Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad
 
Myriam Bregman, Nicolás Del Caño y otros dirigentes del PTS que escriben en su página web La Izquierda Diario siguen con la campaña de “persecución política” y “proscripción” contra Cristina. Una postura que consideramos completamente equivocada, por capituladora a este gobierno. Esta crítica que hacemos desde Izquierda Socialista es compartida por miles de seguidores del FIT Unidad, que ven en la postura del PTS una política opuesta a la que vino levantando el Frente de Izquierda en estos años, enfrentando a todos los gobiernos: al peronismo kirchnerista en sus doce años, luego al macrismo y ahora al Frente de Todos.

No le es fácil al PTS demostrar que no defiende a Cristina. Su dirigente y miembro de la Mesa Nacional del FIT Unidad, Guillo Pistonesi, tuvo que empezar una de sus largas notas polemizando con alguien que en las redes le señaló: “no entiendo por qué carajo el PTS sale a bancar a Cristina”. Es que PTS se suma a la cortina de humo lanzada por el peronismo, en especial el kirchnerismo, que sostiene que no se estarían condenando hechos de corrupción sino que todo es una farsa sin pruebas cuyo único objetivo es proscribir a Cristina.

El gobierno peronista habla de proscripción y de que peligra que Cristina se pueda presentar a las elecciones. El PTS también. Esto es falso. Porque estamos ante un pedido de condena que debe ser ratificado por un fallo, el mismo será apelado ante la Corte Suprema que no tiene plazos para decidir, lo cual seguramente hará dentro de varios años con resultado incierto. ¿De eso no se enteró el PTS? ¿No vió que Cristina ya se puso la gorrita “Cristina 2023”?

El PTS llegó a decir que hasta se le negó la defensa en juicio: “Imagínese si a una vicepresidenta le conculcan estos derechos, qué le queda a un hijo del pueblo acusado por robar una gallina”. ¿Pero no sabe el PTS que las cárceles están llenas de ladrones de gallina sin condena firme y los delincuentes de guante blanco están en libertad? Menem murió en la impunidad protegido por el peronismo y el kirchnerismo, la justicia y los fueros como Senador.

Es preocupante que el PTS haga semejante defensa justo cuando el gobierno peronista se victimiza, intentando tapar el brutal ajuste avalado por Cristina para cumplir con el FMI. Bregman habla de “gobierno de los jueces” y Cristina del “Partido Judicial” que la acosa. Lamentable coincidencia.

Una capitulación a la falsa izquierda de los gobiernos “progres”

La capitulación del PTS al peronismo es argumentada de esta forma por Pistonesi dice: “La derecha, siguiendo los designios de Washington, toma el tema de la corrupción para empoderar al Poder Judicial y perseguir a sus adversarios políticos”. La lavada de cara de PTS es por partida doble. Primero, porque según el PTS hay gobiernos de derecha (Macri) y otros que no lo son, sumándose a la mentira de que habría gobiernos “progres” perseguidos por el imperialismo o supuestamente “nacionales y populares”. Segundo, parecería según PTS que a los jueces solo los maneja la derecha. ¿Pero quién manejaba a los jueces bajo el peronismo menemista de los años ´90 cuando se entregaba todo el patrimonio nacional y se indultaba a los genocidas? ¿Quién puso al juez que metió preso al “Pollo” Sobrero acusado falsamente de quemar trenes por el hoy ministro de Segurdidad Aníbal Fernández en pleno gobierno de Cristina? ¿En Venezuela y Nicaragua a los jueces no los ponen la falsa izquierda de los dictadores Maduro y Ortega que gobiernan para los capitalistas? Una capitulación tremenda a los gobiernos falsamente “progresistas”.

Con este argumento (fallos de una justicia manejada por la derecha) habría que estar pidiendo por la libertad de Lázaro Báez, José López, De Vido, Boudou y Jaime. O si mañana hay un fallo condenatorio contra Macri, ¿El PTS también hablaría de persecución política con el argumento de que ese fallo se podría volver contra la izquierda, como sostienen?

