Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

El Frente de Todos y en especial el kirchnerismo en el Senado presentó semanas atrás el proyecto para intentar cobrar un impuesto a quienes fugaron capitales al exterior. Lo venden como que el kirchnerismo (no el albertismo ni el resto del Frente de Todos) combate a los evasores. Lo recaudado sería para pagarle la deuda al FMI. Dicen que con esto “la deuda la van a pagar quienes la contrajeron”. Da la idea de ser un proyecto favorable para el país y el pueblo trabajador. Hugo Yasky llegó a decir que es lo mismo por lo que “peleábamos junto a la izquierda años atrás”. Le aclaramos a Yasky que la izquierda siempre peleó por el no pago de la deuda y la ruptura con el FMI, no por reconocer el endeudamiento de Macri, ni para recaudar para pagarle al Fondo Monetario como propone el proyecto cristinista.

Ya en una crítica nota anterior señalamos que el proyecto trata de imponer un impuesto para pagarle al FMI, cuando lo que hace falta es aplicar un fuerte impuesto a las ganancias de multinacionales, bancos y capitalistas para combatir el hambre y la pobreza. Ahora veamos otras connotaciones del mismo.

Denunciamos que el proyecto, aunque se apruebe, puede ser un fiasco absoluto que no recaude ni un dólar (los promotores proponen juntar 20.000 millones de dólares). Porque es un mero blanqueo voluntario, por lo tanto no obliga a nadie. Esto quiere decir que a los 417.000 millones de dólares que hay en el exterior no les impone ningún impuesto directo, sino que dependerá de que esos capitalistas lo denuncien (blanqueen). En los hechos, pretenden cobrar algo a los autores de un robo, con la contrapartida de que así ese delito queda “legalizado”. Pero, si no lo hacen, no pasará nada. Peor aún, confían en que el gobierno de los Estados Unidos denuncie a los fugadores argentinos para así poder cobrarles, cuando es ese mismo país quien se beneficia con los miles de millones de dólares que van a sus paraísos fiscales.  

Esto es lo que no se está diciendo. Lo que tendría que hacerse con ellos es intimarlos a que denuncien sus bienes y fondos en el exterior y los traigan, caso contrario se procederá a embargarles los bienes que tienen en el país para que paguen lo que evadieron. Se sabe que hay por lo menos 16 firmas evasoras muy conocidas reveladas en los Panama Papers, entre ellas Arcor, Bagley, Coto, Molinos Río de La Plata, Shell, Esso, Clarín, Loma Negra, Acindar, Aluar, Ledesma, Aceitera General Deheza, Bagó, Frávega. ¿Por qué no se les expropian los bienes que tienen acá si son evasores de impuestos? Porque no se los quiere tocar. Y en caso que decidan blanquearlo, deberán pagar solo un 20% de impuesto, ni siquiera el actual 35% del impuesto a las ganancias.

Dicho todo esto, lo otro que tampoco propone el proyecto de las y los senadores kirchneristas y del Frente de Todos es evitar la fuga de capitales para que no se sigan yendo miles de millones de dólares todos los años del país. Los más de 400 mil millones en el exterior representan toda nuestra riqueza anual (un PBI completo -Producto Bruto Interno-). A Argentina no le faltan dólares como vulgarmente se dice, sino que se los llevan afuera. Argentina es acreedora, no deudora de nadie. Si se les permite a estos grandes capitalistas llevarse las riquezas que produce el pueblo trabajador es culpa de todos los gobiernos de turno, peronistas de distinta índole, radicales y de PRO. Por eso Argentina es una semicolonia saqueada por estos delincuentes de guante blanco y el imperialismo.

Las formas que adquiere la fuga de capitales son muchas. Una es el envío de fondos al exterior de las multinacionales que actúan en el país para sus casas matrices. Otra la subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones, una vieja maniobra contable para encubrir la fuga, por solo nombrar algunas. Esto ocurre porque no se controla el comercio exterior, donde multinacionales como Cargill, Bunge, la china Cofco o la francesa Dreyfus hacen sus acciones delictivas de fraude sin ningún control. El famoso “rol del Estado” del que tanto alardea Cristina es para que haga la vista gorda ante ello.

