Escribe Guido Poletti

Sin cubrir el requisito legal de pasar por audiencias públicas, y sin que cada usuarios tenga claridad de a cuánto se le está cobrando la luz que está utilizando, entró de hecho en vigencia el tarifazo eléctrico.

El único dato que existe para calcular los valores, fue el divulgado por la secretaría de Energía. Según este, aquellos que no se hayan inscripto en el registro, pertenezcan al nivel 1 (de “altos” ingresos) o consuman más de 400 kW por mes (o más de 550 kW si es una zona donde no llega la red de gas) sufrirán un aumento de 28% promedio. Un usuario de inscripto en el registro con nivel 2 (ingresos bajos), tendrá una suba de 15%. Claro que este no será el único incremento, ya que sufrirá otro en el mes de noviembre. Y luego otro en el próximo febrero, hasta “completar” el total del tarifazo.
Todo esto es lo que corresponde a las boletas que reciben los usuarios particulares. Pero a esto habrá que sumarle los aumentos que vengan en lo que se llama “usuarios generales”. Ahí el tarifazo se sentirá mucho más, e incluye desde la luz general de un edificio que forma parte de las expensas o lo que paga un kiosco o pequeño comercio.

En el caso del gas, donde también ya está corriendo el aumento, lo único que está claro es que las empresas Metrogas y Naturgy (que opera en la provincia de Buenos Aires) tienen cuadros tarifarios que autorizan aumentos de hasta el 100% entre este mes y el próximo febrero para el nivel 1, sin más datos de cómo ya está afectando al nivel 2 donde se encuentran la mayoría de los usuarios. Pero, sin que quepa ninguna duda, también habrá fuertes porcentajes de aumentos de tarifa sobre este sector.

En medio de una inflación por las nubes y la virtual pulverización de salarios y jubilaciones, esto es un nuevo ataque al bolsillo; con el doble objetivo de cumplir con el ajuste exigido por el FMI, pero a la vez seguir garantizando sus ganancias a las privatizadas. Por lo primero, la salida es romper con el Fondo y dejar de pagar la deuda. Por lo segundo, hay que reestatizar todas las empresas de servicios públicos privatizados y ponerlas a funcionar bajo la gestión de sus trabajadores y usuarios.