Con las firmas de los diputados nacionales Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista) y Nicolás del Caño (PTS) se presentó el proyecto planteando que se declare “de utilidad pública laboratorio del Grupo Insud-Pharma donde se producen principio activo vacunas covid-19 y se suspenda la exportación”.

“En este laboratorio de propiedad del empresario millonario ligado al gobierno nacional, Hugo Sigman, se producen 24 millones de dosis por mes que luego se van a México y Estados Unidos. Ninguna de esas dosis son para nuestro país, ni para Latinoamérica. Es más, hubo un desvío de 12 millones de dosis directamente de Argentina a Estados Unidos”.

El artículo 1º del proyecto plantea: “Se declara de utilidad pública a la empresa mAbxience Argentina sita en la calle José Zabala 1040 de la localidad de Garín, provincia de Buenos Aires […]. La administración y ocupación temporaria de la empresa estará a cargo de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP) […].

El artículo 2° dispone la suspensión de “toda exportación del principio activo para la producción de vacunas contra la Covid-19”, y en el resto del articulado se sostiene que se “elaborará un plan de emergencia para continuar produciendo el principio activo y lograr la adquisición de los insumos necesarios, escalar la producción según las necesidades sanitarias y culminar el proceso de terminación y envasado de las vacunas de modo que puedan ser inoculadas a la población en forma segura”, disponiéndose a tal fin que se “reconviertan todos los laboratorios públicos”.

Más de doscientos profesionales de la salud y personalidades, entre ellos la Federación de Profesionales de la Salud (Fesprosa), Nora Cortiñas, entre otros, le han enviado una carta al presidente titulada “La Argentina produce millones de vacunas y lxs argentinxs están sin vacunar”, en donde se solicita que se suspendan las remesas al exterior y que se autorice a los laboratorios públicos y privados a envasar esa vacuna en la Argentina. A continuación, algunos pasajes:

“Queremos elevar la voz de alerta sobre el tema de la vacunación contra el Covid-19 en Argentina [...] Las remesas de vacunas llegan del exterior a cuentagotas. Frente a la escasez, sectores del poder concentrado hacen lobby para liberalizar la compra, distribución y administración de las vacunas [...] Sin embargo, pocos argentinos saben que en una planta del conurbano, mAbxience, propiedad del empresario Hugo Sigman, se producen semanalmente varios millones de dosis de vacunas AstraZeneca que son enviadas a México, donde el magnate Slim se comprometió a envasarlas y enviarnos 25 millones de dosis. Pero al día de hoy no ha enviado ni una y no se sabe cuándo lo hará”.

“Argentina cuenta con dos plantas públicas con capacidad de envasar productos biológicos. Son el Laboratorio de Hemoderivados de la UNC y el Instituto Biológico “Tomás Perón” de La Plata.”

“Los que venimos defendiendo hace décadas la producción pública de medicamentos y vacunas sostenemos que ante la emergencia es imprescindible:

1) Suspender las remesas a México de la vacuna de AstraZeneca hasta que comience la entrega desde dicho país de manera regular y suficiente de las vacunas envasadas.

2) Se autorice bajo el régimen de emergencia a los laboratorios públicos y privados a envasar la vacuna producida por mAbxience, proveyendo la asistencia técnica y financiera necesaria.

Carlos Ferreyra es un reconocido médico de Córdoba, con formación en epidemiología y en salud pública, y además activista climático. Tiene más de treinta años de experiencia en la gestión pública y trabajó en más de cuarenta países para controlar brotes epidémicos de enfermedades infecciosas, tales como chagas, cólera o dengue, y de patologías crónicas y sindemias (tabaquismo, obesidad, violencias, etcétera).

Ferreyra, en una entrevista para Resumen latinoamericano, denuncia un apartheid sanitario global ante la pandemia, refiriéndose a la inequidad en el acceso a las vacunas, prestaciones médicas y a la salud en forma integral. Ante la crisis sanitaria mundial, el especialista señala que el responsable es el modelo de desarrollo capitalista, cuyo único objetivo son las ganancias privadas y de esa forma expropia la vida.

Sobre la producción en la Argentina de vacunas de AstraZeneca y su exportación expresó: “Es claro que si eso pasó es porque había intereses particulares. Ahora queda investigar por qué el Ministerio de Salud permitió que se fuera la vacuna a México cuando se sabía perfectamente que esta era la situación que se iba a producir cuando el mundo precisaría vacunas de manera urgente. Creo que se permiten todo tipo de situaciones muy serias que dañan la salud colectiva”.

