Escribe José Castillo

Las grandes cámaras patronales (Unión Industrial Argentina -UIA-, Asociación Empresaria Argentina -AEA-) han instalado una afirmación: que en la Argentina el problema son “los impuestos que nos abruman”. En particular, insisten que una enorme carga impositiva aplasta a los empresarios, ya que en nuestro país existen “165 impuestos” (según datos del IARAF).

Comencemos por el principio. No es cierto semejante número. El dato publicitado e impactante incluye tasas (o sea lo que se paga por una contraprestación, por ejemplo, luz, servicios de agua, etcétera), y pagos por otros conceptos como aportes jubilatorios. En concreto, el número real de impuestos es 70. Pero no es cierto que todos se cobran “a la vez”, ya que en muchos casos se trata de tributos distintos que se cobran en cada provincia, y por lo tanto el que se domicilia o ejerce su actividad económica en otra no lo paga.

Señalamos esto porque es mentirosa la afirmación de que el “problema” de la pobreza o la recesión en nuestro país se debe al exceso de impuestos. Rotundamente falso: se debe a la sangría permanente por los pagos de la deuda externa y al saqueo de nuestras riquezas. A lo que le podemos sumar la fuga de capitales, las evasiones impositivas y los mil y un delitos que llevan adelante impunemente las patronales que actúan en nuestro país, tanto nacionales como extranjeros.

Hablemos seriamente de impuestos

El interrogante de si en nuestro país se pagan muchos o pocos impuestos está mal formulado. La clase trabajadora paga muchísimos impuestos, tal el caso del IVA, del vergonzoso impuesto a las “ganancias” sobre el salario, del impuesto a los ingresos brutos que encarece los productos en cada provincia y de otros tributos perversos como el impuesto al cheque, que hace que un trabajador despedido, por ejemplo, al cobrar su cheque de indemnización, se le descuente automáticamente en ese concepto.

Por contraposición, las empresas que actúan en la Argentina pagan poquísimo de impuestos. Las alícuotas del impuesto a las ganancias son mucho más bajas que en otros países del mundo. Existen infinidad de mecanismos “legales” para eludir el pago. Peor aún, aún aquellos que evaden ilegalmente luego son sistemáticamente “perdonados” por infinitos blanqueos.

A nivel provincial, el impuesto inmobiliario es escandaloso: grava con fuerza a las pequeñas viviendas individuales y es bajísimo para las empresas y el inmobiliario rural.

Los grandes exportadores pagan retenciones al comercio exterior, que trasladan sistemáticamente al pequeño productor. Lo hacen en base a declaraciones juradas en los puertos que nadie verifica. Los grandes monopolios exportadores de gas, petróleo o megaminería gozan de enormes exenciones de sus obligaciones impositivas.

Los ricos individualmente también están escandalosamente privilegiados en términos impositivos. Solo deben pagar el impuesto a los bienes personales, que la mayoría también evade sistemáticamente. El impuesto a la herencia, eliminado por la dictadura con Videla y Martínez de Hoz, sigue sin existir en la inmensa mayoría de las provincias.

Un debate no menor: ¿a dónde va la plata?

La discusión no se agota en la estructura impositiva. El otro problema de la economía argentina es que lo recaudado no se destina centralmente a educación, salud, vivienda, obra pública, o a mejorar los salarios de los docentes o trabajadores de la salud. Por el contrario, la mayor parte de lo que se recauda se termina destinando a los pagos de deuda externa, o a subsidiar a las grandes empresas.

Que paguen los ricos y los que más ganan

Hay que modificar de raíz la estructura impositiva de nuestro país. Con un fuerte e imposible de evadir impuesto a las ganancias a las empresas. Con sanciones reales para aquellos que evaden. Con un impuesto extraordinario a las superganancias de las grandes patronales. Hay que reimponer el impuesto a la herencia. Y que el impuesto inmobiliario, urbano y rural, sea con valuaciones reales, priorizando a las empresas y eximiendo a la vivienda popular. Al mismo tiempo, se debe terminar con todas las exenciones impositivas que gozan las patronales, tanto las megamineras, como los monopolios del gas y el petróleo, incluyendo la necesidad de reinstalar los aportes patronales. También se deben cobrar fuertes impuestos a las riquezas individuales de los multimillonarios de nuestro país, independientemente que su domicilio legal se encuentre en Argentina o en el extranjero.

Por contraposición, hay que terminar con los impuestos que afectan a los sectores populares. Se debe eliminar el IVA a los productos de la canasta familiar y el impuesto al salario (falsamente llamado impuesto “a las ganancias” sobre el salario).

Este es el auténtico programa para que los impuestos, junto el no pago de la deuda externa, aporten al financiamiento de un programa alternativo que resuelva los más urgentes problemas populares.

Escribe Guido Poletti

Sigue dando vueltas por el Congreso el proyecto presentado por el kirchnerismo que supuestamente tiene como objetivo cobrarle a los que fugaron capitales.

