Feb 29, 2024 Last Updated 2:15 PM, Feb 28, 2024

Izquierda Socialista

Escribe Prensa UIT-CI

12/1/2024. Apoyemos la demanda de Sudáfrica acusando a Israel de “Conducta genocida” ante Corte Penal Internacional

El Comité Palestino Antiapartheid (PAACC) integrado por organizaciones palestinas de derechos humanos, ha declarado su apoyo a demanda de Sudáfrica ante Corte Penal Internacional acusando a Israel de “Conducta genocida”. Esta demanda es también fruto de la enorme movilización mundial que presiona a muchos gobiernos.

Desde la UIT-CI, a pesar de que no deposita ninguna confianza en la ONU y sus organismos dominados por el imperialismo, apoyamos la demanda presentada por Sudáfrica. Que también es apoyada por organismos palestinos, pues es una demanda que tiene que servir para la lucha en unidad de acción, las movilizaciones, para denunciar, para exigir el inmediato cese del genocidio en Gaza, contra el apartheid sionista en Palestina, por el repudio y por ruptura con Israel. Y también, como lo plantea la demanda, la denuncia a los estados como Estados Unidos y Europa que envían armas a Israel.

A continuación compartimos el llamamiento:

 


El Comité Coordinador Palestino Antiapartheid (PAACC), integrado por el Departamento Antiapartheid de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), el Movimiento BDS, el Consejo de Organizaciones Palestinas de Derechos Humanos (PHROC) y la Red Palestina de ONGs (PNGO), saluda a Sudáfrica por su solicitud a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Israel por violar la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en Gaza. Afirmando que «Israel ha cometido, está cometiendo y corre el riesgo de seguir cometiendo actos genocidas contra el pueblo palestino en Gaza», Sudáfrica ha solicitado a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que indique medidas provisionales para proteger los derechos de las personas palestinas de «nuevos, graves e irreparables daños». Decenas de expertos de la ONU han descrito la situación humanitaria en Gaza como «apocalíptica», advirtiendo de un «genocidio en ciernes«, al igual que cientos de estudiosos del derecho internacionalincluidos expertos en genocidioy un alto funcionario de derechos humanos de la ONU.

Pedimos a todos los Estados Parteela Convención sobre el Genocidique apoyen urgente y plenamente el procedimiento y, en particular, la solicitud de medidas provisionales presentada por Sudáfrica. Al hacerlo, pedimos la suspensión inmediata de las operaciones militares y la aplicación de todas las medidas para prevenir el genocidio, incluida la revocación de las órdenes militares que obligan al traslado de personas palestinas en Gaza y las prácticas que niegan el acceso a alimentos, agua, combustible y suministros humanitarios adecuados. Nuestras coaliciones y redes, que representan a los dirigentes políticos palestinos y a todas las corrientes de la sociedad civil palestina, apoyan plenamente los procedimientos que son vitales para garantizar que los Estados cumplan sus obligaciones internacionales de poner fin al riesgo de genocidio y a los actos genocidas, e instan a que se adopten y apliquen todas las medidas provisionales solicitadas para poner fin a la destrucción genocida del pueblo palestino.

Además, advertimos de que los terceros Estados que suministren a sabiendas armas y materiales a Israel para su uso en crímenes atroces, incluido el genocidio, también pueden ser considerados responsables de contribuir a actos internacionalmente ilícitos y a violaciones de las normas de ius cogens del derecho internacional. Asimismo, insistimos en que sólo se podrá poner fin al genocidio actual si se garantiza que se abordan las causas profundas que subyacen a la destrucción del pueblo palestino, incluido el levantamiento del asedio de 16 años que encarcela a 2,3 millones de personas palestinas en Gaza, el fin de la ocupacióilegal y la retirada total de la administración y las fuerzas militares ocupantes, el desmantelamiento del régimen de apartheida ambos lados de la Línea Verde y la realización del derecho a la autodeterminación del pueblo palestino y del derecho de los refugiados palestinos a regresar.

