Escribe Leticia Rubira, vocal de la comisión directiva UEPC Capital 

La docencia cordobesa volvió a protagonizar una jornada histórica de lucha. Tras el segundo rechazo por unanimidad a la propuesta salarial del gobernador Martín Llaryora, la presión de las bases le impuso a la burocracia Celeste, conducida por Roberto Cristalli, un nuevo paro de 48 horas los pasados 18 y 19 de marzo, que se hizo sentir en las calles con una movilización masiva.

Mientras la canasta familiar supera los dos millones de pesos según ATE-Indec, el gobierno busca atar los salarios a una recaudación en caída, en línea con el ajuste que impulsan Milei y el FMI. En lugar de gravar a los grandes grupos económicos o dejar de pagar la deuda provincial, Llaryora pretende que el ajuste recaiga sobre las y los trabajadores. El impacto es directo: en la docencia, el 70% no cubre sus gastos  mensuales, el 45% recurre al pluriempleo y casi el 80% se endeuda para subsistir.

La masiva movilización en la capital, encabezada por la oposición combativa de Unidad desde las Escuelas, junto a las autoconvocatorias en el interior, viene frenando las maniobras de la conducción provincial de la UEPC. Lejos de impulsar un verdadero plan de lucha, la Celeste actúa para desactivar el conflicto con medidas aisladas o reabriendo ofertas ya rechazadas. Tras el paro contundente, no hay plan de acción: la conducción apuesta al desgaste.

En este escenario irrumpe la oposición combativa de Unidad desde las Escuelas, que conduce la seccional Capital de la UEPC. Allí se referencia una docencia que quiere dar pelea, como parte de una oposición con desarrollo provincial. Desde Docentes en Marcha sostenemos que hay condiciones y responsabilidad para disputar la dirección del conflicto. Mientras Cristalli y la Celeste sigan definiendo el rumbo, la fuerza de las acciones tenderá a diluirse en sus maniobras.

Es necesario fortalecer una práctica basada en la convocatoria de asambleas generales en todos los departamentos. De modo que la base decida para definir un plan de lucha para derrotar la miseria salarial de Llaryora, retomando las mejores tradiciones del sindicalismo docente combativo. Marcamos una diferencia con Tribuna Docente-PO, que encabeza la UEPC Capital, ya que en lugar de impulsar este camino mantiene la pelea encorsetada por los estatutos y la presión de la burocracia.

Frente a la incertidumbre que busca imponer la Celeste, llamamos a que la docencia tome en sus manos la conducción del conflicto, como ocurrió en la gran rebelión de 2023, pero ahora con la fuerza que expresa la UEPC Capital.

Escribe Graciela Calderón, dirigenta de Docentes en Marcha

Se presentó la Multicolor provincial para las elecciones del 13 de mayo en Suteba, junto a expresiones en decenas de distritos. A nivel provincial, está encabezada por María Elisa Salgado, secretaria general de Suteba Tigre, y por Olga Ortigoza como candidata a secretaria de Organización, quien junto a Romina del Plá también lidera la seccional de La Matanza. Las nóminas están integradas por luchadoras y luchadores docentes de numerosos distritos.

La Multicolor se presenta para enfrentar, tanto a nivel provincial como distrital, a la burocracia Celeste, que ha pactado con Axel Kicillof salarios de miseria. Además, ha sido parte del impulso y la implementación de reformas en distintos niveles y modalidades que sólo generan mayor sobrecarga y flexibilización laboral, así como una profundización de la crisis de la educación pública. También es responsable del vaciamiento consciente del sindicato, impidiendo que sea la base la que decida.

Desde Docentes en Marcha formamos parte de la lista provincial y de las listas unitarias en los distritos, encabezando seccionales importantes y aportando luchadoras y luchadores docentes.

La Celeste no va más. Por eso, para conquistar un sindicato combativo y democrático, independiente de los gobiernos y que luche por los derechos de la docencia, el salario y la escuela pública, nos preparamos para dar la pelea por recuperar cada uno de los distritos y también Suteba provincial. Necesitamos un sindicato que luche por nuestros derechos, un sindicato de la docencia y no de dirigentes burocráticos.

Sabemos que es una tarea difícil, porque Roberto Baradel y la Celeste preparan el fraude para mantener el control de cada seccional. Por eso, llamamos a la docencia a ser parte de una gran campaña con la Multicolor, llegando a cada escuela de la provincia. Debemos recuperar nuestro sindicato para pelear por un salario igual a la canasta familiar y en defensa de la escuela pública. ¡Acompañanos a dar esta pelea!

