Escribe José Castillo

El superministro de Economía intentará que le aprueben los “deberes”: el mayor ajuste sobre educación, salud y obras públicas y el tarifazo en curso. Se reunirá también con transnacionales del gas y el petróleo para ofrecerles más privilegios.

Sergio Massa se sumará al resto del equipo económico que, con el viceministro Gabriel Rubinstein a la cabeza, hace ya varios días que está rindiendo exámen ante los funcionarios del FMI. Ahí está lo central del viaje: el gobierno argentino en marzo pasado, cuando firmó el acuerdo con el Fondo, cedió todas las decisiones de política económica al organismo, y ahora deberá dar cuenta de si cumplió o no con el superajuste exigido por éste. Del resultado de esta reunión dependerá si se aprueba o no el desembolso de 4.000 millones de dólares al que corresponde llegar este mes. Aclaremos que, en caso de respuesta positiva, este dinero en ningún caso se tratará de “dinero fresco” que podrá ser utilizado para resolver necesidades populares, sino simplemente de lo necesario para poder pagar los vencimientos de deuda con el propio Fondo. O sea un simple “pasamanos” para demostrar que sigue moviéndose e incrementándose la bola de nieve de la deuda mientras continúa el ajuste.

Massa lleva como tributo al FMI las medidas de ajuste implementadas en los últimos días. Podrá mostrarle al Fondo que cumplió con lo prometido por Silvina Batakis en su visita anterior (cuándo ésta aún era ministra) de congelar todas las vacantes en el sector público. Le ofrecerá que se sigue ajustando a los jubilados y empleados públicos (ya que la inflación corre por arriba de los aumentos), que se pusieron en marcha los tarifazos del gas, electricidad y agua y que se achicaron las partidas en educación, salud y obras públicas. Un ajuste que, sumado, es de casi 300.000 millones de pesos.
¿Alcanza para llegar a fin de año con la meta de reducir el déficit a 2,5% del PBI? Es evidente que no, y esa será la primera respuesta del staff del FMI, que le exigirá mayores medidas de ajuste para el último trimestre del año.

El otro gran tema son las reservas del Banco Central. Es que el gobierno del Frente de Todos se comprometió a terminar el año pudiendo mostrar en que tenía al menos 5.800 millones de dólares de reservas disponibles, como señal de que ahí se estaba juntando la plata para cumplir con los vencimientos de deuda. Y el gobierno hasta ahora no lo está logrando. Massa mostrará el acuerdo recientemente ofrecido a los monopolios agroexportadores y grandes terratenientes sojeros, así como a las automotrices y megamineras, donde a cambio de grandes privilegios tiene promesas de pronta entrada de divisas.

Las reuniones con las transnacionales

En su desesperación por conseguir divisas, Massa se reunirá también con varios actores del establishment económico yanqui. Lo más novedoso será su encuentro con las grandes transnacionales del gas y la energía, a las que les ofrecerá mayores privilegios si aumentan sus inversiones en Vaca Muerta. Se habla de un nuevo “Plan Houston”, refiriéndose a una propuesta hecha en su momento por Alfonsín en 1988, todo un preludio de lo que terminó siendo la privatización del gas y el petróleo años después. Pero lo concreto, más allá de lo que se defina en esta reunión, es que todo el programa de Massa es ofrecer más y más privilegios para que los monopolios vengan a saquear nuestros recursos y ambiente. Todo a cambio de algunos dólares más para poder cumplir con los pagos de deuda externa.

La salida está en otra parte

Nada puede esperar el pueblo trabajador de este viaje, que nos muestra el corazón del programa económico del actual gobierno: ajustar y ajustar, monitoreado por el FMI, mientras se ofrecen nuestras riquezas a quién quiera venir a saquearlas. Todo con el horizonte de poder cumplir con los futuros pagos de una deuda ilegal, inmoral, y encima impagable.