Tenemos varias cosas para decir al respecto. La primera es la seria sospecha de que se trata de la misma “sarasa” con la que Cristina Kirchner acusa a Martín Guzmán, cuando dice que la presentación del impuesto a la renta inesperada es “para la tribuna”, porque no tiene ninguna posibilidad de ser aprobado en la Cámara de Diputados. Siguiendo el mismo razonamiento, este proyecto presentado por los K tampoco. Entonces, ¿para qué se presentó? ¿No formará parte de la cortina de humo con la que el kirchnerismo busca despegarse del ajuste acordado con el FMI?

Pero vamos al proyecto en sí mismo. Alguien podría pensar que si existiera un auténtico proyecto a los evasores que fugaron sus capitales y la recaudación se volcara a resolver las necesidades populares, sería una buena idea. Correcto. Pero lamentablemente no es así. Ya desde el comienzo, el propio kirchnerismo se encargó de decir que la eventual recaudación tendrá como objetivo pagarle al FMI. Lo de siempre, y vale la pena aclararlo: cualquier nuevo impuesto que se cree se hará con el objetivo de pagarle a este organismo. Por eso el propio Fondo no se opone a que se creen nuevos tributos, ya que, de última, va a ir a parar a sus arcas.

Avancemos ahora sobre el propio proyecto. Es mentira que se trata de cobrar un nuevo impuesto a los grandes especuladores que fugaron capitales. En realidad se trata de ofrecerles un puente de plata, la posibilidad de un nuevo y gigantesco blanqueo de capitales. De hecho la tasa que se plantea cobrarles a los que se presenten o sean “descubiertos como fugadores” es menor a la que les correspondería pagar según la propia legislación actual de la AFIP. ¡Si la AFIP hoy los descubre tendrían que pagar más que si se aprueba esta nueva ley! Por otra parte, a los mismos fugadores se les ofrece la posibilidad de pagar aún menos si demuestran que traen la plata al país para “nuevas inversiones”. Hecha la ley, hecha la trampa.

Pero, aún a pesar de todo esto, la ley contiene una mentira más grande. ¿Cómo se descubrirá a los que fugaron? Supuestamente por medio de convenios internacionales de cooperación ya firmados entre la AFIP y organismos similares de otros países. No se entiende, si estos acuerdos ya existen, porqué la AFIP no está ya sancionando a los evasores qué conoce (por ejemplo los que están o han fijado domicilio en Uruguay, como el dueño de Mercado Libre). Se sabe que el grueso está en los Estados Unidos, que “casualmente” no tiene acuerdos para compartir información con nuestro país. Los defensores del proyecto afirman, increíblemente, que los yanquis “nos van a ayudar” a identificar a los evasores, porque a ellos les convendría. No se entiende porqué sería así.

En síntesis, estamos frente a un proyecto mentiroso, que explícitamente tiene como objetivo que cualquier moneda que se recaude vaya para el FMI, que no va a tocarle ni un pelo a la riqueza de ningún evasor, y que ni siquiera tiene posibilidades serias de ser aprobado. Una auténtica muestra del doble discurso kirchnerista.

Por supuesto que habría que cobrarles fuertes impuestos a los especuladores que fugan capitales. Para eso bastaría con obligarlos a pagar, con la amenaza de que si no lo hacen se les cobrará con sus capitales, empresas o depósitos en el país. Y con una alícuota superior a la que actualmente les exige la AFIP. Y, por sobre todas las cosas, cualquier impuesto a los ricos y a las grandes empresas tiene que tener un destino claro: plata para salud, educación, vivienda, trabajo y salario, no para el FMI.

Escribe Mariano Barba

¿Por qué están tan apurados por la construcción del gasoducto Néstor Kirchner? Porque la creciente producción de gas y petróleo no tiene cómo salir de la zona de producción, ya que no hay suficientes conductos para que sea transportada.
La producción de petróleo y gas en Vaca Muerta crece rápidamente y tiene perspectivas de mantenerse varios años por la aplicación de la técnica del fracking, que va extrayendo los hidrocarburos bombardeando los poros de la roca y de las arcillas a miles de metros de profundidad.

El precio internacional del petróleo y el gas es visto por las multinacionales de las energías como una oportunidad de obtener superganancias. Por tal razón hace diez días Omar Gutierrez, gobernador de Neuquén, entregó en una reunión en Houston, Estados Unidos, un área preferencial a la empresa Chevron por veinte años para la hidrofractura; la misma empresa que inició durante la presidencia de Cristina la era del fracking en nuestro país. Al mismo tiempo, el gobierno decidió prorrogar por otros veinte años más todas las concesiones que vencen en 2022.

El jueves pasado, en la sede de YPF en Loma Campana (Vaca Muerta), se realizó una verdadera puesta en escena, bajo un viento muy fuerte, para anunciar la construcción del gasoducto Néstor Kirchner que nacerá en Tratayen y recorrerá 563 kilómetros, a través de cuatro provincias, para llegar a la localidad bonaerense de Salliqueló. Estuvieron presentes junto a Alberto Fernández, la directora de la Fundación YPF, Ofelia Cédola; el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof; el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez; el director de YPF, Pablo González y el secretario de energía de la Nación, Darío Martínez. Además, en una conexión por video, también participó el ministro de economía Martín Guzmán.

