Escribe Guido Poletti

El gobierno había “calculado” que serían 3,6 millones los que se inscribirían para recibir el monto de emergencia de 10.000 pesos para aquellos que no tienen ingreso alguno o revisten en las categorías más bajas del monotributo. La realidad le explotó en la cara, más de once millones de personas se apresuraron, casi desesperadamente, haciendo colapsar varias veces la página de internet para recibir ese monto que, como cualquiera puede darse cuenta, es absolutamente insuficiente. Y se supone que es “uno por núcleo familiar”. Esto ya obligó al propio gobierno a reconocer hasta el momento a 6 millones de personas como las habilitadas a cobrar los 10.000 pesos.

Nadie debería sorprenderse. Casi en el mismo momento se conoció la última medición de pobreza del Indec. Ahí se verificó que, a fines de 2019, se registraba un 35,5% de pobreza, lo que numéricamente significaba 16,4 millones de pobres. De ellos, 8% son directamente indigentes (3,7 millones). El más doloroso es el caso de los niños y niñas de hasta 14 años, donde el índice de pobreza llegó a 52,3%, ¡más de la mitad de nuestros chicos son pobres! 

Todos estos números sin duda están empeorando en medio de la pandemia. Por eso no resulta sorprendente que se anoten millones para tratar de conseguir un peso más ante la imposibilidad de acceder a comprar los alimentos y medicamentos más básicos.  

Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad reclamamos, ante este drama, un ingreso de 30.000 pesos para todos los que lo necesitan. El dinero para financiarlo existe, debe salir de un fondo de emergencia compuesto por un impuesto a las grandes empresas y riquezas y por lo que se ahorre con el cese inmediato del pago de la deuda externa. 

Escribe Graciela Calderón, secretaria adjunta Suteba La Matanza

La suspensión de clases y la cuarentena de los docentes fue una verdadera pelea que tuvimos que dar para defender la salud de los niños, docentes, auxiliares y millones de familias. No bien se conocieron datos de la pandemia, Izquierda Socialista y los compañeros de Docentes en Marcha comenzamos a exigir que se suspendieran las clases para evitar la posibilidad de contagios masivos. Mientras, impulsamos que donde no se garantizaran insumos e infraestructura escolar necesaria, definiéramos con las familias el cierre provisorio de la escuela. La negativa del gobierno fue apoyada por la burocracia de Ctera y Suteba en la voz de Roberto Baradel: “Por dos muertos no vamos a suspender las clases en todo el país”, dijo.

Días después, el ministro de Educación Trotta decretó la suspensión de clases, pero “con los maestros asistiendo a las escuelas”. Este absurdo fue repudiado por la docencia que, apoyada por los sindicatos combativos, con diferentes medidas, evitó arriesgar su salud. Finalmente, se declaró la cuarentena social para todos. Pero el gobierno insiste en que los docentes tengamos que romper la cuarentena.

Muchos gobernadores, respaldados por la burocracia Celeste y algunas agrupaciones, piden que los docentes (y auxiliares) vayamos “voluntariamente” a realizar diferentes tareas con las escuelas abiertas, como armar bolsones de comida o de materiales escolares, o hacer listados. Larreta, por ejemplo, aprovecha la pandemia para declarar la educación como “servicio esencial” para después ir contra el derecho de huelga. Y obliga a los docentes tercerizados de jornada extendida a que vayan a colaborar a los hoteles donde familias deben hacer cuarentenas por el coronavirus y, si no van, no cobran. También Kicillof, aprovechando que casi 30.000 docentes no pudieron tomar cargos porque se suspendieron los ofrecimientos por la cuarentena y no cobran nada, lanzó un programa que dará a estos docentes $10.000 míseros, con la condición de que vayan a “tareas en las escuelas”, rompiendo la cuarentena. Se los quiere enviar a armar bolsones de comida y repartirlos en las escuelas a centenares de familias que van a retirarlos, sin insumos de seguridad ni aislamiento. Así, además de arriesgar su salud y la de su familia, se compromete la de las madres y padres que se amontonan en las escuelas. Encima, una fuerte denuncia de docentes y padres es que en general los bolsones son minúsculos y no alcanzan para las familias que van, generando mucho malestar.