Volvemos a insistir: la salida para nuestro país y su clase trabajadora está justamente en lo opuesto: hay que romper con el Fondo Monetario Internacional, suspender inmediatamente todo pago en concepto de deuda externa, reestatizar todos nuestros recursos gasíferos y energéticos, así como las empresas de servicios públicos, nacionalizar la banca y el comercio exterior. Y así, con todos esos recursos, aplicarlos a resolver las necesidades más urgentes del pueblo trabajador: salario, trabajo genuino, educación, salud y vivienda.

Escribe José Castillo

El gobierno de Alberto Fernández, por intermedio del ministro de Economía Sergio Massa, se ha lanzado a garantizarle super-ganancias a varios conglomerados de monopolios exportadores.
Lo más importante, sin duda, fueron los anuncios del domingo 4 por la noche. Allí, Sergio Massa anunció un dólar diferencial (más alto) para los exportadores del complejo sojero (porotos, harina, aceites, pellets y otros derivados). En concreto, el gobierno les asegurará durante todo el mes de septiembre un dólar a 200 pesos, en lugar de los 145 que vale el oficial, o sea una mejora del 38%. Como reconoció el propio Massa: “sería lo mismo que bajar las retenciones a cero”.

Massa anunció esto luego de negociaciones con los grandes exportadores y terratenientes. Se trata de una política “a medida” de estos sectores, como lo confirman dos hechos. El primero, los dichos del propio Massa, de que ya tenía garantizado el ingreso de 1.000 millones de dólares de liquidación en las primeras 72 horas de vigencia de la medida y 5.000 millones a lo largo del mes. Lo segundo, la presencia durante el anuncio de todo el arco del negocio agroexportador, con representantes de Dreyfus, Aceitera General Deheza, Viterra, Cofco, Bunge, Cargill, Molinos Agro, Sygenta, y las principales bolsas de cereales del país.

Por supuesto, Massa también dijo “para la tribuna” que los mayores ingresos permitirán fortalecer las economías regionales y atender a los sectores más vulnerables, vía el Anses. Cuando es un secreto a gritos que de lo que se trata es de aumentar las reservas para atender la demanda de los especuladores financieros, los fugadores de divisas y las exigencias del FMI.

Privilegios para automotrices

El jueves pasado fue aprobado también en el Senado (y hecho ley) el proyecto de Promoción de Inversiones en la Industria Automotriz-Autopartista. Tal como fue informado en los medios, se lo hizo por pedido especial del ministro Massa, que lo solicitó como parte de este paquete de “leyes productivas”.

El proyecto declara oficialmente como “estratégica” a la industria automotriz-autopartista y a todos los eslabones de esa cadena productiva. Por eso se le otorgan una serie de privilegios fiscales, el más importante de los cuales es que pagarán 0% de derechos de exportación (retenciones) de acá al 31 de diciembre de 2031. Además, las empresas accederán a una devolución anticipada del IVA y a poder contabilizar una “amortización acelerada por inversiones en bienes de capital y obras de infraestructura” en el Impuesto a las Ganancias. O sea, en la práctica pagarán cada vez menos de todos los impuestos hoy vigentes.

La excusa es “fomentar la industria nacional”. Pero se trata de una auténtica burla, ya que las transnacionales del sector podrán acceder a estos beneficios, debido a que el contenido mínimo nacional para hacerlo deberá ser de apenas 15% en los primeros tres años de producción y 20% en los dos siguientes. O sea, una empresa que fabrique automóviles con un 80% de contenidos importados será considerada “nacional”. En el caso de los motores que se produzcan, ese contenido nacional tendrá que ser del 10% durante los primeros tres años y 15% en los siguientes dos. Una auténtica farsa.

