Escribe Laura Marrone, dirigenta de Izquierda Socialista/FIT-Unidad y miembro del Comité argentino de solidaridad con el pueblo palestino

Este jueves 24 de julio realizamos un cacerolazo frente a la Embajada de Egipto para reclamar la apertura de la frontera que este país posee con Gaza. Hoy está cerrada y con eso se impide el paso de alimentos, medicinas y agua.

Varios carteles con fotos de niños famélicos y heridos fueron desplegados frente al edificio mientras banderas palestinas flameaban al grito de "Abran la frontera". Solicitamos ser recibidos por los diplomáticos egipcios, quienes estaban dentro de la embajada, pero no accedieron.

Los y las manifestantes reclamamos que el gobierno egipcio rompa sus acuerdos con EEUU e Israel y permita el ingreso de los cientos de camiones con alimentos que esperan al otro lado de la Ciudad de Rafa, la ciudad fronteriza.

Desde mayo Israel somete a una nueva crueldad al pueblo Gazatí que está conduciendo a una hambruna generalizada. Los 400 puestos de la ONU que suministraban ayuda humanitaria desde el inicio de la agresión sionista fueron cerrados. En su reemplazo, Israel y EEUU abrieron solo 3, desde los cuales entregan alimentos a cuenta gotas y bajo balaceras ordenadas por el gobierno Israelí. Ya mataron a más de 800 personas y causaron varias centenas de heridos.

Decenas de personas mueren todos los días debido a la falta de alimento, medicamentos y agua. En una carta pública médicos de Gaza y voceros de la propia ONU denuncian que en los próximos días podrían morir miles.

En el cierre de la actividad algunas personas intervinieron denunciando la complicidad de los gobiernos árabes que debieran estar a la cabeza de esta ayuda y condenando el apoyo del gobierno de Milei al genocidio. Denunciaron la reciente resolución del Parlamento israelí de querer anexar Cisjordania como parte del proyecto de la Gran Israel.

También se reivindicó a los jóvenes que, a bordo de la Flotilla de la libertad, nuevamente están atravesando el Mediterráneo en estos momentos para brindar ayuda. Y, se reclamó a los gobiernos de países que han declarado contra el genocidio, que avancen en acciones concretas de ayuda al pueblo gazatí.

Potencias cercanas, incluso geográficamente como China e India, así como Francia, España o Brasil deberían estar enviando ayuda en forma urgente, rompiendo el cerco criminal del estado genocida de Israel.

¡Alto al genocidio!
Ayuda inmediata para el pueblo palestino
Por un palestina libre del río al mar

Difundido por UIT-CI

23/7/2025. Este manifiesto no es una súplica. Es un grito. Es un puño sobre la mesa de la indiferencia. Es un llamamiento urgente a la conciencia del mundo.

Gaza no puede esperar

Hoy, las organizaciones firmantes —los Comités Nacionales de UNICEF y UNRWA en España, Oxfam Intermón, Médicos Sin Fronteras, Save the Children y Movimiento por la Paz (MPDL) — alzamos nuestras voces como una sola. Las alzamos porque el sufrimiento de la población palestina es insoportable. Las alzamos porque en Gaza, con cada día que pasa, algo esencial de nuestra humanidad se desmorona.

Nos dirigimos a los gobiernos, a líderes políticos, a las instituciones internacionales, a los medios de comunicación, a las organizaciones de la sociedad civil y, sobre todo, a todas las personas que aún no han renunciado a su conciencia ni a su capacidad de indignarse ante los actos de barbarie que el actual gobierno y el ejército de Israel están cometiendo en Gaza.

En menos de dos años, más de 56.000 personas han sido asesinadas, más de 18.000 son niños y niñas. Más de 127.000 han resultado heridas, muchas con amputaciones, quemaduras, mutilaciones y traumas imposibles de sanar. Después de los ataques cometidos por Hamás, con 1.200 personas muertas y tomando alrededor de 250 rehenes el 7 de octubre de 2023, Gaza ha pasado a convertirse en el escenario del sufrimiento humano más desgarrador de nuestro tiempo. Se ha transformado en un símbolo brutal del dolor.

