En las últimas semanas la crisis política en Brasil se ha venido agudizando. Bolsonaro intentó desplazar al ministro de Salud Luiz Henrique Mandetta, pero finalmente debió dar marcha atrás ante la presión dentro  del propio gobierno. La designación del general Walter Braga Neto como ministro de la Casa Civil refuerza la idea de una creciente influencia del sector militar en el gobierno. Tanto es así que algunos analistas políticos se preguntan quién gobierna realmente.

Escribe Adolfo Santos

El debilitamiento de Bolsonaro es evidente. En su último pronunciamiento público, presionado por el rechazo a sus propuestas, tuvo que ser menos ofensivo. Es la crisis de un presidente aislado. De los líderes mundiales “negacionistas” es el único que continúa minimizando la gravedad de la pandemia. Mientras Trump, su gurú, comienza a hacer importantes inversiones para evitar la crisis social, Bolsonaro sigue sin darle importancia al problema y amenaza permanentemente en decretar el fin de la cuarentena establecida por los gobernadores.

No es casual que los cacerolazos continúen en todo el país que, desde el 18 de marzo, no han dejado de crecer. El más grande fue el día que hizo su pronunciamiento público. Esa indignación también se expresa en las encuestas. El 42% considera a la gestión del presidente “ruin o pésima” y, por primera vez, el apoyo quedó por debajo de 30 por ciento. Lula, el PT y otros opositores salieron a plantear la renuncia del presidente, más allá de que no empujen ninguna medida para llevarla adelante. Bolsonaro tuvo que reconocer que no tiene el apoyo necesario para decretar la reapertura del comercio. El gobierno quería insuflar a su base alegando que la población pasaba hambre por causa de la cuarentena, que no la deja salir a trabajar. Sin embargo, importantes sectores comienzan a ver que el gobierno no hace nada para acabar con el hambre pero, mientras tanto, sigue creciendo el número de muertos e infectados por el coronavirus.

Las medidas de ajuste no pararon

Apoyadas en medidas provisorias editadas por el gobierno para unificar a la patronal detrás de sí, las empresas vienen proponiendo reducción de sueldos, suspensión de contratos y de aportes laborales. Ahora están preparando un proyecto para atacar a los servidores públicos con un recorte salarial. En vez de atacar a los banqueros y grandes empresarios, el gobierno avanza con una campaña para exigir el sacrificio de los empleados públicos que, supuestamente, estarían ganando mucho.

Aún no ha surgido una oposición con una política alternativa capaz de enfrentar al gobierno. Los gobernadores de San Pablo y Río de Janeiro, dos figuras nefastas de la derecha brasilera, antiguos aliados de Bolsonaro, apenas se han despegado de él para evitar hundirse juntos. Las principales centrales sindicales no van más allá de notas críticas, no organizan una lucha consecuente, inclusive, en algunos casos han hecho acuerdos con las patronales para reducir los salarios. En muchos lugares, sobre todo en los hospitales, sectores de base se han organizado por fuera de los sindicatos para defender sus derechos y la protección de la salud en el trabajo.

En este marco, la pequeña central sindical CSP Conlutas consiguió en la importante región del Valle de Paraíba/SP que el 80% de los trabajadores permanezcan en sus casas sin reducción salarial. Los compañeros de la Corriente Socialista de los Trabajadores (CST), sección hermana de Izquierda Socialista, que forman parte de esa central, manifestaron: “Es fundamental organizar la lucha contra el ajuste del gobierno y los patrones, del colapso de la salud pública y de las condiciones de trabajo. Es necesario movilizarnos, independientemente de estar en cuarentena. Esa es la única forma de derrotar los ataques. En ese proceso debemos exigir la suspensión del pago de la deuda y la aplicación de impuestos a las grandes fortunas para volcar esos fondos a la salud pública y demás necesidades populares y continuar luchando por fuera Bolsonaro”.

Escribe Rainier “Oso” Ríos, dirigente del MST, sección chilena de la UIT-CI

Piñera respiró aliviado al saber que el coronavirus había entrado en el país. Desde el 18 de octubre del año pasado su gobierno no lograba detener la crisis política abierta por masivas manifestaciones. Marzo prometía no ser un mes tranquilo: el día 8, con cuatro millones de mujeres en las calles del país, volvió a calentar los motores de la protesta.

