Escribe José Castillo

Milei logró que su veto a la Ley Jubilatoria quede firme. Lo hizo comprando diputadas y diputados y con una feroz represión. Ratificó así que prefiere llevar adelante un gerontocidio (tal como lo definió nuestra diputada de Izquierda Socialista Mónica Schlotthauer) con tal de cumplir con el FMI y los buitres de la deuda.

Se trataba de un proyecto que apenas si les daba unos pocos miles de pesos a las jubiladas y jubilados. Que no cubría ni de lejos lo que se les llevaba robando ni, mucho menos, los sacaba de la pobreza. Por todo esto, el Frente de Izquierda en su momento había presentado su propio proyecto: que cada jubilado y jubilada cobrara como mínimo el valor de la canasta de la Tercera Edad, que asciende a 900.000 pesos, actualizado mensualmente por la inflación, y que se garantice el 100% de sus medicamentos, y, a partir de allí, que se instaure el 82% móvil.  

Pero Milei no estaba dispuesto ni siquiera a aceptar esos pocos pesos que planteaba la ley aprobada. La vetó en su totalidad. Jactándose de hacerlo, incluso diciendo cínicamente que las y los jubilados habían tenido “grandes aumentos en dólares”.

¿Por qué lo hizo, si había miles de encuestas que mostraban que era abrumadora la posición contraria? Se trató, como lo dijo el propio Milei, de dar una señal: dejar tranquilos al FMI y a los buitres internacionales de que ni un centavo se distraerá del objetivo de pagar una deuda externa usurera y fraudulenta.

Con el mismo número con el que se había aprobado la Ley, sobraba para que ambas cámaras del Congreso rechazaran con los dos tercios requeridos. Por eso el gobierno salió a comprar votos para dar vuelta los números. Y de esta manera escandalosa logró que cinco diputados radicales se dieran vuelta y cambiaran su voto. Incluso a otro se le ofreció un cargo en un organismo binacional a cambio de su renuncia (logrando que así asumiera otra diputada del PRO). También apoyaron el veto de Milei los tres diputados peronistas de Tucumán. Y “ayudaron” con su abstención los diputados del bloque Innovación Federal (que responden a los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz –cercano a Sergio Massa–; de Río Negro, Alberto Weretilneck –reelecto en 2023 con el apoyo del entonces gobierno de Alberto y Cristina–, y de Misiones, Hugo Pasalacqua). También lo hizo Lourdes Arrieta (la diputada “del patito en la cabeza”, recién escindida de La Libertad Avanza quien hasta un rato antes decía que iba a votar contra el veto). Los propios radicales también aportaron con dos ausencias, ayudando así a que se le hiciera más fácil a Milei alcanzar los votos para que su veto se ratificara. En síntesis, políticos patronales de todos los espacios le terminaron garantizando a Milei su triunfo.

Milei vetó la Ley Jubilatoria, les sacó a los adultos mayores el 100% de la cobertura en los medicamentos y los reprimió. Es un hecho que hay que pararle la mano a este gobierno ultraderechista que mientras ajusta a las y los jubilados le dio 100 mil millones a la SIDE, le saca impuestos a los ricos y paga puntualmente la fraudulenta deuda externa. Por eso es escandalosa la tregua que, desde hace ya cuatro meses, le ha dado la CGT al gobierno.

También tenemos que reflexionar sobre el rol político de la principal fuerza de oposición patronal: el peronismo. Se volvió a repetir lo mismo que en la Ley Bases: realizó fuertes discursos en el Congreso, pero no toma acciones en cuanto a organizar la lucha para derrotar el ajuste. Está jugando al desgaste del gobierno y que este se exprese en las elecciones de 2025 o el 2027, llamando a votar por un peronismo que ya gobernó llevándonos al desastre en los cuatro años del gobierno anterior.

Por todo esto, desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad, a la vez que denunciamos a la CGT por su tregua y le reclamamos que la rompa y llame a un paro nacional y un plan de lucha, decimos que es fundamental postular un programa alternativo al plan motosierra de Milei, que comience por dejar de pagar la deuda, rompa con el FMI y ponga todos los recursos para resolver las más urgentes necesidades populares, una de las cuales es, sin duda, la recomposición de los haberes de nuestras jubiladas y jubilados.

La diputada Mónica Schlotthauer desde la bancada de Izquierda Socialista manifestó, junto con nuestros compañeros del Frente de Izquierda y Trabajadores Unidad, el rechazo absoluto a la firma del veto presidencial.

Reafirmamos todos los términos del dictamen que presentó la izquierda para dar una solución a la problemática de las y los millones de trabajadores que durante años trabajaron y generaron riquezas en este país y aportaron desde su salario cada mes para tener un retiro digno.

Como dice nuestro dictamen: hay plata en este país para poder pagar 900.000 pesos, que es la canasta mínima, y cubrir el 100% de los medicamentos. Esa plata la pueden sacar del impuesto que le están salvando a todo el empresariado, que la levanta en pala.