El impacto mental es inenarrable, los niños y niñas nos hablan de una desesperanza total hacia el futuro. Y todavía seguimos buscando palabras que estén a la altura de este infierno, porque ya no alcanza el lenguaje para describir tanto dolor.

Prácticamente toda la población de Gaza vive desplazada y asediada, sin un lugar seguro donde refugiarse. Más de la mitad son niños y niñas. Como consecuencia del asedio total impuesto por las autoridades israelíes el 2 de marzo, el 100% de Gaza corre ahora riesgo de hambruna, según Naciones Unidas. Más de medio millón de personas están en fase 5 de hambruna catastrófica, decenas han muerto ya y seguirá sucediendo si el Gobierno de Israel no permite la entrada de ayuda humanitaria masiva.

La protección y asistencia especiales que el Derecho Internacional Humanitario otorga a la infancia —y que constituyen una obligación legal para las partes en conflicto— no se han cumplido. Asesinados o mutilados, cercados por el hambre y el miedo, niños y niñas están siendo afectados de forma desproporcionada por este conflicto. Más de 41.000 han perdido a uno o ambos de sus progenitores. El impacto es tan profundo que ha sido necesario acuñar un nuevo término para describir a aquellos que han sobrevivido, “niños y niñas heridos, sin familiares supervivientes”.

Los ataques contra la población civil, la destrucción de infraestructuras esenciales, la obstrucción sistemática de la acción humanitaria, la privación del agua y de la comida, así como el desplazamiento forzoso constituyen graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario.

El sistema de salud ha colapsado. Al menos el 94% de todos los hospitales de la Franja de Gaza están dañados o han sido destruidos. La atención médica está siendo sistemáticamente atacada en toda Gaza. Quienes sobreviven a los bombardeos mueren por falta de cuidados básicos. Los equipos médico-humanitarios se están viendo obligados a curar heridas sin analgésicos y a racionar medicamentos esenciales. En los quirófanos han tenido que operar sin electricidad.

A esta devastación se suma un modelo de ayuda impuesto por el Gobierno de Israel que excluye los principios humanitarios, a las agencias de Naciones Unidas y a las principales organizaciones humanitarias internacionales. Un modelo que, lejos de aliviar el sufrimiento, lo perpetúa. Que fragmenta, condiciona y politiza la asistencia, violando los principios fundamentales de neutralidad, imparcialidad e independencia. Este no es un sistema de ayuda humanitaria, es la militarización de la ayuda contra una población hambrienta. Facilita desplazamientos forzados, bloquea el socorro vital y consolida el castigo colectivo como arma de sometimiento. En los últimos días han sido asesinadas más de 500 personas y más de 4000 han sido heridas en los puestos de ayuda militarizados como consecuencia de los disparos del ejército israelí.

Mientras tanto, toneladas de alimentos, medicinas y material sanitario permanecen retenidas al otro lado de la frontera, a escasos kilómetros de quienes las necesitan con desesperación.

No podemos permitir que esta indiferencia y complicidad se instalen como norma. No podemos aceptar que los líderes europeos y mundiales observen en silencio mientras una población entera se desvanece bajo las bombas, los escombros, la inanición y el abandono.

Este manifiesto no es una súplica.

Es un grito.

Es un puño sobre la mesa de la indiferencia.

Es un llamamiento urgente a la conciencia del mundo.

Y con cada niña y cada niño muertos, con cada madre que llora sin fuerzas, con cada familia sepultada bajo los escombros, algo de nosotros también desaparece. En el futuro no podremos decir que no lo vimos venir. La protección es un derecho y una obligación legal que deben garantizar las diferentes partes y también la comunidad internacional.

¿Cuánto más tiene que sufrir un pueblo para despertar la acción internacional?

¿Cuántos niños y niñas más deben morir para que quienes tienen poder actúen?

Las palabras ya no bastan. Las condenas sin consecuencias no salvan vidas. Las declaraciones sin medidas concretas se difuminan. La historia no juzgará lo que dijimos, sino lo que hicimos. O no hicimos.