Escribe Mariano Barba

Siguiendo los pasos de Milei, el gobernador de la provincia, Rolando Figueroa intenta imponer un nuevo acuerdo salarial a la baja para todo el 2026. Hasta este fin de año está vigente una actualización trimestral automática según el índice de precios al consumidor. Una conquista lograda en una gran huelga hace siete años. Hace un mes, en el comienzo de la negociación, el gobierno ofreció un aumento salarial del 10% para todo el 2026 según la pauta de Milei, inmediatamente rechazado por la totalidad de los gremios estatales.

Ante el rechazo de los gremios, el gobierno ofreció mantener la actualización trimestral, pero solo hasta junio próximo. Inmediatamente aceptaron los burócratas de ATE, en una asamblea donde no permitieron que se leyeran las mociones de rechazo a la propuesta del gobierno que llevaba la oposición combativa de distintos sectores de la administración pública y los hospitales.

En cambio, en el gremio docente, la asamblea de ATEN Capital realizada el lunes 1° con cerca de 2.500 participantes, votó rechazar la propuesta del gobierno, solicitar una recuperación salarial al básico, con actualización mensual y la anulación del presentismo extorsivo. Además, votó un paro para el 11 de diciembre contra la reforma laboral y el no inicio de clases para el 2026 si el gobierno no ofrecía una respuesta positiva a estos reclamos. Esta moción de la directiva seccional Multicolor encabezada por Angélica Lagunas,  integrante del sindicalismo combativo, cosechó 2.293 votos. La conducción provincial burocrática de Marcelo Guagliardo (TEP) también mocionó en contra de la propuesta del gobierno, pero sin ninguna medida de fuerza, logrando solo 134 votos.

En el resto de las seccionales, incluidas la mayoría de las que dirige el TEP, se repitió la votación favorable a la moción de la Multicolor, sumando 3.578 votos contra algo más de 1.500 del oficialismo.

Hasta el cierre de esta edición el gobierno no ha convocado a nueva mesa de negociación, mientras la docencia se aprestan a llevar adelante el paro de este jueves 11 con movilización. El firme reclamo salarial de la base docente es la respuesta ante el alto costo de vida en la provincia impulsado por los petrodólares de Vaca Muerta; que a su vez, también genera enormes regalías al gobierno, que no usa para mejorar los salarios y las condiciones de vida en educación ni en salud pública. Por eso el conflicto docente, hoy, tiene un final abierto.

Desde Docentes en Marcha manifestamos nuestro más enérgico repudio a las recientes condenas a Mónica Gurina y Leandro Sánchez, referentes sindicales docentes de la provincia de Misiones quienes, en el marco de la enorme rebelión que sacudió a la provincia en el 2023, se valieron del derecho a huelga en reclamo de aumento salarial y condiciones laborales y educativas.

Recordamos que la rebelión no sólo involucró a la docencia, sino también a las y los empleados públicos generando de conjunto una verdadera pueblada que ganó visibilidad a nivel nacional y obtuvo un triunfo, conquistando más de un 100% de aumento salarial.

El gobierno se vio obligado por la movilización a conceder el aumento salarial, pero junto con la justicia iniciaron un proceso judicial con decenas de procesados. El día 26/11, se dio a conocer la condena de un año de prisión a Mónica Gurina y diez meses a Leandro Sánchez, ambas en suspenso, por su rol en un acampe en una avenida céntrica de Posadas y en movilizaciones sobre rutas, acciones realizadas en el marco de la protesta por mejores condiciones laborales.

La justicia misionera, y el gobierno provincial del PJ de Passalacqua, en sintonía con la política de criminalización y persecución a luchadoras y luchadores del gobierno de ultraderecha de Milei, quieren sentar un peligroso precedente y amordazamiento al conjunto de la docencia que se prepara para enfrentar el proyecto de “Ley de Libertad Educativa” el cual destruiría la educación pública tal como la conocemos (ver comunicado en nuestra página), como también a las políticas de ajuste y reforma que vienen aplicando el conjunto de los gobernadores hacia la educación pública y la docencia.

Desde Docentes en Marcha, nos solidarizamos con Mónica y Leandro y con toda la docencia de Misiones que mostró un ejemplo de lucha para toda la docencia del país.

