 17 homicidios, seis violaciones sexuales, 169 hechos de privación de la libertad y 126 casos de aplicación de tormentos. Hay que destacar que por primera vez en la provincia, los delitos sexuales y la violencia de género aparecieron diferenciados con el objetivo de que puedan ser considerados y juzgados como tales.

Fueron condenados a prisión perpetua Juan Carlos Jones Tamayo, jefe de la Central de Inteligencia "Área 323" del Ejército; el ex comisario José Américo Lescano y dos ex jefes de seguridad del penal de Villa Gorriti, Ceferino Narváez y Juan Carlos Lucero. Recibieron penas de entre 25 y 20 años de prisión los ex policías provinciales Bernardo Salinas (25 años), Armando Claros (20 años) y Hugo Ruíz (20 años); el ex militar Mariano Braga (24 años), el gendarme Raúl Do Canto (24 años) y los ex agentes penitenciarios de Jujuy Mario Gutiérrez (22 años); Herminio Zárate (21 años) y Orlando Ricardo Ortiz (22 años).

También fueron condenados a 15 años el ex gendarme Carlos Raúl Pérez y Rodolfo Oscar López, de la Policía Federal; a 11 años el ex policía provincial Carlos Cachambe y a penas de entre 8 y 5 años los miembros de la policía provincial Juan de la Cruz Kairuz (5 años), Virgilio Choffi (8 años), Pedro Ríos (6 años) y Roque Inés Cari (6 años). Por su parte Osvaldo Héctor Caraballo, quien fuera guardia de Seguridad Interna del penal de Villa Gorriti, resultó como el único absuelto.

Por tratarse de causas que investigaban la desaparición de trabajadores del Ingenio Ledesma y la Mina El Aguilar, este juicio podría haber avanzado en demostrar la responsabilidad civil-empresarial del genocidio de Estado, sin embargo Carlos Pedro Blaquier fue sobreseído por falta de mérito en 2015. Blaquier, ex dueño del Ingenio Ledesma SAAI, y su ex administrador, Alberto Lemos, fueron sobreseídos en un fallo irregular de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, por una causa que intentaba comprobar su participación -logística y material- en el secuestros de los obreros azucareros y vecinos de la ciudad de Libertador en los sucesos conocidos como "La noche del Apagón". Si bien en el 2021 la Corte Suprema de Justicia revocó el fallo absolutorio del 2015, el hecho de que injustificadamente se tardaran en resolver el tema más de 6 años, permitió la exclusión de Blaquier de este juicio comenzado en 2018, garantizando una vez más la impunidad del empresario multimillonario.

Sin embargo de las pruebas y testimonios del juicio surge la complicidad civil de directivos de empresas como Mina El Aguilar y el carácter de autor intelectual del Ingenio Ledesma, que se confirmó en el conocido hecho de que la empresa digito los secuestros, puso a disposición del Terrorismo de Estado sus camionetas así como las instalaciones edilicias, que funcionaron como centro de operaciones para el secuestro y desaparición de obreros y militantes.

Como última maniobra dilatoria la defensa de Blaquier apuntó a eximirlo por su edad, y el tribunal de primera instancia aceptó el pedido de insanía en abril de este año por lo que automáticamente Blaquier fue desvinculado de la causa, justo cuando tenía que declarar.

Organizaciones sociales y de derechos humanos se mantuvieron firmes e hicieron dar vuelta la resolución del Tribunal Oral Federal de suspender el proceso al empresario por la supuesta “incapacidad mental” y así Blaquier volvió a estar en estas causas que se dilantan desde el 2013 (La Noche de los Apagones y Causa Aredez).

Hoy, este fallo, aunque no contó con condenas ejemplares, es un logro histórico, que conllevó el esfuerzo de 4 años, en el que las víctimas pudieron dar testimonio y relatar sus historias que dieron cuenta de los asesinatos, privaciones ilegitimas de la libertad, tormentos, violaciones y torturas que se perpetraron en Jujuy en el contexto del plan sistemático de aniquilación que aplicó la última dictadura.

Pero esta pelea continúa. Carlos Pedro Blaquier tiene 95 años de edad, por lo que cada día que pasa se corre el riesgo de que sus crímenes queden impunes. Hoy más que nunca es necesario acelerar el juicio oral, para romper con la impunidad del poder económico, que aun hoy domina la región al mejor estilo feudal.

Con la fuerza de estas condenas, para obtener justicia por los que ya no están, y para todos los sobrevivientes, que siguen luchando.

A donde vayan los iremos a buscar.

Este 29 de noviembre se realizaron en CABA las elecciones para renovar la comisión directiva del sindicato docente Ademys. Se presentaron 4 listas y la actual conducción Multicolor ganó nuevamente, con el 65% de los votos, creciendo el sindicato en cantidad de docentes afiliados y de votantes.

Nuestra compañera Mariana Scayola fue reelecta como secretaria general por un nuevo mandato de 3 años y declaró: “Ademys sigue creciendo como sindicato combativo e independiente enfrentando tanto las persecuciones a la docencia de parte del gobierno de Larreta y su ministra Acuña, como el ajuste pactado por el gobierno nacional de Fernández y el FMI. Somos la referencia de la docencia que lucha, impulsando asambleas abiertas y planes de lucha consecuentes para defender todos nuestros derechos”.

Mariana Scayola agregó: “Larreta y Acuña quieren hacer campaña electoral atacando a los sindicatos docentes por eso llevan a nuestro compañero Jorge Adaro, secretario gremial electo de Ademys, a un juicio de desafuero gremial, con el objetivo de disciplinar a la docencia y seguir destruyendo la educación pública. Lanzamos una gran campaña unitaria para frenar estos ataques”.

Mariana Scayola finalizó: “el gran triunfo de la Multicolor en Ademys sirve para seguir fortaleciendo al sindicalismo combativo, enfrentar el ajuste pactado con el FMI y seguir reclamando plata para educación, no para la deuda externa”.

Contacto:
Mariana Scayola, +54 9 11 6430-8567
Prensa Izquierda Socialista, 1160540129