La campaña contra una justicia de la derecha la sostienen los gobiernos latinoamericanos del doble discurso para encubrir que gobiernan con ajuste y son repudiados por las masas. “Es otro plan Cóndor”, dijo la diputada kirchnerista Gisela Marziotta, apelando escandalosamente a estas comparaciones. Como si tuviera algo que ver lo que está ocurriendo con el genocidio de la dictadura militar, que asesinó a miles de luchadoras y luchadores para aplicar un plan de sometimiento al imperialismo yanqui. Una barbaridad.
 
¿Impunidad o castigo a los corruptos?

Los análisis del PTS lo llevan a postular una política de impunidad ante los negociados capitalistas corruptos. El PTS dice que los hechos de corrupción no se pueden castigar con la justicia actual. Después de señalar “nadie puede negar que hubo corrupción durante el gobierno kirchnerista”, dice que como esta justicia no va a llegar a la verdad ni a desbaratar la corrupción porque no es imparcial e independiente (algo obvio), no hay que pedir ningún castigo a los responsables. Ante esto propone un juicio por jurado (un tribunal elegido por sorteo del padrón electoral como ya existe en algunos casos). Pero mientras tanto, según PTS, nadie puede condenar a nadie, incluso si algún juez lo hace obligado por una movilización popular. Para el PTS los políticos y empresarios corruptos deben quedar en la impunidad, dándole la espalda de esta forma al reclamo popular de que los corruptos vayan presos y devuelvan lo que se robaron. Están ignorando las luchas concretas por conseguirlo, como la de los familiares de la masacre Once y los ferroviarios de la Bordó del Sarmiento, que tuvieron que hacer decenas de actos, marchas y movilizaciones contra el gobierno y jueces cómplices para encarcelar a algunos corruptos como Jaime, Schiavi, Cirigliano-TBA o De Vido (este último en prisión domiciliaria).

Claro que repudiamos a esta justicia patronal que funciona de acuerdo al poder político de turno y en favor de los grandes empresarios y oligarcas. Por eso proponemos que los jueces sean elegidos por el voto popular, se terminen sus cargos vitalicios, ganen como una docente y se implementen los juicios por jurado. Sabemos que para terminar con los actos de corrupción capitalista hay que imponer un gobierno de las y de los trabajadores y una Argentina socialista. Pero decir que los corruptos no deben ir a la cárcel es de una claudicación completa. A tal punto que el PTS llega al extremo (o al ridículo) de criticar a la postura de Izquierda Socialista como “derechista”, porque dice que si se diera lo que proponemos habría que “construir cientos de unidades carcelarias en todo el país”.
Llamamos a la militancia del Frente de Izquierda a seguir fortaleciendo con políticas correctas a esta gran herramienta política y de la unidad de la izquierda que es el FIT Unidad.

Escribe Claudio Funes

“No soy la única en el lodo”, advirtió Cristina, y tiene razón. Todos los políticos patronales están salpicados con la obra pública. La práctica de la corrupción desde el poder los enriquece mientras sirven a los empresarios y multinacionales. Hagamos un breve repaso de la historia de Mauricio Macri.

Entre 1973 y 1983 el grupo que fundó Franco Macri, y que luego tuvo a Mauricio Macri como uno de sus principales ejecutivos, pasó de tener siete empresas a cuarenta y siete. Este enorme enriquecimiento se dio a través de licitaciones otorgadas por la dictadura militar y siempre con sobreprecios, para llevar adelante distintas obras públicas. La construcción del puente Posadas – Encarnación y las centrales termoeléctricas de Río Tercero son algunos ejemplos.

Pero los genocidas también le concedieron al grupo Macri créditos por casi 3.000 millones de dólares. A pesar de las facilidades otorgadas para pagarlos, el grupo económico comenzó a deber grandes sumas al Estado. Ahí aparece, en aquel entonces, el ministro de Economía Domingo Cavallo. De un plumazo estatizó la deuda de las empresas del grupo Macri, que ascendía a 170 millones de dólares, y de muchas otras. Este “salvataje” a los más ricos elevó la deuda externa a 40.000 millones de dólares. Aún hoy el pueblo trabajador la continúa pagando.