La PAACC acoge con satisfacción el apoyo de la Organización de Cooperación Islámica (OCI) a la demanda de Sudáfrica ante la CIJy pide a la Liga de Estados Árabes, la Unión Africana, los BRICS, el Movimiento de Países No Alineados y otros bloques regionales y subregionales que apoyen pública y urgentemente el procedimiento. La OCI ha afirmado que «los ataques indiscriminados de Israel, la potencia ocupante, contra la población civil y los miles de palestinos, en su mayoría mujeres y niños, asesinados, heridos, desplazados a la fuerza y a los que se ha negado las necesidades básicas y la asistencia humanitaria, así como la destrucción de viviendas e instituciones sanitarias, educativas y religiosas, constituyen en su conjunto un genocidio masivo.» En noviembre de 2023, la cumbre conjunta dla OCI y la Liga Árabe reiteró «la centralidad de la causa palestina» y se opuso categóricamente a los planes israelíes de llevar a cabo una limpieza étnica de los palestinos de Gaza. La cumbre pidió a todos los países que «dejen de exportar armas y municiones a [Israel] que son utilizadas por su ejército y sus colonos terroristas para matar al pueblo palestino y destruir sus hogares, hospitales, escuelas, mezquitas, iglesias y todas sus capacidades», para cumplir su obligación legal en virtud del derecho internacional.

 

A Israel le preocupa profundamente que la CIJ le acuse de genocidiosegún informes israelíes. Oficiales militares y de inteligencia israelíes han admitido que «todo es intencionado» en la «fábrica» del apartheid israelí de asesinatos masivos de civiles y de arrasamiento y destrucción a gran escala en Gaza. Oxfam organizaciones palestinas de derechos humanos han condenado el uso por parte de Israel de la «inanición como arma de guerra» y, según informes de expertos, el alcance de esta hambruna inducida eGaza «ha eclipsado incluso las casi hambrunas de Afganistán y Yemen de los últimos años.»

Casi dos millones de personas palestinas han sido desplazadas a la fuerzaRecordando el «largo historial de desplazamientoforzosomasivode palestinos» por parte de Israel, el experto de la ONU en desplazados internos ha afirmado que la guerra de Israel «pretende deportar en masa a la mayoría de la población civil [palestina]». El ComisionadGenerade la UNRWA también ha advertido sobre el «desplazamiento forzoso», que tanto los derechos humanos como los líderes políticos reconocen como un medio para destruir a la población de Gaza como grupo y un objetivfundamentadel genocidio en cursoDesenmascarando los desesperados intentos propagandísticos de Israel de promover sus planes de limpieza étnica bajo un disfraz «humanitario», la Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos Ocupados ha advertido de que los artífices del crimen del desplazamiento forzoso de Israel pueden ser investigados y procesados en virtud del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

El Secretario General de la ONU ha descrito Gaza como una «crisis de humanidad» y un «cementerio de niños«invocando el artículo 99 de la Carta de la ONU para destacar la grave amenaza que supone para la paz y la seguridad mundiales la guerra de Israel contra el pueblo palestino en Gaza. La PAACC recuerda a los Terceros Estados que el cumplimiento de su obligación de detener el genocidio de Israel contribuiría también a salvar la ya socavada legitimidad del derecho internacional.

Mientras Estados Unidos y una serie de potencias europeas arman, financian y permiten de otro modo el genocidio en curso de Israel, muchos otros Estados no han cumplido sus obligaciones legales y morales de impedir el genocidio o detenerlo. La dominación global de una serie de Estados hegemónicos occidentales sobre las organizaciones internacionales, incluidos el Consejo de Seguridad de la ONU, la Corte Penal Internacional, el Comité Olímpico Internacional, la FIFA, etc., ha conducido de hecho a un rotundo fracaso a la hora de imponer sanciones legales a Israel, poniendo aún más de manifiesto la hipocresía de esos Estados occidentales y afianzando la división global Sur/Norte.

Por ello, las organizaciones palestinas de derechos humanos han acogido con gran satisfacción la presentación de Sudáfrica ante la CIJ como «un toque de clarín para que la comunidad internacional dé prioridad a la rendición de cuentas, rechace la impunidad y defienda los principios de los derechos humanos».