Sobre el gobierno nacional opinó: “Fernández tiene la obligación de asumir la responsabilidad de trabajar para que esa vacuna que está en provincia de Buenos Aires se transforme en vacuna de todos los argentinos [...] envasar una vacuna en Argentina es un hecho fácil, tenemos instituciones que pueden hacer ese trabajo, tanto en el sector público como privado”. Y concluyó: “Eso es una solución más directa para los argentinos que estar negociando y peleando por pagar vacunas”.

Escribe José Castillo

Cristina dijo “no podemos pagarle al FMI”. Alberto Fernández afirmó que compartía los dichos de la vicepresidenta en una entrevistas con Horacio Verbitsky. Pero mientras tanto, continúan las negociaciones con el Fondo. ¿Cuál es la verdadera política del gobierno?

En la inauguración de sesiones legislativas del 1° de marzo, el presidente Alberto Fernández le había dedicado largos párrafos a la estafa del préstamo con el FMI, que nos había dejado una deuda de casi 50.000 millones de dólares. Llevando el planteo a que se iniciaría acciones judiciales contra Macri y los otros funcionarios responsables de contraerlo. La vicepresidente Cristina Fernández, en un discurso el 24 de marzo pasado, afirmó  a su vez que “no podemos pagarle al FMI”. Por cierto, pocos periodistas se ocuparon de resaltar que, en la frase siguiente, la propia vicepresidenta propuso como solución que “se bajen los intereses” o “ampliar los plazos de pago”, en ningún caso planteó repudiar la deuda.

Entre muchos compañeros que conservan expectativas en el Frente de Todos, estas declaraciones pueden ser leídas como que el gobierno peronista “se endurecería” frente al FMI, y podría llegarse a una situación de suspensión de los pagos. Nada más alejado de la realidad. Veamos.

¿Cuál es la real política del gobierno?

Acá no hay fisuras. Más allá de los discursos “para la tribuna”, desde el primer día el gobierno de Alberto Fernández dijo que su prioridad era cumplir con los acreedores externos y el FMI. Alberto, Cristina, Sergio Massa como presidente de la Cámara de Diputados y Máximo Kirchner como jefe de la bancada oficialista, impusieron la eliminación del reajuste a los jubilados, como una señal de cuál era la prioridad de pago ante los acreedores y el FMI. Posteriormente, hicieron votar (acompañados por Juntos por el Cambio) la autorización para renegociar la deuda, léase el reconocimiento de todo el endeudamiento, incluyendo los casi 50.000 millones de dólares con el FMI que habían denunciado como “truchos” en la campaña (dicho sea de paso, solo hubo dos solitarios votos negativos, los del Frente de Izquierda Unidad). El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, alineado con Cristina, priorizó pagar un vencimiento a los acreedores antes que a los docentes. Y siempre, el designado “negociador” con los pulpos acreedores, el ministro de Economía Martín Guzmán, contó con el más pleno respaldo de todos los sectores del gobierno. Todos aplaudieron el acuerdo firmado con los acreedores y el comienzo de las negociaciones con el FMI. Mientras tanto, y aún en medio de la pandemia, el gobierno del Frente de Todos ya abonó 6.000 millones de dólares de deuda externa.

El gobierno sabe que su discurso de campaña, de que era posible lograr un acuerdo “progresista” con el Fondo, donde éste supuestamente nos dejaría crecer y reducir la pobreza, era una vulgar mentira. En toda la historia del FMI no existió semejante acuerdo, que siempre exigió durísimos planes de ajuste. Como ejemplo cercano en el tiempo, tenemos el ajuste que le exigió a Ecuador en 2019, que dio lugar a un levantamiento popular que impidió su puesta en ejecución.

La política del Frente de Todos, entonces, es correr lo más posible los vencimientos y, de ser posible, la firma del mismo acuerdo hasta después de las elecciones, y en todo caso que se reduzcan un poco los intereses. Y nada más. Sabe que, en cuanto esto se concrete, tendrá que cumplir con las exigencias de un ajuste mayor que el actual, de las auditorías permanentes del Fondo, y por sobre todas las cosas, de pagos astronómicos, cercanos a 10.000 millones de dólares por año a partir de 2025.

