Escribe César Baudino, Paraná, Entre Ríos.

En el marco de la pandemia de Covid-19 el Gobierno de Alberto Fernández ha acelerado su proyecto dependiente neocolonial con varias medidas que acentúan el perfil primario extractivista. Tras llegar a acuerdos con los bonistas para el pago de la fraudulenta ilegal y usurera deuda externa ya tiene definido de dónde sacar los dólares al precio de la catástrofe ambiental vía agricultura transgénica, ganado vacuno, porcino, megaminería, fracking y la ampliación de las plantas químicas y petroquímicas. La producción no está pensada para el desarrollo del país sino para satisfacer las demandas del mercado mundial especialmente Chino (una entrega total de la seguridad ambiental y sanitaria del país, ya en serio riesgo de daño grave e irreparable por el modelo agroindustrial).

Las exportaciones agropecuarias -manejadas y sin control por multinacionales- crecieron un 9% en el primer cuatrimestre frente al desplome industrial. El campo considerado servicio esencial es el único superviviente al derrumbe económico de Argentina, agravado ahora por la pandemia de covid-19.

Días pasados los representantes del Agronegocio enrolados en el Consejo Agroindustrial Argentino entregaron al presidente un documento elaborado por el sector que plantea la posibilidad aumentar las exportaciones totales argentinas a 100.000 millones de dólares en 2030, junto con la creación de 700.000 nuevos puestos de trabajo. Dijo Alberto Fernández  que “en toda la agroindustria hay una gran posibilidad de exportaciones y necesitamos que produzcan ya”.

El Documento Programático habla de las comunicaciones como el ferrocarril y el transporte fluvial-marítimo que evitaría en gran parte la mayor causa  de muertes en Argentina por accidentes viales. Y se nos viene a la mente el modelo agro-exportador de la oligarquía de 1880 con los ferrocarriles y puertos vinculados al mercado mundial capitalista, especialmente Inglaterra, que si bien tenía por objeto la salida de los productos –especialmente carnes y cereales-  por el puerto de Buenos Aires, sirvió como colonizador, fundador de pueblos e integración social.
 El proyecto macro actual de las burguesías sudamericanas, en especial la paulista, es el IIRSA (Integración de la Infraestructura Regional de Sudamérica), que tiene por fin las comunicaciones entre Brasil y el Pacífico (Chile) y desde el Pantanal hasta Nueva Palmira (Uruguay).
“El IIRSA tiene como objetivo promover el desarrollo de la infraestructura de transporte, energía y telecomunicaciones bajo una visión regional”, se dice. Un ejemplo concreto a lo que nosotros respecta es el Puente Rosario-Victoria. Entonces la pregunta es: ¿Las conexiones son para la integración de los pueblos o para los negocios capitalistas?

La Hidrovía Paraná-Paraguay

Ante un nuevo proceso de licitación y propuesta de obras de la Hidrovía Paraná-Paraguay para principios de 2021, se involucrará en el nuevo contrato a las provincias litoraleñas. Por qué el gobernador Bordet festeja esta iniciativa, tendrá algo que ver la quema de los humedales, el acuerdo con China por los cerdos, o qué negocios estará pergeñando. Su inacción respecto a las quemas en las islas habla por sí solo

¿Cómo se interviene el Río?
Señalización, ensanchamiento, balizado, profundización y rectificaciones con el fin de dotar una mayor profundidad el río para que puedan transitar barcos de mayor calado es decir mayor carga que favorezca los el negocio fluvial.

¿Cuál es la empresa que tiene la concesión?
El día 20 de febrero de 1995, el Gobierno Nacional suscribió con la empresa oligopólica belga Jan de Nul N.V. y la argentina Emepa S.A., entre otros actores menores, el contrato de adjudicación de las obras por concesión (aprobado al día siguiente por Decreto Nacional Nº 253/95). Con ello, se otorgaba la concesión del tramo argentino de la Hidrovía Paraná-Paraguay  a las empresas mencionadas, actualmente comprometidas en una “unión empresarial” llamada Hidrovía S.A., por un período de 10 años. Y con ello el manejo del transporte fluvio-marítimo del país.

¿Qué objetivos persigue?
El transporte fluvial de mercancía es el más barato existente visto desde la lógica comercial. Sin embargo, en ese cálculo no son tenidos en cuenta los daños que se le provocan al río, sus ecosistemas y comunidades que de él dependen, al intervenirlo y modificarlo en pos de las demandas mercantiles de la región.

