Presentado por la diputada Graciela Calderón, de Izquierda Socialista/FIT Unidad.

PROYECTO DE DECLARACIÓN
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DECLARA

Su preocupación y rechazo a la Resolución 436/2021 publicada en el Boletín Oficial de la Nación, con firma del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, en el que se tiene como objetivo habilitar la explotación petrolera “off shore” a 300 kilómetros de Mar del Plata, autorizando a YPF y las multinacionales Shell y Equinor a realizar exploración sísmica en el Mar Argentino.

Su acompañamiento al reclamo de las comunidades costeras bonaerenses que se movilizaron masivamente para rechazar la mencionada resolución y en la defensa del Mar Argentino y sus biodiversidad, contra el saqueo y la contaminación que promueven el gobierno nacional, el FMI y las multinacionales petroleras.

FUNDAMENTOS

El final de 2021 e inicio de 2022 quedó marcado por la decisión del gobierno de continuar con su plan de saqueo y contaminación, en acuerdo con las exigencias del FMI y las multinacionales. A pesar de la rebelión del pueblo chubutense y su “Chubutazo”, que rechazó la contaminación del agua y logró derogar la aprobación de la zonificación que habilitaba la megaminería en esa provincia, el gobierno nacional de Alberto Fernández (Frente de Todos) definió nuevamente desoír los reclamos populares y continuar con sus planes de entrega y contaminación de los recursos naturales del país, apuntando, ahora, contra el Mar Argentino.

La firma de Juan Cabandié, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, habilitando la exploración sísmica en la Cuenca Argentina Norte (CAN 108, 100 y 114) del Mar Argentino, a 300 km de Mar del Plata, tiene por objetivo legitimar e integrar el llamado “Plan de Transición Energética” con el “Plan Plurianual” de ajuste y depredación de nuestros recursos naturales, que están acordando el gobierno y el FMI para el pago de la ilegítima y fraudulenta deuda externa.

En 2014, la zona ahora apuntada para iniciar las exploraciones petroleras fue identificada por un grupo de los principales científicos marinos, designados por el propio Ministerio de Ambiente, como candidata a área marina protegida, por su relevancia para los ecosistemas marinos y para la conservación de la biodiversidad del Mar Argentino. El área fue señalada como corredor biológico, zona de alimentación de la ballena franca austral, por lo que su contaminación representaría un escenario de riesgos irreparables para la biodiversidad marítima.

El antecedente inmediato de exploración sísmica, como el que habilita la resolución 436/2021, que se basa en el bombardeo del lecho marino, fue en 2009 en el golfo de San Jorge, en la Patagonia. Su resultado fue que los pescadores artesanales locales no pudieron pescar por 16 meses, por la desaparición de la merluza de la zona. Asimismo, desaparecieron las ballenas.

En abierto cuestionamiento, un informe de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Centro establece que “para algunos niveles de producción estimados para la plataforma argentina, la ocurrencia de derrames es del 100%". (QueDigital, 29/08/2021)

En conclusión, no hay manera de llevar a cabo la exploración y explotación petrolera "off shore" sin que genere impactos irreversibles para los ecosistemas marinos, su biodiversidad, las costas y los principales medios de vida de las comunidades costeras.

Aún así, el ministro Cabandié confirmó que, además del proyecto de habilitación de YPF y las multinacionales Shell y Equinor para realizar exploración sísmica frente a las costas bonaerenses, existen otras 14 solicitudes en curso para realizar perforaciones exploratorias, entre las que se encuentra la multinacional británica British Petroleum (BP), responsable de una de las peores catástrofes ecológicas en la historia, causada en el Golfo de México el 20 de abril de 2010. La explosión de su plataforma petrolera "off shore" Deepwater Horizon, dejó un saldo de 11 trabajadores muertos, 115 evacuados y miles de barriles de petróleo vertidos al Mar Caribe destruyendo su biodiversidad.

De manera alarmante, la multinacional noruega Equinor, habilitada por la resolución ministerial, tiene antecedentes de incendios en sus instalaciones en Noruega en 2020; en Bahamas, derramó 119.000 barriles de petróleo en 2019; y terminó siendo frustrado su reciente intento de realizar exploración sísmica en la Gran Bahía Australiana por cuestionamientos ambientales.

Por lo expuesto, vemos con preocupación y exigimos se anule la Resolución 436/2021, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Acompañamos, de esta manera, los legítimos reclamos de las asambleas de las comunidades de la costa bonaerense y la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones (BFS), quienes respondieron a la resolución convocando el pasado martes 4 de enero a una masiva jornada de movilización unitaria que contó con la participación de miles de personas en más de 30 puntos en todo el país, desde Tierra del Fuego hasta Tucumán y Misiones. Especialmente, miles colmaron las ciudades y pueblos costeros bonaerenses, con convocatorias históricas en ciudades como Mar del Plata y Necochea, que son la expresión inequívoca de la defensa popular del Mar Argentino, contra el saqueo y la contaminación que proponen el gobierno, el FMI y las multinacionales petroleras. 