También beneficios para las megamineras

Massa tiene también en cartera, y muy probablemente se anunciará esta semana, un nuevo régimen de disponibilidad de divisas para el sector minero. Se tratará de facilidades en el acceso a las divisas al tipo de cambio oficial, de modo tal que las empresas puedan girar sin trabas dividendos a sus casas matrices ubicadas en diferentes partes del mundo. ¡Ni siquiera se les exigirá que reinviertan sus superganancias en el país!

En síntesis, todo para estos monopolios, y ni una sola medida a favor del pueblo trabajador.

Escribe Guido Poletti

Sin cubrir el requisito legal de pasar por audiencias públicas, y sin que cada usuarios tenga claridad de a cuánto se le está cobrando la luz que está utilizando, entró de hecho en vigencia el tarifazo eléctrico.

El único dato que existe para calcular los valores, fue el divulgado por la secretaría de Energía. Según este, aquellos que no se hayan inscripto en el registro, pertenezcan al nivel 1 (de “altos” ingresos) o consuman más de 400 kW por mes (o más de 550 kW si es una zona donde no llega la red de gas) sufrirán un aumento de 28% promedio. Un usuario de inscripto en el registro con nivel 2 (ingresos bajos), tendrá una suba de 15%. Claro que este no será el único incremento, ya que sufrirá otro en el mes de noviembre. Y luego otro en el próximo febrero, hasta “completar” el total del tarifazo.
Todo esto es lo que corresponde a las boletas que reciben los usuarios particulares. Pero a esto habrá que sumarle los aumentos que vengan en lo que se llama “usuarios generales”. Ahí el tarifazo se sentirá mucho más, e incluye desde la luz general de un edificio que forma parte de las expensas o lo que paga un kiosco o pequeño comercio.

En el caso del gas, donde también ya está corriendo el aumento, lo único que está claro es que las empresas Metrogas y Naturgy (que opera en la provincia de Buenos Aires) tienen cuadros tarifarios que autorizan aumentos de hasta el 100% entre este mes y el próximo febrero para el nivel 1, sin más datos de cómo ya está afectando al nivel 2 donde se encuentran la mayoría de los usuarios. Pero, sin que quepa ninguna duda, también habrá fuertes porcentajes de aumentos de tarifa sobre este sector.

En medio de una inflación por las nubes y la virtual pulverización de salarios y jubilaciones, esto es un nuevo ataque al bolsillo; con el doble objetivo de cumplir con el ajuste exigido por el FMI, pero a la vez seguir garantizando sus ganancias a las privatizadas. Por lo primero, la salida es romper con el Fondo y dejar de pagar la deuda. Por lo segundo, hay que reestatizar todas las empresas de servicios públicos privatizados y ponerlas a funcionar bajo la gestión de sus trabajadores y usuarios.

Escribe Guillermo Sánchez Porta

Con la llegada de Massa al ministerio de Economía se profundizó el ajuste y la entrega. Empiezan a reactivarse las luchas de los trabajadores, con la docencia al frente. Pero los dirigentes de la CGT y las CTA solo se pelean para ver quién es más sumiso al gobierno nacional. Hace falta un paro general y plan de lucha.
 
Desde que asumió Massa, el gobierno del Frente de Todos, sin diferencias y con el aval de Juntos por el Cambio, lanzó una fuerte avanzada en el ajuste y la entrega al FMI. La inflación, el aumento de precios, alimentos, tarifas y transporte siguen sin freno. La pérdida salarial es inmensa. Y a esto se suman los recortes presupuestarios en salud, educación, vivienda.

Todos los trabajadores están reclamando aumento salarial. El gobierno y las patronales aceptan “reuniones paritarias” y en algunos casos adelantan uno o dos meses algunas cuotas que ya estaban acordadas en la paritaria anual. El gran problema es que mientras los precios aumentan sin freno y la inflación llegará alrededor del 100% anual, estos “adelantos” se enmarcan en las paritarias que se cerraron con incrementos salariales de entre un 45% y 65%. Las patronales y el gobierno quieren que perdamos al menos un 30% del salario en un año.