En ese marco, exigimos a la Ctera y a los gremios provinciales que de una vez por todas abandonen la tregua y pasividad que mantienen con los gobiernos y convoquen de manera inmediata a un paro nacional como parte de un plan de lucha hasta anular las condenas a Mónica y Leandro. Y que se pongan a la cabeza de organizar a la docencia para luchar hasta derrotar la política de ajuste y destrucción de la escuela pública de Milei, Trump, los gobernadores y el FMI.

Docentes en Marcha Nacional

Escribe Olga Ortigoza, dirigenta nacional de Docentes en Marcha

El gobierno ultraderechista de Javier Milei, de la mano de las patronales y de las fuerzas políticas que le responden, busca imponer un nuevo y brutal ajuste a partir de las reformas estructurales: laboral, jubilatoria, impositiva y ahora también educativa. Debemos derrotarlas en las calles.

Hace una semana, el gobierno presentó en el Consejo de Mayo un proyecto de Ley Nacional de Educación denominado “Ley de Libertad Educativa” para reemplazar la ley actual. Bajo el eje de la supuesta “libertad”, lo que plantea es la destrucción estructural y profunda de nuestro sistema educativo, un cambio cualitativo.

Este proyecto no implica una simple reforma; atenta contra el carácter estatal, gratuito, público, obligatorio y laico de nuestras escuelas, y también contra la Educación Sexual Integral (ESI) y la libertad de cátedra. Además pretende atacar los derechos laborales en base a una educación mercantilista, avanzar hacia la privatización de la escuela pública y eliminar la educación como derecho social.

El Estado dejaría de ser el garante de la educación y pasaría a cumplir un rol “subsidiario”, derivando el financiamiento a familias y también a empresas para que estas hagan negocios, violentando así el carácter gratuito. Además permitiría la injerencia empresarial para diseñar contenidos según sus necesidades, y se impulsarían “prácticas de formación laboral” para mayores de 16 años, legalizando la flexibilización y la mano de obra barata de jóvenes.

Un Consejo Escolar de Padres y el equipo directivo podrían seleccionar, suspender o separar al personal, pudiendo incluso despedir por razones ideológicas, políticas o sindicales.

Se habilitaría también la educación en el hogar a distancia (híbrida), impartida por las familias, tutores o personas elegidas por ellos, haciendo desaparecer el concepto de docencia y destruyendo toda institucionalidad escolar.

Se declara la educación como “servicio esencial” y no como un derecho. Se ataca así el derecho a organizarse y se criminaliza la huelga por salario, por derechos laborales, por infraestructura y por todos los reclamos de la comunidad educativa.

Todo esto implica un intento de avanzar en la privatización, la mercantilización y la flexibilización laboral con la eliminación del Estatuto Docente, incorporar la religión y destruir la laicidad de nuestras escuelas, además de un ataque directo a la ESI. Busca borrar más de cien años de conquistas de la clase trabajadora y los sectores populares. Son medidas que gobiernos anteriores y organismos internacionales intentan imponer desde hace décadas, pero que la lucha de las y los estudiantes y la docencia ha frenado. Ahora Milei pretende satisfacer estos requerimientos históricos del FMI, el Banco Mundial y otros organismos. Por eso elimina en su proyecto la Ley de Financiamiento Educativo, que establece un piso del 6% del PBI para educación, sin incorporar ningún mecanismo de financiamiento estatal.

Todos los gobiernos profundizaron la desinversión en la educación pública, y ninguno cumplió la meta del 6% del PBI, incluidos los gobiernos kirchneristas. Pero este proyecto ultraderechista significa un salto cualitativo: un cambio profundo en el criterio de la educación, que deja de ser un derecho social para convertirse en un negocio mercantilista al servicio de empresarios y capitalistas.

La Ctera se ha pronunciado en contra, pero mantiene la parálisis que le permitió a Milei y a las provincias avanzar sobre nuestros salarios, condiciones laborales y reformas parciales. Por eso le exigimos un verdadero plan de lucha para derrotar este proyecto antieducativo.
Es necesario organizar un gran movimiento unitario de la docencia, de todas y todos los trabajadores de la educación, estudiantes y familias, en defensa de la escuela pública y para rechazar de plano este proyecto del gobierno.

Leer la declaración completa en: www.izquierdasocialista.org.ar