Alrededor de la pelea contra la privatización de la denominada Hidrovía del Paraná, por ejemplo, se supo que esas multinacionales evaden alrededor de 20.000 millones de dólares anuales. La forma de evitarlo es nacionalizando el comercio exterior, que el Estado lo pase a controlar de manera monopólica. Lo mismo habría que hacer con el manejo de los 19 puertos que están en manos privadas, los cuales deberían ser reestatizados y puestos a funcionar bajo control de sus trabajadores y en función de servir al país, no a los capitales privados.

Otro tanto habría que hacer con la banca. Los bancos, además de gozar con la Ley Entidades Financieras que viene de la dictadura (cosa que ningún gobierno derogó, incluyendo los doce años kirchneristas), son los ejecutores de tantas otras vías por las cuales se hacen las operaciones de fuga. Esto se evitaría si se nacionalizara la banca, donde el Estado pasaría a controlar una sola banca nacional estatal monopólica, evitando de paso los grandes negocios usureros de los propios bancos. Esto permitiría a su vez disponer de créditos baratos para el pueblo trabajador, pequeños productores y comerciantes.

Estas propuestas que sostenemos desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad son para empezar a terminar con la estructura capitalista argentina que beneficia a unos pocos. Que no se nos pregunte entonces “por qué no apoyamos el proyecto del gobierno si es tan bueno”.

Escribe Mariano Barba
 
“El capitalismo se ha demostrado cómo el sistema más eficiente y eficaz….” Así fijó su posición la vicepresidenta en la sesión plenaria de la Asamblea Parlamentaria Europea-Latinoamericana (Eurolat) ante 250 parlamentarios de varios países. Mientras criticaba a Alberto Fernández insistió en “defender las leyes del estado capitalista contra las leyes del mercado.”  La realidad de Argentina y el mundo desmienten esta falacia de Cristina.

El discurso fue ante diputados de varios países, pero usó esa tribuna para meterse en la interna política del gobierno peronista del Frente de Todos, manifestando críticas al presidente, a quien le endilgó: “Que te pongan una banda y te den el bastón no significa que te den el poder”.  Desde hace varios meses los dirigentes peronistas kirchneristas nucleados en La Cámpora intentan diferenciarse de Alberto buscando guardarse para las próximas elecciones.

Pero en sus dichos Cristina reivindica al capitalismo defendiendo el rol del estado. Reivindicó lo que se denomina el “estado de bienestar” que se desarrolló con la reconstrucción de varios países de Europa destruidos por la Segunda Guerra Mundial y que en nuestro país comenzó con el primer gobierno de Juan Perón en 1946. Lo que oculta Cristina es que ya en la segunda presidencia de Perón de 1973 toda esa política de concesiones a los trabajadores fue atacada por el propio gobierno peronista apoyándose en la burocracia sindical y la Triple A, y que desembocó en el Rodrigazo, cuando una huelga general en julio de 1975 derrotó al ministro de Isabel Perón que había anulado las paritarias en medio de una inflación creciente; proceso que concluyó con el golpe militar de 1976.
 
El “estado” de Cristina defiende a las multinacionales

 “El capitalismo se ha demostrado cómo el sistema más eficiente y eficaz”, afirmó Cristina y lo completó con la frase: “La discusión es si a este proceso capitalista lo conducen las leyes del mercado o las leyes del Estado…” Para demostrarlo dijo que: “La pandemia reinstaló la idea del Estado. ¿Qué hubiese sido de todos nosotros si los Estados no intervenían construyendo hospitales, atendiendo enfermos, negociando con los laboratorios por las vacunas?”

Una afirmación totalmente mentirosa porque justamente los estados capitalistas del mundo en pandemia abandonaron a  miles de millones de personas que no tuvieron las vacunas a tiempo y unas 300 millones perdieron sus trabajos. Esos estados garantizaron las ganancias de los pocos laboratorios que fueron habilitados para fabricar vacunas y encima le adelantaron los pagos. Ningún estado capitalista liberó las patentes de las vacunas para que cientos de laboratorios las pudieran fabricar. Argentina fue un ejemplo extremo de esta política, cuando a fines del 2020 se fabricaban millones vacunas de Oxford en el laboratorio mAbxience ubicado en Garín, cuyo propietario era Hugo Sigman del grupo Insud, un íntimo amigo del peronismo kirchnerista. No le incautaron ni una sola vacuna para los argentinos mientras miles se morían sin vacunarse.