Con los gobiernos de Alfonsín y Menem continuaron beneficiando al grupo del cual Mauricio Macri, en 1985, pasaría a ser CEO. El gobierno radical le otorgó beneficios por 55 millones de dólares. Como frutilla del postre Alfonsín le condonó una deuda por 29 millones de dólares.

Con el gobierno peronista de Menem llega la apoteosis de beneficios. Con las privatizaciones Macri obtiene paquetes accionarios, a través de títulos desvalorizados, de nueve empresas públicas. El incumplimiento con los términos de las licitaciones es moneda corriente. El Correo Argentino es la gran muestra. Macri, que permanentemente reclama la no intervención del Estado, siempre mama de su teta. La deuda que contrajo por su gestión en el Correo no fue pagada durante los gobiernos peronistas de los Kirchner. Luego, durante su gobierno, hizo que su familia pague los 250 millones de pesos a los que ascendía la deuda. Pero sucede que en 2016 el dólar ya no valía un peso como en 2002, sino diecisiete. Mauricio “obligó” a pagar al grupo Macri la decimoséptima parte de la deuda real (5,88%). Ladrón de guante blanco.

Siempre buen hermano y primo, con el blanqueo de capitales llevado adelante por el gobierno de Cambiemos, Gianfranco Macri y Ángelo Calcaterra legalizaron 622 millones y 44 millones de pesos respectivamente ¿Cuál es la explicación del origen de esas fabulosas sumas? Macri nunca la exigió.

Carlos Wagner (expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción), el arrepentido del caso de los Cuadernos, habló de la cartelización de la obra pública. Según declaró, de este sistema participaban el conjunto de los empresarios de la construcción, decidiendo entre ellos quiénes serían los ganadores de la obra pública del Estado, siempre con sobreprecio para inflar los bolsillos de los gobernantes de turno.

Ya pasaron más de cincuenta años de su fundación y el grupo Socma (Sociedad Macri) continúa obteniendo ganancias a expensas del Estado.

Por último, la enorme corrupción que es avalada por el gobierno del Frente de Todos de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa:  pactaron pagar a expensas del hambre del pueblo trabajador los 45.000 millones de dólares solicitados por Macri al FMI y que, casi en su totalidad, fueron parte de la fuga de capitales.

También Carrió denunció por connivencia a varios integrantes de Juntos por el Cambio por corrupción y vínculos con Sergio Massa, grandes capitalistas y funcionarios judiciales.
Para Macri y Cristina caben los versos de Enrique Santos Discépolo “…Y, en el mismo lodo, todos manosea’os”.

Escribe Mariano Barba
 
Cristina Kirchner realizó varias apariciones públicas victimizandose luego de la acusación del fiscal, que solicitó doce años de cárcel e inhabilitación para ocupar cargos públicos. Para responder, la vicepresidenta reivindicó al peronismo y a sus doce años de gobierno. No dijo una palabra del actual y brutal ajuste que lleva adelante junto a Sergio Massa.
 
El martes 23 Cristina realizó, desde su despacho del Senado, una declaración sobre los proyectos de Vialidad que la incriminan, mostrando varias notas periodísticas. Usó su intervención para denostar a la justicia. Pero, fundamentalmente, para dejar el mensaje de que la atacan y la quieren encarcelar porque: “Es un juicio al peronismo, a los gobiernos nacionales y populares, a los que peleamos por la memoria, verdad, justicia, el salario, las jubilaciones, la obra pública”, e insistió: “La sentencia ya está escrita”. Y repitió una definición política que ya había dicho en otras oportunidades: “Me piden doce años de condena por cada uno de los mejores años que vivió el pueblo argentino”.

