Escribe Guido Poletti

El gobierno de Alberto Fernández acaba de anunciar un nuevo bono de 12.000 pesos destinado a los jubilados y jubiladas que perciben hasta dos haberes mínimos. O sea que lo percibirán quienes cobren hasta 65.260 pesos.
Esto, una vez más, no resuelve ni de lejos el drama de las jubilaciones de miseria. Y la constante pérdida del poder adquisitivo de todas y todos quienes las perciben.

Trimestre a trimestre, las y los jubilados vienen perdiendo frente a la inflación, porque en la fórmula jubilatoria, explícitamente, se obvió esta variable, para cumplir con el ajuste que terminó siendo firmado con el FMI. Además de continuar achatando la pirámide (para todos quienes perciben más de 65.260 pesos no hay nada), y de que estos bonos no se cuentan para los futuros aumentos trimestrales. Lo volvemos a repetir, hay que terminar con los bonos de miseria. Lo que se necesita es un aumento de emergencia, generalizado, para que la mínima pase a cubrir la canasta de la tercera edad, valuada en 97.238 pesos.  Y, a partir de ese valor para la jubilación mínima, aplicar el 82% móvil.

Escribe Adolfo Santos

El staff del Fondo Monetario Internacional que monitorea el acuerdo firmado con el gobierno del Frente de Todos, acaba de publicar un informe plagado de mentiras sobre la situación de las y los jubilados. Lo que dice el FMI es un disparate intencional para exigirle al gobierno más ajuste del que ya viene sufriendo el sector. Saben que el gobierno peronista es dócil con el poder económico y duro con los sectores más vulnerables, como demostró al cambiar la ley de movilidad jubilatoria por sumas fijas establecidas por debajo del índice inflacionario.

Los funcionarios fondomonetaristas dicen que en Argentina hay muchos jubilados en relación al total de adultos mayores, y que el sistema previsional paga haberes muy altos comparados con otros países. Sin pruebas que lo demuestren, el informe sostiene que el sistema previsional tiene una “amplia cobertura y beneficios generosos”, con haberes que representan el 90% de lo que el jubilado percibía en actividad. A partir de eso, sugiere “elevar la edad jubilatoria, achicar el número de beneficiarios, eliminar las moratorias y reducir los haberes jubilatorios”.

Es un informe insultante para los jubilados y jubiladas cuyo, haber promedio para quien aportó treinta o más años equivale apenas al 65% de lo que recibe un trabajador en actividad, y la mayoría de los seis millones de jubilados recibe el haber mínimo, muy lejos de las mentiras del FMI. ¿De qué “beneficios generosos” habla el Fondo cuando 4,5 millones de jubilados y jubiladas reciben miserables 32.630 pesos, apenas un tercio del costo de la canasta de necesidades básicas para ese sector, que es de 97.238 pesos según la Defensoría de la Tercera Edad?

El informe del FMI constituye un verdadero ataque a los jubilados y jubiladas para presionar por un ajuste mayor. Desmiente al gobierno peronista y al propio presidente Alberto Fernández, quienes repitieron hasta el cansancio que “el acuerdo con el Fondo no contempla ajustes ni reforma previsional o laboral” y que se trata de un “entendimiento inusual sin políticas de ajuste…”. Miente el FMI en su informe y miente el gobierno al decir que el acuerdo no traerá más ajustes y sufrimientos al pueblo trabajador.

La destrucción del haber jubilatorio y su reducción a niveles de miseria y de indigencia se ha ido consolidando en los últimos años. La política económica del gobierno, atada al acuerdo con el Fondo y con una inflación descontrolada, tenderá a profundizar esta penosa situación. Es necesario mantener una lucha consecuente y unitaria por la anulación de ese acuerdo y la suspensión del pago de la deuda para destinar esos fondos a pagar jubilaciones del 82% móvil, recomponer toda la escala jubilatoria y exigir que la jubilación mínima, sea igual al costo de la canasta básica del sector. 

Escribe José Castillo

La inflación mensual de marzo, de 6,7%, fue la más alta desde abril de 2002. Un auténtico récord que tiene como contrapartida la virtual pulverización de salarios y jubilaciones. Es necesaria otra política, para resolver el drama que hoy vive el pueblo trabajador.