Correctamente, las asambleas territoriales y la primera línea, las organizaciones feministas y estudiantiles, junto con otras organizaciones sociales, decidieron suspender las manifestaciones para poner todos los esfuerzos en superar la pandemia. Piñera, por su parte, ha tratado de aprovechar la tragedia para rearmar su tambaleante gobierno. La suspensión de las movilizaciones, sin embargo, no promete un panorama alentador para el capitalismo chileno. El colapso del sistema de salud se acerca a pasos agigantados, mientras suben los contagios y escasean insumos e infraestructuras médicas. Décadas de privatizaciones y bajos presupuestos han preparado la debacle de una salud pública que se cae a pedazos. Enfermarse y no tener atención médica, ver morir a familiares por falta de respiradores, no hacen buena combinación con un pueblo que ha sostenido por meses la lucha contra el gobierno.

Como telón de fondo, economistas patronales y autoridades del gobierno vaticinan que la crisis económica recién comienza a mostrar sus garras. En el mejor de los casos, dicen, será parecida a la crisis de comienzos de la década del 80, la misma que provocó la ola de descontento contra la dictadura de Pinochet. Pronóstico nada alentador para un gobierno formado por defensores públicos del dictador.

Pandemia, desastre del sistema de salud, despidos masivos y reducciones de salarios servidos en el plato profundo de la desigualdad en Chile. Acompañados, como no, de la privatización de derechos sociales básicos, jubilaciones de miseria y una constitución impuesta a sangre y fuego por Pinochet. “Si no hay para los pobres, no habrá paz para los ricos”. A cuadras de la Moneda esta frase pintada le recuerda al presidente que el pueblo al que no ha podido derrotar comienza a sufrir nuevas penurias. Piñera respira aliviado… mientras come de un plato que, sabe, no podrá terminar.

Escribe Adolfo Santos

“Mi papá se murió hace cuatro días, está hinchado, está apestando, no se puede aguantar a mi papá aquí”, así suplicaba Verónica Bone a las autoridades sanitarias de Guayaquil. Como en un escenario de guerra, los cadáveres se agolpan en las morgues de los hospitales y cementerios, que están abarrotados y sin capacidad para recibir más cuerpos. Es posible, incluso, encontrar muertos abandonados por los familiares en las calles, tapados con sábanas o plásticos.

En esta importante ciudad portuaria sobre la costa del Pacífico, de más de 2,5 millones de habitantes, la tragedia parece más desoladora. La situación se torna desesperante por las largas filas de los familiares que solicitan el retiro de los cuerpos de sus hogares, o cuando tienen que reconocerlos. Cementerios que normalmente recibían treinta muertos por día ahora deben encargarse de enterrar a más de cien y no dan abasto.

Se comenta que el contagio masivo se debe a la vuelta de gran cantidad de migrantes que en esta época regresan de Europa, principalmente de España. Sin duda esto es parte del problema. Pero, según médicos y sanitaristas, los estragos que está causando la pandemia en Ecuador se deben a la falta de disponibilidad del test para detectar el Covid-19, lo que dificulta la toma de medidas preventivas. Son falencias propias de un país con gobiernos patronales que vienen vaciando la salud pública para atender las exigencias del FMI y de los grandes empresarios.

En 2019 los campesinos, indígenas y trabajadores, en una potente demostración de fuerza, doblaron el brazo del gobierno y el FMI. En estos días se han retomado las protestas contra las autoridades exigiendo medidas contra la pandemia. Apostamos a esa movilización para obligar al gobierno a colocar todos los recursos al servicio de la salud pública y superar esta tragedia.

Editorial

“Por este camino van a llegar los resultados”, dijo nuevamente Macri. Y agregó: “Estoy listo para competir”. Relanzó la campaña electoral como ya lo había anticipado en Estados Unidos la semana pasada. Es lo que las usinas electoralistas de PRO le aconsejan: mostrarse como el único político patronal para que siga con el ajuste perpetuo.
Macri aprovecha para su plan descabellado el respaldo que le ha redoblado la titular del FMI, Christine Lagarde, con el nuevo acuerdo que ha pactado, y el del jefe del imperialismo norteamericano, Donald Trump, entre otros presidentes como Angela Merkel. Hasta el Papa dicen que pregona “hay que cuidar a Macri”.

