Concentramos a partir de las 17 en Avenida de Mayo y 9 de Julio para marchar desde las 18 a Plaza de Mayo.

Este lunes 31 de enero se realizó un importante plenario en Parque Lezama entre distintas organizaciones políticas, sociales, de trabajadores y el sindicalismo combativo y de derechos humanos. Se resolvió convocar a una nueva movilización amplia y unitaria a Plaza de Mayo y en distintos puntos del país contra el acuerdo del gobierno nacional del Frente de Todos y el FMI. La marcha del 8 es parte de un plan de lucha nacional que le da continuidad a la multitudinaria marcha y acto en Plaza de Mayo del pasado 11 de diciembre convocada por más de cien organizaciones, ahora en concreto para repudiar el pacto gobierno con el Fondo Monetario.

En el plenario se expresaron cincuenta y seis oradores de distintas organizaciones, se debatió el borrador de documento que presentó el FIT Unidad aprobado en términos generales y se acordaron las siguientes consignas convocantes: No al pacto del gobierno con el FMI - Ni ajuste ni tarifazos - No al pago de la deuda externa - Las estafas no se pagan.

Participaron junto a los cuatro partidos del FIT Unidad (PTS, PO, Izquierda Socialista y MST), decenas de organizaciones, entre ellas como Barrios de Pie, Libres del Sur, Jubileo 2000, Partido Socialista Autentico (PSA), FOL, Frente Popular Darío Santillán, MTR 12 de Abril, MTR Histórico, A y L, Nuevo MAS, Política Obrera, Autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda externa, PSTU, Opinión Socialista, Marabunta, PRML, MTR, Convergencia Socialista, Venceremos-PT, PSL, PCT, Rebelión Popular, Torre, Bloque Piquetero Nacional, Juventud Ambientalista, Coordinadora Basta de Falsas Soluciones, entre otras. Los trabajadores despedidos de Garbarino dieron un saludo y anunciaron su participación en la marcha.

Los sindicatos combativos que integran el Plenario del Sindicalismo Combativo (PSC) también impulsan la movilización del 8, entre ellos el Sutna, la Unión Ferroviaria Oeste, Ademys, AGD-UBA, Suteba La Matanza y ATE Ministerio de Economía, entre otros.
El sindicato de trabajadores municipales de Vicente López también participó y prepara una nueva reunión en zona norte para sumar fuerzas a la movilización.

Izquierda Socialista/FIT Unidad participó con una delegación encabezada por Juan Carlos Giordano (diputado nacional electo), Mónica Schlotthauer (diputada nacional electa y delegada ferroviaria del Sarmiento), Mercedes Trimarchi (legisladora electa CABA y referente de Isadora), Mariana Scayola y Jorge Adaro (secretaria general y adjunto de Ademys, respectivamente), Olga Ortigoza (directiva Suteba La Matanza y concejala electa de ese distrito) y Alberto Barrientos (directivo municipales Vicente López), entre otros.

Nuestros oradores repudiaron el pacto de mayor ajuste y entrega con el FMI y reivindicaron la unidad y coordinación para marchar el próximo 8 como ya se hizo el pasado 11D como parte de un plan de lucha nacional, llamando a sumarse a todas las organizaciones y personalidades que estén dispuesto a marchar y movilizar.

El martes 8 el punto de la concentración será a partir de las 17 en Avenida de Mayo y 9 de Julio para luego movilizarnos a Plaza de Mayo después de las 18 horas donde se leerá un documento común que se terminará de definir en una reunión organizativa este jueves.

Sumate a marchar en las columnas de Izquierda Socialista en el FIT Unidad para decirle: ¡No al acuerdo del gobierno del Frente de Todos con el FMI!

Te esperamos.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo por Izquierda Socialista en el FIT Unidad

Este martes 1° de febrero se hará la marcha contra la Corte bajo la consigna “Democratizar la justicia”. La convocan sectores ligados al gobierno nacional y al kirchnerismo, entre ellos Luis D'Elia, el juez Ramos Padilla, Hugo Moyano y Justicia Legítima, con el apoyo de Aníbal Fernández y otros.