Hacemos un llamamiento a las autoridades israelíes para que cesen inmediatamente el castigo colectivo a los palestinos y pongan fin a su inhumano asedio de Gaza. Pedimos también que el Gobierno de Israel cumpla sus responsabilidades como potencia ocupante y que sus autoridades faciliten la entrada de ayuda humanitaria en Gaza a gran escala.

Exigimos a España, a los líderes europeos, y a los estados aliados del Gobierno de Israel, que ejerzan su influencia para lograr:

Un alto el fuego inmediato y definitivo.
La protección efectiva de la población civil, conforme al Derecho Internacional Humanitario.
La apertura total y sostenida de todos los pasos fronterizos para garantizar la entrada masiva de ayuda humanitaria, sin condiciones políticas.
El respeto y restablecimiento pleno del mandato de UNRWA y de todas las agencias humanitarias, sin criminalización ni obstrucciones políticas.
La suspensión de los castigos colectivos como arma de guerra, como el uso del hambre y el desplazamiento forzado.

Ver más en manifiestourgenteporgaza.es

El primer candidato a diputado provincial por la Tercera Sección Electoral de las listas de Milei es Maximiliano Bondarenko, un ex comisario de la “maldita” Policía Bonaerense, conocida por regentear el juego clandestino, la droga, la prostitución, los desarmaderos de autos robados y las zonas liberadas para los piratas del asfalto.

Este ex comisario no es nuevo en la política bonaerense, es un típico tránsfuga que pasó por el PRO, luego se incorporó al radicalismo en el sector de Facundo Manes, y finalmente dio otro salto para aterrizar en La Libertad Avanza (LLA). Es un símbolo claro de cómo piensa ejecutar el ajuste de la motosierra: con palos y represión. 

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional

En nombre de Izquierda Socialista/FIT Unidad repudiamos las declaraciones del futuro embajador imperialista de Donald Trump en Argentina, Peter Lamelas. En el Senado estadounidense dijo que iba a venir a apoyar a
Javier Milei, a controlar el país recorriendo las provincias para pactar más entrega con los gobernadores, a asegurar las inversiones imperialistas como la de los laboratorios farmacéuticos estadounidenses, a defender a las multinacionales, a combatir a la izquierda e incluso defendió el repudiable fallo de la Corte contra Cristina Fernández.

Lamelas es el representante de EEUU, socio del genocidio del Estado sionista de Israel contra el pueblo palestino, el que apoyó a los ingleses en Malvinas y el que maneja mayoritariamente al FMI que, de la mano de Milei, volvió a reforzar el encadenamiento del país con más endeudamiento, entrega y saqueo que le está haciendo pagar al pueblo trabajador.

Llamamos a repudiar esta nueva y peligrosa intromisión de un personero del imperialismo yanqui.

¡Fuera Lamelas de Argentina!
¡Fuera yanquis de América Latina!
¡Ruptura con el FMI!
¡No al pago de la deuda externa!
¡Basta de entrega y saqueo!
¡Por la Segunda y Definitiva Independencia!

El 20 de julio de 1995 fue aprobada la Ley de Educación Superior (LES) impulsada por el gobierno menemista en consonancia con los dictámenes del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para los países de América Latina. El “gasto” de los Estados tenía que achicarse para poder cumplir con el pago de las deudas externas, y así, dónde no avanzaron las privatizaciones, se les revoleó a los niveles subnacionales (provincias, municipios) el financiamiento de derechos como la educación y la salud. Tal fue el caso de la Ley Federal de Educación promulgada en 1993. Y tal fue el caso de la LES, con la diferencia de que ningún gobierno hasta el día de la fecha la derogó. 

La intervención masiva del movimiento estudiantil hizo en 1995 que el gobierno retire del proyecto final el aval a la privatización directa (cobrar por cursar o matrícula en el grado) de las universidades nacionales, pero no logró evitar que con la aprobación se incorporen mecanismos alternativos de mercantilización de la educación superior. Esencialmente, la legalización de la búsqueda de “recursos propios” (art. 59) para autofinanciarse empujó a que los rectores (tanto radicales como peronistas) de las universidades de todo el país: a) busquen en el mercado el financiamiento que les retacearon todos los gobiernos, b) promuevan el recorte de las carreras de grado (gratuitas) a las carreras de posgrado (pasibles de ser aranceladas), y c) promuevan la precarización laboral de las plantas docentes y nodocentes llevando, entre otras cosas, a la masificación de los “ad-honorem” y la tercerización de las tareas de mantenimiento.