La obra tendrá un costo de 1.566 millones de dólares. Prometieron que estará terminada para el invierno del 2023. Este objetivo es muy difícil de alcanzar, dado que todavía no lanzaron ni la licitación de la obra. Techint, un amigo de todos los gobiernos, seguro será el proveedor de los tubos.

Además tendrán que sortear otro escollo, que es el justo reclamo de la comunidad mapuche Fvta Xayen (Paraje Tratayen), asentada en el comienzo del gasoducto, quienes abordaron al presidente en el aeropuerto y le entregaron un petitorio con dos exigencias. Primero, que antes de empezar la obra se aplique la consulta previa, libre e informada, según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que establece los derechos de los pueblos originarios. Y segundo, que se realice el relevamiento territorial (ley 26.160) que recién estaría por comenzar.

Por otro lado, como el crecimiento en la producción de petróleo tampoco puede sacarse de la zona por falta de oleoductos, el gobernador Gutierrez está tramitando un acuerdo con Oldelval para que se construya uno nuevo capaz de trasladar 220.00 barriles extras a Bahía Blanca.

Todas estas obras serán para garantizar las ganancias de las multinacionales. Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad exigimos que el abastecimiento y la exportación sean para beneficio del país vía la creación de una YPF 100% estatal que concentre todo el negocio hidrocarburífero y la reconstitución de una Gas del Estado que también monopolice todas las actividades del sector.

Escribe Mariano Barba
 
Nada indica que la inflación aflojará en los próximos meses y seguirá acAhicando el poder adquisitivo de las y los trabajadores, jubilados y desocupados. Ante la creciente bronca, el gobierno habilitó la reapertura de las paritarias mediante la resolución 388/22 del Ministerio de Trabajo. La burocracia sindical de la Confederación General del Trabajo (CGT) se apresuró a dialogar con las patronales de la Unión Industrial Argentina (UIA) y el gobierno nacional.
 
El apuro de la dirigencia burocrática por reunirse en las paritarias estuvo motorizado por la gran bronca de los trabajadores de todos gremios ante la altísima inflación. El índice de marzo del 6,7 % generó un recorte importante en el poder de compra, más si tenemos en cuenta que el aumento de precios de los productos alimenticios se acercó en un mes al 10 %, por ejemplo, en el conurbano bonaerense.

En esta movida la burocracia sindical fue firmando los convenios de los principales sindicatos, y lo hace fijando porcentajes que al final del año quedarán lejos de superar la inflación, sobre todo de la canasta alimenticia, que es la que más se encarece.

Veamos algunos ejemplos. Empleados de Comercio, el más grande del país, encabezado por el eterno Armando Cavalieri, acordó un incremento del 59,5 % hasta marzo de 2023 que se pagará en cómodas cuotas a lo largo del año. La Federación de la Industria de la Carne recién arregló la paritaria hasta marzo de este año en un 50%, pero con una suma fija de 20.000 pesos. O sea muy tarde y debajo de la inflación, y poco se sabe sobre los salarios del resto del año. Los sindicatos UPCN y ATE agregaron un 10% para el Convenio Colectivo de Trabajo 214/06 de Trabajadores estatales de la Nación y el período que va de junio del 2021 al 31 de mayo de 2022 cerró con un alza total de salarios del 64%, dejando de lado la pérdida cercana al 40% en relación a la inflación de los últimos ocho años que nunca se recuperará. Los Petroleros Privados, hoy en crecimiento laboral por la explotación de gas y petróleo en Vaca Muerta, recién firmaron por un 20 % para llegar al 55% en el último año. Todo muy atrasado para los niveles inflacionarios de los últimos meses. La UOM rama siderúrgica, ahora conducida por Abel Furlán (amigo de Máximo y de Alberto), tras la salida de Antonio Caló, cerró para el 2022 por el 45% al salario conformado, o sea, sobre todos los ítems del recibo. El gremio de los Panaderos acordó un 48% hasta febrero de 2023 que se pagará en cinco cuotas trimestrales.

Con la CGT y las CTA perdemos

Los burócratas nucleados en la CGT y las CTA están firmando estos acuerdos que detallamos sin ninguna consulta a la bases ni la elección democrática de los paritarios. Son acuerdos a la baja teniendo en cuenta que la inflación del 2023 puede superar un 60 %.

La inflación trepó al 16,1% solo en los tres primeros meses. Ante esta disparada inflacionaria tenemos que reclamar un aumento de emergencia para todos los gremios que lleve a un salario de bolsillo igual a la canasta familiar. Por ello tenemos que impulsar asambleas allí donde se pueda, plenarios de delegados con mandato, reuniones de activistas o todo tipo de acciones para exigirles que rompan con la política de ajuste del gobierno nacional y llamen a un plan de acción.

Mientras, seguimos fortaleciendo al Plenario del Sindicalismo Combativo, totalmente opuesto a la burocracia sindical, cuyos sindicatos consultan todo con sus bases y exigen que el salario sea indexado según el avance del costo de vida, que se recupere lo perdido en estos años, y pelean por una nueva dirección combativa y democrática.