El número estadístico se terminó de conocer el pasado miércoles 13, pero no sorprendió a nadie. Primero y principal a los propios trabajadores, que ya veían la carestía desaforada en las góndolas, en particular en alimentos y bebidas. Pero incluso el propio gobierno del Frente de Todos, sabiendo que no se puede tapar el sol con las manos, empezó a atajarse en los días previos. El ministro de Economía Martín Guzmán, como si no fuera el responsable sino un mero comentarista, dijo en una entrevista televisiva que el número “iba a ser superior al 6%”. Y claro que lo fue, por lejos: 6,7%. Y, para peor, otra vez con alimentos y bebidas más por encima todavía: 7,2%. El primer tarifazo de gas y electricidad (del 20%) se hizo sentir en el rubro “vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” con un incremento de 7,7%. La ropa también se fue a las nubes, subió un 10,9%. Y la canasta educativa, que pega con todo en el comienzo de clases, creció un 23,6%. Con todo esto, la inflación oficial anualizada da 55,1%. Solamente en este primer trimestre del año, ya  subió 16,1%.

No queremos abrumar con más números. Con estos basta y sobra para darse cuenta que están por encima de cualquier acuerdo paritario, y ni que hablar de lo que sucede con los trabajadores precarizados.

¿Y el gobierno?

El presidente Alberto Fernández hace más de un mes dijo que comenzaba “la guerra contra la inflación”. Puras palabras. Solo se anunciaron algunas “canastas” de supuestos precios cuidados, que luego casi ni se vieron en las góndolas; los anuncios de que las grandes empresas y supermercados iban a retrotraer los aumentos de marzo tampoco se hicieron realidad; y, a pesar de que se llegó a denunciar en los medios cuáles eran las empresas que abusaban e incrementaban los precios de sus productos, no se sancionó a nadie. Se habló de “desacoplar” los precios internos de los internacionales (particularmente el trigo y la carne), poniendo un impuesto a los exportadores (retenciones) para que estos se vieran obligados a vender en el mercado interno a un menor precio. Pero, incluso más allá de la dudosa efectividad de esta medida, ni siquiera se llevó adelante: apenas si se aumentaron mínimamente las retenciones a la harina y el aceite de soja.
Como si todo esto fuera poco, el gobierno del Frente de Todos, para cumplir con las exigencias del FMI, avanza con la segunda etapa de los tarifazos de luz y gas, que volverán a pegar sobre los bolsillos populares. E incluso viene subiendo mes a mes la tasa de interés, encareciendo los créditos y los pagos con tarjeta. Detrás de todo esto hay un secreto a voces: en definitiva al gobierno le conviene que haya inflación, ya que así va licuando salarios de trabajadores del estado, jubilaciones y gastos sociales, por el simple expediente de “aumentarlos” menos que la inflación. La receta ideal para cumplir las exigencias de ajuste del FMI.

Hace falta otro programa

Millones de trabajadores se preguntan casi desesperadamente que hacer frente a una situación que los hunde cada vez más en la pobreza, y varios miles incluso en la indigencia.

Primero y principal, hay que recomponer urgentemente los ingresos de las y los trabajadores. Se necesita un aumento salarial de emergencia, para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar, hoy calculado por los trabajadores de ATE Indec en 145.456 pesos. Y, a partir de ahí reabrir todas las paritarias, sin techo alguno, con cláusulas de reajuste mensual de acuerdo a la inflación. Del mismo modo, también hay que otorgar un incremento de emergencia para las jubilaciones, llevando la mínima al valor de la canasta de la tercera edad (90.720 pesos) y aplicar desde allí el 82% móvil. También es necesario el otorgamiento de un ingreso de emergencia mensual (al estilo IFE) para todo  el que lo necesite, que evidentemente no puede ser de 9.000 pesos mensuales (18.000 en dos meses) como se anunció, cuando la canasta de indigencia supera los 40.000 pesos.

La segunda medida para combatir la suba desaforada de los precios debe ser la implementación efectiva de precios máximos a todos los productos de la canasta familiar. Y, lo más importante, que se verifique su cumplimiento y se sancione a quiénes lo violen aplicando la ley de abastecimiento que permite multar, clausurar y hasta expropiar a los infractores.

La tercera medida, para terminar con la especulación de los que exportan productos alimenticios (trigo, maíz y carne) y que, buscando beneficiarse de la suba de los precios internacionales, trasladan esos valores al mercado, es la nacionalización del comercio exterior. Así se terminará con las subas astronómicas de los cortes de carne y de los productos panificados (pan y fideos).

La cuarta medida, es no seguir alimentando la bicicleta financiera, con más subas de las tasas de interés, que encarecen el crédito popular y terminan en los bolsillos de los bancos. Para esto hay que nacionalizar la banca, y así generar crédito barato para quien lo necesite.

Por último, no hay lucha contra la inflación mientras estemos sometidos al plan de ajuste del FMI. Esto lo vemos estos días con la llegada del nuevo tarifazo, a la medida de las exigencias del Fondo. Romper con las cadenas que nos atan a este organismo es una parte sustancial de cualquier programa antiinflacionario.

Estas son las medidas reales que, desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad, planteamos para luchar contra la carestía y defender realmente los intereses populares.