Los convocantes se apoyan en el repudio popular que existe contra los jueces de una Corte Suprema pro patronal, elitista, antiobrera, patriarcal y antiderechos. Pero hablan de “democratizar la justicia”, algo que nunca existió, ni ahora con Alberto Fernández, ni en los 12 años de gobierno peronista kirchnerista, ni mucho menos cuando gobernó el peronismo menemista de la década de los 90 cuando la Corte avaló el saqueo del patrimonio nacional con las privatizaciones, los pagos de una deuda externa usurera y fraudulenta y los tremendos casos de corrupción. Estos sectores peronistas llaman a marchar contra una Corte que dicen está manejada por el macrismo, pero los mueve el hecho de que a la justicia la maneje el actual gobierno para evitar fallo en su contra o que se avance en casos de corrupción que involucran a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Por todo esto llamamos a no concurrir.

El macrismo, por su parte, habla de “golpe de estado” y de que hay que defender una supuesta justicia “independiente” llamando a una contramarcha este jueves. Es la misma Corte y jueces que avaló los tarifazos del gobierno anterior, quiso imponer la impunidad a los genocidas con el 2x1 teniendo que retroceder ante la movilización popular o avala y es cómplice de la “Gestapo” macrista para perseguir a dirigentes sindicales. Ninguno de los sectores que llama a marchar, ni mañana ni el jueves, son salida para el pueblo trabajador, ni están por “transparentar” ninguna justicia. Lo que hay es una puja entre oficialismo y oposición patronal para ver quién pone y saca a los jueces a su antojo, mientras las designaciones la hacen entre ellos para que jueguen a su favor ante cada gobiernos de turno”.

Hay que terminar con esta Corte y jueces que fallan al servicio de los poderosos y contra el pueblo trabajador y siempre dejan en la impunidad a los ladrones de guante blanco. Y hay que terminar también con los mecanismos de designación de los mismos, donde los gobiernos y partidos políticos patronales los ponen y sacan de acuerdo a sus intereses. Desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad proponemos la elección popular de los jueces; que se terminen sus cargos vitalicios; fin a sus sueldos millonarios y que pasen a percibir un ingreso de acuerdo al valor de la canasta familiar, y que se implemente un verdadero juicio por jurados.

Este martes 1° de febrero se hará la marcha contra la Corte bajo la consigna “Democratizar la justicia”. La convocan sectores ligados al gobierno nacional y al kirchnerismo, entre ellos Luis D'Elia, el juez Ramos Padilla, Hugo Moyano y Justicia Legítima, con el apoyo de Aníbal Fernández y otros.

Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo por Izquierda Socialista en el FIT Unidad, señaló: “Los convocantes se apoyan en el repudio popular que existe contra los jueces de una Corte Suprema pro patronal, elitista, antiobrera, patriarcal y antiderechos. Pero hablan de “democratizar la justicia”, algo que nunca existió, ni ahora con Alberto Fernández, ni en los 12 años de gobierno peronista kirchnerista, ni mucho menos cuando gobernó el peronismo menemista de la década de los 90 cuando la Corte avaló el saqueo del patrimonio nacional con las privatizaciones, los pagos de una deuda externa usurera y fraudulenta y los tremendos casos de corrupción. Estos sectores peronistas llaman a marchar contra una Corte que dicen está manejada por el macrismo, pero los mueve el hecho de que a la justicia la maneje el actual gobierno para evitar fallo en su contra o que se avance en casos de corrupción que involucran a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Por todo esto llamamos a no concurrir”.

Giordano prosiguió: “El macrismo, por su parte, habla de “golpe de estado” y de que hay que defender una supuesta justicia “independiente” llamando a una contramarcha este jueves. Es la misma Corte y jueces que avaló los tarifazos del gobierno anterior, quiso imponer la impunidad a los genocidas con el 2x1 teniendo que retroceder ante la movilización popular o avala y es cómplice de la “Gestapo” macrista para perseguir a dirigentes sindicales. Ninguno de los sectores que llama a marchar, ni mañana ni el jueves, son salida para el pueblo trabajador, ni están por “transparentar” ninguna justicia. Lo que hay es una puja entre oficialismo y oposición patronal para ver quién pone y saca a los jueces a su antojo, mientras las designaciones la hacen entre ellos para que jueguen a su favor ante cada gobiernos de turno”.

Giordano finalizó: “Hay que terminar con esta Corte y jueces que fallan al servicio de los poderosos y contra el pueblo trabajador y siempre dejan en la impunidad a los ladrones de guante blanco. Y hay que terminar también con los mecanismos de designación de los mismos, donde los gobiernos y partidos políticos patronales los ponen y sacan de acuerdo a sus intereses. Desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad proponemos la elección popular de los jueces; que se terminen sus cargos vitalicios; fin a sus sueldos millonarios y que pasen a percibir un ingreso de acuerdo al valor de la canasta familiar, y que se implemente un verdadero juicio por jurados.”