La Hidrovía Paraná-Paraguay uno de los mayores sistemas navegables, éste se ha constituido en el mayor factor de cohesión histórica, humana y económica de los países sudamericanos que la conforman Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay.
Es importante señalar que la Hodrovía Paraná-Paraguay tiene una influencia particular en la expansión de la frontera agrícola y en lo que de ella deriva: deforestación y deterioro de los suelos en contrapartida de mayores superficies sembradas con monocultivos.
El principal objetivo es el de aumentar especialmente los volúmenes de granos transportados para poder competir en el mercado internacional. Según cifras del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, durante el primer semestre del año 2019 las manufacturas de origen agropecuario (MOA) representaron el 37,1% de las exportaciones argentinas, conformadas en un 62% por los granos y sus derivados.

¿Cuál es la zona estratégica de este proyecto?
Existe una zona muy particular, de tan sólo 70 kilómetros de extensión, ubicada entre Timbúes-Santa Fe (a 7 kilómetros de Puerto General San Martín) y Villa Constitución-Santa Fe (a 17 kilómetros de San Nicolás – Buenos Aires), donde se encuentran instaladas 29 terminales portuarias privadas. Del total, diecinueve se dedican al procesamiento de granos y derivados, y doce de ellas tienen fábricas aceiteras propias. Es decir, en este pequeño tramo de costa se halla instalado el mayor conglomerado agroexportador del país y de la región, representando el 80% de la capacidad nacional de molienda de granos.

En el Gran Rosario, en los últimos 20 años (2000-2019) han ingresado anualmente un promedio de 2.093 buques provenientes de ultramar; siendo récord el año 2019 con 2.632 buques, y un promedio de ingreso de 7 buques por día. En la campaña 2018/2019, la argentina produjo 142 millones de toneladas de granos y sub-productos, y de tal producción el 75% se comercializó a partir de estos puertos mediante la navegabilidad facilitada por la hidrovía.

¿Quién lo administra?
El Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná (CIH). 27 años después de la promulgación de este Decreto Nacional, y con una empresa al mando de la concesión por 25 años consecutivos, siendo de público conocimiento la investigación penal por presunta corrupción que aconteció en la última renovación de plazo -sobornos por 600.000 dólares al gobierno nacional, develados en la causa de los cuadernos-, todavía el gobierno no ha creado órgano de control alguno que ejerza la función de vigilancia del comportamiento de dicha empresa y vele por los intereses de la región.

Las críticas se centran, por un lado, en el elevado costo del peaje en relación a los servicios prestados; y, por otro, en que los estudios de impacto ambiental y social son llevados a cabo por la misma empresa, lo que implica que son sesgados, no reflejan el daño que se causa al río, a la flora y la fauna, y no abordan las consecuencias desde una mirada integral.

¿Qué consecuencias?
Intensificación de la explotación de los suelos y corrimiento de la frontera agrícola, principalmente dirigida hacia el monocultivo de la soja, trayendo aparejada su degradación y la eliminación de bosques nativos, de ecosistemas acuáticos, humedales y biodiversidad.
Comunidades aledañas a la hidrovía han ido perdiendo sus tierras, por el avance de la explotación agraria, la instalación de industrias dedicadas al procesamiento de granos y la instalación de terminales portuarias. Esto, implica para los habitantes, contaminación por el uso de agrotóxicos y en el aire por el gran movimiento vehicular en las cercanías de los puertos.

Los trabajos de dragado han influido notoriamente en el proceso de erosión costera y junto al gran tráfico fluvial, han afectado negativamente el desarrollo de la fauna ictícola del río y la flora que acompaña estos ecosistemas. Los hábitats acuáticos donde subsisten y se reproducen, han sido modificados, causando el desplazamiento de especies.

La economía informal, generada y conformada por las comunidades pesqueras, se ha deteriorado, perdiendo sus integrantes el único medio que tienen para subsistir.
A lo largo de la vida del proyecto de la Hidrovía Paraná-Paraguay la información pública ambiental fue y continúa siendo negada e incompleta.