No hay mejor defensa que un buen ataque, reza un dicho popular. Cristina lo usa frecuentemente. No solo no responde ni aclara ninguna de las acusaciones concretas sobre la corrupción en la obra pública, sino que se centra en ensalzar sus doce años de gobiernos anteriores. Desde Izquierda Socialista le queremos recordar que no son doce, sino que ya lleva quince años gobernando porque hay que computar los casi tres años actuales. Estos tres años junto a Alberto están signados por un ajuste marca mayor donde la inflación está destruyendo los salarios y la miseria supera el 40% de la población. Nunca el pueblo trabajador había caído tanto en su nivel de vida.

Cristina tampoco “recuerda” que en sus tres gestiones anteriores, comenzando por el gobierno de Néstor y siguiendo por sus dos mandatos, muchísimas luchas se dieron contra las políticas del kirchnerismo. No se recuperó ninguna de las empresas de servicios públicos privatizadas por Menem; se le pagó al FMI y los acreedores externos la suma de 190.000 millones de dólares, reconocidos por ella misma cuando se auto definió como “pagadora serial”. Tampoco recuerda Cristina que vetó la ley del 82 % móvil para los jubilados. Que durante su mandato se hizo el acuerdo con Chevron para entregar las riquezas hidrocarburíferas de Vaca Muerta que se impuso con una gran represión en la legislatura de Neuquén; y que contenía puntos secretos que ahora son respetados para que las multinacionales del petróleo tengan beneficios especiales como lo anunció el ministro Massa. Tampoco recuerda que durante sus doce años se dio la masacre de Once con 52 muertos por la corrupción de empresarios amigos del Jaime y De Vido; y se batió el récord de más de cinco mil perseguidos por luchar de todos los ámbitos, laborales, derechos humanos, pueblos originarios, estudiantes, y un largo etcétera. El propio “Pollo” Sobrero, dirigente ferroviario y de Izquierda Socialista, fue preso por orden del actual Ministro de Seguridad,  Aníbal Fernández, que le inventó una causa. En conclusión, no hay nada para reivindicar de aquellos doce años, y menos aún de los tres del actual gobierno.
 
¿El peronismo es “alegría” o ajuste?   

El sábado, luego de la represión ejercida por la policía de la Ciudad contra los manifestantes que se concentraron frente a su casa, la vicepresidenta, desde un escenario en su barrio de la Recoleta, dijo que “nos reprimen por odio al peronismo. No toleran el amor y la alegría de los peronistas”.  Desde Izquierda Socialista rechazamos la represión y el intento de Rodríguez Larreta por impedir una manifestación de apoyo a Cristina. Y también queremos destacar la voltereta discursiva típica del kirchnerismo que intenta presentar una escenografía que no existe en el país. No vemos “alegría” en ningún sector del pueblo trabajador. No lo vemos en los asalariados que sufren mes a mes la caída de su poder de compra, no lo vemos en los desocupados que tienen subsidios de indigencia, no lo vemos en los jóvenes, que más de la mitad sufren la pobreza. No vemos alegría por ningún lado. Más bien predomina la decepción por lo prometido y no cumplido en este gobierno de Cristina que optó por pagar la deuda al FMI y no los derechos del pueblo trabajador.

Con solo los últimos trece años de gobiernos peronistas en el país y en muchas provincias podemos sacar la conclusión de que el peronismo no tiene nada que ofrecer a las y los trabajadores, jóvenes y sectores populares. La salida es la izquierda y te proponemos sumarte a construir Izquierda Socialista en el FIT/Unidad.

Escribe Mariano Barba

Con el objetivo de reunir a su alrededor a todo el arco peronista, Cristina, refiriéndose a la justicia y a la derecha, dijo que: “Vienen por todo, vienen por ustedes, por los salarios, los derechos de los trabajadores, las jubilaciones”.

Rápidos de reflejos los burócratas sindicales salieron presurosos a defender a Cristina ante la acusación del fiscal Diego Luciani.