Tampoco se priorizó la atención y la mejora salarial al personal de salud ni en Argentina ni en ningún país del mundo, y no se crearon nuevos hospitales. Y para el pueblo que fue confinado para evitar los contagios, sólo existieron unos pocos pagos miserables bajo la figura del IFE.

Podríamos interpretar que Cristina propone un estado protector; pero su propia historia como presidenta desmiente todo el palabrerío. Veamos: La deuda externa que creció a saltos desde la dictadura militar en adelante fue pagada religiosamente por los gobiernos K, al punto de destinar 200.000 millones de dólares a los distintos acreedores. Y ante el reciente acuerdo con el FMI, Máximo y Cristina solo pedían que se alarguen los plazos de pagos, pero nunca propusieron no pagar; legalizaron la deuda de Macri. En cuanto a las privatizaciones de las empresas públicas de luz, gas, telefonía, ferrocarriles, agua y petróleo que impuso el peronista Carlos Menem, tampoco fueron recuperadas por Néstor, Cristina ni Alberto. La única que nacionalizaron parcialmente fue YPF, pero para que explote el gas y el petróleo bajo la técnica del fracking, cediendo las mejores áreas a Chevron, Shell, PAE, Exxon, y otras multinacionales.

En una palabra, los dichos de Cristina son solo un “relato”, porque su gobierno aplica ajuste tras ajuste con una pobreza que afecta a uno de cada cuatro argentinos, y a la mitad de los niños. Por eso, para el pueblo trabajador, sean peronistas, radicales o de izquierda, las propuestas de Cristina no resuelven ninguna de sus aspiraciones porque las formula defendiendo el sistema capitalista que está destruyendo fuentes de trabajo, saqueando el ambiente y empobreciendo a un alto porcentaje de la población. Solo un cambio que tome medidas como las que proponemos desde Izquierda Socialista y  el FIT Unidad puede encaminar la sociedad hacia un bienestar del pueblo trabajador.

Escribe Guido Poletti

Que el gobierno peronista del Frente de Todos está sumido en una crisis muy profunda no es ninguna novedad. La interna entre Alberto Fernández y el kirchnerismo ya es un secreto a voces, que los propios protagonistas ni siquiera se encargan de disimular.

Es que la gestión del ajuste durante estos dos años y medio de gobierno no resultó gratis para el oficialismo. Las promesas de “terminar con el neoliberalismo de Macri”, “llenar la heladera” o “ponerle plata en los bolsillos a los trabajadores y jubilados” quedaron en la nada. Porque se priorizó, una y otra vez, los pagos y las negociaciones con los pulpos de la deuda externa. Primero con los acreedores privados y luego con el FMI.

Por todo eso, sencilla y simplemente, el Frente de Todos perdió las elecciones de noviembre pasado. Y lo peor, como lo saben los propios protagonistas, es que el acuerdo recientemente firmado con el FMI no permitirá revertir en absoluto nada de todo esto: es más ajuste, saqueo de nuestros recursos y entrega de las decisiones más importantes a la aprobación o no del staff del propio Fondo.

Como ya explicamos reiteradas veces, y lo volvemos a hacer en otras notas de este mismo periódico, el kirchnerismo, sea en la voz de Cristina, o de cualquiera de sus seguidores, no ofrece ninguna salida para el pueblo trabajador. Simplemente hace fuegos artificiales retóricos para tratar de salvarse del repudio popular a las consecuencias más salvajes del ajuste.

El peronismo de conjunto, esa fuerza política patronal que incluye además de  Alberto Fernández, al núcleo gobernante y al kirchnerismo, al Frente Renovador de Massa, al conjunto de la burocracia sindical de la CGT y las CTA y a la mayoría de los gobernadores de las provincias, observa preocupado la crisis, con los ojos puestos en las elecciones de 2023.