La PAACC recuerda a todos los Estados Partes de la Convención sobre el Genocidio su obligación legal no sólo de «adoptar medidas para prevenir», sino también de «castigar el delito de genocidio, incluso promulgando la legislación pertinente y castigando a los autores». Esto incluye la jurisdicción universal. Esto es más urgente que nunca, ya que el mundo asiste a un genocidio retransmitido en directo, impulsado por décadas de impunidad y una ideología de «la fuerza da la razón». Los Estados deben cumplir con sus obligaciones de derecho internacional para poner fin a los atroces actos de genocidio de Israel, incluso mediante la aplicación de sanciones legítimas y proporcionadas al apartheid israelí, empezando por un embargo de armas en ambos sentidos. Pedimos urgentemente a los Estados que apoyen plenamente el proceso por genocidio de Sudáfrica para impedir que Israel borre sistemáticamente al pueblo palestino.

El gobierno definió que la terrible crisis económica la paguemos las y los trabajadores, mientras el empresariado, las multinacionales y el FMI son los grandes beneficiados.

Con el DNU y la ley ómnibus se pretende avanzar abruptamente contra el pueblo trabajador. Como si fuera poco, también advirtiendo que si salimos a pelear usarán las fuerzas represivas. Con la brutal devaluación los alquileres y los servicios se tornarán imposible de pagar, alimentos al 200% y el combustible al doble en solo 20 días. Así no hay salario que resista.

La amenaza latente de privatización y ajuste al sistema ferroviario ya lo vivimos, un daño irreparable a la economía del país y un retroceso al desarrollo de los pueblos. Un negocio redondo para los empresarios mientras los trabajadores sufrimos el desguace, el abandono y hasta la muertes como en la masacre de once.

Por eso, las y los Ferroviarios al igual que miles de trabajadores salimos a luchar. El 20 de diciembre, más allá de la lógica incertidumbre y el temor ante las amenazas de Bullrich y Milei, ganamos las calles al grito de paro paro paro!!!.

Esa misma noche miles de trabajadores salieron a las calles con sus cacerolas luego del anuncio del DNU. Para esa hora las sensaciones de dudas y miedos se empezaron a cambiar por bronca y repudio. Esa noche también se oyó claro el llamado a las centrales obreras para que reaccionen, reflejo de esa movilización la CGT convocó a movilizar a tribunales.

Las y los ferroviarios estuvimos allí junto a miles de trabajadoras y trabajadores reclamando abajo el DNU, Paro y plan de lucha!. Fruto de esa lucha se logró un fallo judicial parcial que suspendió la reforma laboral y también el anuncio impostergable de un paro.

La unidad de los que luchan, así sea tu primera lucha, tiene que triunfar.
¡Por eso el día 24 los ferroviarios vamos a parar y movilizarnos!
Exigimos a la cgt paro y plan de lucha.
Abajo el DNU. Abajo la Ley ómnibus y ¡Aumento salarial ya!

 

LIMITES AL DERECHO A HUELGA

Se prohíbe el derecho  a huelga e incluso  a la deliberación sindical.
Nos limitan el derecho a realizar asambleas.
Es causal de despido sin indemnización prácticamente cualquier acción contra la patronal.
Se declaran servicios esenciales a los transportes, en este caso ante una medida de fuerza hay que garantizar el 75% del servicio.  

MENOS INDEMNIZACIÓN

Se excluye el aguinaldos. Los tikets canasta, vales alimentarios o cualquier bono anual.

PERIODO DE PRUEBA

Pasa de 3 meses a 8 meses este periodo, de esta manera  promueve los contratos basuras, tomar trabajadores y echarlo a los 8 meses solo con el mecanismo de la no renovación, sin pagarles un peso.

PRECARIZACIÓN A LOS MONOTRIBUTISTAS

Se elimina la posibilidad de denunciar la relación laboral a tu empleador y este se exime de pagar multas por tener trabajadores en esta condición.
Fomenta así el trabajo en negro y la tercerización.

JUICIOS LABORALES
Se achican los intereses a pagar, facilitando así que, como estos duran varios años, al final el trabajador cobre monedas.