Así, la LES implicó un nuevo avance en la privatización de la educación superior, parándose sobre la “Ley Dominguorena” que en 1958 tras la pulseada de la “Laica y la Libre”, había terminado habilitando que las instituciones religiosas y las empresas privadas de formación otorguen títulos habilitantes en nuestro país. La férrea defensa de la Universidad Pública llevada adelante durante décadas por el pueblo argentino construyó el hito de una universidad masiva de ingreso irrestricto como conquista de la clase trabajadora. Pero siempre se promovieron vías para poner esa formación superior y su producción de conocimiento al servicio del mercado. Al mismo tiempo, el financiamiento de esa universidad pública recibió todo tipo de ataques, y estuvo siempre por detrás del crecimiento de su matrícula, quedando varias veces menor en su inversión por estudiante que la de las universidades latinoamericanas con las que se suele comparar su calidad académica (San Pablo, UNAM, etc.).

La LES no sólo no fue derogada durante los llamados gobiernos “progresistas”, sino que se la exprimió en su uso al máximo. Desde el punto de vista del financiamiento, universidades como la de San Juan vendieron su aval a la contaminación de la Barrick Gold; Exactas de la UBA recientemente, firmó un convenio con Shell para realizar una investigación respecto de la cual no podrá divulgar sus resultados; florecieron decenas de carreras y títulos intermedios al servicio del agronegocio, la minería y la explotación de combustibles fósiles. Mientras que la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) fue una pieza clave en la extorsión mercantilista por excelencia: presupuesto y validación de títulos a cambio de reformas curriculares al servicio de las exigencias del capital (art.46). 

Pero la LES también fue el intento de sedimentación del régimen de cogobierno feudal de las universidades públicas. Los reclamos de democratización de las últimas décadas, con reclamos como la mayoría estudiantil y elección directa de las autoridades chocaron con lo establecido en el art. 53 que fue esgrimido ante procesos de lucha como los de la UBA en 2006 o la Universidad Nacional de La Rioja en 2013. La LES es también el sostén legal de que estudiantes, docentes y nodocentes puedan votar quién ocupa el Sillón de Rivadavia y comanda a las fuerzas armadas pero no a quién ejerce funciones en decanatos y rectorados.

Fue el movimiento estudiantil el principal sostén de la lucha contra la LES menemista en su aprobación y la década posterior: del bloqueo al Congreso para evitar el tratamiento en la cámara de diputados en junio de 1995 hasta el último Encuentro Nacional Contra la LES realizado en 2005 en la Facultad de Derecho de la UBA. La Franja Morada (UCR) y el peronismo (en sus múltiples variantes), es decir, las mismas conducciones que en 1995 traicionaron la lucha facilitando su aprobación, se encargaron de abandonar toda referencia a la necesidad de terminar con la LES. Y lamentablemente, en los propios sectores combativos y la izquierda, a pesar de los esfuerzos que se realizamos desde nuestra corriente y junto a otros espacios, hace tiempo que ha quedado desjerarquizada la necesidad de pelear no solo por presupuesto, sino también por otro modelo de universidad pública. Lo cual parte, necesariamente, de derogar la LES. 

El Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios viene a ratificar que la vocación mercantilizadora del sistema universitario es un horizonte común entre todos los partidos que gobernaron y gobiernan la Argentina. Diseñado y aprobado durante el gobierno peronista del Frente de Todos y ahora relanzado por el subsecretario de políticas universitarias, el fachoistoide “Galleguito” Alvarez, y el Consejo Interuniversitario Nacional (los rectores de todo el país), se trata de una reforma forzosa de las currículas de las universidades públicas en la perspectiva de homologarlas en la mayor medida posible con la oferta de las universidades privadas. 