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Escribe José Castillo, dirigente de Izquierda Socialista/FIT Unidad

El acuerdo con el FMI es malo, muy malo para el pueblo trabajador. Significará un mayor ajuste ya desde este año y en los siguientes. Y se sumará un monitoreo trimestral permanente del Fondo, que exigirá el cumplimiento de las exigencias, aprobará o no cada una de las políticas económicas y amenazará constantemente con que “si no se cumple lo acordado” se cae el acuerdo.

Finalmente se terminaron los “jueguitos” retóricos donde algunos sectores del gobierno hablaban de una posible “ruptura” con el FMI. Tal como era de esperar, el gobierno llegó a un acuerdo con el FMI. Muy lejos, lejísimo, de cualquier idea de que fuera un plan con “inclusión social” o que “garantizara el crecimiento económico”. A pesar de lo que dijo el presidente Alberto Fernández en su breve mensaje, este acuerdo con el Fondo es leonino, como todos los que el organismo les ha impuesto a los diversos países a lo largo de su historia. Como cada uno de los 22 acuerdos anteriores con la Argentina. Esto se desprende tanto de la información que dio el propio ministro Martín Guzmán en su conferencia de prensa, como del comunicado de prensa dado a conocer por el propio FMI.

Los términos del ajuste

Recordemos que, tiempo atrás, desde el gobierno, y en particular desde el kirchnerismo, se hablaba de un acuerdo con el Fondo para pagar la deuda de los 45.000 millones de dólares tomados por Macri “a 20 años”, empezando recién a abonar el capital al cabo de 10 años. Eran puras fantasías. No existe tales plazos en los diversos programas del FMI.

Luego se dijo que, al menos, a la Argentina se la liberara de pagar la sobretasa de 4,5% anual en los intereses generada por la excepcionalidad en el monto del préstamo otorgado en 2018. Se decía que así, por lo menos, el país se ahorraría 1.000 millones de dólares por año de intereses. Tampoco esto llegó nunca siquiera a la mesa de negociación entre el gobierno y el Fondo.

En los últimos días trascendió que el FMI exigía un ajuste durísimo, que llevara a nuestro país a un déficit cero en 2024. Desde el gobierno se decía que eso era “inaceptable”, y que sólo se firmaría si el Fondo se avenía a que dicho déficit se alcanzara recién en 2027. Visto los datos dados a conocer, la trayectoria del ajuste (aunque el gobierno se niegue a usar esta palabra) está mucho más cerca de lo que exigía el Fondo de lo que aceptaba a priori el gobierno en sus dichos.

Según el acuerdo, habrá que llegar al déficit cero en 2025. Para ver lo durísimo que será alcanzar este valor, miremos la trayectoria de lo acordado. El gobierno argentino se compromete a alcanzar un déficit de 2,5% del PBI este año. Para entenderlo: el año pasado se terminó con un déficit de 3%, alcanzado en condiciones excepcionales (récord de exportaciones tanto por las toneladas cosechadas como por el valor de la soja y el maíz, y por lo tanto un monto excepcional de ingresos por retenciones; cobro del impuesto a las grandes fortunas “por única vez”). Es un hecho de que ese número (3% de déficit) era irrepetible para este año. Sin ajustar partidas, ya se arrancaba de una proyección de déficit de 4%. El gobierno aceptaba avanzar a un mayor ajuste, así estaba en el presupuesto y luego fue dado a conocer a los gobernadores en la reunión de enero: 3,3% del PBI). ¡Pero ahora se aviene a ajustar mucho más, hasta un 2,5%! Es imposible sin achicar partidas, con sus consecuencias sociales. El propio ministro no se atuvo a la verdad cuando dijo que este año “no subirán las tarifas” cuando el propio comunicado del Fondo dice lo contrario, al enunciar que en el acuerdo está la reducción de los subsidios a las privatizadas.

Pero lo peor es que, luego del muy fuerte ajuste que se exige para este año, luego se plantea profundizarlo en 2023, llevando el déficit fiscal a 1,9% del PBI; y después al 0,9% en 2024; para arribar al famoso “déficit cero” en 2025.