Por lo antes dicho, desde nuestra bancada solicitamos a los demás bloques y diputados adherir a este proyecto de declaración.

Descargar el proyecto aquí

Escribe Nicolás Núñez, referente de Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista e independientes)

El final del 2021 con la rebelión en Chubut y el inicio del 2022 con las multitudinarias movilizaciones contra la explotación petrolera off shore en la costa bonaerense, ratificaron que la pelea en defensa del ambiente, contra la destrucción y el saqueo, se seguirá dando en todo el país, frente a la política del gobierno nacional, los gobernadores, las multinacionales y el FMI. Desde Ambiente en Lucha, en la coordinadora Basta de Falsas Soluciones, e Izquierda Socialista/FIT Unidad, seguiremos impulsando estas importantes luchas.

En diciembre una vez más el pueblo chubutense se rebeló y en una semana logró derogar la ley de zonificación que habilitaba la megaminería en la provincia. Ahora, en la última semana del 2021, el gobierno del Frente de Todos decidió apuntar sobre el Mar Argentino, habilitando la explotación petrolera “off shore”. Inmediatamente las Asambleas de la Costa Bonaerense y la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones convocaron a una jornada con movilizaciones en más de treinta ciudades del país, donde participamos con Izquierda Socialista/FIT Unidad. Miles colmaron cada punto costero, con convocatorias históricas en Mar del Plata y Necochea, en defensa del mar y por poner un freno al saqueo extractivista.

El Plan de saqueo “plurianual”

La habilitación de la explotación petrolera “off shore”, a 300 kilómetros de Mar del Plata en este caso, se veía venir de la mano de la Ley de Hidrocarburos que impulsó el gobierno, con beneficios de todo tipo para las petroleras. Detrás de este proyecto de saqueo está el acuerdo que quieren firmar con el FMI, y su plan “plurianual” que quieren votar en el Congreso: las regalías de exportación son una de las garantías que oferta el gobierno del Frente de Todos para el pago de la deuda externa.

El 24 de diciembre, como regalo navideño, en el Boletín Oficial salió la habilitación a la Secretaría de Energía para aprobar los pliegos de licitación de explotación petrolera en la zona marítima de las Islas Malvinas, lo que habilitaría incluso a multinacionales inglesas. Este antecedente es importante, porque el gobierno podría también haber dejado en manos de Darío Martínez, lobista del fracking y Secretario de Energía, la autorización de la explotación en el mar de los balnearios bonaerenses. Pero no fue así.

Quien dio luz verde fue el propio Juan Cabandié, Ministro de Ambiente, el mismo que organizó una Audiencia Pública donde sólo el 4% de los casi 400 participantes se manifestaron a favor de los beneficios económicos del emprendimiento, y quien desde su cargo había señalado que no iba a aprobar una explotación de estas características sin un “plan de transición energético nacional”. El aval a la multinacional Equinor (en un convenio con Shell e YPF) para explotar el mar costero bonaerense, mostró la unidad del Frente de Todos en la definición de que su “plan de transición energético” es el “Plan Plurianual” de ajuste y saqueo del FMI.

Equinor: garantía de saqueo y desastres ambientales

La habilitación de la explotación off shore se realiza en base a un “estudio de impacto ambiental” que encargó la propia empresa noruega Equinor, sin ningún tipo de chequeo por parte de organismos científicos o universidades locales. Esto mientras un informe de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Centro estima “para algunos niveles de producción estimados para la plataforma argentina, la ocurrencia de derrames es del 100%, incluso de derrames de grandes proporciones mayores a 1.000bbl”. Lo que no inmutó a Cabandié, a pesar de que la vigente Ley de Ambiente habla del “principio precautorio” que debe primar para frenar habilitaciones de explotación ante la posibilidad de este tipo de riesgos.

Esta explotación se realizaría sobre el principal corredor biológico del Mar Argentino, área de alimentación de la ballena franca austral, lo que representa un escenario de riesgos irreparables para la biodiversidad marítima. Parte de lo que explica que la industria pesquera y del turismo la estén rechazando.

Equinor (empresa de capitales mixtos fundada por el Estado de Noruega) a pesar de que el gobierno quiera presentarla como una empresa “modelo” tiene antecedentes de incendios en sus instalaciones en su país matriz en 2020; en Bahamas derramó 119.000 barriles en 2019; y le rechazaron el intento de realizar exploración en la Bahía Australiana. Noruega es de esos países que hacen gala de su matriz energética verde, pero se trata de una conversión energética que se sostiene justamente en la explotación y devastación ambiental de países semicoloniales como Argentina, donde también está metida en el negocio del fracking. La transición energética frente a la amenaza del cambio climático solo puede ser global y debe ser construida en base al fin del saqueo imperialista.