La semana pasada se reunieron en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) los gobernadores de las provincias que, de una manera u otra, responden al peronismo o al Frente de Todos. Allí estuvieron los más cercanos a Alberto Fernández, kirchneristas como Axel Kicillof y Alicia Kirchner, e incluso el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. Fue como una revitalización de lo que allá lejos, en los tiempos del Argentinazo de 2001, se llamó “la liga de los gobernadores”. En ese entonces liderados por Eduardo Duhalde, fueron quiénes, preocupados por el levantamiento popular de ese entonces, salieron de hecho a gobernar y “reconstruir” el régimen político, al servicio de las grandes patronales, el FMI y el imperialismo.

Hoy los gobernadores “olfatean” el desastre. Se dan cuenta que el gobierno del Frente de Todos puede ir camino a la derrota electoral el año que viene. Y, peor aún, temen que las consecuencias del ajuste puedan llevar incluso a un estallido social previo. Por eso, en lo inmediato, empiezan a ver si se despegan, separando las elecciones provinciales de la presidencial. Pero más de fondo, tienden, como siempre lo hicieron, lazos con las grandes patronales nacionales y extranjeras y con los mismos economistas del establishment que hoy aparecen como preparando un programa de mayor ajuste  aún para Juntos por el Cambio (con reformas estructurales, laborales y jubilatorias incluidas).

Varios de estos gobernadores no esconden sus aspiraciones de ser ellos mismos nominados como candidatos presidenciales en los próximos meses.

Frente a todo esto invitamos a reflexionar al pueblo trabajador. Ninguno de ellos ofrece otra cosa que los mismos ajustes y políticas antipopulares que están llevando adelante en sus provincias. Son el peronismo de siempre, con la burocracia sindical como garante, que, unido o dividido, según les convenga, gobiernan para las patronales y el imperialismo.

Todo esto nos refirma en que la tarea pasa por el fortalecimiento de una real alternativa política para que gobiernen los trabajadores, con un programa alternativo que priorice la resolución de las más urgentes necesidades populares. A eso estamos abocados desde el Frente de Izquierda Unidad.

Escribe Claudio Funes

El gobierno de Juntos por el Cambio de Larreta utilizó el sistema de reconocimiento facial, a través de las cámaras que saturan la ciudad, para llevar adelante actividades de espionaje ilegal sobre millones de personas. Una medida de persecución, no de seguridad.

La investigación judicial determinó que las tareas fueron ejecutadas en el marco del sistema de datos biométricos para la búsqueda de prófugos. Excediéndose en el acuerdo con el Registro Nacional de las Personas (ReNaPer), que solo le permitía abarcar un universo de 40.000 individuos con orden de captura judicial, el gobierno de Larreta lo extendió al monitoreo de más nueve millones de personas entre el 25 de marzo de 2019 y el 20 de diciembre de 2021, por fuera de la lista original de los buscados.

Las pericias sobre los equipos informáticos demuestran que se efectuó un seguimiento sobre dirigentes políticos opositores y personalidades de los medios de comunicación. La larguísima lista incluye, por ejemplo, a Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Sergio Berni, Estela de Carlotto, Patricia Bullrich, Elisa Carrió y al periodista Alejandro Bercovich, entre otros. Por supuesto no podían dejar de ser espiados los referentes del Frente de Izquierda Unidad. Ninguno de los nombrados, que sepamos, está prófugo.

Larreta repite una práctica común a todos los gobiernos patronales. Recordemos que Macri, con Arribas y Patricia Bullrich, espió a opositores, a periodistas, a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan y de Santiago Maldonado, y al mismo Rodríguez Larreta. Tampoco debemos olvidar a la “Gestapo” antisindical durante el gobierno de María Eugenia Vidal. ¡Son muy PRO!

El peronismo kirchnerista lo hizo con su Proyecto X de Gendarmería, comandado por Aníbal Fernández y el genocida César Milani. El “espionaje estratégico”, como lo presentaron, destinó un enorme presupuesto a la persecución y criminalización de la protesta. Por su parte, Alberto Fernández, apenas asumió, puso un infiltrado en una asamblea de los trabajadores en lucha del INTI e implementó el “ciberpatrullaje” de la ex-ministra Frederic.