Queremos sumarnos a la denuncia que todos los miércoles hacen las y los jubilados frente al Congreso, y que no es ninguna exageración: la política de este gobierno, que es un verdadero gerontocidio. No solo porque más del 80% de los jubilados están ganando sueldos de indigencia, sino porque retirar 40 medicamentos de la cobertura del PAMI, que utilizan el 75% de las y los jubilados, es condenarnos a una vejez tortuosa, dolorosa e indigna.

Lo que ustedes están sacando de la medicación es para los medicamentos de las neurodegenerativas, para medicamentos para curar y proteger del dolor del cáncer.
Y, entonces, la verdad no hay más que decir, “hay que ser muy tacho de mierda para votar contra los jubilados” en el momento que más no necesitan.
Tenemos que terminar con esta mentira de que las y los jubilados son un gasto. Con los jubilados hay una deuda de todo el Estado y de todos los gobiernos.
[...]

Lo que tenemos que decir acá es que ¡Plata Hay! ¡Que le devuelvan la plata a los jubilados que le robaron todos estos años! Todos los gobiernos los vienen jodiendo: con las tablitas de Macri, con el achatamiento de Alberto, con el 82% que en su momento también vetó Cristina, con las AFJP de Menem y con cuanto robo inventó el Fondo Monetario.

Entonces desde nuestra banca ponemos nuestro voto en contra del veto. Acá y fuera, vamos a estar reclamando junto con los que hoy se manifiestan para que haya un plan de lucha que termine de liberarnos de este plan ordenado por el FMI. Y para que, por fin, en este país rompamos las cadenas de dependencia con el Fondo Monetario.

Escribe Adolfo Santos

Milei dice que tuvo que vetar la Ley de Recomposición Jubilatoria porque “no hay plata”, y que esto pondría en riesgo el superávit fiscal. Es una vulgar mentira. Veamos.

Lo primero y principal: el aumento que se les niega a las y los jubilados se usa para pagar la deuda. Un ejemplo clarísimo fue que ya en enero, apenas asumido Milei, los intereses de deuda abonados subieron un 139%, superando por primera vez al monto total que se paga por jubilaciones y pensiones.

Pero esto no es lo único. El gobierno le acaba de rebajar el impuesto a los Bienes Personales a los ricos, y la alícuota del impuesto PAIS a las patronales importadoras. Entre ambas reducciones de impuestos suman más que el 0,43% del PBI, que es el total de lo que salía la ley vetada.

A todo esto le podemos agregar otros datos, que muestran claramente cuáles son las políticas de La Libertad Avanza. Cada aerosol de gas pimienta, usado cobardemente para reprimir a las columnas de jubiladas y jubilados, vale lo mismo que una jubilación mínima. El propio jefe de gabinete, Guillermo Francos, reconoció que sólo en las dos represiones del 1° de febrero y del 12 de junio el gobierno gastó entre ambos operativos 113 millones de pesos, el valor de 483 jubilaciones mínimas.

Por eso decimos con toda claridad: ¡Plata hay! Bastaría dejar de pagar la deuda externa o aplicar un fuerte impuesto a las grandes empresas o a los ricos. O reponer los aportes patronales del 33% que en su momento quitó el menemismo y que ningún gobierno repuso. También se podría poner fin a las 800 jubilaciones de privilegio millonarias, de las que se benefician políticos patronales, jueces y obispos de la iglesia católica, y que sumados equivalen mensualmente a 25.000 jubilaciones mínimas. Finalmente, también habría más plata para las jubiladas y jubilados si se terminara con el trabajo no registrado y precarizado y se exigiera realmente a las patronales que realicen los aportes que corresponden.
 

Escribe Pablo Almeida, delegado general de ATE-Mecom

¿Por qué Milei consiguió imponer el veto a pesar del enorme repudio popular? ¿Por qué tuvo éxito la maniobra de las y los diputados “tránsfugas”?

Una parte muy importante de la respuesta está en la tregua cómplice de la burocracia de la CGT, que no llamó a retomar la movilización del primer semestre, donde hubo dos paros generales exitosos. Así como no hizo nada contra la Ley Bases, ahora tampoco definió ninguna medida de fuerza para cuando se trató el veto en el Congreso. Peor aún: ni siquiera se movilizó ese día, cubriéndose detrás de una vergonzosa “libertad de acción”.  Así, le facilitó al gobierno ultraderechista todas las maniobras que llevaron a ratificar el veto.

Por supuesto que esto no impidió que miles se movilizaran frente al Congreso. Allí estuvieron algunos gremios de la CGT y las CTA, entre ellos Pablo Moyano y Sergio Palazzo. Y hubo una columna independiente del sindicalismo combativo y la izquierda, entre ellos los ferroviarios del Sarmiento con el “Pollo” Sobrero a la cabeza, su secretario general y dirigente de la Corriente Sindical A Luchar, con el reclamo de paro y plan de lucha.