La soberanía energética es sin las multinacionales

El gobierno del Frente de Todos defiende esta iniciativa repitiendo los mismos argumentos del ex ministro macrista, Juan José Aranguren, primer impulsor de este acuerdo durante su gestión. La justifica “para sostener el abastecimiento”, intentando extorsionar al pueblo trabajador frente a la crisis energética.

Si la preocupación fuera garantizar el suministro energético, lo que hay que hacer es terminar con el robo de las privatizaciones que llevó adelante el gobierno peronista menemista y que todos los gobiernos sostuvieron hasta ahora. Terminar con los contratos de las empresas que jamás invierten lo necesario para garantizar el servicio. Reestatizar los recursos energéticos que hoy están mayoritariamente en manos del lucro privado de capitales extranjeros y que no son pensados como herramientas para planificar la transición productiva y energética que el país necesita. Y terminar con el pago de una deuda ilegítima y fraudulenta para poner esos recursos al servicio del desarrollo de la infraestructura que el país necesita.

En definitiva, la firma de Cabandié para la explotación petrolera off shore y la Ley de Hidrocarburos que el gobierno presenta como una “patriada”, son en realidad un mensaje diciendo: vengan a llevarse lo que quieran, les vamos a bajar las retenciones, les vamos a dar facilidades impositivas, si se generan pasivos ambientales el Estado Argentino se va a hacer cargo, y lo que recaudemos, se lo vamos a dar pagando la deuda.

Desde Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista e independientes) entendemos que es necesario reforzar la movilización, siguiendo el ejemplo del Chubutazo, hasta derrotar esta política. Movilizarnos por nuestros mares, por nuestros bosques y sierras incendiadas en doce provincias en las últimas semanas; por los humedales que se quedaron sin su ley; por desterrar el fracking, la megaminería y el veneno de los agrotóxicos de todo el territorio argentino. Por un plan de transición energético y productivo al servicio de las mayorías populares y en armonía con la naturaleza.

Escribe Edgardo Reynoso, comisión de reclamos del Sarmiento y dirigente de Izquierda Socialista/FIT Unidad

En una actitud irresponsable, cuando los contagios por la cepa Ómicron han estallado a casi 100.000 casos diarios, la gerencia de la Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (Sofse) se negaba a volver al sistema de control de alcoholemia que los guardas implementamos durante anteriores picos de la pandemia. Sistema que evitó contagios masivos y permitió mantener un funcionamiento de los trenes en la línea. Es decir, a la gerencia peronista no le interesaba preservar la salud de las y los ferroviarios en una nueva oleada de contagios. Por eso, quiso mantener un sistema de control con pipetas, altamente permeable al contagio del Covid-19, extorsionando con la suspensión del servicio de trenes, a su antojo, para colocar al usuario en contra de nuestro justo reclamo y exponiéndolo a viajar como ganado y al contagio. Por otra parte, el ministerio de Transporte ni atendió nuestro planteo ni reforzó el transporte público.

La fuerza y bronca de las y los guardas junto al resto de los ferroviarios del Sarmiento, que nos negamos a utilizar ese método de control, le torció el brazo a la intransigencia y atropello que quería llevar adelante la gerencia del Frente de Todos, frenamos las amenazas de sanciones, la utilización que querían hacer de compañeros de otros servicios para suplantar a los guardas y de quebrar nuestro reclamo con "carneros". Y logramos firmar un acta donde se reconoce nuestro pedido, volviendo a utilizar el método de control (las declaraciones juradas) que utilizamos durante la anterior oleada de contagios.

Acta de acuerdo para el cambio de testeos

Este nuevo avance en defensa de la salud contra los contagios del Covid-19, es un "round" en la lucha que venimos dando, en la línea, por la defensa de los diagramas de trabajo, de las burbujas y los protocolos contra la pandemia. También, es parte de la pelea por el salario, la flexibilización laboral y contra el acuerdo con el FMI que está llevando adelante el Frente de Todos con el apoyo de los partidos patronales. Y nos fortalece para seguir desarrollando la conducción de la seccional Oeste y del cuerpo de delegados del Sarmiento de la Bordó contra los planes de ajuste de los gobiernos y por una nueva dirección combativa y democrática, ante las claudicaciones de la burocracia sindical, junto al Plenario del Sindicalismo Combativo.