Ante esta situación, decimos que rápidamente tienen que avanzar la investigación, el esclarecimiento y el castigo a los responsables del espionaje ilegal. Basta de abusos policiales.
Sobre todo, levantamos nuestra exigencia de fondo, que se desmantele el aparato represivo y de espionaje que utilizan todos los gobiernos al servicio de sus políticas de ajuste.

Escribe Claudio Funes

Sin las respuestas de fondo buscadas, las organizaciones sociales combativas declararon que retomarán la movilización tras la reunión que mantuvieron con el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta. El gobierno se mantiene firme en contra de incorporar más beneficiarios al plan Potenciar Trabajo y aumentar sus montos, entre otros reclamos.

El acampe de 48 horas sobre la Avenida 9 de Julio, junto con diversas medidas de lucha, lograron que el Ministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta se reuniera con las organizaciones sociales combativas el pasado 11 de abril.

Pero solo hubo un avance mínimo; se consensuó incrementar la calidad y entrega de alimentos a comedores barriales. No se logró destrabar la cuestión de fondo, el gobierno se mantiene firme en su postura de no incorporar más beneficiarios al plan Potenciar Trabajo, aumentar sus montos y nada propone sobre la creación de trabajo genuino que reclaman las organizaciones en lucha.

Es que Alberto Fernández y el Frente de Todos responden a las exigencias del Fondo Monetario Internacional y el achique del gasto social pactado, como parte de las “reformas estructurales” sobre trabajadores y sectores populares.
El ajuste, que viene desde que asumieron, ubica hoy al plan Potenciar Trabajo en un monto de 16.500 pesos mensuales (la mitad de un Salario Mínimo), dicho de otra manera, 550 pesos por día, una suma insignificante. Por otro lado, el Salario Mínimo Vital y Móvil, de 33.000 pesos, recibirá una recomposición del 45% y en cuatro cuotas, para llegar el 1° de abril a 38.940 y en diciembre a 47.850 pesos. Un aumento en dosis homeopáticas, mínimas.

Un lento progresar que promete 23.925 pesos en el plan Potenciar Trabajo de diciembre, 797,50 pesos por día. La diferencia a favor es de, tan solo, 247,50 pesos por día.

La política  del gobierno de Alberto Fernández es la de consolidar la pobreza. Los trabajadores de ATE-Indec calculan que al 31 de marzo de 2022, el salario mínimo para una pareja con dos hijos menores debería ser de, por lo menos, 145.456 pesos. El changuito de supermercado está muy lejos de las familias de trabajadores desocupados.

“Basta de apretar a los argentinos”, fueron las palabras del ministro peronista Zabaleta contra el acampe. En el mismo sentido, el jefe de gobierno de CABA y dirigente de PRO, Horacio Rodríguez Larreta, los quiere castigar. Se indigna porque interrumpen la circulación del Metrobús. Calificó de “extorsionadores” y “cobardes” a quienes realizan manifestaciones y acampes en la ciudad. Mientras afirma, con odio, que por ello habría que “sacarles los planes sociales”.

Los extorsionadores, apretadores y mentirosos son ellos, el gobierno del Frente de Todos y la oposición patronal, que aplican los dictados del FMI. Quieren hacernos creer que ellos no son responsables de nada y que los movimientos sociales en lucha son los culpables de todo.

La falta de respuestas llevó a la Unidad Piquetera a retomar la movilización. En el contexto de un plan de lucha nacional, el miércoles 13 de abril miles marcharon a la Plaza de Mayo y, frente a la Casa Rosada, realizaron un acto. En el futuro, entre otras acciones, se prevé una marcha federal.

Desde Izquierda Socialista nos solidarizamos con el movimiento de desocupados combativo. Proponemos como salida de fondo la generación de trabajo genuino a partir de un plan de construcción de viviendas populares, financiado con los fondos que se destinan al pago de la deuda externa.

Según el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci):

En la provincia de Buenos Aires, los alimentos aumentaron 20% en el primer trimestre.
La alimentación básica se encareció 158% desde que asumió Alberto Fernández.