¿QUE PASA CON LAS OBRAS SOCIALES?
Introducen la posibilidad de optar por las empresas de medicina prepaga.
Es una trampa: se busca que las y los trabajadores más jóvenes vuelquen sus aportes a las empresas privadas, que al mismo tiempo rechazarán a los trabajadores de más edad ( que son más costosos para estas empresas).
Desfinanciando a las obras sociales sindicales hasta el punto de llevarlas a la quiebra. Una vez finalizado esta etapa las prestaciones serán inalcanzables para las y los trabajadores.

 

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Los precios al consumidor aumentaron 25,5% en diciembre (duplicando noviembre) llevando a un 211,4% interanual.

El diputado nacional electo Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista/FIT Unidad) señaló: “Milei dijo que "si el número de inflación está cerca del 25% será un éxito”. Una verdadera provocación. Porque la motosierra y su “libertad” de precios provocaron que en un mes vuelva a aumentar la pobreza e indigencia y que los salarios tengan la mayor pérdida en los últimos 20 años”.

Giordano prosiguió: “Megadevaluación, DNU, Ley ómnibus y represión son las premisas de este gobierno ultraderechista. Contra esto empezó la lucha obrera y popular con marchas y cacerolazos. Llamamos a garantizar el gran paro del 24 con movilización a Congreso donde seamos miles en las calles exigiendo a la CGT un plan de lucha nacional para derrotar las medidas antiobreras y antipopulares de Milei, tirar abajo el DNU y la ley ómnibus y lograr un inmediato aumento salarial y jubilatorio de emergencia al valor de la canasta familiar”.

 

Contacto
Prensa de Izquierda Socialista: 11 6054-0129

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad
27/12/2023

Milei envió al Congreso la "Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos". Declara la “emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025”. Y delega las facultades legislativas en el Poder Ejecutivo al menos por dos años. Es decir, gobernar por decreto. Un nuevo ataque dictatorial para privatizar, contra las jubilaciones, el ambiente y mano dura a los que luchan.
Esta ley ómnibus vulnera derechos fundamentales del pueblo trabajador, privatiza empresas estatales, elimina organismos estatales con los consiguientes despidos de personal, ataca a las y los jubilados y al derecho fundamental por una educación pública y gratuita en todos sus niveles y a la autonomía universitaria, da libertad para seguir con el saqueo contaminante permitiendo la tala de bosques y la minería en zona periglaciar y, fundamentalmente, elimina restricciones para seguir con más endeudamiento externo. Un claro ataque contra el pueblo trabajador y las conquistas sociales y democráticas conquistadas en décadas de lucha, que se suma al ajuste en curso, la inflación y el nuevo salto que se viene con la suba del transporte público y las tarifas de los servicios básicos de luz, gas y agua.

En 664 artículos, el proyecto reaccionario y arbitrario dice engañosamente que es para “garantizar el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de los argentinos y mejorar los beneficios de la libertad para todos los habitantes del suelo argentino”. ¡Pero el único derecho a la libertad y a la propiedad que garantiza es para que los grandes empresarios, bancos y multinacionales se queden con todo!
Cuando Milei habla de terminar con las “regulaciones que restringen la libertad de los argentinos”, es en beneficio de la clase capitalista, sacando las trabas mínimas para que avancen en el saqueo.
Por ejemplo, el megaproyecto suspende la movilidad jubilatoria, siendo el poder Ejecutivo quien ahora fije los aumentos que serán a la baja. Además, no dice cómo aumentarán las prestaciones sociales que abarca a más de 17 millones de personas (AUH, Asignaciones Familiares, etcétera), quedando a discreción del ultraderechista Milei.