Escribe Pablo Almeida, legislador electo por Izquierda Socialista/FIT Unidad

Desde el 29 de diciembre hasta el 4 de enero más de 190 mil usuarios fueron afectados por los cortes de energía en el AMBA. Los mismos vecinos recuerdan que es algo repetido en cada verano, por lo que hartos de soportar esta situación, realizaron cortes de calles en distintos barrios de CABA y en algunos puntos del conurbano. En el punto más alto de las protestas una nutrida movilización cortó por horas la General Paz a la altura de Emilio Castro nucleando por primera vez vecinos de la zona de Liniers, Villa Luro y Mataderos.

Recordemos que el gobierno de Macri aplicó aumentos de 3.400% a 5.500%, “dolarizando las tarifas”, diciendo que ese dinero iría a inversiones y se terminarían los cortes, una mentira más. El gobierno del Frente de Todos no retrotrajo ninguno de esos aumentos manteniendo la estafa al pueblo trabajador. Ahora, mientras está negociando un acuerdo con el FMI, otorgará a las privatizadas un aumento de tarifas de hasta un 20% sin solucionar ninguno de los problemas de fondo. Solo en 2021 las privatizadas de la energía recibieron subsidios por más de 9.000 millones de dólares, según el Instituto Mosconi. Este nuevo golpe al bolsillo es parte de las exigencias del Fondo, por eso decimos “No al FMI” y “No al pago de la deuda externa”, como reclamamos en la multitudinaria marcha a Plaza de Mayo del 11 de diciembre.

Desde las privatizaciones con el peronismo menemista, todos los gobiernos han mantenido el saqueo de las privatizaciones. El objetivo de estas empresas es maximizar sus ganancias sin importarles cumplir con el rol social de servicio público, ser eficientes para la población trabajadora y sectores populares. Perpetúan el pésimo mantenimiento y reclaman siempre aumentos en tarifas o en subsidios, amparadas por todos los partidos patronales.

Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad reclamamos soluciones inmediatas para resolver urgentemente la falta de luz en los barrios. Aplicando todas las soluciones técnicas necesarias, como generadores, refacciones inmediatas e indemnizaciones a los damnificados por las pérdidas de alimentos y electrodomésticos. Pero a la par de estas exigencias inmediatas, para evitar los próximos apagones decimos que hay que cortar con los negociados de los servicios privatizados. Las multas a estas empresas, que nunca se cobran, son solo una distracción. Hay que terminar con las privatizadas y reestatizarlas conformando una única empresa estatal, bajo gestión y control de sus trabajadores y organizaciones de usuarios. Así se pondrá en primer lugar el objetivo de cubrir las necesidades de las y los trabajadores y sectores populares. Para que haya tarifas accesibles y se realicen las obras necesarias en todo el sistema eléctrico y, en particular, en la distribución.

Desde el 29 de diciembre a esta fecha más de 190 mil usuarios fueron afectados por los cortes de energía en el AMBA. Los mismos vecinos recuerdan que es algo repetido en cada verano, por lo que hartos de soportar esta situación, realizaron cortes de calles en distintos barrios de CABA y en el conurbano.

El legislador electo por Izquierda Socialista/FIT Unidad, Pablo Almeida, declaró: “El gobierno de Macri aplicó aumentos de 3.400% a 5.500%, ‘dolarizando las tarifas’, diciendo que ese dinero iría a inversiones y se terminarían los cortes, una mentira más. Ahora, mientras el gobierno del Frente de Todos está negociando un acuerdo con el FMI, otorgará a las privatizadas un aumento de tarifas de hasta un 20% sin solucionar los problemas de fondo. Este nuevo golpe al bolsillo es parte de las exigencias del Fondo, por eso decimos ‘No al FMI’ y ‘No al pago de la deuda externa’”.

Almeida recordó: “Desde las privatizaciones con el peronismo menemista, todos los gobiernos han mantenido el saqueo de las privatizaciones. Es que el objetivo de estas empresas es maximizar sus ganancias sin importarles cumplir con el rol social de servicio público, eficiente a la población trabajadora y sectores populares. Perpetúan el pésimo mantenimiento y reclaman siempre aumentos en tarifas o en subsidios, amparadas por todos los partidos patronales”.

Ante los hechos, el legislador Almeida finalizó: “La solución inmediata pasa por resolver urgentemente la falta de luz, aplicar todas las soluciones técnicas correspondientes y lo que sea necesario, como generadores y refacciones. Pero, para evitar los próximos apagones hay que cortar con los negociados de los servicios privatizados. Las multas a estas empresas, que nunca se cobran, son solo una distracción. Hay que terminar con las privatizadas y reestatizarlas en mano de sus trabajadores y organizaciones de usuarios. Así se pondrá en primer lugar el objetivo de cubrir las necesidades de las y los trabajadores y sectores populares. Para que haya tarifas accesibles y realizar las obras necesarias en todo el sistema eléctrico y, en particular, en la distribución”.

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Legislador Pablo Almeida: 1133770008 @palmei
Prensa de Izquierda Socialista: 1160540129 @PrensaIzquierda