Los más jugados son los dirigentes de la CTA de los Trabajadores, encabezada por el diputado kirchnerista  Hugo Yasky. Reunieron a la Comisión Ejecutiva Nacional y el Plenario de Secretarios Generales para lanzar un plan de lucha y preparar un paro nacional. ¿Será para defender el salario, las condiciones de trabajo y la jubilación? ¿Será para enfrentar el ajuste y el pacto con el FMI? ¡No! No se les pasa por la cabeza. Las medidas son para defender a Cristina. La resolución dice textualmente: “Impulsar un plan de lucha destinado a impedir la maniobra de proscripción de Cristina Fernández de Kirchner y la criminalización de la protesta social”. Y además agrega “[…] preparar el paro nacional activo para exigir la declaración de nulidad del juicio contra la vicepresidenta de la Nación”. Esto demuestra que son cómplices totales del ajuste. Ya de las medidas de Massa ni hablan.

La burocracia de la CGT también se enfrascó en analizar una medida de fuerza en apoyo a Cristina. Pablo Moyano de Camioneros junto a Víctor Santa María, secretario general del sindicato de encargados de edificios (Suterh) y referente del PJ porteño, plantearon la conveniencia de tomar una medida de fuerza para “autodefensa ya que vienen por nosotros”, haciendo caso al llamado de Cristina.
El 17 de agosto la CGT y la CTA habían confluido en una marcha sin oradores y solo “contra los formadores de precios”. Hoy vuelven a repetir la historia, ya que debaten una medida pero no para defender los trabajadores sino para defender al PJ, a Cristina y compañía.

Enfrentando al ajuste y al pacto burocracia-gobierno está el Plenario del Sindicalismo Combativo, encabezado por las y los ferroviarios del Sarmiento y trabajadores del Sutna, entre otros. Un espacio de coordinación para seguir construyendo una nueva dirección combativa y democrática, independiente de todos los gobiernos.
                                                                   

Escribe Claudio Funes

Cristina Kirchner entregó la faraónica y cuestionada tarea de soterrar el Sarmiento a un consorcio de empresas privadas, con su decreto 151 del 23 de enero de 2008. La Unión Transitoria de Empresas (UTE), conformada por: la brasileña Odebrecht, la argentina Iecsa (de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri), la italiana Ghella (socia de Calcaterra en la conformación del Grupo ODS -Obras, Desarrollos y Servicios-) y la española Comsa; recibieron millones, también del macrismo, por un trabajo nunca concluído.

El 16 de junio de 2016, mediante un decreto firmado por Gabriela Michetti, el gobierno de Mauricio Macri ordena reanudar las obras, entonces paralizadas. Rápidamente asignó fondos a ser pagados a la UTE Iecsa-Odebrecht-Ghella-Comsa. A esa altura, Marcelo Odebrecht, CEO del gigante brasileño, ya había pasado por la cárcel en el marco de la causa por coimas en su país (Lava Jato) y en varios de América Latina, entre ellos la Argentina. Eran los mismos tiempos en los que Lázaro Báez y Ricardo Jaime aparecían detenidos frente a las cámaras de televisión. Para colmo ejecutivos de Odebrecht confesaron pagos de coimas por al menos 3,3 millones de dólares para ganar la obra del ferrocarril Sarmiento. La tarea la llevó adelante Javier Sánchez Caballero, mano derecha de Calcaterra en Iecsa.
Recordemos que Odebrecht también financió la campaña electoral de Mauricio Macri, así como la de Daniel Scioli, Sergio Massa y Margarita Stolbizer. Las grandes empresas ponen plata en todos los canastos para continuar haciendo negocios con los gobernantes de turno que la aceptan.

Si bien la UTE se fue transformando según las conveniencias de los grandes capitalistas, lo cierto es que, a la fecha de la suspensión de las obras en diciembre de 2018, el gobierno de Macri gastó más de 747 millones de dólares.

Los ferroviarios del Sarmiento, encabezados por Rubén “Pollo” Sobrero, estuvieron en la primera fila de la denuncia técnica, por lo perjudicial del proyecto al servicio de pasajeros, y política, por la corrupción que caracterizó este proyecto. Las obras de soterramiento tuvieron como fin ser un gran negociado, no un más rápido y seguro transporte para el pueblo trabajador.