Se promueve el achicamiento de las carreras de grado; la virtualización de la cursada; “trayectos cortos” para el abandono rápido de la cursada; el igualamiento de los planes de estudio con carreras del sistema privado o incluso de otros países; la entrega por tanto, de la autonomía de cada unidad académica a la hora de discutir el perfil y las particularidades locales de sus planes de estudios. Como pasa con la fuerza de trabajo y con la naturaleza, al conocimiento y la formación también el capital busca hacerlas uniformes: estandarizarlas, reducirlas a su mínima expresión para mejor explotarlas y venderlas.

Este aggiornamiento mercantilista es defendido por las autoridades en nombre de facilitar la trayectoria de formación a lxs estudiantes, con la supuesta preocupación por los parámetros de finalización de las carreras con los que se cuentan. Eterno parámetro utilitarista que pierde de vista hasta qué punto cambia la vida de unx estudiante su paso por la universidad pública, termine o no su titulación. Pero una preocupación impostada al fin: si se trata de garantizar el derecho al acceso y la permanencia lo que hacen falta son becas integrales, boleto educativo, más acompañamiento docente (remunerado), más horas en las casas de estudio (más trabajo nodocente), hace falta más presupuesto y no ponerle a nuestras universidades el ropaje y las lógicas de la universidad privada.

En estos 30 años, la LES delimitó el mapa en el cual se libraron las luchas por la Universidad Pública. Los intereses del capital no llegaron hasta donde querrían: el “caso” de la universidad pública masiva y gratuita de la Argentina sigue siendo una “rareza” regional y global. El costo ha sido una lucha tenaz y permanente, pero también, el avance de la precarización y pauperización de docentes y no-docentes, y el escaso acompañamiento a lxs estudiantes que dejan sus cursadas por no contar con los recursos necesarios.

La “motosierra” sobre el presupuesto universitario es la otra cara de la moneda del avance privatista: se desfinancia para que las universidades se “auto-financien”. La renuncia de 10.000 docentes universitarixs fruto del congelamiento salarial es una consecuencia buscada por una política consciente de destrucción de la universidad pública. Como se trata de promover el lucro con la formación superior, y dado que aún no les da para promover el arancelamiento que tanto querrían, van a buscar que las universidades nacionales pierdan su calidad y drenar así la matrícula estudiantil hacia la formación de grado privada. Menos matrícula que financiar para el estado, y más negocio para los empresarios del sector: “win win” para Milei, Caputo, Petovello y el “Galleguito” Álvarez,

Es en todo este contexto que el gobierno anuló las paritarias de docentes y nodocentes, decretando “aumentos” del 0%, con salarios que están reduciendo su poder adquisitivo casi a la mitad en el transcurso de año y medio de experiencia facholibertaria. El Frente Sindical Universitario (los gremios nacionales sumados a los rectores y las federaciones estudiantiles) se ha demostrado incapaz de significar un freno ante los sistemáticos ataques del gobierno -si es que alguna vez tuvo esa intención-. Ahora nos convocan a confiar nuevamente en el mismo Congreso que el año pasado ratificó el veto de leyes que contemplan tímidas actualizaciones salariales y presupuestarias. Sin un plan de lucha real, unificado y contundente que sea organizado desde cada unidad académica estaremos yendo nuevamente a chocar contra la pared de la variopinta colaboración con la que cuenta Milei en el Congreso.

Impulsamos el NO INICIO de las clases este segundo cuatrimestre, acompañando esa definición con la organización de iniciativas interclaustros e intergremiales que permitan planificar acciones de visibilización del conjunto de nuestros reclamos. Que se convoquen  asambleas, radios abiertas, ruidazos, todo lo que se pueda organizar desde cada casa de estudios. Vamos por una partida de emergencia para salarios para docentes y nodocentes, presupuesto para becas integrales, boleto educativo nacional y gastos de funcionamiento y boleto educativo nacional. Pero también, para poner en cuestionamiento y quebrar el SACAU y toda reforma privatista. 

Exigimos una TERCER MARCHA FEDERAL, porque es en las calles la única manera de garantizar que aparezcan las partidas que urgentemente se necesitan para sostener en pie la universidad pública.

PLATA para EDUCACIÓN, NO para la DEUDA.
ABAJO LA LES Y EL SACAU
Por una Universidad al servicio de lxs trabajadorxs