El 20 de julio de 1995 fue aprobada la Ley de Educación Superior (LES) impulsada por el gobierno menemista en consonancia con los dictámenes del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para los países de América Latina. El “gasto” de los Estados tenía que achicarse para poder cumplir con el pago de las deudas externas, y así, dónde no avanzaron las privatizaciones, se les revoleó a los niveles subnacionales (provincias, municipios) el financiamiento de derechos como la educación y la salud. Tal fue el caso de la Ley Federal de Educación promulgada en 1993. Y tal fue el caso de la LES, con la diferencia de que ningún gobierno hasta el día de la fecha la derogó.
La intervención masiva del movimiento estudiantil hizo en 1995 que el gobierno retire del proyecto final el aval a la privatización directa (cobrar por cursar o matrícula en el grado) de las universidades nacionales, pero no logró evitar que con la aprobación se incorporen mecanismos alternativos de mercantilización de la educación superior. Esencialmente, la legalización de la búsqueda de “recursos propios” (art. 59) para autofinanciarse empujó a que los rectores (tanto radicales como peronistas) de las universidades de todo el país: a) busquen en el mercado el financiamiento que les retacearon todos los gobiernos, b) promuevan el recorte de las carreras de grado (gratuitas) a las carreras de posgrado (pasibles de ser aranceladas), y c) promuevan la precarización laboral de las plantas docentes y nodocentes llevando, entre otras cosas, a la masificación de los “ad-honorem” y la tercerización de las tareas de mantenimiento.
Así, la LES implicó un nuevo avance en la privatización de la educación superior, parándose sobre la “Ley Dominguorena” que en 1958 tras la pulseada de la “Laica y la Libre”, había terminado habilitando que las instituciones religiosas y las empresas privadas de formación otorguen títulos habilitantes en nuestro país. La férrea defensa de la Universidad Pública llevada adelante durante décadas por el pueblo argentino construyó el hito de una universidad masiva de ingreso irrestricto como conquista de la clase trabajadora. Pero siempre se promovieron vías para poner esa formación superior y su producción de conocimiento al servicio del mercado. Al mismo tiempo, el financiamiento de esa universidad pública recibió todo tipo de ataques, y estuvo siempre por detrás del crecimiento de su matrícula, quedando varias veces menor en su inversión por estudiante que la de las universidades latinoamericanas con las que se suele comparar su calidad académica (San Pablo, UNAM, etc.).
La LES no sólo no fue derogada durante los llamados gobiernos “progresistas”, sino que se la exprimió en su uso al máximo. Desde el punto de vista del financiamiento, universidades como la de San Juan vendieron su aval a la contaminación de la Barrick Gold; Exactas de la UBA recientemente, firmó un convenio con Shell para realizar una investigación respecto de la cual no podrá divulgar sus resultados; florecieron decenas de carreras y títulos intermedios al servicio del agronegocio, la minería y la explotación de combustibles fósiles. Mientras que la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) fue una pieza clave en la extorsión mercantilista por excelencia: presupuesto y validación de títulos a cambio de reformas curriculares al servicio de las exigencias del capital (art.46).
Pero la LES también fue el intento de sedimentación del régimen de cogobierno feudal de las universidades públicas. Los reclamos de democratización de las últimas décadas, con reclamos como la mayoría estudiantil y elección directa de las autoridades chocaron con lo establecido en el art. 53 que fue esgrimido ante procesos de lucha como los de la UBA en 2006 o la Universidad Nacional de La Rioja en 2013. La LES es también el sostén legal de que estudiantes, docentes y nodocentes puedan votar quién ocupa el Sillón de Rivadavia y comanda a las fuerzas armadas pero no a quién ejerce funciones en decanatos y rectorados.
Fue el movimiento estudiantil el principal sostén de la lucha contra la LES menemista en su aprobación y la década posterior: del bloqueo al Congreso para evitar el tratamiento en la cámara de diputados en junio de 1995 hasta el último Encuentro Nacional Contra la LES realizado en 2005 en la Facultad de Derecho de la UBA. La Franja Morada (UCR) y el peronismo (en sus múltiples variantes), es decir, las mismas conducciones que en 1995 traicionaron la lucha facilitando su aprobación, se encargaron de abandonar toda referencia a la necesidad de terminar con la LES. Y lamentablemente, en los propios sectores combativos y la izquierda, a pesar de los esfuerzos que se realizamos desde nuestra corriente y junto a otros espacios, hace tiempo que ha quedado desjerarquizada la necesidad de pelear no solo por presupuesto, sino también por otro modelo de universidad pública. Lo cual parte, necesariamente, de derogar la LES.
El Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios viene a ratificar que la vocación mercantilizadora del sistema universitario es un horizonte común entre todos los partidos que gobernaron y gobiernan la Argentina. Diseñado y aprobado durante el gobierno peronista del Frente de Todos y ahora relanzado por el subsecretario de políticas universitarias, el fachoistoide “Galleguito” Alvarez, y el Consejo Interuniversitario Nacional (los rectores de todo el país), se trata de una reforma forzosa de las currículas de las universidades públicas en la perspectiva de homologarlas en la mayor medida posible con la oferta de las universidades privadas.
Se promueve el achicamiento de las carreras de grado; la virtualización de la cursada; “trayectos cortos” para el abandono rápido de la cursada; el igualamiento de los planes de estudio con carreras del sistema privado o incluso de otros países; la entrega por tanto, de la autonomía de cada unidad académica a la hora de discutir el perfil y las particularidades locales de sus planes de estudios. Como pasa con la fuerza de trabajo y con la naturaleza, al conocimiento y la formación también el capital busca hacerlas uniformes: estandarizarlas, reducirlas a su mínima expresión para mejor explotarlas y venderlas.
Este aggiornamiento mercantilista es defendido por las autoridades en nombre de facilitar la trayectoria de formación a lxs estudiantes, con la supuesta preocupación por los parámetros de finalización de las carreras con los que se cuentan. Eterno parámetro utilitarista que pierde de vista hasta qué punto cambia la vida de unx estudiante su paso por la universidad pública, termine o no su titulación. Pero una preocupación impostada al fin: si se trata de garantizar el derecho al acceso y la permanencia lo que hacen falta son becas integrales, boleto educativo, más acompañamiento docente (remunerado), más horas en las casas de estudio (más trabajo nodocente), hace falta más presupuesto y no ponerle a nuestras universidades el ropaje y las lógicas de la universidad privada.
En estos 30 años, la LES delimitó el mapa en el cual se libraron las luchas por la Universidad Pública. Los intereses del capital no llegaron hasta donde querrían: el “caso” de la universidad pública masiva y gratuita de la Argentina sigue siendo una “rareza” regional y global. El costo ha sido una lucha tenaz y permanente, pero también, el avance de la precarización y pauperización de docentes y no-docentes, y el escaso acompañamiento a lxs estudiantes que dejan sus cursadas por no contar con los recursos necesarios.
La “motosierra” sobre el presupuesto universitario es la otra cara de la moneda del avance privatista: se desfinancia para que las universidades se “auto-financien”. La renuncia de 10.000 docentes universitarixs fruto del congelamiento salarial es una consecuencia buscada por una política consciente de destrucción de la universidad pública. Como se trata de promover el lucro con la formación superior, y dado que aún no les da para promover el arancelamiento que tanto querrían, van a buscar que las universidades nacionales pierdan su calidad y drenar así la matrícula estudiantil hacia la formación de grado privada. Menos matrícula que financiar para el estado, y más negocio para los empresarios del sector: “win win” para Milei, Caputo, Petovello y el “Galleguito” Álvarez,
Es en todo este contexto que el gobierno anuló las paritarias de docentes y nodocentes, decretando “aumentos” del 0%, con salarios que están reduciendo su poder adquisitivo casi a la mitad en el transcurso de año y medio de experiencia facholibertaria. El Frente Sindical Universitario (los gremios nacionales sumados a los rectores y las federaciones estudiantiles) se ha demostrado incapaz de significar un freno ante los sistemáticos ataques del gobierno -si es que alguna vez tuvo esa intención-. Ahora nos convocan a confiar nuevamente en el mismo Congreso que el año pasado ratificó el veto de leyes que contemplan tímidas actualizaciones salariales y presupuestarias. Sin un plan de lucha real, unificado y contundente que sea organizado desde cada unidad académica estaremos yendo nuevamente a chocar contra la pared de la variopinta colaboración con la que cuenta Milei en el Congreso.
Impulsamos el NO INICIO de las clases este segundo cuatrimestre, acompañando esa definición con la organización de iniciativas interclaustros e intergremiales que permitan planificar acciones de visibilización del conjunto de nuestros reclamos. Que se convoquen asambleas, radios abiertas, ruidazos, todo lo que se pueda organizar desde cada casa de estudios. Vamos por una partida de emergencia para salarios para docentes y nodocentes, presupuesto para becas integrales, boleto educativo nacional y gastos de funcionamiento y boleto educativo nacional. Pero también, para poner en cuestionamiento y quebrar el SACAU y toda reforma privatista.
Exigimos una TERCER MARCHA FEDERAL, porque es en las calles la única manera de garantizar que aparezcan las partidas que urgentemente se necesitan para sostener en pie la universidad pública.
PLATA para EDUCACIÓN, NO para la DEUDA.
ABAJO LA LES Y EL SACAU
Por una Universidad al servicio de lxs trabajadorxs