¿Cuáles son las conclusiones políticas que debemos sacar?
*Rechazar el proyecto neocolonial extractivista del Gobierno.
*Necesidad de la creación de la Junta Nacional de Granos para que lleve el control de lo que se produce,  cómo y para quién, la diversificación productiva y los precios máximos y mínimos. Además tiene como principal tarea la soberanía alimentaria es decir erradicar el hambre del país con alimentos orgánicos sanos, sin venenos.
*Nacionalizar el comercio exterior para que evite las fugas de divisas, las facturaciones apócrifas y el contrabando.
*Las vías de comunicación tienen que ser accesibles, para acercar, integrar y estar al servicio de los pueblos y no de los negocios. No tienen que afectar la biodiversidad y el hábitat porque los humanos somos parte de la naturaleza y no ajenos a ella. Tenemos que ir a otra forma de vivir más planificada desde el interés comunitario en convivencia con los otros seres vivos en complementariedad y reciprocidad.

Escribe Ambiente en Lucha Santa Fe

Así como en los ‘90 el gobierno peronista de Menem, junto con el entonces secretario de Agricultura Felipe Solá, entregó el control de la hidrovía a manos privadas, hoy el gobierno de Alberto busca su reprivatización. Para eso creó el Consejo Federal Hidrovía (CFH), un espacio que asesoraría al ministerio de Transporte en todo lo relativo a la nueva concesión de la vía navegable y desde el cual se busca coordinar entre las provincias involucradas y el Estado nacional. El 22 de febrero se realizó la primera reunión del CFH en Rosario con la participación de las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe.

En el discurso de apertura, el gobernador Perotti destacó el rol de quienes impulsaron el proyecto de la hidrovía en la provincia: los gobernadores Reutemann y Obeid. También hizo una mención especial para la Bolsa de Comercio, un emblema de la concentración y el lucro a través del cual operan los pooles sojeros. Con estas declaraciones refleja que existe una clara continuidad en la política de entrega de nuestros recursos a las multinacionales, que durante estos 25 años trasladaron millones de toneladas de granos usando nuestro río Paraná como una “autopista”, sin rendir cuentas a ningún organismo de control, evadiendo impuestos al fisco, contaminando las aguas y dañando severamente el ecosistema de humedales. Un modelo que no podría existir sin la privatización de los puertos a lo largo del cordón industrial en el sur de Santa Fe y el gran Rosario, realizada y perpetuada por los distintos gobiernos peronistas que con esta medida favorecieron el contrabando y la fuga de exportaciones.

En el mismo sentido, Perotti sostuvo la necesidad de promover el desarrollo a través de la hidrovía y de “salir al mundo”. Una idea en total consonancia con los economistas de Juntos por el Cambio, quienes también encubren mediante este eufemismo la subordinación de nuestro país como productor de materias primas para satisfacer la demanda del mundo desarrollado a costa de más saqueo y depredación ambiental.

Por su parte, el ministro Meoni señaló que la concesión anterior cumplió su cometido y que a partir de ahora se debe crecer en calados, es decir, seguir ensanchando el río, para soportar las embarcaciones que serán cada vez más grandes en el futuro. Según el funcionario, las cuestiones ambientales son un “tema sensible” cuya responsabilidad continuará recayendo en las provincias. También admitió que nunca hubo organismo de control y que ya se contaría con un proyecto redactado al respecto, sin embargo, resulta difícil confiar en el mismo partido que en todos estos años no pudo o no quiso garantizarlo.

Por eso desde Ambiente en Lucha participamos de una concentración frente a la gobernación, junto a decenas de organizaciones y activistas independientes, en rechazo a este nuevo intento de privatización de la Hidrovía, reclamando la reestatización de los puertos y denunciando el daño ambiental producido en los humedales. Exigimos además el cese inmediato de las  quemas de pastizales que continúan produciéndose en toda la región del litoral, otra de las consecuencias que trae aparejadas este modelo de entrega.
 

Escribe Mercedes de Mendieta, legisladora porteña por Izquierda Socialista/FIT-Unidad

Desde hace meses jóvenes, ambientalistas, organizaciones sociales y políticas, enfrentan el proyecto del gobierno de Horacio Larreta y el PRO que busca privatizar el predio de Costa Salguero y Punta Carrasco, para construir torres de lujo y comercios en las costas del Río de la Plata. Estamos en la recta final de una pulseada para recuperar el derecho al espacio público ribereño.

