Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad
27/12/2023

Milei envió al Congreso la "Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos". Declara la “emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025”. Y delega las facultades legislativas en el Poder Ejecutivo al menos por dos años. Es decir, gobernar por decreto. Un nuevo ataque dictatorial para privatizar, contra las jubilaciones, el ambiente y mano dura a los que luchan.
Esta ley ómnibus vulnera derechos fundamentales del pueblo trabajador, privatiza empresas estatales, elimina organismos estatales con los consiguientes despidos de personal, ataca a las y los jubilados y al derecho fundamental por una educación pública y gratuita en todos sus niveles y a la autonomía universitaria, da libertad para seguir con el saqueo contaminante permitiendo la tala de bosques y la minería en zona periglaciar y, fundamentalmente, elimina restricciones para seguir con más endeudamiento externo. Un claro ataque contra el pueblo trabajador y las conquistas sociales y democráticas conquistadas en décadas de lucha, que se suma al ajuste en curso, la inflación y el nuevo salto que se viene con la suba del transporte público y las tarifas de los servicios básicos de luz, gas y agua.

En 664 artículos, el proyecto reaccionario y arbitrario dice engañosamente que es para “garantizar el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de los argentinos y mejorar los beneficios de la libertad para todos los habitantes del suelo argentino”. ¡Pero el único derecho a la libertad y a la propiedad que garantiza es para que los grandes empresarios, bancos y multinacionales se queden con todo!
Cuando Milei habla de terminar con las “regulaciones que restringen la libertad de los argentinos”, es en beneficio de la clase capitalista, sacando las trabas mínimas para que avancen en el saqueo.
Por ejemplo, el megaproyecto suspende la movilidad jubilatoria, siendo el poder Ejecutivo quien ahora fije los aumentos que serán a la baja. Además, no dice cómo aumentarán las prestaciones sociales que abarca a más de 17 millones de personas (AUH, Asignaciones Familiares, etcétera), quedando a discreción del ultraderechista Milei.

La ley dispone privatizar 41 empresas públicas, entre ellas YPF, Aerolíneas, el Banco Nación, Aysa, Casa de Moneda, Correo Argentino, Arsat, Enarsa, Fabricaciones Militares, Ferrocarriles Argentinos, Télam y otras. También dispone un blanqueo impositivo y una moratoria con quitas y eliminación de multas a empresas por deudas tributarias, en un claro beneficio a grandes empresarios y evasores. Y con el tema Deuda Externa, Milei pretende saltear el Congreso al momento de endeudarse. Para eso lo tiene al ministro Luis Caputo que nos endeudó cuando fue funcionario de Macri con bonos a 100 años y los 45.000 millones de dólares con el FMI.
A su vez la ley libera la importación y exportación de hidrocarburos y gas; crea un régimen especial para “grandes inversiones” (agroindustria, minería, gas, petróleo, tecnología) y establece como único financiamiento de la obra pública las tarifas y peajes.
Por otra parte, la ley destruye aún más el ambiente, porque ataca directamente la Ley de Protección de Bosques (todos los bosques argentinos podrán ser desmontados) y la de Glaciares (permitiendo la actividad minera en ambiente periglaciar, actualmente prohibido, al servicio de la Barrick).

Con el latiguillo mentiroso de “garantizar la libre circulación”, además de tener que pedir permiso para protestar, penaliza con prisión común de 1 a 3 años y medio la movilización, de 2 a 4 años los cortes y de 2 a 5 años a los dirigentes de las organizaciones que participen o a toda persona que simplemente convoque a participar de una acción. Se considera reunión o manifestación la congregación "intencional y temporal de 3 o más personas en el espacio público". De esa manera aquellos que reciban la pena máxima deberán cumplir prisión efectiva. Una verdadera cacería para las y los dirigentes y organizaciones que luchan contra el hambre y la miseria.
Por otro lado, en un apoyo expreso al aparato represivo, agrava las penas para el delito de resistencia a la autoridad (aquel que quiera defenderse de un abuso policial será declarado culpable, siendo no excarcelable) y extiende la figura de legítima defensa.

Como no podía faltar, este proyecto nefasto incluye un ataque al derecho al aborto legal que el movimiento feminista conquistó en las calles. Bajo una concepción totalmente retrógrada (por eso veníamos denunciando a Milei como representante de la reacción patriarcal) busca modificar la Ley de 1000 días (ley sancionada en el marco de la conquista de la IVE como una concesión a las iglesias) incluyendo que habría "un niño desde la concepción", trayendo un debate ya superado por la ciencia y lo ocurrido en la Argentina con la #MareaVerde. También, como parte de su concepción reaccionaria, intenta eliminar a las disidencias como personas gestantes, reemplazando la terminología de "mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar" por "madres embarazadas".

También la ley agregó un artículo para blindar el mega DNU de la semana pasada, ratificándolo, cosa que si el Congreso vota esta ley, la controversia judicial por el mismo quedará anulada. A su vez la ley dispone una amplia reforma del Estado con cambios en centenares de leyes, entre ellas reformas políticas (derogación de las PASO, cambio en la integración de la Cámara de Diputados). En definitiva, es un ataque global que el gobierno justifica por la “herencia recibida”, la mentira de que “no hay plata” o “la ferocidad del Estado”, cuando está casi todo privatizado. Dice que con esto se acabará con la “frustración” de los gobiernos anteriores. Pero son tan bestiales las medidas adoptadas, que sumadas a la mega devaluación y a la sideral suba de los precios bajo el eslogan de la “libertad de mercado”, que lo que crece es la incertidumbre, la preocupación y la disposición a enfrentarlo en parte del pueblo trabajador. Por eso se dan los cacerolazos espontáneos que, sumado a la marcha del sindicalismo combativo y la izquierda el 20 de diciembre, dieron un paso en la lucha contra el protocolo represivo de Patricia Bullrich.
A la CGT no le quedó otra que llamar a una marcha en el día de la fecha, 27 de diciembre, pero acotada, “simbólica” y a Tribunales. Marcha donde las y los que luchan y el Frente de Izquierda reclamaron que la CGT y CTA le tienen que poner fecha urgente al paro nacional y al plan de lucha para derrotar el decretazo, la ley ómnibus y el plan motosierra de Milei y el FMI, y por un inmediato aumento general de salarios y jubilaciones para recuperar lo perdido con la inflación. Llamamos a la más amplia unidad para lograrlo.