El presidente trata de mostrar que su gobierno es “fuerte”, pero eso solo está en sus fantasías. Primero, porque el nuevo pacto con el FMI es más ajuste y entrega y no es ninguna salida para el país, mucho menos para el pueblo trabajador. La Argentina navega en la combinación explosiva de recesión e inflación. Y segundo, porque la plata que va a adelantar el FMI no es para reactivar la economía, sino para pagar la abultada deuda externa (reconocido por los propios economistas patronales) y para salvar a la timba financiera ante una nueva corrida del dólar.
Macri, de la mano del FMI, vuelve a tomar oxígeno para redoblar el ajuste asegurando la salvación de banqueros, usureros y grandes empresarios nacionales y extranjeros. Pero su plan hace agua ante el nuevo tarifazo en el gas de 35%, los aumentos de las naftas o la caída de la actividad industrial, con los consiguientes despidos como en Alpargatas de Catamarca, entre otros males. Por eso el “esto no va más” empieza a ser compartido por millones.

El plan de Macri de continuar con el ajuste, intentar llegar a 2019 y ganar las elecciones ha encontrado un gran escollo, no precisamente por obra de los políticos patronales del PJ o del kirchnerismo, o por la CGT, sino por millones de trabajadores y sectores populares que volvieron a protagonizar un gran parazo general y repudian cotidianamente los tarifazos, los salarios de miseria, el crecimiento de la pobreza y la desocupación. El contundente paro del pasado 25 con una movilización de decenas de miles el día anterior muestran la enorme predisposición por parte del movimiento obrero para derrotar el ajuste. A esto se agrega la ruptura de otros sectores, como lo reconoció el ministro Frigerio en una reunión de gabinete cuando dijo que “crece la desilusión de la clase media”. Y hasta el propio diario Clarín de este lunes 1° de octubre volvió a revelar que “vuelve a caer la imagen económica y política de Macri”.

Ante la continuidad de la crisis económica y política del gobierno, se apresuran también los armados electoralistas de la oposición. Pero la realidad es que ninguno de esos políticos patronales y dirigentes sindicales son salida para los trabajadores (sean del peronismo “dialoguista”, “duros”, “flexibles” o hasta de un famoso, como el intento de jugar a Tinelli para las elecciones). La foto entre Massa, Urtubey, Schiaretti y Pichetto es para intentar mostrar que ante Macri y Cristina “hay otra salida”, la del peronismo “serio”. Por parte del kirchnerismo, sus candidatos están de campaña electoral. Agustín Rossi y Kicillof están haciendo distintos actos; Scioli lo fue a visitar al gobernador Uñac de San Juan, y así sucesivamente.
Lo mismo pasa con los dirigentes sindicales que trabajan dentro del movimiento obrero para no hacer nada (CGT), o anuncian una marcha para el 20 de octubre como lo hacen Moyano y Pignanelli, para ir a rezarle a la Virgen de Luján. La burocracia sindical de la CGT se niega a darle continuidad al paro. Esto se da en medio de un nuevo pico de su crisis con la renuncia al triunvirato de Juan Carlos Schmid, que es consecuencia por un lado del propio desprestigio del ex triunvirato al no darle continuidad al paro. Pero del otro de los propios reacomodamientos sindicales en función de la interna peronista.
La jugada de Schmid es una señal para apuntar a otro rearmado sindical más “opositor”, ligado a un peronismo que incluya a Cristina Kirchner. Moyano dijo, por ejemplo, que “Urtubey representa la oligarquía del peronismo”, un discurso pro-Cristina. Por otra parte, las 62 Organizaciones, que apoyan a Daer y al resto de la conducción de la CGT, hacen un acto peronista reivindicando el 17 de octubre para pedir más cargos para la burocracia sindical en las listas del PJ.

Los trabajadores necesitan algo distinto, empezando por la continuidad del paro general con otras 48 horas y un plan de lucha nacional para derrotar ahora el ajuste y el nuevo pacto del FMI, no esperar a 2019, que es lo que quieren esas direcciones sindicales y políticas en las que se divide el peronismo hoy.

Eso es lo que venimos exigiendo desde el sindicalismo combativo y la izquierda a las direcciones de la CGT y las CTA. Lo mismo Moyano y su sector sindical, que deben llamar al paro y plan de lucha y exigírselo a que lo tome también la CGT, cuando se trate el presupuesto 2019 en el Congreso, con una gran marcha.