La Ciudad de Buenos Aires vive una verdadera emergencia climática, que se profundiza día a día con la constante desaparición de espacios verdes en pos de la especulación inmobiliaria. En 14 años de gobierno del PRO, se ha profundizado el proceso de privatización de tierras públicas, lo que trae como resultado la pérdida de más de 400 hectáreas para el negocio privado. El proyecto de Ciudad del PRO no respeta ni siquiera, los criterios establecidos por la Organización Mundial de la Salud que indica que en los espacios urbanos se debería destinar 10 metros cuadrados por habitante tanto desde el punto de vista ambiental como por la salud de quienes habitan en él. Este modelo de ciudad al servicio del negocio de los especuladores inmobiliarios,  profundiza los problemas ambientales, en detrimento de la calidad de las y los trabajadores y sectores populares.
Ahora estamos enfrentando uno de los proyectos más ambiciosos que significarán una clara obstrucción del derecho al acceso al río. Luego de 30 años de concesión y negocio privado de las tierras públicas de Costanera Norte, se busca reprivatizar las codiciadas tierras junto al Río de la Plata, que debían constituir un espacio vegetado en una ciudad cada vez más gris.

Estamos atravesando una profunda crisis climática, con incendios y sequías, disminución de la biodiversidad que ponen en discusión la necesidad de medidas de fondo contra el sistema capitalista imperialista. Por eso, más que nunca, es necesario reducir los impactos de la crisis climática aumentando los espacios verdes, que absorben los gases contaminantes y son reguladores térmicos. Se trata de poner en discusión la necesidad de que estas tierras públicas generen un verdadero derecho al horizonte y al acceso al río para constituir un borde costero, que al mismo tiempo que reduzca el impacto ambiental, permita el disfrute de las y los trabajadores y sectores populares. Con la privatización se produce un verdadero bloqueo a una costa pública.  

Destacamos que este proyecto tiene su origen en la votación en 2018 del “Distrito Joven”, que legalizó la privatización precaria realizada en los años noventa para boliches y clubes deportivos. En este ocasión, el PRO no sólo contó con los votos de sus aliados del GEN, Coalición Cívica y el PS sino también con todos los votos del Bloque Peronista (hoy parte del Frente de Todxs).
 
¡Más espacios verdes, menos especulación inmobiliaria!

El proyecto se rezonificación del gobierno de la Ciudad es un negocio redondo para los especuladores inmobiliarios, se trata de la posibilidad de construir edificios de entre 18 y 29 metros de altura a orillas del río, donde el metro cuadrado podría valer hasta 9.000 dólares.  En los últimos 14 años de gobierno del PRO, se construyeron 20 millones de metros cuadrados, para una población que no crece desde hace más de 70 años y se mantiene en 3 millones de habitantes. Lo que sí aumenta es el déficit habitacional y se verifica un incremento del 50% de la población de los barrios pobres y populares de la Ciudad en los últimos años. Millones de trabajadoras y trabajadoras se ven expulsados de la ciudad porque no pueden ni siquiera pagar los irrisorios precios de los alquileres. El resultado queda a la vista: entre 250.000 y 350.000 viviendas ociosas en la Ciudad, que representa el 24% del total.

Impulsemos la organización en las calles para la recuperación ribereña

Desde hace meses ambientalistas, organizaciones sociales y políticas venimos siendo parte de un movimiento de rechazo a la privatización del predio, con bicicleteadas, concentraciones y acciones de concientización para frenar el proyecto de Larreta. Desde la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones y nuestra agrupación Ambiente en Lucha somos parte de este movimiento que lucha por la recuperación del espacio ribereño. Estamos en la pulseada final, tenemos que profundizar la organización para recuperar estas tierras públicas al servicio de espacios verdes que disminuyan los impactos de la crisis ambiental que estamos atravesando.

Planteamos la creación de un parque público  que permita incluir flora nativa para que convoque fauna silvestre, porque es la que requiere menos mantenimiento y aporta a recuperar la biodiversidad perdida en la ciudad.
Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad y  nuestra banca en la legislatura y en las calles rechazamos la reprivatización del predio de Costanero Norte al servicio del negocio inmobiliario y peleamos porque estas tierras sean utilizadas para espacios públicos verdes y un verdadero acceso al rio  para las y los trabajadoras, jóvenes y sectores populares al río.    

Escriben Francisco Ayala, Ambiente en Lucha Sur y Manuel Petruzela, Asamblea de Rocha

La situación ambiental en el conurbano tiene particularidades propias, pero no es ajena al modelo de destrucción ambiental capitalista que impera en Argentina y el mundo.
La creciente población y falta de planificación, sumado a los negociados inmobiliarios e instalación de empresas  contaminantes, la corrupción de los gobiernos y el deliberado desfinanciamiento del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), entidad encargada de reservas naturales y parques en la provincia de Buenos Aires, son el escenario “ideal” para la destrucción ambiental capitalista.