Ni siquiera es real el planteo de Cristina de pedirle al FMI que el préstamo se pague en veinte años para achicar los montos anuales. “Eso no se puede”, respondió el propio ministro Guzmán, oficiando de vocero del FMI. En síntesis, lo anticipamos, todo va a terminar, más temprano que tarde, con un nuevo acuerdo firmado en algún futuro inmediato, bendecido por el voto conjunto de peronistas y Juntos por el Cambio.

¿Cuál es la salida?

No hay que confundirse. Más allá de discursos y poses electorales, la política del gobierno peronista del Frente de Todos no tiene nada de “progresista” o “nacional y popular”. Su prioridad es negociar con el FMI y garantizar el cumplimiento de los pagos a los pulpos acreedores internacionales.

Y no hay salida por ese camino. Sólo habrá más ajuste, más miseria, marginación social, bajos salarios, desempleo y saqueo de nuestras riquezas. Por eso, insistimos, la única alternativa es dejar de pagar ya mismo, romper con el FMI y poner todos esos recursos para resolver las más urgentes necesidades populares. Eso, exactamente, es lo que plantea el Frente de Izquierda Unidad.

Escribe José Castillo

Después del discurso de Cristina diciendo que “no le podemos pagar al FMI” y, más en general, del doble discurso que se repite acerca de que durante los doce años de gobiernos kirchneristas se habría logrado el “desendeudamiento”, tenemos que volver a hacer historia.

Néstor Kirchner asumió en 2003 con una deuda externa de 190.000 millones de dólares. Gran parte de ese monto estaba en default, lo que quiere decir que se había dejado de pagar en medio del Argentinazo de diciembre de 2001 y nunca se había vuelto a hacerlo.

Cuando culminó el segundo gobierno de Cristina Fernández debíamos mucho más, 260.000 millones de dólares. En el medio, reconocido por el propio gobierno de entonces, se habían abonado casi 200.000 millones de dólares en efectivo. Un auténtico récord, más que ningún otro gobierno en la historia. Estos simples datos bastan ya para demostrar la mentira del tantas veces declamado “desendeudamiento kirchnerista”.

Veamos cómo fue el proceso. En el año 2005, el gobierno decidió cancelar de contado y con reservas toda la deuda con el FMI, incluso la que todavía no vencía. Así, salieron de las reservas 9.000 millones de dólares. Ese mismo año se cerró el primer canje de deuda, por lo que se volvió a pagarle a los buitres acreedores, con todo tipo de beneficios. Fue la obra maestra de Néstor Kirchner y su ministro de Economía de entonces, Roberto Lavagna. En 2010 se reabrió el canje, permitiendo que entraran al juego más pulpos especuladores internacionales. Como si eso fuera poco, se emitieron, en particular desde 2011, una enorme cantidad de bonos que también hicieron las delicias de los especuladores, que los adquirieron, cobraron sus intereses e incrementaron el total de deuda. Tenemos que sumar a todo esto, el pago a Repsol por la estatización parcial de YPF (donde se había dicho al principio que no se le iba a reconocer un peso) y el escandaloso acuerdo con el Club de París, donde no sólo se blanqueó una deuda que venía de la dictadura, sino que casi se la duplicó reconociendo intereses de usura.

En conclusión, el kirchnerismo nunca se enfrentó de verdad a los pulpos de la deuda. En el tramo final de su gobierno, fue la propia Cristina Fernández quien lo reconoció: “pagamos casi 200.000 millones de dólares. Somos pagadores seriales”. Sí, la expresión “pagadores seriales”, es de la propia ex presidenta y actual vice. Lo reconoce el propio establishment internacional que, sin tener simpatías por el peronismo kirchnerista ni reconocerlo como un gobierno “propio”, sí reconoce que hay que diferenciar el discurso “para adentro”, “para sus propias bases”, que puede contener elementos radicalizados, de la realidad: nunca dudaron, y ahora tampoco, que finalmente van a cobrar.

A no confundirse entonces, ni sucedió ayer, ni pasará hoy. El kirchnerismo, como el resto del peronismo, siempre le pagó a los acreedores y al FMI. Sólo el Frente de Izquierda Unidad es quien, desde siempre, sostiene que la única salida es dejar de pagar y romper con el FMI.