La ley dispone privatizar 41 empresas públicas, entre ellas YPF, Aerolíneas, el Banco Nación, Aysa, Casa de Moneda, Correo Argentino, Arsat, Enarsa, Fabricaciones Militares, Ferrocarriles Argentinos, Télam y otras. También dispone un blanqueo impositivo y una moratoria con quitas y eliminación de multas a empresas por deudas tributarias, en un claro beneficio a grandes empresarios y evasores. Y con el tema Deuda Externa, Milei pretende saltear el Congreso al momento de endeudarse. Para eso lo tiene al ministro Luis Caputo que nos endeudó cuando fue funcionario de Macri con bonos a 100 años y los 45.000 millones de dólares con el FMI.
A su vez la ley libera la importación y exportación de hidrocarburos y gas; crea un régimen especial para “grandes inversiones” (agroindustria, minería, gas, petróleo, tecnología) y establece como único financiamiento de la obra pública las tarifas y peajes.
Por otra parte, la ley destruye aún más el ambiente, porque ataca directamente la Ley de Protección de Bosques (todos los bosques argentinos podrán ser desmontados) y la de Glaciares (permitiendo la actividad minera en ambiente periglaciar, actualmente prohibido, al servicio de la Barrick).

Con el latiguillo mentiroso de “garantizar la libre circulación”, además de tener que pedir permiso para protestar, penaliza con prisión común de 1 a 3 años y medio la movilización, de 2 a 4 años los cortes y de 2 a 5 años a los dirigentes de las organizaciones que participen o a toda persona que simplemente convoque a participar de una acción. Se considera reunión o manifestación la congregación "intencional y temporal de 3 o más personas en el espacio público". De esa manera aquellos que reciban la pena máxima deberán cumplir prisión efectiva. Una verdadera cacería para las y los dirigentes y organizaciones que luchan contra el hambre y la miseria.
Por otro lado, en un apoyo expreso al aparato represivo, agrava las penas para el delito de resistencia a la autoridad (aquel que quiera defenderse de un abuso policial será declarado culpable, siendo no excarcelable) y extiende la figura de legítima defensa.

Como no podía faltar, este proyecto nefasto incluye un ataque al derecho al aborto legal que el movimiento feminista conquistó en las calles. Bajo una concepción totalmente retrógrada (por eso veníamos denunciando a Milei como representante de la reacción patriarcal) busca modificar la Ley de 1000 días (ley sancionada en el marco de la conquista de la IVE como una concesión a las iglesias) incluyendo que habría "un niño desde la concepción", trayendo un debate ya superado por la ciencia y lo ocurrido en la Argentina con la #MareaVerde. También, como parte de su concepción reaccionaria, intenta eliminar a las disidencias como personas gestantes, reemplazando la terminología de "mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar" por "madres embarazadas".

También la ley agregó un artículo para blindar el mega DNU de la semana pasada, ratificándolo, cosa que si el Congreso vota esta ley, la controversia judicial por el mismo quedará anulada. A su vez la ley dispone una amplia reforma del Estado con cambios en centenares de leyes, entre ellas reformas políticas (derogación de las PASO, cambio en la integración de la Cámara de Diputados). En definitiva, es un ataque global que el gobierno justifica por la “herencia recibida”, la mentira de que “no hay plata” o “la ferocidad del Estado”, cuando está casi todo privatizado. Dice que con esto se acabará con la “frustración” de los gobiernos anteriores. Pero son tan bestiales las medidas adoptadas, que sumadas a la mega devaluación y a la sideral suba de los precios bajo el eslogan de la “libertad de mercado”, que lo que crece es la incertidumbre, la preocupación y la disposición a enfrentarlo en parte del pueblo trabajador. Por eso se dan los cacerolazos espontáneos que, sumado a la marcha del sindicalismo combativo y la izquierda el 20 de diciembre, dieron un paso en la lucha contra el protocolo represivo de Patricia Bullrich.
A la CGT no le quedó otra que llamar a una marcha en el día de la fecha, 27 de diciembre, pero acotada, “simbólica” y a Tribunales. Marcha donde las y los que luchan y el Frente de Izquierda reclamaron que la CGT y CTA le tienen que poner fecha urgente al paro nacional y al plan de lucha para derrotar el decretazo, la ley ómnibus y el plan motosierra de Milei y el FMI, y por un inmediato aumento general de salarios y jubilaciones para recuperar lo perdido con la inflación. Llamamos a la más amplia unidad para lograrlo.

 

 

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