Sin embargo, no le es fácil a los gobiernos avanzar, porque en ese escenario también están las y los vecinos que se organizan y salen a enfrentar a los gobiernos y empresas que intentan hacer negocios con la destrucción de la naturaleza sin importar las consecuencias.
 
El Humedad y la Reserva Laguna de Rocha

 Uno de los lugares donde se da este proceso es en Esteban Echeverría. Al sur del gran Buenos Aires hay un enorme humedal que pertenece a la cuenca Matanza-Riachuelo. Ocupa un espacio aproximado de 1.400 hectáreas, y es hábitat de cientos de especies de animales y plantas únicas. Cumple la función de purificación del agua, contención de inundaciones y de regulación del clima. Su destrucción traería consecuencias sociales y ambientales terribles.
Luego de enormes luchas, a finales del año 2012 se logró la sanción de la ley 14.488 que declaró a más de 700 hectáreas del humedal de Rocha “Reserva Natural Integral y Mixta”, un enorme triunfo.
 
La entrega

Con la ley 14.516 del 2013, por orden de Cristina Kirchner se aprobó la modificación de la norma 14.488 quitándole 64 hectáreas, regalándoselas a los clubes Boca y Racing para que hagan polideportivos.
Tanto fue el repudio que el club Boca Juniors se vio obligado a mudarse. Pero Racing siguió con el proyecto. Producto de la lucha, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires puso en suspenso el plan. La reserva podría con una nueva norma extender su superficie, pero no achicarla por el principio de no regresividad en materia ambiental.
Detrás del lobby por Racing están varios políticos poderosos. Entre ellos Julio Alak, actual ministro de Justicia y Derechos Humanos de Kicillof, que también supo ser intendente de La Plata y ministro de Justicia de Cristina Kirchner.
 
La falta de viviendas

Desde hace años se está estableciendo un asentamiento en el humedal. Dicha ocupación es alentada por el Municipio de Esteban Echeverría. Se han descubierto camiones municipales arrojando basura para rellenar las zonas bajas y así poder “entregar” esos lugares para la construcción de casas.
Son áreas que suelen estar “liberadas” y tienen una fuerte presencia del narcotráfico. En épocas de elecciones suelen entregar chapas y materiales de construcción para la gente que vive ahí de manera muy precaria.
Desde hace años vienen prometiendo un plan de viviendas y relocalización de las personas allí establecidas, al ser un lugar en el que pululan las enfermedades y donde ha muerto gente en las inundaciones.
 
La Asamblea x Rocha

En el 2020 el intendente Fernando Gray llamó a una reunión con ambientalistas y vecines. Entre otras cosas iban a hablar de la cuestión del polideportivo de Racing. Deliberadamente evitó el tema a pesar de estar en el temario. Como no se tocó el punto, técnicamente no hubo objeciones al proyecto del club de Avellaneda, por lo que informó eso a la Corte de la provincia. Ante esta miserable maniobra por parte del intendente perteneciente al Frente de Todos, las agrupaciones ambientalistas salieron a repudiar la maniobra y se realizaron acciones de protestas. La  Corte momentáneamente detuvo la causa.

Luego de esas acciones, se propuso llamar a una asamblea para organizar la continuidad de la pelea. Desde Ambiente en Lucha veníamos participando de las distintas iniciativas y ni bien se llamó a la asamblea decidimos sumarnos inmediatamente.
En dicho espacio se vio desde el comienzo lo que está pasando a nivel mundial: las nuevas generaciones que salen a luchar se juntan con quienes hace años vienen dando la pelea, potenciándose mutuamente. Rápidamente la asamblea se transformó en un espacio de debate y herramienta de lucha. Se realizaron pegatinas, agitaciones y movilizaciones. Fue creándose un espacio de coordinación genuina con diferentes voces que no todas dicen lo mismo, pero sí coinciden en la necesidad de unir fuerzas para luchar en defensa de la Reserva de Rocha y el ambiente en general. Todavía es un espacio en formación, pero ya se transformó en una referencia y está imponiendo la agenda en Esteban Echeverría y alrededores. Desde Ambiente en Lucha somos parte de ese proceso y con nuestra política consecuente hacemos todo lo posible para lograr el fortalecimiento del espacio y el triunfo de la lucha, levantando la consigna que tiene la bandera de la asamblea “Basta de Destrucción Ambiental, Los gobiernos son responsables”.