Pero lo más grave es que los burócratas sindicales de la CGT y las CTA aceptan estas propuestas y hasta firman un salario mínimo vital y móvil y jubilaciones por debajo de la línea de pobreza. Hacen esos acuerdos sin realizar asambleas ni consultar a los trabajadores. Siguen repitiendo, sin ponerse colorados, que “el salario igualará o le ganará a la inflación”. Presionados por el malestar de la base, los dirigentes hacen algunas declaraciones contra los aumentos de precios y los “especuladores”, pero siguen defendiendo al gobierno. El 17 de agosto hicieron una “jornada” sin paro, ni movilización conjunta, ni acto, solo columnas de los sindicatos dando vueltas en diferentes horarios por la ciudad de Buenos Aires, en defensa del gobierno del Frente de Todos. ¡Increíble!

Esta trampa de “adelantos salariales en cuotas” con el aval de la burocracia sindical, por ahora les está dando resultados a las patronales y el gobierno. Con la burocracia logran encorsetar las luchas de los trabajadores, pero la presión crece por abajo. Las enormes luchas de los docentes de San Juan y La Rioja salieron porque la base desbordó a los burócratas, y pararon semanas por fuera de la conducción de los sindicatos, autoconvocados. Ese es el gran temor que tienen los burócratas. Y empiezan a darse luchas importantes contra los salarios de pobreza y los recortes, con los docentes y estatales provinciales al frente.

Desde el sur, en Santa Cruz, Chubut, Río Negro, con paros y acciones callejeras, la docencia reclama aumentos salariales. En Mendoza llevan semanas con paros y movilizaciones. Santa Fe le arrancó a la burocracia de Alesso semanas de huelga, con movilizaciones masivas particularmente en Rosario, en unidad con otros sectores gremiales, y están esperando la contra propuesta del gobernador peronista Perotti. Córdoba tuvo el paro con movilización más multitudinario de décadas. Las calles céntricas se llenaron de guardapolvos contra el gobernador Schiaretti y no dejaron hablar en el acto al burócrata del sindicato UEPC, Monserrat. En provincia de Buenos Aires, contra la condena absurda al docente Lucas Puig y las agresiones a docentes en jardines de infantes y escuelas, además del malestar por el salario y la falta de presupuesto, el viernes 2 se venía un parazo autoconvocado por los Suteba Multicolores, por fuera de Baradel y Suteba provincial, que se diluyó por el asueto. Y en CABA hubo una enorme movilización docente y de la comunidad de Barracas convocada por Ademys, contra la muerte por desnutrición de una niña de once años. Desde el interior profundo del país crece la bronca salarial y se va gestando una fuerte lucha, que inclusive obligó a la conducción ultra kirchnerista de Ctera a convocar a un paro nacional del gremio con alta adhesión, que quisieron esconder detrás del justo reclamo contra la condena del dirigente Goodman de Atech Chubut. El reclamo de paro nacional de Ctera y plan de lucha es cada vez más fuerte.

Pero no son solo la docencia y los gremios estatales de las provincias. Pocas veces el adjetivo de “brutal ajuste” está tan bien adecuado a lo que el gobierno está haciendo contra las personas y las infancias con discapacidad. Pensaron que el “recorte presupuestario” para juntar plata para el FMI pasaría desapercibido en este sector. Y se encontraron con el repudio social e importantes movilizaciones en diferentes ciudades del país, que lo obligaron a reenviar parcialmente fondos, pero sin eliminar totalmente los recortes en el sector. También hay paros de docentes universitarios.

Luego de años la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses movilizó masivamente a La Plata. Los trabajadores del Sutna siguen en un fuerte plan de lucha por mejoras salariales, y la UOM está convocando a un paro en la industria siderúrgica (Siderca, Techint, Propulsora, etcétera, las fábricas más grandes del país) para la semana próxima, si la patronal no otorga aumento salarial.
Mientras esto ocurre, los dirigentes de la CGT y las CTA se pelean entre ellos por si hay que hacer o no un paro en apoyo a Cristina Kirchner. Ni se les ocurre tomar una medida de fuerza en apoyo a las luchas en curso y por un aumento general de salarios.