Izquierda Socialista, Docentes en Marcha, Ademys, los Suteba Multicolores y el sindicalismo combativo hemos rechazado que los gobiernos quieran usar a los docentes para tareas no educativas, arriesgando su salud. Entendemos y compartimos el sentimiento de solidaridad de la docencia para con sus alumnos y familias. Por eso reclamamos que sea el gobierno, provincial o municipal, quien reparta los bolsones, casa por casa, garantizando los materiales de seguridad para los que lo realicen. Y exigimos que se aumente el número de bolsones y la calidad y cantidad de insumos y alimentos de cada uno para que alcance para evitar el hambre en cada familia mientras dure la cuarentena.

El gobierno es el responsable de la salud, la seguridad, el cobro de salarios, ayuda social y la alimentación de todos, los docentes, los trabajadores y el pueblo y las familias. Con el fondo de emergencia, con la plata de los empresarios y de la deuda externa lo tiene que garantizar.

Desde la Juventud de Izquierda Socialista criticamos cómo, ante la pandemia, las autoridades universitarias lanzaron un fallido, inconsulto e improvisado sistema de “clases virtuales”. Señalamos qué requisitos son necesarios para pensar algún tipo de “normalización” cuando el retroceso de la pandemia así lo permita; y nuestra propuesta de que del fondo de emergencia económica que nuestro país necesita para enfrentar la crisis del coronavirus también se contemple una partida de emergencia para el sistema universitario.

El gobierno nacional, a través de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), recomendó a las universidades aplazar la fecha de inicio de las clases del 13 de abril, generando en algunas un corrimiento de las clases presenciales hasta al menos junio. Las resoluciones adoptadas nada dicen sobre cómo se va a garantizar una cursada con condiciones de seguridad e higiene para reunir a miles de estudiantes en pleno otoño e invierno y con la pandemia del coronavirus azotando a nuestro país y el mundo como prevén los especialistas.

Flexibilización laboral solapada

Paralelamente se observa la pretensión de avanzar en la flexibilidad laboral de la mano del “teletrabajo” que veneran el gobierno, las patronales, la Federación Universitaria Argentina (FUA, dirigida por la UCR) y las gremiales docentes conducidas por el oficialismo peronista. Como Feduba de la Conadu que sacó un infograma dando los “pasos” para disfrutar del trabajo desde la casa a sus afiliadxs.

Las primeras semanas de dicho cursado virtual han sido en gran medida fatídicas. Desde la UNC, por ejemplo, surgen numerosas denuncias del colapso de las “aulas virtuales”, reclamos de estudiantes por la dificultad de cumplir con las tareas domiciliarias dispuestas, así como también las amenazas de perder la regularidad por dificultades para conectarse en los horarios requeridos. Por su parte, lxs docentes señalan que se ven obligadxs a estar 24 horas pendientes de las consultas. En la UNLP también ocurrieron hechos como la expulsión y abandono a su suerte de lxs estudiantes que vivían en el Albergue Universitario.

Necesitamos soluciones de fondo

La SPU sugiere dictar los dos cuatrimestres entre junio de 2020 y marzo de 2021. Reiteramos que, más que poner fechas de “normalización” que nadie sabe si van a poder cumplirse, las universidades deberían estar preocupadas por acompañar los reclamos que emergen del sistema de salud. En lo que hace al ciclo lectivo, decimos que deben prorrogarse vencimientos de materias y finales, regularidades, inscripciones y todos los trámites burocráticos que tienen las universidades.

Por otro lado, señalamos que no puede ocurrir ningún tipo de normalización de la cursada sin acuerdo y debate democrático con la comunidad de cada una de las universidades, y hasta que las condiciones de preservación ante la pandemia así lo permitan. También afirmamos que es necesaria una partida presupuestaria extraordinaria para garantizar un aumento de las becas, en su cantidad y monto; también partidas extraordinarias para garantizar las condiciones de infraestructura, recursos higiénicos, presencia de profesionales de la salud, y demás recursos necesarios para preservar a la comunidad universitaria.

Dichos recursos deberían salir, como proponen Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda- Unidad, de un fondo de emergencia construido en base a impuestos a las grandes empresas y multimillonarios, así como también del cese del pago de la deuda externa que el gobierno de Alberto Fernández ha sostenido incluso en medio de la cuarentena.