Para peor, el gobierno se compromete a alcanzar dicho sendero de ajuste con límites muy estrictos de emisión monetaria. Así se compromete a no emitir más allá de 1% del PBI este año (para comparar, la financiación del tesoro nacional con emisión de 2021 fue de 3,7% de PBI). ¿Cómo va a cubrir el resto? La exigencia del Fondo es clara: con mayor endeudamiento en pesos, para lo que requiere además una suba de la tasa de interés hasta llevarla a términos positivos (por arriba de la inflación). Con lo que se encarecerá a niveles astronómicos el crédito popular.
Nuevamente, la exigencia de achicar el financiamiento con emisión continúa y se profundiza en 2023 (apenas se permitirá un 0,6% del PBI), para llegar a directamente la prohibición de financiarse con emisión para 2024.

Como se ve, alcanzar estos resultados sólo es posible por medio de un muy fuerte y, sobre todo, persistente ajuste que empieza ya y continúa los próximos años.

El gobierno plantea que podrá llevar adelante todo esto “creciendo”. No es viable. El programa del FMI es fuertemente recesivo, dadas semejantes limitaciones fiscales (déficit a alcanzar) pero también monetarias (suba de tasa de interés y reducción de la capacidad soberana de emitir moneda).

El monitoreo permanente

El acuerdo consiste en que, ante cada vencimiento a pagar, el FMI contablemente “desembolsa” el monto, en vez de hacerlo la Argentina. O sea, no entra un centavo de plata fresca. Solo el Fondo se paga a sí mismo y le endosa una nueva deuda por ese mismo monto a nuestro país. Así se irían “pagando” los vencimientos de los 45.000 millones de dólares de capital que se adeudan hasta cumplir la totalidad del cronograma en 2024. Claro que, esos “desembolsos” y esa trayectoria estaría atada a revisiones trimestrales que haría el propio Fondo. O sea, a misiones que vendrían al país cada tres meses a inspeccionar si se está cumpliendo con el acuerdo. Por lo que, trimestralmente, estaríamos bajo la espada de Damocles de que al Fondo “no le guste” alguna medida de política económica y entonces amenace con que se cae todo el acuerdo. Así se hará durante dos años y medio, por un total de 10 revisiones (misiones) del FMI. Una virtual intervención sobre la política económica de nuestro país, ya que pasaríamos a tener un “virrey” que definiría que se puede hacer y que no.

¿Y después? El debate sobre las reformas “estructurales”

El gobierno se jacta de que el acuerdo no exige las llamadas reformas estructurales, tales como la flexibilización laboral o modificaciones en el sistema jubilatorio. Todo eso está por verse. Porque al tratarse un programa conocido como “de facilidades extendidas”, la pregunta es que pasa luego de estos dos años y medio que se acaban de anunciar. Al cabo de los cuales, la Argentina sigue debiéndole al FMI los mismos 45.000 millones de dólares que les debe hoy, y, ahora sí, debe comenzar a desembolsar el capital, a razón de casi 10.000 millones de dólares por año (entre 2026 y 2031, porque, como hemos dicho, lo máximo que se estiran los acuerdos del FMI es a 10 años). ¿Cómo se harán esos pagos? ¿Se refinanciarán? ¿Qué pasa con los intereses? ¿Se seguirán pagando o también se refinancian? Todas dudas que se irán despejando en las próximas semanas, cuando se conozca la “letra chica” del acuerdo (en particular la Carta de Intención que debe firmar nuestro país). Pero, como vemos, todas dudas que ”empeoran” la situación de ajuste en curso. Y donde, una de las formas de resolverlas será que aparezcan, más o menos escondidas, las famosas demandas de “reformas estructurales”.

En síntesis, este acuerdo nos hipoteca el presente y el futuro. Y no resuelve para nada el problema ya histórico del endeudamiento externo de la Argentina, que seguirá creciendo cual bola de nieve. Y que enfrentará, ya en 2025, al final de este sendero de ajuste, la imposibilidad de cumplir con los millonarios vencimientos a los acreedores privados y junto a ello, la de las devoluciones de capital al propio FMI. Es un camino de hambre, decadencia nacional, sometimiento, semicolonización y saqueo de nuestras riquezas. Que terminará en una nueva crisis.

Por eso volvemos a insistir en lo que venimos planteando desde el Frente de Izquierda: la única salida es romper con el FMI, con este siniestro acuerdo que llega después que ya le pagamos 6.500 millones de dólares durante el gobierno del Frente de Todos. Al mismo tiempo hay que suspender todos los pagos en concepto de deuda externa y volcar todos esos recursos a resolver las más urgentes necesidades populares.