Y ante el desastre de Macri y el creciente “no va más”, planteamos una salida de fondo, es decir, que al país lo gobiernen los trabajadores y la izquierda. Ninguna variante del peronismo es salida, ni Massa, Pichetto o Urtubey, tampoco el kirchnerismo que, en caso de gobernar, ya ha dicho que va a seguir pagando la deuda y no va a romper con el Fondo. Solo un gobierno de los trabajadores y la izquierda podrá consecuentemente imponer un plan económico alternativo obrero y popular para que la crisis la paguen los capitalistas. Por eso es que contra Macri y el peronismo postulamos una alternativa política de la unidad de la izquierda, como lo es el Frente de Izquierda.
Esta pelea pasa hoy por impulsar una gran lucha nacional por un aumento salarial de emergencia y que se reabran las paritarias. Para prohibir los despidos y anular los tarifazos. Y para que se deje de pagar la deuda y romper el pacto con el FMI, única forma de poder garantizar trabajo, salarios y jubilaciones dignas.

Escribe Guido Poletti

A costa de una larga lista de gestos humillantes, el presidente Macri logró reafirmar el apoyo político del imperialismo yanqui y el FMI. La contrapartida será un durísimo ajuste, que, una vez más, cae sobre las espaldas del pueblo trabajador.

La escena no podía ser más representativa: Macri se anima a lanzar su candidatura a la reelección ante “su público”: lo hace en una entrevista en inglés a la agencia Bloomberg, una de las que más influencia tiene en el establishment de los negocios yanquis. Cerraba así una serie de anécdotas que se sucedieron en su viaje a los Estados Unidos. Fue condecorado por el Consejo de las Américas, agasajó con una cena de gala a la titular del FMI Christine Lagarde y hasta hizo el ridículo ensayando unos pasos de baile con una dama de la clase alta yanqui, que todavía debe estar comentando que el presidente de un país “bananero” la sacó a bailar. No logró su “entrevista exclusiva” con Donald Trump, pero al menos pudo saludarlo, más que suficiente para un jefe de gobierno que aspira a ganar “fortaleza” y “confiabilidad” en base a gestos de sometimiento y humillación con el imperialismo. La sobreactuación de Macri llegó al extremo de invitar a los argentinos a “enamorarse de Christine Lagarde”.

El presidente argentino se vuelve de los Estados Unidos con lo que quería: el respaldo político de Trump y un nuevo acuerdo con el FMI. Lo necesitaba como el oxígeno, ya que su plan económico corría el riesgo de colapsar: desde abril el dólar no para de aumentar, en medio de una feroz fuga de capitales. Cada vez se pone más en cuestión la capacidad de la Argentina de pagar sus próximos vencimientos de deuda. Y, producto de la inestabilidad, la inflación, la recesión y sus consecuencias con la caída de salarios y aumento de la desocupación, la bronca popular contra el gobierno crece exponencialmente.

Macri entonces apostó a buscar fortaleza en el único lugar que lo podía encontrar: con sus amigos los empresarios y los grupos financieros yanquis. Y lo consiguió: se trajo el apoyo para llegar a 2019 y, también, el lanzamiento de su candidatura a la reelección. Es que para el imperialismo lo más importante es que no se le desestabilice la región. Ya bastantes problemas tiene con la crisis regional en Brasil. No quiere sumar otra situación igual. El FMI, por su parte, se ha jugado su prestigio al poner 50.000 millones de dólares de préstamo para la Argentina. Necesita que su plan de ajuste salga bien. Por eso aceptó agrandar el monto prestado a 57.100 millones y adelantar parte de esos fondos (originalmente programados para 2020 y 2021) a 2018 y 2019.

Por supuesto que nada de todo esto es gratis. Ni alcanza con los gestos de sometimiento a Trump y Lagarde del presidente Macri. Tanto el FMI, como las corporaciones financieras internacionales y el propio gobierno yanqui quieren resultados. Por eso han obligado al gobierno a firmar el superajuste con déficit cero, con el objetivo de garantizar efectivamente los pagos de la deuda. Por eso también exigen el compromiso de la propia oposición peronista, con la firma de los gobernadores y la votación del presupuesto.
El gobierno de Cambiemos se muestra más claramente que nunca como lo que es: el gobierno de los ricos, agente directo del imperialismo yanqui y de los buitres acreedores internacionales. Todo su programa económico, ahora más que nunca con el nuevo plan de ajuste acordado con el FMI, está al servicio de las ganancias de estos sectores. Las consecuencias para el pueblo trabajador son más hambre y miseria y para el país más sometimiento, saqueo y entrega. Por eso decimos que esto no va más. Al plan del ajuste del FMI tenemos que reemplazarlo por un programa alternativo, obrero y popular, que arranque por dejar de pagar la deuda externa, que sólo podrá llevar adelante un gobierno de los trabajadores y la izquierda.