Escribe Gastón Rivero de Ambiente en Lucha Neuquén

Cuando en el 2013, bajo el gobierno de Cristina Fernández, se promulgó una ley nacional hecha a medida de los intereses de la multinacional yanqui Chevron, se preanunciaba que sería la “mejor opción” para explotar el yacimiento de Vaca Muerta y salvar a YPF que venía de ser reestatizada parcialmente en el 2012.  

Finalmente dicho proyecto fue impuesto, en agosto del 2013, con una violenta represión en la legislatura de Neuquén que dejó decenas de heridos, y uno de ellos con balas de plomo,  el docente universitario Rodrigo Barreiro.

El vaciamiento y crisis de YPF, en vez de superarse, se profundizó por responsabilidad de todos los gobiernos nacionales y provinciales. Primero fue privatizada en 1992 por Menen con el respaldo de los gobernadores justicialista (encabezados por Néstor Kirchner), luego vendida a precio vil a la española Repsol en 1999, que se dedicó solo a extraer el petróleo y el gas ya ubicado como reserva, sin avanzar un metro en la exploración y con un nivel de contaminación y pasivo ambiental nunca visto en el país. Ante semejante desastre en el 2012 el kirchnerismo generó una reestatización del 51 % de las acciones en una operatoria escandalosa por lo onerosa. Pagaron 5.000 millones de dólares a Repsol, dejando a la YPF semi-estatal que se haga cargo del pasivo ambiental  que la empresa española había generado. Desde ese momento a la fecha, YPF continuó con su vaciamiento al punto que su deuda en el 2021 era superior a los 6.200 millones de dólares, lo que fue refinanciado parcialmente,  por 420 millones de dólares que vencían en marzo, a una tasa de interés muy superior a la de los préstamos internacionales vigentes.
Encima hay un juicio pendiente contra YPF en tribunales de Nueva York superior a los 3.500 millones de dólares, juicio que habría que pagarle a Repsol si lo gana. Lo que abulta aún más el pasivo.
 
Vaca Muerta está enajenada

A seis años de su comienzo, el fracking ya deja huellas en el ambiente y empieza a afectar directamente la vida en la región. Y esto a pesar de que recién está en sus comienzos la perforación en profundidad y horizontalidad con miles de mini-explosiones y el uso de 700 químicos para romper los poros de las rocas y las arcillas y chupar el petróleo y gas que de ahí se sustrae. Cotidianamente se dan eventos de contaminación, en pequeña escala pero muy repetidos. Los más destacados son los reiterados movimientos sísmicos que se producen en la zona urbana de Sauzal Bonito, en el corazón de Vaca Muerta, con rupturas de las paredes de las viviendas. También se produjo un derrame, entre otros muchos, de hidrocarburos en el área Bandurria Sur de YPF que afectó por lo menos a 45 hectáreas, dejando un pasivo que quizá nunca se remedie, más allá de las multas irrisorias que se puedan cobrar a las petroleras. En las últimas semanas vecinos de Añelo han salido a cortar la ruta exigiendo provisión de agua. La que falta en sus casas es la que se va a los pozos para hacer la hidrofractura.

En total ya se superan las 20.000 punciones agujereando y bombardeando la roca. La voracidad de las multinacionales apañada por YPF y el gobierno nacional y provincial se está manifestando al extremo, aprovechando la cotización del barril por encima de los 60 dólares. Por debajo de 40 dólares las empresas retraen la producción de fracking (en el 2020 enviaron a la casa a 20.000 petroleros con la complicidad de la burocracia sindical cobrando la tercera parte de su sueldo), pero con los precios actuales se acelera muchísimo.

Cuando sube el precio de los combustibles esto recae en el bolsillo del pueblo y aceleran la inflación. Las empresas que dominan el ranking del fracking son lideradas por YPF, y se van intercambiando en cuanto al control de la producción de gas y petróleo, repartiéndose entre la francesa Total Austral,  Exxon Mobile (yanqui), Pan American Energy (PAE) de la familia Bulgheroni con ingleses,  Tecpetrol de Paolo Roca/Techint, la angloholandesa Shell, la yanqui Chevron o Vista Oil&Gas del kirchnerista Miguel Galuccio (quien fue CEO de YPF cuando se votó la ley Chevron). Todas involucradas en primera fila de la contaminación con la emisión de los miles de millones de toneladas de dióxido de carbono que empuja el efecto invernadero.

Para terminar con el saqueo y la crisis de YPF exigimos la recuperación de la totalidad de las reservas de hidrocarburos, la re-estatización total de YPF y de toda la industria hidrocarburífera y minera bajo control de los trabajadores y respetando a las comunidades originarias.