Alberto Fernández acaba de anunciar un acuerdo con el FMI. También dispuso el pago de los 720 millones de dólares que vencían hoy. Aunque no se dio a conocer el contenido, el gobierno se adelantó en decir que el acuerdo con el Fondo Monetario es “razonable”, que representa una “solución” para el país y que no habrá exigencias de reforma laboral, devaluaciones, déficit cero y no afectará a las jubilaciones y a la obra pública, entre otras supuestas “bondades”. El gobierno apela a esas lindas frases ante millones que esperan alguna buena noticia en medio de la tremenda pandemia y miseria social, diciendo que de ahora en más el país va a salir adelante. Lamentamos tener que decir lo contrario.

Queremos ser claros. No hay, ni habrá nada bueno con el FMI. Ningún problema se va a solucionar, sino que se van a agravar. ¿O acaso con el acuerdo se va a parar la inflación, la pobreza o la pérdida salarial y jubilatoria?

Con este acuerdo no habrá nada “razonable” y no es cierto que no habrá más exigencias y ajuste. De ser así, sería la primera vez en la historia que el FMI firma un acuerdo favorable para un país.

Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad denunciamos que el acuerdo es un nuevo salto en el sometimiento, el saqueo y la dependencia del país y un mayor ajuste contra el pueblo trabajador. Reconocer y pagar los 45.000 millones de dólares que contrajo Macri para financiar la bicicleta financiera con este acuerdo, además del pago de la deuda anterior de los otros gobiernos, es una aberración absoluta en medio de la pandemia, el crecimiento de la pobreza y la indigencia y la actual pérdida en los ingresos populares.

El acuerdo es una nueva hipoteca para las actuales y nuevas generaciones. Es lo que pasó en todos los pactos que Argentina firmó con el FMI a lo largo de todos estos años bajo distintos gobiernos.

El gobierno dice que no hay compromisos de un mayor ajuste y que están a salvo las jubilaciones. ¿Pero acaso ya no hay un ajuste con la enorme pérdida jubilatoria? ¿Con la quita del IFE y los fondos que se destinaron para la pandemia? En estos años el gobierno peronista del Frente de Todos destinó más plata para pagar la deuda externa que a Salud, Educación o Vivienda. Hasta lo reconoció la propia vicepresidenta Cristina Kirchner.

Macri nos volvió a endeudar y el gobierno peronista paga. Esa es la pura realidad. Si alguien tenía la esperanza de que este gobierno iba a combatir la herencia macrista, este acuerdo lo vuelve a desmentir.

¿Había otro camino posible? Claro que sí.  Ese camino pasaba por no seguir pagando una deuda usurera y haber usado esos enormes fondos en combatir el hambre, la pobreza, aumentar las jubilaciones y construir 500.000 viviendas populares para dar trabajo genuino. Una medida soberana en defensa del país y de los trabajadores y sectores populares. El gobierno hizo todo lo contrario. 

Por eso el acuerdo tiene el beneplácito del macrismo de Juntos, Milei y Espert, la CGT, la CTA, los movimientos sociales afines al gobierno, los grandes empresarios, bonistas, banqueros y las principales potencias que se van a beneficiar con el mismo.

Con este acuerdo se acabó el doble discurso del gobierno y de todos sus sectores. Fue Cristina Kirchner quien dio el aval y consentimiento para acordar, como lo acaba de reconocer el ministro Guzmán.

Alberto Fernández dijo que ahora hay que “crecer para pagar las obligaciones”. Esto significará una mayor super explotación del movimiento obrero y de la juventud para poder cumplir con los próximos pagos. Con el argumento de que Argentina tiene que “crecer”, el gobierno ha enviado al Congreso leyes donde se le perdonan por décadas impuestos y se le dan enormes beneficios a las petroleras, gasíferas, automotrices y al agronegocio. Un “crecimiento” que de darse, va a ir a parar al bolsillo de esas patronales y multinacionales, no a mayores jubilaciones o a reactivar la economía.

Llamamos a los trabajadores, al sindicalismo combativo y a las organizaciones sociales con quienes nos venimos movilizando y hemos protagonizado la gran marcha y acto el 11D llenando Plaza de Mayo contra el FMI, a repudiar este acuerdo y a seguir haciendo acciones unitarias como parte de impulsar un movimiento nacional unitario que luche para que la plata vaya a salario, trabajo, salud, educación y vivienda, no para el FMI y los usureros internacionales.

El Frente de Izquierda Unidad convoca a todas esas organizaciones a una reunión el próximo lunes 31 a las 18 horas en Parque Lezama para coordinar una marcha y plan de lucha nacional a tal fin.

Izquierda Socialista en el FIT Unidad
28 de enero 2022

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