Juventud de Izquierda Socialista

Escribe Martín Fú

La burocracia sindical está pactando con las patronales, con el argumento de la profundización de la crisis provocada por el coronavirus, rebajas salariales, suspensiones y despidos y el levantamiento de la cuarentena. Se colocan así como un virtual aliado de los empresarios, quienes siguen presionando día a día para seguir priorizando sus ganancias a costa de las necesidades del pueblo trabajador y poniendo seriamente en riesgo la salud de estos.

Hace una semana, el presidente Fernández hizo un fuerte elogio de Hugo Moyano: “un dirigente gremial excepcional”, lo describió en la “cuarta inauguración” del sanatorio Antártida. Dicho encuentro fue seguido por otros con el resto de la burocracia de la CGT y, a posteriori, por la reunión de la propia CGT con la UIA.

Héctor Daer (Sanidad), Armando Cavalieri (Comercio), Antonio Caló (UOM), Andrés Rodríguez (UPCN), entre otros, ya le habían llevado al presidente Alberto Fernández las exigencias de la Unión Industrial Argentina y los empresarios. Como lo aclaró el propio Daer “La idea es, a partir del 13 de abril, volver a poner en marcha sectores de la economía”. (Página12, 3 de abril).

Los dirigentes sindicales cegetistas se alinean no sólo en el pedido del levantamiento de la cuarentena, sino que también terminan aceptando el argumento de las rebajas salariales y las suspensiones y despidos, más o menos encubiertos. Planteos como “los turnos rotativos”, con la excusa de evitar la aglomeración en los transportes, terminan siendo argumentos a medida de las patronales, que habilitan así la mayor flexibilización laboral.

En medio de la pandemia estos acuerdos de la burocracia con las patronales, totalmente a contramano de lo que realmente necesitan los trabajadores, contrastan con la pelea que está realizando el sindicalismo combativo y otros sectores opositores.

Así tenemos los ejemplos de los ferroviarios del Sarmiento, que se plantaron frente a la patronal que no le entregaba los insumos mínimos de seguridad y pretendía que concurran a trabajar todos los ferroviarios sin respetar los que son realmente esenciales para el servicio. O la de los trabajadores de la salud, tanto de la Cicop como del SITE (sindicato tucumano de enfermería) de Tucumán, que denuncian todas y cada una de las carencias del sistema mientras permanecen en la primera línea de la pelea contra la pandemia.

Se multiplican los ejemplos de los trabajadores que reclaman y resisten los abusos de las patronales que utilizan al coronavirus como excusa, o que priorizan sus ganancias antes que la salud de los trabajadores. Ante una burocracia que los deja solos, y pacta con las patronales, es más necesario que nunca pelear por otro modelo sindical, democrático y combativo, que escuche y responda a los reclamos de la base como lo venimos haciendo desde el sindicalismo combativo.

Escribe Olga Ortigoza, dirigente del Suteba La Matanza

Dolor e indignación se sintió en los hogares de La Matanza al enterarnos que un trabajador del Mercado Central, oriundo de La Tablada y de tan solo 41 años moría por efecto del coronavirus.

Es que uno de los gerentes de la empresa Cruz del Sur había llegado a mediados de marzo desde Chile sin respetar la cuarentena tomando contacto con los trabajadores sin ningún tipo de protección. Los trabajadores  venían reclamando insumos de protección personal y la empresa no les daba respuesta. Cuando se enteraron que uno de sus compañeros estaba infectado por el virus pidieron que las instalaciones de la empresa en el Mercado se cierren hasta que se haga una desinfección total, pedido que fue desconocido por la patronal, como así también por los delegados del gremio de camioneros. Actualmente hay otros trabajadores de la empresa que están internados, posiblemente también infectados con Coronavirus. El municipio, encabezado por Fernando Espinoza, al enterarse de la situación no tomó ninguna medida al respecto.

Desde Izquierda Socialista hacemos llegar nuestras condolencias a la familia del trabajador fallecido y repudiamos a la Empresa Cruz del Sur que, como en otras empresas, presionan a sus trabajadores para que trabajen sin las mínimas condiciones de seguridad; y muchos de ellos sin respetar la cuarentena con tal de mantener sus ganancias. Exigimos al gobierno municipal, provincial y nacional que tomen cartas en el asunto, controlando el accionar de las empresas y sancionando fuertemente a quienes incumplan estas medidas.