Que la CGT rompa la tregua y convoque a un nuevo paro general

La CGT sigue ausente, como sucede desde mayo. Ahora, lo nuevo es que su objetivo es visitar al Papa Francisco, para consultar “qué opina sobre las políticas de Milei”. Para que resulte más patético, el Papa los recibirá un día después haber recibido a la ministra Pettovello, en la clásica “diplomacia vaticana” de una de cal y una de arena. Mientras tanto, siguen los despidos y la inflación, con un gobierno que al mismo tiempo anunció congelamientos salariales, y que, ahora acaba de presentar un presupuesto de terror anunciando, además, que su política de guerra contra las y los trabajadores continuará el año próximo.

¿Qué espera la CGT? Porque las y los jubilados ya no pueden esperar, lo mismo los cientos de miles de despedidos ni las y los trabajadores que ven sus salarios licuados al límite. Por eso es fundamental denunciar la tregua de la central obrera con el gobierno y exigir desde cada lugar de trabajo que se llame a un nuevo paro general y a un plan de lucha nacional unificado de todo el movimiento obrero para derrotar la motosierra y la represión de Milei, Patricia Bullrich, el FMI y los gobernadores.

Escribe José Castillo

Ganó notoriedad el “salto” pegado por los cinco diputados radicales que, después de haber votado a favor la Ley Jubilatoria, se reunieron con Milei, se sacaron fotos y pasaron a votar en contra. Algunos dirigentes de la UCR los acusaron de traidores a la “tradición popular del radicalismo”, un partido que, supuestamente, tendría en sus banderas “la defensa de los jubilados” o de “la educación pública”, por citar otro tema.

Pero la realidad histórica marca otra cosa. Podríamos  retrotraernos a un radicalismo que, ya en época de Hipólito Yrigoyen masacró obreros en la Semana Trágica (1919) o en la Patagonia Rebelde (1922). O que más tarde encabezó la pro-yanqui Unión Democrática en 1946, o promovió el golpe gorila de 1955.

Pero vamos a concentrarnos en el radicalismo “moderno”, el de 1983 a esta parte. Fue el que, con Alfonsín, prometió que “con la democracia se come, se cura y se educa”, para terminar hambreando al pueblo, tras reconocer la deuda de la dictadura y poner en marcha los planes de ajuste del FMI, que terminaron llevando al desastre de la hiperinflación de 1989. El mismo Alfonsín que, en el terreno de los juicios a los militares genocidas, promulgó las leyes de impunidad de Punto Final y Obediencia Debida.

Fue el radicalismo también el partido, ahora de “oposición”, que le dio los votos al menemismo, los que abrieron el camino a las privatizaciones de los ´90. Y que luego, con Alfonsín a la cabeza, firmaron el llamado Pacto de Olivos, el que le garantizó la reelección a Menem. Por todo eso, la UCR perdió en 1995 su condición de segunda fuerza política, a manos del Frepaso.

Los radicales, rescatados justamente por el Frepaso, formaron parte de la Alianza, con la que volvieron al gobierno en 1999. Fue la presidencia del radical De la Rúa, el mismo que, tras ajustar al pueblo como nunca, terminó trayendo de vuelta a Cavallo, el ministro de Economía de Menem, y que terminó echado en la insurrección popular del Argentinazo de diciembre de 2001.

A partir de allí los radicales llegaron a su mínima expresión: en la elección de 2003 su candidato, Leopoldo Moreau (hoy ferviente kirchnerista) sacó apenas el 2,34% de los votos, el número más bajo jamás obtenido por el histórico partido. De la UCR salieron, en esos años, Elisa Carrió, Ricardo López Murphy, Margarita Stolbizer, formando cada uno su propio partido.

De ahí en adelante, hubo radicales en el primer gobierno de Cristina (su vice fue Julio Cobos). Luego se incorporan a Juntos por el Cambio, dándole la extensión nacional al PRO (entonces una fuerza limitada a la Ciudad de Buenos Aires) que le permitió a Mauricio Macri llegar al gobierno e implementar su propio ajuste.

El año pasado, hubo radicales tanto en las listas de Horacio Rodríguez Larreta como de Patricia Bullrich. De ahí sale Luis Petri, el actual ministro de Defensa de Milei. Del otro lado, tenemos a Martín Lousteau, actual presidente del partido, el mismo que en 2008 fue el ministro de Economía de Cristina Fernández cuando se dio la crisis de la Resolución 125.

Con todos estos antecedentes, no nos debe llamar la atención la conducta de estos cinco diputados radicales tránsfugas. No es más que un nuevo capítulo de un viejo partido patronal, ya en su máxima decadencia y descomposición. Que obviamente, no tiene absolutamente nada para ofrecer al pueblo trabajador.