Escribe Claudio Funes

Los salarios registrados (con aportes a la Seguridad Social) vienen perdiendo poder adquisitivo en relación a la inflación desde hace cuatro años. Veamos:

• En 2018, el salario aumentó el 30,6% y la inflación interanual fue del 47,6%:  pérdida 11,5%.
• En 2019, la suba salarial fue de 44,4% y la inflación del 53,8%: pérdida del 6,1%.
• En 2020, los salarios subieron 34,9% y la suba de los precios el 36,1%: pérdida 0,8%.
• En 2021, la suba salarial fue del 53,4% contra una inflación del 50,9%: ganancia 1,66%.

La pérdida salarial acumulada de los últimos cuatro años fue del 20%.

Mientras los trabajadores pierden, las grandes patronales y multinacionales se llenan sus bolsillos. El grupo Arcor (alimenticia) registró un fuerte salto en sus ganancias durante 2021: alcanzaron los 19.918 millones de pesos (aproximadamente 184 millones de dólares al tipo de cambio oficial), frente a los 5.441,8 millones de pesos del ejercicio anterior.

Por su parte, la banca privada obtuvo ganancias netas por más de 133.000 millones de pesos. Performance que mejorará en 2022 gracias a la suba de tasas de interés acordada entre el gobierno y el FMI.

Las empresas del sector oleaginoso-cerealero establecieron un récord histórico. Liquidaron exportaciones por casi 33.000 millones de dólares. Se hicieron de fabulosas ganancias ya que la rentabilidad en algunos casos supera el 40%, aun descontando las retenciones de las que tanto se quejan.

Durante 2021 los fabricantes de autos y las concesionarias obtuvieron márgenes de rentabilidad récord, debido a la baja oferta de cero kilómetro y los consiguientes sobreprecios. No hay datos públicos sobre los márgenes, pero según detallaron fuentes de la industria, la rentabilidad por cada unidad vendida en la Argentina es superior a la que se logra en cualquier país de la región. Ganaron más vendiendo menos.

Hay más datos que nos ilustran. Según la Cuenta Generación de Ingresos e Insumo de Mano de Obra del Indec, la masa salarial retrocedió del 48% del Producto Bruto Interno (la riqueza total que produce un país) al 43,1%. Con respecto a 2017 la caída es aún mayor: del 51,8% al 43,1%. Mientras la ganancia de los grandes empresarios se incrementó del 46,4% del PBI al 54,3% entre 2017 y 2021.

Estas ganancias empresariales no “derraman” en nuevos puestos de trabajo en blanco, aunque Alberto Fernández proclame lo contrario. El empleo total creció en el tercer trimestre de 2021 respecto a igual período de 2020, el 8%. Pero si observa solo el empleo asalariado, que creció 7%, se podrá distinguir que, de esa masa, el de los no registrados aumentó 18,8%, mientras el de los registrados lo hizo solo el 2,4%. Es decir, lo que más aumentó en este período es el trabajo precario o en negro.

En síntesis: con el gobierno del Frente de Todos aumentan las ganancias de los empresarios y el trabajo informal, y bajan los salarios.

Escribe José Castillo

Sobre llovido mojado. A los tremendos golpes al bolsillo popular de la inflación de estos meses, ahora, por exigencia del FMI, se le sumarán los tarifazos.

El gas ya subió un 20%. Pero ahora, tras las audiencias públicas ya convocadas (que serán virtuales, para hacerlas más truchas aún) se vienen incrementos para el grueso de los usuarios (el 80% del total) de un 21,5% más. Sólo quedará afuera el 20% que pudo tramitar la tarifa social.

En el caso de la electricidad para los usuarios de Edenor y Edesur (Capital y Gran Buenos Aires), al 20% de incremento que ya pagaron este mes, se le sumará el nuevo tarifazo. El 80% tendrán subas de un 17%, según los cálculos oficiales, pero los incrementos pueden ser mucho mayores de acuerdo al consumo. Recordemos que “alto consumo” no es sinónimo de altos ingresos: hay sectores populares que poseen artefactos viejos que gastan más electricidad y pueden quedar atrapados en esa categoría.

En síntesis: se viene un nuevo golpe a los enflaquecidos bolsillos del pueblo trabajador. Todo con el doble objetivo de “bajar el gasto” (los subsidios a las privatizadas) para de ahí ahorrar plata para pagarle al FMI, pero a la vez seguir garantizándole a las empresas la continuidad de sus superganancias. Mientras tanto, por supuesto, continuarán la paupérrima calidad de los servicios. La salida no pasa por “subsidios o tarifazos”, sino por la reestatización de todas las empresas de servicios públicos privatizados y su puesta en funcionamiento bajo gestión de trabajadores y usuarios, con tarifas sociales para quienes las necesiten.