Desde Izquierda Socialista seguimos impulsando, junto al Plenario del Sindicalismo Combativo (PSC), la exigencia a la CGT y las CTA a que llamen al paro general y plan de lucha, con movilización nacional. Que rompan su apoyo al gobierno y al plan de ajuste. Mientras tanto, llamamos a todos los trabajadores a apoyar las luchas en curso y a su coordinación.

Escribe Federico Wagner, delegado departamental por la oposición

El 31 de agosto los docentes cordobeses vivimos una jornada histórica. Hay que remontarse al Maestrazo del ‘88 para recordar un paro de tal contundencia y una movilización tan masiva. Fuimos decenas de miles en las calles, rechazando el ajuste de Fernández, Cristina, Massa y el FMI. Diciéndole no al ajuste de Schiaretti y su ministro de Educación. Reclamando un 50% de aumento al básico en una sola cuota, más cláusula gatillo y presupuesto para Educación. Diciéndole no al ajuste jubilatorio y exigiendo la derogación de la Ley 10.694, que recortó el salario de los jubilados docentes. También por condiciones de trabajo dignas, contra el acoso laboral de los equipos directivos, como el que padeció la docente Karina Moyano mientras estaba enferma e internada y falleció infartada, lo que desató la indignación de la docencia.

En esta enorme movilización hubo una verdadera rebelión antiburocrática. Empezando porque el sindicato UEPC debió convocar por la presión de las bases. Monserrat, el secretario general, quería aceptar la oferta del 67% anual y en cuotas hasta enero del 2023. Ya en el día del paro nacional de Ctera del 10 de agosto, una movilización encabezada por la oposición Multicolor fue a la sede del gremio adonde se había refugiado la burocracia Celeste a exigir la convocatoria a asambleas escolares. Y en las escuelas se fue imponiendo tan masivamente el rechazo y la necesidad de llamar al paro con movilización que ni siquiera pudieron maniobrar burocráticamente la votación, como siempre, y debieron llamar a luchar.En la movilización del 31 de agosto fue tal el repudio a Monserrat que no pudo hablar en el acto, al grito docente de “traidor”, “que se vaya” y que “el paro y la movilización no son de la conducción”. ¡Impresionante!

De todas maneras, la burocracia maniobró el plan de lucha, pasando a un cuarto intermedio de una semana sin ninguna acción, a la espera de una nueva oferta “salvadora”.

Todas las agrupaciones de oposición llamamos a una asamblea autoconvocada, con decenas de docentes. Las asambleas escolares se trasformaron en acciones de lucha con carteleadas, asambleas zonales, semaforeadas, generando un entusiasmo que derivó en una movilización autoconvocada contundente. Al ver este estado de lucha la conducción no pudo aprobar una segunda oferta, donde el gobierno peronista ofreció un 1% más, y tuvo que acompañar el nuevo rechazo. Sin consultar, anunció un tramposo “plan de lucha” de 15 días, con un solo paro y luego acciones donde solo pueden participar los delegados. Otra clara demostración de que no quiere impulsar la lucha ni la movilización.

Frente a esto, los docentes, conscientes de que la lucha depende de nosotros, nos seguimos autorganizando y este sábado, en otra importante asamblea autoconvocada, resolvimos la exigencia a la conducción de que las acciones votadas sean con abandono de tareas, para que sea toda la docencia la que pueda salir a luchar y no solo los delegados. Al mismo tiempo resolvimos una nueva movilización autoconvocada para el martes 6, con el objetivo de exigir la continuidad del plan de lucha con un nuevo paro, esta vez de 48 horas, medida que iremos a debatir esta semana en todas las escuelas.